Más de $1.000 millones en sueldos y una fiscal exclusiva que jubiló: el juicio infinito del caso SQM

A dos años y un mes de iniciado el juicio del caso SQM, la última etapa del escándalo por financiamiento irregular de la política está lejos de concluir. Lentitud, más de $1.000 millones en sueldos de funcionarios del Ministerio Público y una fiscal con dedicación exclusiva que se jubiló en pleno litigio convierten al proceso en un blanco de críticas.

A la fecha y sin contar la programada para este viernes, ante el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago ya se han celebrado 450 audiencias. Entre otros, en la causa en cuestión figuran como acusados el ex gerente general de SQM Patricio Contesse, además de los ex candidatos presidenciales Pablo Longueira (UDI) y Marco Enríquez-Ominami (PRO). A los primeros dos, aparte de los delitos tributarios, también se les imputa el delito de cohecho.

Se trata de un juicio que —al menos a criterio de uno de los intervinientes— evidentemente “no cumple los estándares de derecho internacional”.

Sólo en los últimos dos meses, los participantes han debido concurrir hasta el tribunal para únicamente escuchar la lectura de libros de contabilidad a cargo del Servicios de Impuestos Internos (SII).

Sea como sea, el juicio continuará sumando jornadas —al menos— hasta mediado de este año, considerando que después de la rendición de pruebas de parte del Ministerio Público, que terminó a fines de diciembre de 2024, y la del SII, que debería culminar en el corto plazo, resta todavía que hagan lo propio el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la fundación Ciudadano Inteligente en su calidad de querellantes.

Los fiscales del caso

Comenzaba diciembre de 2015 cuando el por esos días flamante nuevo fiscal nacional, Jorge Abbott Charme, encomendó a Pablo Gómez Niada, entonces fiscal regional de Valparaíso, que junto a la persecutora Carmen Gloria Segura, continuaran investigación del caso SQM. De hecho, esta última persecutora se mantuvo con dedicación exclusiva al caso hasta el 16 de abril de 2024, día en que se jubiló.

En enero de 2016 el propio Gómez Niada designó también como fiscal con dedicación exclusiva para el caso SQM a la fiscal Paola Castiglione González. Ella hasta el día de hoy mantiene esa condición.

De hecho, desde mucho antes del inicio del juicio y con mayor razón durante esta etapa, la persecutora viene viajando casi a diario desde Valparaíso hasta Santiago, recorriendo cada vez cerca de 250 kilómetros entre ida y vuelta para cumplir con su cometido. Si no lo hace ella, algún otro representante del organismo la reemplaza en esa tarea.

En resumen, en la actualidad al menos hay dos funcionarios del Ministerio Público con dedicación exclusiva al caso: la citada fiscal Castiglione y el fiscal Víctor Ávila León, quien fue designado en ese rol para reemplazar a la fiscal que se jubiló durante el juicio.

Según recabada por BBCL Investiga, cada uno recibe un sueldo bruto de $6,9 millones. Hasta su renuncia, en tanto, la fiscal Carmen Gloria Segura —al tener grado 5 en el escalafón de remuneraciones— percibía un sueldo bruto de casi $7,5 millones por mes.

Dos exclusivos y otros cinco apoyando

Consultada al respecto por esta situación, la actual fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, confirmó a este medio que Castiglione “viaja diariamente cada vez que debe comparecer a la audiencia, lo que ocurre no en la totalidad de las audiencias, pero sí en su mayoría”.

La propia máxima autoridad del Ministerio Público en la región de Valparaíso detalla también que, además de Castiglione y Ávila, intervienen “otros cinco fiscales, quienes fuera de sus funciones en sus respectivas fiscalías, comparecen ocasionalmente a apoyar el desarrollo del juicio oral cuando se les requiere”.

En particular, la mandamás de la fiscalía porteña se refiere a los fiscales Rolando Ramírez, Leonel González, Claudio Rebeco, Eduardo Fajardo y a ella misma. Además de ellos, decenas de otros funcionarios del ente persecutor, principalmente abogados, han colaborado en la preparación y desarrollo del caso.

Por concepto de viáticos, de acuerdo a fuentes consultadas, entre octubre de 2016 y diciembre de 2024, el Ministerio Público ha desembolsado un total de $55 millones. La que ha presentado un gasto mayor es la propia Castiglione con $20,3 millones.

En casi igual periodo, la fiscalía destinó otros $13 millones en contratos de automóviles con chofer para los persecutores.

La suma entre todos los gastos se empina por sobre los 1.000 millones de pesos.

El tirón de orejas

Precisamente, la multiplicidad de personas que han intervenido en el caso significó un tirón de orejas del tribunal al Ministerio Público. En 2023, por ejemplo, una de las magistradas lanzó:

“Vamos a recomendar a los intervinientes, cuando son equipos que están compuestos por diversos abogados y se van turnando, que vayan comunicando los criterios que va sentando el tribunal en ciertos aspectos, porque volver a debatir puntos que ya han sido zanjados hace que se dilate aún más la audiencia”.

Sobre lo prolongado que ha sido el juicio, la fiscal Perivancich plantea que “el ritmo o velocidad con que se desarrolla un juicio oral depende de distintas cuestiones relativas a la complejidad, cantidad y naturaleza de las pruebas ofrecidas, incidentes que plantean las partes, en especial las defensas, y que deben ser oídos y resueltos por el tribunal”.

A ello, la fiscal suma “criterios técnicos y jurídicos respecto a la forma en que las partes y el tribunal determinan la forma de incorporación de la prueba ofrecida para su correcto entendimiento y comprensión”.

Los cuestionamientos

En privado, uno de los intervinientes en la causa critica precisamente la gran cantidad de recursos que ha desembolsado el Ministerio Público, y por tanto el Estado, en una causa que —según vaticina él— terminará sin grandes condenas.

Esto último, considerando que —en su criterio— en general los representantes del Ministerio Público “han litigado muy mal, han preguntado mal y han recibido varios retos de los jueces”. Sumado a eso, el mismo consultado cuestiona la calidad y cantidad de “pruebas repetidas o que no tienen ningún sentido” que ha ofrecido tanto la Fiscalía como el SII hasta ahora.

“El Servicio de Impuestos Internos, desde el 2 de enero de 2025, está leyendo los libros de contabilidad de SQM y sus filiales, en circunstancia que durante estos dos años ya se leyeron las boletas y todos los documentos contables de pago asociados al caso, en voz del Ministerio Público. A lo menos es redundante”, manifiesta.

Otro que cuestiona el proceso es el abogado Ciro Colombara, defensor del ex (y quién sabe si nuevamente) candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami. En conversación con BBCL Investiga, apunta a una afectación de los Derechos Humanos de su cliente por lo lato que ha sido todo el caso.

“¿Qué justicia podemos encontrar en un juicio penal que ha durado tanto tiempo? Un proceso penal que ya ha durado más de 10 años y un juicio oral que ha durado más de dos años, es evidente que no cumple los estándares en derecho internacional de Derechos Humanos, ya que afecta el derecho a ser juzgado en un plazo razonable”, plantea.

“Nuestros clientes son inocentes. Así lo declarará la justicia. El Ministerio Público es el responsable de este derroche de recursos sin sentido. Más de $1.000 millones tirados a la basura. Por ejemplo, la fiscal Carmen Gloria Segura, luego de ganar cientos de millones de pesos abocada exclusivamente a este caso durante, abruptamente renunció al Ministerio Público y no se hará responsable del bochorno que existirá cuando nuestros clientes sean declarados inocentes”, sostiene.

Exfiscal explica renuncia y responde a críticas

Inquirida sobre estas críticas, la hoy exfiscal Carmen Gloria Segura valora la labor que ha realizado el Ministerio Público en relación al caso al que ella dedicó más de un tercio de su carrera.

“Se ha hecho un buen trabajo, con mucho esfuerzo, con toda la voluntad y la decisión de aclarar los hechos. Se conformó un buen equipo (…) Hice varios años en la causa, hice varios procedimientos abreviados, realicé hartas diligencias de investigación, pero finalmente llegó el momento en que tenía que retirarme por razones de familia. No hay ninguna otra razón que esa”.

En esa línea, subrayó que se trató de una causa compleja, por lo que evitó responder respecto de si se pudieron haber hecho las cosas de forma distinta para evitar que se alargara tanto el proceso.

“Ahí no me puedo pronunciar, porque yo lo estoy mirando ahora desde afuera. Yo fui fiscal en ese caso y mi única opinión es que se hizo, durante mi permanencia y junto con el equipo, todo lo que había que hacer para aclarar los hechos (…) Mientras yo estuve se hicieron todos los esfuerzos posibles, se aplicó toda la disposición de los fiscales, incluso más allá, en realizar una buena investigación para aclarar, como correspondía, cada uno de los hechos que fueron investigados”, concluyó.

Todos los dardos a fiscalía

“Este juicio vulnera día a día el derecho del señor Longueira a ser juzgado en un plazo razonable, y lo que es más importante, a tener un juicio justo. El Sr. Longueira ha debido soportar un juicio de años, donde la mayor parte del tiempo se debaten hechos y pruebas que se le imputan a otros acusados, sin ninguna vinculación con Pablo Longueira. Los hechos de la acusación ocurrieron hace 14 años, lo que constituye una demora inaceptable en un sistema judicial democrático, donde una persona debe soportar una imputación durante más de una década, antes de poder tener derecho a un juicio”, dice Alejandro Espinoza, abogado del excandidato presidencial de la UDI.

Sus dardos coinciden con las defensas de los otros acusados: “Esta tardanza se debe a maniobras constantes del Ministerio Público para dilatar la causa, agrupando acusaciones sin vinculación y presentando miles de documentos y testigos impertinentes, para poder extender el proceso y dar una señal a los imputados que deben aceptar un acuerdo negociado, bajo pena de tener que soportar procesos interminables. En este caso, el Sr. Longueira rechazó los ofrecimientos del Ministerio Publico de negociar un acuerdo, pues es completamente inocente de los hechos imputados”.

Por su parte y en la misma dirección, el abogado Samuel Donoso Boassi, defensor en la causa del exgerente de SQM Patricio Contesse, apunta sus dardos directamente en contra del órgano persecutor.

“Lo largo de éste juicio es responsabilidad exclusiva de la Fiscalía Regional de Valparaíso. Ellos construyeron este juicio así”, afirma de entrada.

Sobre los aspectos técnicos que han alargado el proceso, cuestionó que “durante el juicio no tuvieron planificación, ni orden, lo que ha hecho que se alargue mas de la cuenta. La Fiscalía Regional de Valparaíso ha dilatado el juicio con pruebas repetidas, impertinentes, innecesarias y agrupando a ocho acusados en un mismo juicio siendo innecesario”.

Y añade:

“Incluso incorporó al inicio a un senador en la acusación, lo que llevo a que hubiera que esperar el desafuero para seguir con el proceso… desafuero que, por cierto, fue rechazado porque los hechos no son delito. Un juicio tan largo afecta la credibilidad de la fiscalía. Esta demora daña las pruebas y por ende el derecho a defensa”, sostiene.

Asimismo, el jurista detalla que “durante el juicio hemos visto que la gran mayoría de los testigos no se acordaba de los hechos, además se pierden pruebas. Hay 14 testigos muy relevantes para la defensa que fallecieron”.

Por último, enfatiza en que “el gasto de dinero público que la Fiscalía Regional de Valparaíso ha hecho, que se paga con nuestros impuestos, es brutal. Durante dos años, y contando, ha habido diariamente a lo menos un fiscal y dos funcionarios de fiscalía en sala; un abogado del CDE, dos abogados del SII y el tribunal”.