Derechos LGBT vs. seguridad: el dilema de la Calle 3B de la cárcel Santiago Sur

En la primera entrada a la izquierda desde el patio del histórico edificio que hoy conforma la cárcel Santiago Sur (Ex Penitenciaría de Santiago), se entra a la Calle 3, un singular sector del centro penitenciario con presos que, por razones de su propia seguridad, están apartados de otros tipos de población penal.

Al fondo del pasillo, se encuentra el módulo 3A, aquel donde se recluye a ex funcionarios de las Fuerzas Armadas. A su lado, está el 3C, donde están los presos primerizos, que no han sido previamente encarcelados en Chile. Y frente a ellos, el 3B: donde se encuentran quienes se identifican como parte de la comunidad LGBTIQ+, un grupo que, por algunos es descrito como muy vulnerable, y por otros, como conflictivo y poderoso.

Esta dualidad ha llevado a que muchos de los problemas internos en la Calle 3B de la “Ex Peni” –que a fines del año pasado contaba con 22 habitantes– suban a tribunales, con Gendarmería alegando seguridad por un lado e instituciones como la Defensoría Penal Pública (DPP) o el Instituto de Derechos Humanos (INDH) velando por la protección de los derechos de los miembros de diversidades sexuales encarcelados.

Así fue el caso de Johan, Fernando y José, tres internos queer que se vieron involucrados en un conflicto físico con gendarmes en Santiago Sur, con distintas versiones sobre el inicio de las agresiones. Al igual que muchas otras, su situación llegó hasta la Corte Suprema, con Gendarmería argumentando que debían ser separados del lugar por su vínculo al tráfico de elementos prohibidos como drogas y celulares, y su abogado Carlos Vera, velando por su protección y permanencia en el módulo que se considera más seguro para ellos.

La versión de los hechos

El 16 de diciembre de 2024 hubo un violento incidente en las dependencias del Centro de Detención Penitenciaria Santiago Sur, situación que no extraña en la cárcel más poblada de Chile, con más de 6.000 personas recluidas en un establecimiento pensado para no más de 3.000.

De acuerdo a los testimonios recabados para la causa que llegó al 7° Juzgado de Garantía de Santiago, el conflicto inició alrededor de las 17:30 entre un reo llamado Johan y gendarmes. De acuerdo a los funcionarios, Johan se encontraba haciendo una “transacción no autorizada” con otro interno en el pasillo de enfermería, lo que llevó a una pelea física entre estos resultando en un gendarme lesionado gravemente por golpes de puño y derivado al hospital penal.

La versión del mismo Johan dista de la oficial y apunta a la discriminación. Él cuenta que se encontraba junto a Antonella (también habitante de la calle 3B, interna transgénero) esperando afuera de la enfermería para tratarse por unos dolores. En ese momento, un gendarme los habría apartado del lugar y se habría burlado de la apariencia de Antonella con la frase: “¿Y esta wea qué es?”, ante lo que ella habría respondido “oiga, no nos trate así, usted nos está discriminando”, lo que habría desatado una reacción violenta del funcionario que terminaría en la pelea a puños con Johan que gendarmes y reos vieron.

En ese momento, Fernando y José –también reclusos del 3B– se habrían involucrado en la situación para defender a Johan, siendo posteriormente trasladados al sector de los calabozos y agredidos por 6 o 7 funcionarios. “José gritaba porque estaba siendo ahorcado y Fernando sangraba de la cabeza y gritaba que no podía ver (presuntamente por el gas pimienta)”, indica el resto del testimonio de Johan.

El relato de Fernando va a la par. Dice haber visto a Johan tirado en el suelo siendo agredido y que intentó detener la agresión, recibiendo por parte de otro funcionario la frase de: “Qué te meti vo’ maricon culiao”. Posteriormente dijo ser trasladado y agredido con patadas en la cara, palos y golpes de puño.

La declaración de José cuenta la misma historia, agregando que en su caso habría sido agredido con golpes de esposas en la cabeza, lo cual le habría provocado un corte que sangró profusamente. También denunció que fue obligado a firmar un documento que indicaba que la lesión que mantenía habría sido consecuencia de un accidente ocurrido en las duchas, bajo amenaza de ser trasladado a otro recinto penitenciario.

A pesar de las diversas razones de por qué comenzó el enfrentamiento, lo que sí es un hecho es que esa misma tarde Fernando y Johan fueron trasladados fuera de Santiago Sur. El primero, fue enviado a 87 km, al Complejo Penitenciario de Rancagua y el segundo al de La Serena, a casi 500 km de la capital.

Ahí empezó la pelea en tribunales entre Gendarmería y los defensores de los reos que buscaban que Johan y Fernando retornaran a Santiago Sur y que se asegurara que José no sería también trasladado.

Una doble vulnerabilidad

En conversación con Radio Bío Bío, Carlos Vera, especialista en Derecho Penal y Derecho Penitenciario y defensor de los reos involucrados, explicó que la población penal LGBTIQ+ se encuentra en una posición de doble vulnerabilidad: al estar privados de libertad y ser parte de una minoría discriminada. Es por ello que una de las preguntas del cuestionario que se hace cuando una persona entra a la cárcel, es si forman parte de esta comunidad.

De acuerdo a las últimas estadísticas de Gendarmería actualizada a finales de febrero, de las 59.982 personas privadas de libertad, 1.337 se declararon homosexuales, bisexuales y/o transgénero, equivalentes a un 2,2% de la población penal.

Según lo descrito por Vera, si estas personas quedan desprotegidas se exponen a sufrir ataques discriminatorios, ya sea por parte de otros presos o por los mismos gendarmes. Es por ello que algunas cárceles del país cuentan con su propio módulo para las diversidades sexuales. En el caso de la 3B de la Ex Penitenciaria, Vera la describió como una calle muy unida y en buenas condiciones, donde trabajan ONGs (como Amanda Jofré, Leasur y 81 Razones por Luchar), instituciones públicas (como el INDH y el Comité de Prevención contra la Tortura), se celebra el día de la diversidad, etc. Sin embargo, funcionarios de Gendarmería que conocen el módulo, dan una descripción muy distinta.

Drogas y conflicto en el 3B

De acuerdo a gendarmes que trabajan o han trabajado en el 3B, el módulo dista de ser pacífico, y destaca por ser uno con una población con la que es difícil tratar.

Según lo relatado, los conflictos internos son usuales dentro del módulo y suelen ser muy violentos. Según comentan funcionarios, muchas peleas inician por disputas sentimentales y de amoríos, que incluso pueden desencadenar en la muerte.

También se llamó la atención sobre la costumbre de utilizar amenazas –como huelgas de hambre y acusaciones de discriminación– para obtener ciertos beneficios. Por ejemplo, cambiar a un funcionario cuyo trato no les gusta, o más burdamente, sacar a un funcionario considerado poco atractivo. Es por ello, que esta población contaría con una suerte de poder interno dentro de la cárcel, aunque este estatus no se repite en su relación con otros reos.

Al ser usualmente los habitantes de la 3B presos de “poca monta”, que no vienen con una reputación importante ni muchos recursos antes de estar entre rejas, no tienen un alto reconocimiento entre la población penal de Santiago Sur. El tráfico de elementos ilícitos ha surgido como una forma de subsistir en este problemático ambiente, destacándose esta población por peticiones constantes para salir a la enfermería o a los pasillos con el fin de realizar transacciones ilícitas.

Esta descripción se correlaciona con uno de los testimonios encontrados en la causa que involucra a Johan, Fernando y José, que apunta a que Johan se encontraba afuera de la enfermería justamente para realizar este tipo de entregas.

Seguridad vs. derechos

El argumento del contrabando fue justamente lo utilizado por Gendarmería para justificar el traslado de Fernando a Rancagua y José a La Serena, a pesar de que en múltiples ocasiones desde el inicio de la causa, jueces de garantía habían ordenado reintegrar a los reos a la 3B de Santiago Sur.

A pesar de las órdenes judiciales, desde Gendarmería afirmaron en una apelación que por motivos de seguridad y control “era inviable el reingreso” de los internos a aquel módulo, al existir una investigación penal en curso por los delitos de infracción a la Ley 20.000 –que sanciona el tráfico, microtráfico y consumo de drogas– y asociación ilícita.

Esta había iniciado a consecuencia de un allanamiento realizado en el módulo LGBTIQ+, donde se había encontrado: más de 50 elementos tecnológicos prohibidos, sobre 2.000 bolsas plásticas con diversas sustancias sicotrópicas y más de $7.000.000 en efectivo, “motivo por el cual era necesario reforzar las medidas de orden y control dentro de dicho módulo”.

Es por ello que Gendarmería buscaba evitar ingresar a este grupo de internos “al mismo módulo donde se investigan los graves hechos descritos”, quienes también contarían con informes técnicos que darían cuenta de su peligrosidad.

Por parte de la defensa de los tres reos –inicialmente la Defensoría Penal Pública y el INDH, y posteriormente el abogado Vera– descartaron la atingencia de este argumento. Por una parte, Vera afirmó que Gendarmería no solo no llegó a la instancia que tenía para presentar estos antecedentes, entregándolos de forma posterior, sino que fue incapaz de vincular específicamente a los presos individualizados con los elementos encontrados en el allanamiento.

Por otra parte, describió las vulneraciones que significaban para José y Fernando haber sido trasladados. En primer lugar, se encontraban lejos de sus familias, lo que se traduce en una dificultad de su red de apoyo para visitarlo y llevarle encomiendas como alimentos, útiles de aseo, cigarrillos y dinero.

Asimismo, en ningún caso los presos se encontraban en condiciones similares a su permanencia en Santiago Sur. Johan se encontraba recluido en una dependencia de castigo y no en una dependencia para población LGBTIQ+, desarraigado a más de cinco horas vía terrestre de su red de apoyo familiar. Respecto a Fernando, se encontraba aislado del resto de la población penal, dado que no fue recibido por sus pares en la dependencia LGBTIQ+ de dicha cárcel.

Luego de casi dos meses de discusiones, la Corte Suprema le dio el “no” definitivo a los alegatos de Gendarmería, y el pasado 16 y 17 de febrero Fernando y Johan fueron devueltos al 3B de Santiago Sur.