Un nuevo ascenso podría experimentar la carrera de Rodrigo Cuevas Cerda: pasó de ser despedido del servicio público por defender a narco-imputados durante su jornada laboral a convertirse en ministro del Tribunal Electoral Regional (TER) de Ñuble. Ahora, podría llegar a ser abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Chillán.

De acuerdo a información recopilada por BBCL Investiga, su nombre figura entre los nueve candidatos propuestos por la Corte Suprema para hacerse de un cargo altamente codiciado en las esferas judiciales. Se trata de una posición que —según fuentes de este medio— otorga una remuneración promedio de entre dos a tres millones de pesos mensuales y que permite a quienes lo ocupan seguir en el ejercicio libre de la profesión.

“Los clientes prefieren a un abogado integrante por su ‘llegada’ en la Corte”, dice uno de los consultados que conoce al dedillo el puesto.

Imputados por ley 20.000

Tal como reveló esta Unidad de Investigación, Cuevas Cerda carga a cuestas con un cuestionado pasado.

Todo se remonta a 2016 cuando se desempeñaba como jefe del Consultorio de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de Bulnes. Fue en el ejercicio de ese cargo que se descubrió que había patrocinado a imputados por delitos contemplados en la Ley 20.000.

Y pese a que por contrato tenía expresamente prohibido actuar como apoderado o patrocinante en este tipo de causas, no fue hasta 2019 que la CAJ decidió tomar acciones. Todo derivó en un sumario administrativo que concluyó en su destitución.

Según se lee en la resolución que selló su salida, el funcionario sirvió como defensor de dos imputados: uno por abigeato y tráfico de drogas en pequeñas cantidades y otro por cultivo y cosecha de especies vegetales productoras de estupefacientes y también por tráfico en pequeñas cantidades.

Y peor aún: esas actuaciones las realizó en horario laboral. Así consta en las actas de las audiencias en las que participó en 2016 como abogado particular. La primera fue el lunes 16 de mayo, la segunda el miércoles 19 de octubre y la tercera el miércoles 9 de noviembre.

Todas en horario AM.

Todas cuando Cuevas debía estar trabajando en la CAJ, donde percibía una remuneración bruta que sobrepasaba los $1,7 millones, según Transparencia Activa a enero de 2019.

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Todo en manos del Gobierno

A juicio del Consejo Directivo de la Corporación de Asistencia Judicial, Rodrigo Cuevas Cerda “procedió en pleno conocimiento de estar contraviniendo su contrato de trabajo”.

“En primer término, al asistir a varias audiencias dentro de su jornada laboral, lo que por sí ya es un atentado grave a la probidad, pero agrava más aún sus acciones, la circunstancia de que lo hizo para patrocinar causas que, conforme a su propio contrato de trabajo y el ordenamiento jurídico, le estaba expresamente prohibido”, acotaron.

Pese a todo, su despido derivó en una demanda laboral por parte del abogado. ¿El resultado? La Justicia ordenó a la CAJ pagar una indemnización de $50 millones por vulneración de sus derechos. Y aunque el origen de su despido no estuvo en entredicho en los tribunales, precisamente la inacción de la CAJ una vez conocidos los hechos le significó al organismo perder la demanda.

En buenas cuentas, debido a la demora de casi tres años para concretar su despido, la justicia entendió que había operado el “perdón de la causal”. Una suerte de prescripción laboral que finalmente terminó jugando a favor del funcionario destituido.

Con todos esos antecedentes a cuestas, ahora deberá ser el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el que determine si Cuevas es nombrado o no como integrante de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Chillán.

Optó por no hablar

Desde el Poder Judicial, ante las consultas de BBCL Investiga, confirmaron que ya hicieron llegar los nombres a la cartera que comanda el ministro Jaime Gajardo Falcón.

Asimismo, señalaron que “entre la documentación presentada (por Rodrigo Cuevas) se encuentra una declaración jurada en la que manifiesta que no posee ninguna de las inhabilidades que el Código Orgánico de Tribunales establece para el cargo al que él postuló”.

Desde el Ministerio, en tanto, explicaron que “no le corresponde” a ellos como repartición “emitir comentarios respecto de un proceso en desarrollo y del cual necesariamente debe haber un pronunciamiento formal, en tiempo y forma, por las vías establecidas”.

Lo anterior, expusieron, “a objeto de garantizar la transparencia del mismo y sin afectar el objetivo final, que es la elección de las personas más idóneas para cargos que permitan un correcto funcionamiento del sistema de Justicia”.

Por último, el propio Rodrigo Cuevas Cerda —contactado por este medio— optó por no emitir un pronunciamiento formal. Esto, pese a que en un principio se había mostrado dispuesto a defenderse.