Cohecho, soborno y lavado de activos: formalizan a implicados en trama de corrupción sanitaria

Los protagonistas de una de las compras públicas más polémicas de la pandemia fueron detenidos y formalizados a fines de noviembre. Todo en el marco de una trama ocurrida en 2020, cuando el Hospital de La Florida compró más de $1.200 millones en mascarillas —con evidente sobreprecio— a una empresa vinculada a un familiar del entonces subdirector administrativo del recinto asistencial, Cristóbal Salgado Corvalán.

En concreto, Fiscalía acusó a este último de cohecho agravado, mientras que imputó soborno y lavado de activos contra Víctor Kripper Mitradono, concuñado de Corvalán y propietario de dos empresas que obtuvieron jugosas ordenes de compra vía trato directo a inicios de 2020 y luego en plena crisis del covid.

El caso golpeó las arcas de un hospital de gran relevancia para el sistema de salud —dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente—, que atiende a más de un millón de habitantes de las comunas de La Florida, Puente Alto, La Pintana, San Ramón, San Joaquín y La Granja.

La ofensiva liderada por el fiscal Álvaro Pérez se concretó hace poco más de dos semanas, ante el 14° Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de una causa cuya tramitación se inició en mayo de 2022. El caso quedó en evidencia a inicios de 2021, tras una publicación de Ciper, y la posterior indagatoria de Contraloría que llevó a un sumario y a la respectiva denuncia a Fiscalía.

Respecto a las mascarillas, dicha indagatoria apuntó a la empresa “Servicios Integrales Hospitalarios SpA”, propiedad de Kripper, y que al día siguiente de constituirse legalmente recibió una orden de compra del Hospital de La Florida por más de $416 millones.

Más aún, dicho recinto fue el único organismo público que la eligió como proveedor. No tenía ningún historial ni experiencia previa.

No obstante, la investigación del Ministerio Público también descubrió otra razón social a nombre del concuñado de Salgado, Don Benjamín SpA, que durante el verano de 2020 se adjudicó —bajo la misma figura irregular— servicios de vigilancia, además de servicios de reparación y mantenimiento, que totalizaron $94,1 millones.

Asimismo, en abril de ese mismo año el Hospital de La Florida le compró a dicha empresa servicios de traslado de equipamiento y limpieza, además de la adquisición de cables, conectores, cámaras, disco duros y monitores LED. Todo por poco más de $20 millones.

Con todo, Salgado fue detenido el pasado martes 19 de noviembre, tras lo cual fue formalizado y quedó en prisión preventiva. Kripper, en tanto, inicialmente recibió arresto domiciliario total el jueves 28. No obstante, tras un recurso interpuesto por Fiscalía, la Corte de Apelaciones revocó dicha decisión el 5 de diciembre y dictó también su prisión preventiva.

$1.300 millones en cinco meses

De acuerdo a los antecedentes presentados por el persecutor, a los que tuvo acceso BBCL Investiga, Cristóbal Salgado Corvalán ejerció —entre octubre 2019 y julio 2020— como subdirector administrativo del hospital subrogante, en cuya función estuvo a cargo de abastecer el hospital de insumos y servicios. También estuvo casado con Gisela Saavedra Díaz desde enero 2013 hasta junio 2021; es decir, durante el periodo en que se registraron los pagos.

Por su parte, Víctor Kripper Mitrano, dueño de Don Benjamín SpA y Servicios Integrales Hospitalarios SpA, se encuentra casado desde 2016 con Carolina Saavedra Díaz, hermana de Gisela.

La primera de estas empresas la creó en mayo 2018, bajo las actividades económicas de servicios de seguridad privada, terminación y acabado de edificios, y el alquiler de maquinaria. En ese contexto, durante el periodo en que su concuñado estuvo a cargo de las adquisiciones, logró facturar más de $100 millones por sus servicios.

Mientras que actuando a nombre de la segunda empresa, cuyo nombre de fantasía es Todo Hospitales, Kripper se presentó vía mail —el 5 de abril de 2020— como parte del “Equipo Comercial”, ofreciendo un “Stock Exclusivo Para Hospital De La Florida, 300.000 Mascarillas N95”. Recién al día siguiente creó oficialmente la empresa y el 7 de abril recibió la primera orden de compra por $416 millones a cambio de 100 mil mascarillas. Todo gracias a las presiones que habría ejercido Salgado Corvalán sobre uno de sus subordinados para apurar el proceso en favor de su concuñado.

Y aunque Todo Hospitales no entregó en tiempo y formas las mascarillas comprometidas al hospital, debido a la falta de stock, de todas formas obtuvo nuevas órdenes de compra durante mayo. Logró vender 600 mil mascarillas de tres pliegues, además de 100 mil mascarillas N95, a cambio $831 millones.

Así las cosas, las dos empresas del concuñado facturaron $1.355 millones en apenas cinco meses.

Requisitos incumplidos

Las compras a Todo Hospitales no contaban con el acto administrativo de autorización que se requiere para justificar las compras vía trato directo, según constató en su momento la Contraloría General de la República (CGR). Sólo estaban las órdenes de compra.

En el caso de Benjamín SpA sí estaban las resoluciones exentas exigidas, firmadas por Cristóbal Salgado en su calidad de subdirector. Pero la CGR indicó en su investigación administrativa que no contaban con una justificación suficiente y además no correspondía que las contrataciones fueran visadas por él, sino por el director del hospital.

Ante eso, y considerando que las compras ya se habían ejecutado, el asunto fue regularizado a posteriori, dos años más tarde, mediante un documento suscrito por la máxima autoridad del recinto, quien originalmente debía validar dichas compras. Así finalmente pudieron zanjar el asunto y, tras los reproches del informe, acatar lo ordenado por el ente fiscalizador.

La indagatoria también puso sobre la mesa las conversaciones por mensajería entre el subdirector y el subordinado encargado de ejecutar las compras. Este último las facilitó precisamente cuando testificó ante Fiscalía.

05/04/2020, 11:43.

—No perdamos la oportunidad de asegurar todo su stock.

05/04/2020, 12:33.

—Favor llámalos ahora. Si no puedes los llamo yo, no hay problema.

06/04/2020, 09:50.

—Recuerda cerrar rápido con la empresa que nos trae que nos trae el stock de 100 mil N95.

06/04/2020, 18:18.

—¿Cómo te fue? Cerremos eso rápido. Lo otro, por favor si puedes pregúntales si tienen mascarillas quirúrgicas también con entrega rápida.

07/04/2020, 08:18.

—Favor ejecutemos y aseguremos las compras hoy AM. Debemos pensar en abastecernos al menos hasta octubre.

Tres días después pidió ejecutar más compras. Y el subordinado incluso intentó detenerlo, aunque sin éxito.

11/04/2020, 13:04.

—Todo Hospitales promete tener disponibilidad y no es cierto. Tenemos otras opciones y a un valor más económico para la misma fecha de llegada.

Desprolijidades aparte, una vez facturado el millonario botín, Kripper buscó hacerse con el dinero rápidamente. Todo mediante empresas de factoring, tales como “Go Factoring”, “Arrayán Factoring” y “Crédito y Factoring”.

De acuerdo a Fiscalía, las acciones de Salgado en favor de las empresas de su concuñado fueron realizadas a cambio de un beneficio económico para él, su cónyuge Gisela y a su hermana Paz Salgado Corvalán.

La ruta del dinero

Precisamente para indagar lo anterior es que la investigación se extendió por tanto tiempo. Si bien las primeras señales de irregularidades se conocieron a inicios de 2021, el caso recién se abrió oficialmente a mediados de 2022 ante el tribunal y hace dos semanas se formalizó a los principales implicados.

Según explicó el fiscal Álvaro Pérez a BBCL Investiga, el Consejo de Defensa del Estado se querelló por fraude al fisco por las compras de mascarillas con sobreprecio. “Pero las complejidades de acreditar un fraude al fisco respecto de las mascarillas, en el contexto de la pandemia, no es fácil”, admitió.

“¿Cuál era el precio justo? ¿El de antes de pandemia o el de pandemia? En el de pandemia estaban todos desatados. Yo consideré que si la investigación la orientábamos al fraude al fisco íbamos a tener complicaciones de acreditación”, dijo.

Así que decidió ir tras la ruta del dinero. En principio pidió el alzamiento del secreto bancario para las cuentas asociadas a Salgado, Kripper y sus empresas. Tras la revisión, detectó que el dinero circulaba hacia las cuentas Carolina, Gisela y fundamentalmente a Paz como destinatario final. Para eso también debió solicitar acceso a las cuentas de ellas. Aquello fue lo que abrió paso a imputar cohecho, soborno y hasta lavado de activos.

En específico, una vez que el concuñado logró hacerse con los más de 1.300 millones, la investigación determinó que éste realizó tres transferencias a Gisela, la cónyuge del subdirector, por un total de $927 mil. Lo mismo hizo mediante seis pagos a la hermana del funcionario, por otros $8,9 millones.

En concreto, todos esos fondos llegaron en fechas coincidentes con las emisiones de las cuestionadas órdenes de compra. Tanto así, que en uno de los traspasos a la hermana colocó como referencia la frase “Cristóbal”.

Kripper, el concuñado, también usó cuentas ligadas a su esposa para hacer circular el dinero hacia el subdirector del Hospital de La Florida. Le transfirió a Carolina Saavedra $33 millones, provenientes de las facturas, quien luego traspasó $12,7 millones a su hermana Gisela Saavedra, en ese entonces esposa de Cristóbal. Pagos que intentaron ocultar mediante supuestos pagos de boletas de honorarios.

Acto seguido, mediante una larga secuencia de transferencias electrónicas, la conyugue y la hermana de Cristóbal Salgado lograron hacerle llegar el dinero. Incluso algunos de los pagos de Gisela enviados a Paz tenían como descripción “pagos de una deuda de Cristóbal”.

Tras ello, Paz finalmente le hizo llegar al menos $9,3 millones directamente a su hermano Cristóbal. Aunque la mayoría quedaba directamente en su cuenta y desde ahí se pagaban muchos de sus gastos personales y domésticos.

Lavado de activos

Por su parte, la Fiscalía también apunta a que Víctor Kripper —el dueño de las empresas— intentó disimular el origen ilícito de los $1.300 millones facturados al Hospital de La Florida, “a sabiendas que esos dineros adjudicados fueron producto de haber sobornado a un funcionario público, que era precisamente su concuñado”.

De acuerdo al persecutor, utilizó distintas estrategias. Primero, traspasar las facturas a empresas de factoring para obtener más rápido el dinero obtenido. Y segundo, para dificultar el rastreo de los fondos, movió el botín constantemente entre sus cuentas y las de sus empresas. A ello sumó millonarios retiros en efectivo, emisión de vales vistas y el pago de deudas bancarias y hasta cuentas básicas.

También invirtió en instrumentos financieros mediante el Banco de Chile, incluyendo acciones y fondos mutuos, algunas en pesos y otras en dólares, ejecutadas en fechas concordantes con los pagos de los factoring. Así fue como obtuvo utilidades que luego pudo rescatar e ingresar a la economía formal.

A juicio del Ministerio Publico, mediante la utilización este mecanismo, “se ha producido la colocación y la estratificación como elementos del delito de lavado de activos, teniendo la calificación jurídica de autor, en grado de desarrollo consumado”.

Hasta ahora, Carolina, Gisela y Paz no fueron objeto de formalización. Las tres declararon ante fiscalía durante las últimas semanas. Y la mayoría presentó excusas, algunas plausibles y otras no tanto. Aunque de acuerdo a Fiscalía varias de esas versiones son consistentes con otros antecedentes de la investigación.

De todos modos, si la investigación en curso mostrara indicios de que fueron cómplices, aún cabe la posibilidad que el fiscal decida formalizarlas en el marco de la causa.