Con algunos de los más destacados empresarios del Valle de Colchagua presentes, el 22 de julio de 2022 se celebró en el Hotel Terraviña de Santa Cruz la elección de la nueva directiva del club aéreo local. La cita, que encumbró como presidente al socio Lautaro Alliende Carranza, fue dirigida por el líder de la Comisión Electoral, el renombrado empresario vitivinícola y exfabricante de armas, Carlos Remigio Cardoen Cornejo.

Hoy, el Ministerio Público indaga los antecedentes de esa reunión, luego de que mediante una querella los antiguos socios denunciaran que todo se trató de un ardid. Según el libelo, en el proceso electoral participaron una serie de personas que ni siquiera eran miembros de la organización para, simplemente, apropiarse del club y sus bienes.

Antecedentes recopilados por BBCL Investiga –que no están contenidos en la carpeta judicial–, develan un entramado en el que confluyen los nexos de los “socios falsos” con funcionarios del Tribunal Electoral Regional (TER) de O’Higgins, quienes intervinieron en el proceso que validó la elección de directiva. Aquí figuran una jueza, que resultó ser cuñada de uno de los involucrados, además del secretario relator del tribunal, quien es amigo y excompañero de negocios del mismo implicado.

Un club con historia

Desde 1968, el Club Aéreo de Santa Cruz ha agrupado a los aficionados de la actividad aérea en el Valle de Colchagua, incluido el conocido empresario vitivinícola y armamentístico Carlos Cardoen, uno de los socios fundadores, según él mismo cuenta.

Como bienes principales, la organización posee un avión de instrucción CESSNA y una pista de aterrizaje en un paño a tres kilómetros del centro de la ciudad.

El terreno había sido expropiado durante la reforma agraria al fundo La Puerta y después fue traspasado al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). En ese periodo continuó siendo usado por el club, por lo que el SAG negoció con los socios hasta que en 2005 llegaron a un acuerdo de venta.

De acuerdo al grupo de querellantes, tuvieron que vender un terreno de 5 mil metros cuadrados y aportar dinero para cubrir los $50 millones de ese tiempo que costó la operación. Posteriormente se refaccionó la pista, lo que involucró una nueva inversión.

“Habíamos vendido uno de los aviones, pero faltó. Tuvimos que poner nosotros como veinte millones de pesos, después rellenar la pista, otros veinte”, rememora Felipe Molina, uno de los socios querellantes y expresidente del club.

Según la visión de Molina, esto habría sido el origen del conflicto. Dice que tres denunciados que efectivamente eran socios no habían pagado su parte por ese gasto. “Nunca se pusieron al día. Entonces lo más fácil que encontraron fue esto: se presentaron con unos socios que no eran y nos dejaron afuera a nosotros”, afirma.

Cardoen en la Comisión Electoral y siete socios que no eran

De acuerdo al grupo hoy acusado de estafa, no había actividad en el club. De hecho, no se hacían elecciones desde 2012, cuando había sido electo como presidente Felipe Molina.

“Ni siquiera hacían reuniones“, asevera Lautaro Alliende, presidente de la directiva apuntada en la querella. “Legalmente no existían, por eso un grupo de personas nos autoconvocamos. La mayoría éramos socios, que somos pilotos, y otros se integraron como socios cooperadores, que no son pilotos”, añade.

Sin embargo, los documentos con que el grupo se hizo del club están plagados de inconsistencias. Por ejemplo: Carlos Cardoen fue ungido como presidente de la Comisión Electoral el 22 de mayo de 2022, en una reunión en que participaron 15 personas, según el acta, y sólo 13, según aseguró la comisión más tarde en un escrito al TER de O’Higgins.

La reunión se realizó en el hotel Terraviña, según mencionó la comisión en el mismo escrito al TER. O, según el acta, en un inmueble ubicado en Plaza de Armas Nº138… dirección que no existe.

En la convocatoria del 22 mayo se eligió, además de a Carlos Cardoen, a Mauricio Cardoen Ubago —sobrino del empresario— y a Felipe Rojas Vives para integrar la Comisión Electoral.

En el acta entregada al secretario municipal aparecen 15 hombres participando de esa reunión, entre ellos el exseremi de Vivienda, Franciso Ravanal; el dueño del Hotel Terraviña, Eduardo Montanares; Lautaro Alliende y uno de sus hijos, y Carlos Cardoen, tres de sus hijos y su abogado Juan Carlos Alarcón. Todo en familia.

Sólo tres personas constaban en la nómina de integrantes de los comicios previos, de diciembre de 2012: Lautaro Alliende, Daniel Rocco y Mauricio Cardoen.

Incluso, cuando la Comisión Electoral entregó posteriormente un supuesto “registro actualizado” al secretario municipal en julio de 2022, sólo aparecían siete de los nombres que participaron en aquel encuentro.

Según la querella interpuesta en el caso, existía un vacío en la documentación pública del club que facilitó la comisión del delito, pues el listado de socios de 2012 no había sido presentado “ante el secretario municipal de acuerdo con lo exigido” por la ley de 2019 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias.

Una cuñada y un exsocio en el TER

Los antecedentes habían llegado al Tribunal Electoral Regional de O’Higgins —órgano encargado de decidir disputas relativas a comicios— luego que el secretario municipal de Santa Cruz se negara a certificar la elección y que Carlos Cardoen apelara a la instancia como presidente de la Comisión Electoral, encargada de llevar a cabo correctamente el proceso para escoger la nueva directiva del club.

Uno de los que no aparecía en ninguno de los registros de socios es el abogado Flavio González Camus. Se trata del actual secretario relator del TER, quien de todos modos participó de la reunión en que se eligió a Cardoen como presidente de la comisión. González Camus es amigo y socio de Lautaro Alliende, con quien tiene una empresa para la administración de canchas de pádel.

Aunque en el momento en que se revisó el caso y se dictó sentencia ante el tribunal electoral González Camus sólo subrogaba, aparece su nombre firmando el archivo de la causa.

No sólo eso: un exsocio suyo de estudio de abogados fue el secretario relator durante la dictación de la sentencia, Álvaro Barría Chateau. Su cuñada, en tanto, Marlene Lepe Valenzuela, fue uno de los tres jueces que falló a favor de Cardoen.

En conversación con la Unidad de Investigación de BioBioChile, González Camus comenta que en ese momento, cuando falló el TER, él no era el secretario relator titular, por lo que no tenía ninguna manera de recusarse.

Además, dice que tampoco la causa trató sobre validar la elección en la que supuestamente él participó, sino de la actuación del secretario municipal al no querer inscribir la elección de directiva.

“No existe ninguna inhabilidad porque tampoco después proseguí como socio. Esto lo reclamó ante el TER la persona que fue supuestamente electa [Cardoen, como presidente de la comisión], pero no implica al resto de los asociados”, afirma González Camus.

Según él, Lautaro Alliende lo invitó a una comida para reactivar el club aéreo. Sobre por qué aparece firmando el acta siendo que no era socio, responde que lo habían invitado a sumarse a la organización.

“Participé esa vez para incorporarme, pero no he pagado una cuota, ni he participado de otras reuniones, porque en realidad la aviación no es mi tema”, añade.

Este medio llamó en repetidas ocasiones a la oficina de Marlene Lepe para conocer sus impresiones respecto a estos antecedentes, pero no hubo respuesta.

La elección para elegir a la directiva

La polémica elección de directiva se concretó, según el acta, el 22 de julio en el Hotel Terraviña. Tras la votación de 13 personas, la directiva quedó compuesta por Lautaro Alliende como presidente; Daniel Rocco, como secretario; Mauricio Lucero, como tesorero, y Juan Carlos Alarcón y Felipe Rojas como suplentes.

De ellos, Alarcón no figuraba entre los socios del club en el listado de 2012, antes de que la comisión presentara el nuevo registro. Tampoco constaban otros ocho votantes: Carlos Cardoen y su hijo Álvaro Cardoen Jorquera; Agustín Cardoen Spoerer —hijo de Mauricio Cardoen—; Baltazar Alliende —hijo de Lautaro Alliende—; Eduardo Montanares; Francisco Ravanal; Sergio Palma Varas y Félix Pérez Pastene.

Las inconsistencias fueron obvias para el secretario municipal de Santa Cruz, Mauricio Toledo Espinosa, quien el 4 de agosto de 2022, una semana después de haber recibido los antecedentes, se negó a certificar la elección.

Sin embargo, el TER de O’Higgins razonó que, ya que no se habían efectuado reclamaciones en el plazo correspondiente, sólo quedaba al secretario municipal “remitir los antecedentes de la misma al Servicio de Registro Civil e Identificación para que proceda a registrar la elección en el Registro de Personas Jurídicas Sin fines de Lucro y a su vez emita el certificado de vigencia definitivo”.

El Tricel con Cardoen

El secretario municipal contraatacó con una apelación al Tricel en Santiago. En esta revisión, su representante intentó sostener que la justicia electoral no era competente para conocer el caso, argumentando que sus atribuciones se limitan a procesos electorales y no a un acto de un funcionario municipal, que en este caso estaría cubierto por la Ley Orgánica de Municipalidades.

La estrategia no resultó.

El TER de O’Higgins fue respaldado por el Tricel, en un fallo por 3 a 1 que confirmó la sentencia. Entre quienes votaron a favor estuvo el exministro de la Corte Suprema Jorge Dahm, el mismo que redactó el fallo a favor de Cardoen con el que Chile negó la extradición a Estados Unidos del empresario por la importación de circonio para la elaboración de las bombas racimo vendidas a Irak durante los años 80.

Además, compuso la sala el entonces presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, y el exsenador Jaime Gazmuri, del Partido Socialista. Gazmuri compartió durante su tiempo como vicepresidente de la cámara alta con José Luis Alliende Leiva, primo de Lautaro Alliende y en ese entonces secretario subrogante del Senado.

El voto en contra fue de la ministra de la Corte Suprema Adelita Ravanales, quien apoyó la posición expuesta por el abogado del secretario municipal.

Según Ravanales, entre las facultades de la justicia electoral “no es posible incluir (…) la solicitud de reclamación intentada contra don Mauricio Toledo (…) por haber expedido certificado y terminado proceso electoral por ‘depósito observado"”.

Alliende y el abogado de Cardoen hablan

La querella interpuesta por quienes dicen ser verdaderos socios acusa que se cometió el delito de estafa, al apropiarse mediante documentación fraudulenta del club y sus bienes, incluida la pista y el avión CESSNA.

“Se hizo todo legal, se llamó a elecciones, se publicó en el diario local, a través del sitio web de la municipalidad. O sea, se hizo todo como corresponde”, aseguró Lautaro Alliende en conversación con la Unidad de Investigación de BioBioChile.

Alliende comentó que habían revitalizado el club desde que asumieron. Incluso destacó que realizaron el pasado 17 de noviembre un festival aéreo, abierto para todo el público, por el que TV Colchagua hizo un reportaje.

TV Colchagua es propiedad de Sergio Palma, otro de los socios apuntados.

Tras una primera entrevista, al pedirle documentación que avalara la calidad de socios de quienes habían participado en el proceso, Alliende expresó que estaba muy ocupado y que él consideraba el tema como cerrado.

A pesar que la Unidad de Investigación de BioBioChile intentó conversar con Carlos Cardoen, este únicamente envió un escrito con su abogado, Juan Carlos Alarcón —quien también aparece entre los socios cuestionados—.

“En su afán de promover la pasión por el vuelo durante la década de los 80 donó un avión de instrucción “Aeronca”. Ha promovido la pasión por el vuelo siendo uno de los pilotos privados de helicóptero y de avión con más horas de vuelo en el país. Por estas y otras razones, se colige lo mal intencionado de la querella al intentar desconocer su participación en esta organización“, comentó Alarcón.

Asimismo, cuestionó que pudiera existir una estafa, porque “los socios individualmente considerados no tienen derechos sobre los bienes del club”, y añadió que en caso de que el club se disolviera estos pasarían a poder de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

De acuerdo a fuentes consultadas, el avión Aeronca no es propiedad del club hace décadas.

Desde la Fiscalía Local de Santa Cruz, encargada de la investigación, comentaron que se encargaron diversos peritajes y que aún hay diligencias pendientes por parte de la policía.