Justicia a la medida: dueño de Itelecom León Lefort admite coimas, pacta con fiscalía y zafa de cárcel

Coimeó a funcionarios públicos, abultó una licitación con un perjuicio fiscal de 500 millones de pesos y, aún así, zafó de la cárcel tras sellar un acuerdo con el Ministerio Público. Así como lo lee (o escucha).

León Marcelo Lefort Hernández, dueño de Itelecom y protagonista de uno de los casos de corrupción más grande del país, cumplirá sus penas en libertad, luego de que a fines de febrero recién pasado el Juzgado de Garantía de Iquique acogiera un procedimiento abreviado en su contra por los delitos de soborno reiterado, fraude al fisco y lavado de activos. Deberá pagar, apenas, un 10% de lo defraudado.

Según información recabada por BBCL Investiga, el empresario reconoció la acusación presentada por la fiscalía, que lo sindicaba como el ideólogo de un entramado para —en buen chileno— “mojar” a cuanto funcionario municipal fuese necesario, concejales incluidos, para adjudicarse una licitación por más de $6.500 millones.

De acuerdo a documentación tenida a la vista por este medio, las coimas fluctuaron entre los 16 y 30 millones de pesos. Bolsos con dinero en efectivo debieron ser acarreados vía terrestre por intermediarios desde Santiago a Iquique para evitar cualquier inspección en aeropuertos.

Oferta inflada

Según antecedentes contenidos en el expediente judicial, entre fines de 2017 y principios de 2018, Daniella Vargas Barbaric, servidora municipal a cargo de confeccionar las bases de la licitación para el recambio masivo del alumbrado público en Iquique, habría recibido las coimas a cambio de entregar información reservada a Itelecom antes de que fuese publicada.

Esto le permitió a Lefort aumentar artificialmente e injustificadamente la oferta económica de su empresa, con el objeto de defraudar al fisco y con ese dinero extra pagar los sobornos.

A ella se sumaron, entre otros, los concejales Guillermo Cejas Valenzuela (ind), Felipe Arenas Lama (UDI), Arsenio Lozano Vidal (PR) y Mitchel Cartes Tamayo (PS), quienes aceptaron beneficios económicos a cambio de aprobar la adjudicación de Itelecom.

¿Lo peor? Lo hicieron a sabiendas de que esta era la oferta más cara del concurso y de que incorporaba, dentro del precio, el dinero destinado al pago de sobornos para ellos mismos.

Contante y sonante

Para no levantar sospechas y contar con liquidez para el pago de las coimas, Lefort consiguió un palo blanco que le emitiera facturas ideológicamente falsas, por servicios que nunca se prestaron. Fue así como consiguió que la empresa José David Hidalgo Abarzúa Servicios Parking, dedicada al rubro de los estacionamientos, emitiera tres documentos tributarios por un total de $171 millones.

La última factura está fechada sólo días antes de la dictación del decreto alcaldicio que adjudicó oficialmente a Itelecom el jugoso proyecto de $6.500 millones.

Una vez todo oleado y sacramentado, Lefort procedió a entregar una parte del dinero comprometido a los funcionarios públicos a través de un intermediario. Este último viajó en avión a Santiago para retirar los recursos desde la empresa y volver de manera inmediata a Iquique. El periplo esta vez lo realizó vía terrestre. ¿El objetivo? Ocultar el dinero de los sobornos ante una eventual fiscalización en el aeropuerto.

Los $171 millones en efectivo pasaron de ciudad en ciudad, a lo largo de los 1.760 kilómetros que separan, por carretera, a Santiago de la capital de la región de Tarapacá.

El caso daba para todo. En otras ciudades del país, los implicados en la trama de Itelecom, utilizaron personas en situación de calle como palos blancos de sociedades que emitieron facturas falsas para el pago de coimas.

El ofrecimiento de fiscalía

En vista de estos antecedentes, el Ministerio Público decidió, en noviembre de 2022, presentar su acusación fiscal. A través de ese documento, el organismo solicitó penas para Lefort que, en total, sumaban más de nueve años de cárcel efectiva.

Sin embargo, poco más de dos años después, el ente persecutor concedió un procedimiento abreviado en favor del empresario. Esta vez, la fiscalía bajó la puntería y logró penas que sumaron menos de cinco años y un día en total. Ello posibilitó el cumplimiento del castigo bajo libertad vigilada. También deberá pagar, por fraude al fisco, una multa de $50 millones, un equivalente sólo al 10% de lo defraudado por disposición del juez de garantía.

Además, el empresario deberá desembolsar 50 y 200 UTM (otros $17 millones en total) como multa por los delitos de soborno y lavado de activos, respectivamente. Todo, en módicas 12 cuotas mensuales a la Tesorería General de la República.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Municipalidad de Iquique, ambos querellantes en la causa, se manifestaron conformes con el procedimiento abreviado. Eso sí, solicitaron (y consiguieron) un aumento de 109 días a la pena por el delito de soborno. Inicialmente en el abreviado la fiscalía pedía 541 días por ese delito, quedando fijados finalmente 650 días por el tribunal.

“(Este fallo) constituye una sentencia significativa, que refleja la labor sostenida que ha desarrollado el Consejo de Defensa del Estado en esta causa de envergadura nacional”, valoraron desde el CDE en un comunicado publicado en su sitio web.

Actualmente, Lefort enfrenta un proceso judicial paralelo ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, por hechos de corrupción en el Ministerio de Energía y las municipalidades de Chillán, Negrete, Puerto Natales y Coyhaique. Esa causa está a cargo de la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, quien está solicitando un total de 28 años de cárcel para el empresario.

Fiscalía aclara cambios de criterio

Este medio consultó a la Fiscalía Regional de Iquique sobre qué argumentos justificaron la rebaja en las penas solicitadas para Lefort. Esto, considerando que la acusación fiscal presentada en noviembre de 2022 por el persecutor Eduardo Ríos Briones, originalmente se solicitaban penas que sumaban más de nueve años de cárcel efectiva para el dueño de Itelecom. No obstante, en el procedimiento abreviado las penas ofrecidas totalizaban menos de 5 años, lo que permitió el cumplimiento en libertad.

Respecto a este cambio, la fiscal suplente Kelly Pérez Harmer, quien representó los intereses del Ministerio Público en la audiencia de procedimiento abreviado, planteó que en un eventual juicio oral, incluso podrían haber obtenido una condena inferior y se arriesgaban a una potencial absolución.

“Nuestro sistema procesal permite, como una forma de descongestionar el sistema judicial, arribar a una justicia oportuna y optimizar los recursos del Estado, solucionar estos conflictos a través de una justicia negociada, ofreciendo una pena concreta que pudiere ser menor a la solicitada en la acusación, pero dentro de los márgenes legales, y como contraparte conseguir con una probabilidad rayana en la certeza, una condena”, partió señalando la profesional.

En esa línea, añadió que “en este caso, los delitos imputados, aplicando las rebajas legales correspondientes, permitían la aplicación de este tipo de procedimiento, teniendo presente además que el acusado para estos efectos cuenta con irreprochable conducta anterior —lo cual configura una atenuante— y los hechos son anteriores a las reformas que aumentaron las penas en los delitos imputados”.

Asimismo, detalló que “dado el tipo de delitos involucrados, como Ministerio Público debemos someternos a una serie de estándares que justifiquen la aplicación de este procedimiento especial, lo que fue visado en las instancias regionales y nacionales correspondientes, a lo cual se suma que además, se contaba con la anuencia del Consejo Defensa del Estado, quien es querellante en la causa”.

“No se debe perder de vista que las penas a las que se condenó a este acusado pudieron haber sido conseguidas también en un juicio oral por su defensa, o incluso la realización de un juicio oral de estas características siempre lleva implícito la posibilidad de una absolución, con el desgaste que significa en recursos estatales la realización de este tipo de proceso judicial”, subrayó también la fiscal (s), enfatizando en que “una condena obtenida en un juzgado de garantía tiene el mismo valor que una condena obtenida en un juicio oral”.

Delitos previo a endurecimiento de penas

La persecutora detalló además, que por la fecha en Lefort cometió los delitos de corrupción no era posible aplicarle penas establecidas en las modificaciones legales de noviembre de 2018 en esta materia.

“Se realizó una oferta punitiva al acusado considerando las penas consagradas antes de la modificación legal, cuestión a la que tiene derecho el imputado por cierto y que de igual manera hubiera sido reconocida por el tribunal. Estas penas fueron rebajadas de conformidad a la existencia de dos circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal en su caso: primero la irreprochable conducta anterior y la colaboración sustancial para el esclarecimiento de los hechos al reconocer su participación en los mismos“, ahondó.

“Con sólo esas dos atenuantes, el tribunal en caso de condenar podía rebajar la pena hasta en tres grados, y haber impuesto una pena incluso inferior a lo ofertado”, acotó.

Por último, sobre el pago equivalente apenas a un 10% del total defraudado al fisco ($50 millones de multa por $500 millones desfalcados), Pérez Harmer destacó que ellos en principio solicitaron como pena de multa la totalidad del monto desfalcado.

“El Ministerio Publico solicitó como pena de multa el pago del 100% de lo defraudado. Sin embargo, quien resuelve sobre aquello es el juez de garantía, quien, ponderando los antecedentes esgrimidos por la defensa para solicitar la rebaja de la multa, acogió su petición condenando en definitiva a aquel porcentaje, pese a nuestra oposición”, aseveró la fiscal (s), apuntando a que en un eventual juicio oral tampoco se aseguraba una multa equivalente al 100% de lo sustraído al fisco.