"Montaje judicial": Jadue se querella por "complot" de fiscal y abogados en caso Farmacias Populares

Desde su domicilio en La Reina, donde se encuentra cumpliendo con prisión preventiva como medida cautelar durante la investigación del caso Farmacias Populares, Daniel Jadue Jadue (PC) ha estado preparando una turbulenta querella, en la que acusa a distintas personas del ámbito público y privado de estarse coludiendo en su contra en las imputaciones de corrupción que lo aquejan.

A pesar de estar dirigida contra “quien resulte responsable”, la denuncia apunta a personajes como la fiscal Giovanna Herrera Andreuchi y los abogados Gabriel Zaliasnik Schilkrut y Mario Vargas Cociña de formar parte de un “montaje judicial” en contra del ex alcalde de Recoleta, entregando un puzle de distintos conflictos de interés, enemistades previas y vínculos con el caso Audios, que estarían interfiriendo con su derecho a un procedimiento justo.

Presentada por el abogado Lorenzo Morales Cortés y admitida a trámite ayer por el tribunal, el documento de 44 páginas busca perseguir a quienes en calidad de autores, cómplices o encubridores han participado de los delitos de prevaricación y fraude procesal, solicitando tres años de presidio respecto al primero y diez para el segundo.

Sería a través de estas maniobras, sostiene el jurista, que se estaría gestando una “imputación injusta” en contra de Daniel Jadue por los delitos reiterados de fraude al fisco, un delito de estafa, un delito de cohecho y un delito concursal mientras presidía la Asociación de Farmacias Populares (Achifarp).

La fiscal

El primer personaje nombrado en la querella es quien en enero de este año presidió la reformalización en contra de Jadue: la fiscal Giovanna Herrera Andreucci, funcionaria de la Fiscalía Centro Norte, hoy encabezada por el fiscal Xavier Armendáriz.

A ella se le acusa en esta instancia de participar de la investigación penal a pesar de contar con un conflicto de interés vinculado al líder comunista. En específico, de ser la concuñada de Javier Vega Sepúlveda, socio y representante legal de la farmacia Fracción, competidora del modelo que instauró Jadue.

La situación fue revelada inicialmente en Twitter por el periodista Patricio Mery Bell y posteriormente por Interferencia con el titular de “El vínculo farmacéutico de la fiscal que investiga a Jadue por el caso Farmacias Populares”. En este se llamaba la atención respecto a los lazos familiares que unen a Herrera y Vega.

La fiscal especialista en delitos económicos se encuentra casada con Andrés Montes Cruz (hijo de Carlos Montes Cisternas, ministro de Vivienda y Urbanismo), cuya hermana está a su vez casada con Vega, fundador de la cadena de farmacias que, de acuerdo a LinkedIn, busca “mejorar el acceso a medicamentos a la población chilena a través de un modelo colaborativo, digital y de alto impacto”, similar objetivo que el proyecto de farmacias populares.

“Si bien este lazo de familiaridad entre Herrera y Vega no está dentro de las causales de inhabilitación de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, existen coincidencias que están a la vista entre la misión de la cadena de farmacias Fracción y las farmacias 5 populares creadas por Daniel Jadue. En este sentido está en juego aspecto de la imparcialidad y el principio de la objetividad (…)”, se lee en la querella.

Como un ejemplo de este actuar, la querella trae a colación la situación vivida por el ex alcalde el 17 de abril de 2024 –previo a su formalización–, cuando se encontraba en el Aeropuerto Nuevo Pudahuel con el objetivo de abordar un vuelo a Venezuela. En la ocasión, un oficial de la Policía de Investigaciones (PDI) se le acercó alertándole sobre un posible problema que debían resolver que le podría impedir viajar. Luego de hablar con su abogado y contactar a la fiscal de turno, se le habría indicado que, por instrucciones de la fiscal Herrera, existían dos opciones: que no abordara su vuelo o que la fiscalía pidiese una orden de detención verbal, ante lo cual decidió no subirse al avión.

Desde la Fiscalía Regional Centro Norte indicaron que esta información es conocida, y que consideran que no existe ningún tipo de conflicto de interés. Además, afirmaron que administrativamente ningún interviniente ha solicitado cambio de fiscal en esta causa haciendo valer alguna inhabilidad a su respecto ni presentado reclamo de ninguna índole.

Cassorla, Piñera, Zaliasnik y Vargas vs Jadue

“(…) Hay una colusión de distintas personas públicas y privadas, con lo cual se conforma una participación de imputación injusta, en donde hay un conjunto de prestamista, que se confabularon para un montaje judicial”, se lee en el documento.

En este caso se acusa a la empresa Best Quality –denunciante en el caso Farmacias Populares– de contar con un “historial sospechoso”, consistente en la presentación de la querella contra Jadue “a pesar de existir una negociación en curso” y la posterior venta de la deuda al “prestamista informal Fernando Cassorla, quien también era proveedor de Best Quality”.

Respecto a Cassorla, el único antecedente que se agrega es que proporcionó propaganda electoral a distintos políticos, entre ellos Carlos Montes, suegro de la fiscal Herrera. Sin embargo, las acusaciones más detalladas van contra quien, de acuerdo a la querella, sería el abogado de Cassorla: Gabriel Zaliasnik, quien, tras consulta de Radio Bío Bío, afirmó nunca haber representado a Cassorla.

Por un lado, se trae a colación que el reconocido abogado fue el defensor de Sebastián Piñera Echeñique en una querella por cuasidelito de homicidio, denegación de auxilio y abandono de destino por el fallecimiento de sesenta y dos personas por coronavirus en Recoleta en contexto de la pandemia presentada contra el entonces Presidente de la República por parte de Jadue.

Por otro, se acusa al abogado –nombrado 11 veces en la querella– de haber en el pasado “buscado perjudicar a Jadue” y tener una enemistad previa a que el comunista se haya convertido en alcalde de recoleta por ser Zaliasnik judío y Jadue activista palestino.

La tercera acusación se basa en el reportaje de The Clinic titulado “La influencia de Luis Hermosilla en el Congreso: los chats con Samuel Donoso y Gabriel Zaliasnik”, en que se dan una serie de antecedentes en las conversaciones por WhatsApp de un grupo del que forman parte los abogados y en el que se habla de perjudicar a Jadue.

Posterior a aquella publicación, Jadue twitteó, en un similar tono al utilizado en la actual querella: “Que bueno que se confirme cómo comenzó el montaje en mi contra y que mal que a la fiscalía no le interese cumplir con el principio de objetividad contenido en la Ley Orgánica del Ministerio Público (…)”.

Consultado por Radio Bío Bío, Gabriel Zaliasnik indicó que “la mención es delirante”. “Supongo que la querella tiene un objetivo instrumental y político pues intenta dar sustento a la supuesta ‘guerrilla judicial’ que enfrentaría Jadue por los casos de grave corrupción que el Ministerio Público le ha imputado. Tanto es así que no soy abogado ni del Sr. Cassorla ni de la empresa a la que hacen referencia. En cuanto a la alusión en un chat ilegalmente filtrado del Sr. Hermosilla, ello dice relación con un asunto sujeto a secreto profesional de abogados con ocasión de una infundada querella del Sr. Jadue en tiempos de pandemia. Cómo se recordará, tanto Jadue como otros políticos intentaron cuestionar el manejo exitoso de la pandemia por parte de las autoridades de salud y gobierno de la época. Ese sí fue verdadero ‘lawfare’, ya que nada de lo que se imputaba tenía asidero y era un mero pretexto político para atacar a sus adversarios”, agregó.

La acusación luego vuelve a tocar el tema de Hermosilla, ligándolo al también reconocido abogado, Mario Vargas, quien no entregó comentarios respecto a la querella.

Se plantea que “la formalización de Jadue se utilizó para ‘tapar’ mediáticamente la formalización de Francisco Coeymans por estafa”, cuyo actual abogado es Vargas, también querellante en la causa contra el ex alcalde.

También se llama la atención sobre la solicitud de Vargas de abril del año pasado, cuando aseguró que toda la información que contiene el teléfono de su amigo, Luis Hermosilla, y que no se relaciona con los casos Audio y Factop debería ser eliminada. De acuerdo a la actual querella, estas conversaciones “podrían demostrar el uso de la justicia para la imputación Falsa en contra de Daniel Jadue”.

Es por las situaciones denunciadas que el abogado Lorenzo Morales pide al Ministerio Público decretar orden de investigar a la PDI a fin de que realicen todas las diligencias que sean necesarias para la efectiva acreditación del hecho denunciado y para la identificación de los responsables, agregando que para la instancia se ofrecerán testigos con protección de identidad.