Guerra en Azul Azul: Schapira se querella contra Clark y revela que Sartor quiso prendar parte de la U

Tras la serie de polémicas que se arrastran desde diciembre pasado, la guerra entre los dos principales accionistas de Azul Azul llegó a la arena judicial. Daniel Schapira y su hijo Eduardo presentaron una querella contra Michael Clark e Inversiones Antumalal por “fraude en la omisión de Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Acciones”.

La familia Schapira, dueña del 21,4% de la concesionaria, se lanzó contra el presidente y accionista mayoritario de Azul Azul, que controla el 63% del club Universidad de Chile.

Clark se erigió como el amo y señor de la U el pasado 13 de diciembre, cuando ejecutó una cuestionada maniobra por medio de la mencionada sociedad Inversiones Antumalal, propiedad de él y su esposa Andrea Toro, con la que se hizo con todas las cuotas del Fondo de Inversión Privada (FIP) Tactical Sport. Un cambio significativo que sacó a Sartor S.A de la propiedad del club, quienes hasta entonces tenían el 90% del FIP. Clark antes poseía un rol secundario, con sólo un 10%.

No obstante, la movida fue cuestionada por la Comisión para el Mercado Financiero precisamente por la misma razón impugnada por los Schapira: la falta de una OPA.

Al margen, la acción judicial de los Schapira —interpuesta el miércoles pasado ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago— reveló otro asunto hasta ahora desconocido: que Sartor S.A ofreció prendar parte de la U para intentar zafar de una millonaria deuda con BCI Corredores de Bolsa.

La prenda con elástico

Toda la pugna tiene su origen a fines de 2024 tras el proceso de auditoría que inició la CMF a Sartor Administradora General de Fondos S.A., propiedad del grupo financiero, y que detectó situaciones de conflictos de interés que iban contra la ley.

A partir de ahí los problemas no hicieron más que acrecentarse. A mediados de noviembre la CMF les ordenó suspender los aportes a los fondos que administra y un mes más tarde derechamente les puso la lápida ordenando su cierre definitivo, para lo cual les designó un liquidador.

La pugna con BCI inició a propósito de la primera medida del organismo regulador. Ambas entidades tenían desde 2016 un Contrato de Operaciones de Compraventa a Plazo de Valores, informalmente llamadas “simultáneas” en la jerga financiera, en la que Sartor S.A. se comprometía a pagar las cuotas de dos fondos gestionados por Sartor Administradora General de Fondos (AGF). El vencimiento de dicho acuerdo estaba pactado para el 4 de diciembre, pero en realidad no era un problema, pues solían renovarse por un nuevo periodo.

No obstante, a raíz de la suspensión ordenada por la CMF, el 20 de noviembre BCI Corredores le informó a Sartor S.A. que las “simultáneas” no iban a ser renovadas y cumplido el plazo deberían pagar el precio correspondiente: $5.699 millones.

De acuerdo a BCI, el pago no llegó. Para intentar zafar, Sartor propuso saldar la deuda con una prenda sobre las cuotas del FIP Tactical Sport, en ese momento propiedad del grupo financiero y mediante el cual ostentaban el 63% de Azul Azul.

Según la corredora, acordaron los términos y Sartor aceptó vía mail el 6 de diciembre por la noche. Pero luego no llegaron a formalizar el trato a la oficinas de la Bolsa de Comercio de Santiago. El 10 de diciembre por la noche pactaron un nuevo contrato de prenda, con una garantía menor, pero Sartor los volvió a dejar plantados a la hora de firmar.

El jueves 12 BCI perdió la paciencia y les comunicó unilateralmente el término de la “simultánea”. De paso, les informó que para pagarse de la deuda iban a vender en bolsa las cuotas de los fondos de inversión que eran parte del contrato. De esa forma la corredora podría recuperar su dinero. Pero en realidad dicha amenaza no pudo ser ejecutada a raíz de la suspensión de Sartor AGF ordenada por la CMF.

Una movida desesperada

Lo que vino al día siguiente fue una operación en secreto que desató un terremoto en Azul Azul. Según se supo dos semanas después, el viernes 13 de diciembre Clark sacó a Sartor de la propiedad y se quedó con todas las cuotas del fondo Tactical Sport.

Según transmitieron desde la interna en ese momento, la idea era sacar al club del centro de los problemas. “Sartor lo está pasando mal. Le hace mal a la U tener a Sartor. Y a Sartor le hace mal tener a la U. Es una manera de desvincular rápido y que ellos se puedan concentrar en su tema y no le generen ruido a la U”, afirmaron.

Pero por el contrario, el asunto metió a Azul Azul en nuevos inconvenientes y desató una batería de comunicaciones con el regulador para aclarar por qué Clark hizo la compra en privado. Hasta hoy él afirma que no era necesario, pero la CMF insiste en que sí se requería una OPA.

Obligado, finalmente anunció que iba a cumplir con la exigencia, aunque anticipó que acudirá a tribunales para defender que él es quien tiene razón. Y de paso develó su plan para borrar del mapa a Tactical Sport, el mismo fondo que Sartor había intentado prendar días antes de la compra en las sombras.

Al margen, la situación del Sartor AGF siguió empeorando. El 20 de diciembre la CMF ordenó el cierre definitivo y para el 26 BCI liquidó definitivamente el contrato, cuya deuda escaló a $5.724 millones añadiendo los intereses.

Con dichos fondos aún por cobrar, el 9 de enero pasado la corredora acudió al Segundo Juzgado Civil de Santiago para pedir la liquidación forzosa de Sartor por haber cesado en el pago de sus obligaciones. Es decir, la quiebra.

Mediante dicha acción judicial es que la familia Schapira se enteró de los desconocidos movimientos entre Sartor y BCI para prendar parte de la U, cuyos antecedentes añadieron en su querella contra Clark de esta semana.

“Precio de bicoca”

Los Schapira, en su arremetida piden que el Ministerio Público indague el caso y determine la responsabilidad criminal de Clark y Antumalal, particularmente respecto al delito de fraude en la omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones que establece la Ley de Mercado de Valores.

Adicionalmente, también levantaron suspicacias sobre la fecha de la compra secreta. “No deja de llamar la atención”, afirman, sobre todo porque la carta de BCI “llegó justo el día antes de que Sartor S.A. le vendiera a puertas cerradas sus cuotas del fondo a Clark en un precio de bicoca”. Y más aún considerando el rol de “director independiente” de Clark en Sartor AGF.

También ponen sobre la mesa su principal duda frente a la OPA “voluntaria” anunciada por Clark y el precio anunciado. “¿Por qué Sartor S.A., en esas álgidas fechas por las que atravesaba el grupo empresarial, habría aceptado vender su control (indirecto, a través del fondo) del paquete accionario de Azul Azul a un precio más de un 40% inferior al mínimo si apenas unos días más tarde Clark anunciaría sus intenciones de pagar por la totalidad de las acciones de la concesionaria?”.

En ese sentido, resaltaron que “la fraudulenta operación llevada a cabo por el querellado es el punto de partida para la ruta que la investigación deberá transitar. Será la investigación desarrollada por el Ministerio Público, en definitiva, la que esclarezca con exactitud las reales implicancias de esta fraudulenta maniobra y si la estructura de Inversiones Antumalal Ltda, del FIP Tactical Sport y de las distintas entidades del Grupo Sartor han eventualmente servido de vehículo para otras defraudaciones cometidas contra Azul Azul”.

En respuesta, el aludido salió a defenderse. “Como ya he explicado antes, nuestras actuaciones han cumplido siempre con lo establecido en la ley”, insistió.

Y les envió un mensaje directo a los querellantes: “En Chile cualquier persona puede querellarse o denunciar a otra por lo que se le ocurra. Pero si luego se acredita que esa querella o denuncia es calumniosa, las personas que hicieron esa acusación falsa serán quienes cometieron un delito. Es así de simple”, advirtió.

De todas formas, consultado por BBCL Investiga, Clark evitó dar explicaciones sobre el punto más polémico que reveló la querella: por qué Sartor ofreció poner en prenda las cuotas del fondo con que controlaban indirectamente a la U.

Para respaldar aún más su postura e insistir en que nunca se necesitó una OPA, Azul Azul encargó un informe en derecho a Carlos Peña, abogado y rector de la Universidad Diego Portales. Mediante un reporte de 13 páginas, firmado el lunes, el académico llegó a la conclusión de que “reprochar no haber efectuado una OPA o los deberes de informar una toma de control en la situación a que se ha referido este informe carece de justificación en el derecho vigente en Chile”.