El 12 de octubre de 2022 a las 13:15 la vida de Macarena Fierro cambió para siempre. Ese sábado se enfrentó por primera vez al sistema de justicia en el contexto de una denuncia por violencia intrafamiliar (VIF), tras acusar a su marido, Matías Alcayaga, de intento de atropello: la empujó con el auto alrededor de 15 metros cuando fue a retirar a sus tres hijos en el contexto de la visita pactada desde su separación cuatro meses antes.

A partir de ese momento, su día a día se convirtió en audiencias, juzgados, abogados, fiscales, carabineros, querellas y eternas peleas, en un sistema que, quienes bien conocen, saben que está completamente colapsado, con víctimas que pierden toda fe en su funcionamiento.

Y así se escucha en los pasillos de los juzgados de garantía, con frases como “no se sorprenda, si esto le pasa a todo el mundo”.

Es así cómo en las horas que ha pasado sentada en tribunales, Macarena ha visto cómo se repite un patrón: denuncias que no son realmente investigadas, sin las diligencias mínimas y que luego son sobreseídas por falta de pruebas, y jueces que no conocen los detalles de los casos. En situaciones de VIF la situación empeora por la incapacidad de los tribunales de detenerse en cada caso y fallar teniendo en cuenta todo su contexto, dejando desprotegidas a las víctimas.

Por la experiencia de quienes han pasado por el sistema, la situación solo varía cuando las personas se mantienen permanentemente presionando y con ayuda legal pagada.

Eso mismo se puede ver reflejado en la carpeta de investigación del caso de Macarena, la que da cuenta que desde la Fiscalía practicamente no se han buscado pruebas. Terminado el periodo de investigación se intentó cerrar la causa con una suspensión condicional –acuerdo entre el fiscal y el imputado para suspender el proceso–, lo que no se logró solo tras la intervención de Macarena en una audiencia.

“Todos hemos escuchado que para que te pesquen en causas penales hay que llegar con las vísceras afueras”, comenta Macarena. “Si no fuese porque yo he estado yendo y presionando, esta causa ya se habría cerrado, como pasa con otras”, reflexiona.

El choque inicial

Lo primero que hizo Macarena tras el incidente vivido ese 12 de octubre, fue llamar a Carabineros. Poco después, un funcionario llegó a su casa y le indicó que le debía realizar una pauta unificada de riesgo, mecanismo utilizado para puntuar el nivel de peligro de una víctima que denuncia violencia intrafamiliar. Sin embargo, el policía no traía la pauta con él y la debieron hacer por teléfono, quedando esta con imprecisiones en los datos y, por lo tanto, invalidada.

El primero de muchos errores.

Días después, Macarena tuvo que asistir a la Subcomisaría de Carabineros de Chicureo y volver a responder la pauta consistente en un listado de preguntas de “sí” o “no” como: “¿Él/ella le ha golpeado anteriormente?”, “La persona denunciada, ¿se niega a aceptar la separación/divorcio?” y “¿Cree que pueda matarle a usted o a alguien de su familia?”.

El sistema arrojó un puntaje de 3,452, equivalente a un riesgo alto, por lo que los tribunales decretaron la medida cautelar de prohibición de acercamiento del imputado a Macarena y los hijos en común, de 6, 5 y 2 años.

En casos de violencia intrafamiliar, este documento es esencial, ya que el puntaje que refiere al nivel de riesgo en el que se encuentra la víctima es clave para la prioridad que el Ministerio Público le vaya a dar a la causa y las medidas cautelares que se adopten.

En conversación con Radio Bío Bío desde el estudio Mater Juris –especialistas en defensa de casos de víctimas de VIF y que hoy asesora jurídicamente a Macarena– consideran que desde este primer paso inicial el sistema comienza con errores, al estar este mecanismo de prioridades obsoleto y en muchos casos dejar desprotegidas a víctimas por presentar un supuesto bajo nivel de peligro.

“Las pautas de riesgo son una forma de discriminar para el sistema de justicia la ‘gravedad’ de una denuncia, el grado de vulneración a la cual se encuentra expuesta una víctima, pero en base a esto no se puede predecir la ocurrencia o no de un femicidio, así como tampoco mide factores económicos que hacen a la víctima dependiente del agresor”, indicaron.

Sin embargo, especialistas en el tema han comentado que incluso cuando la pauta arroja un alto riesgo y se otorgan medidas cautelares, como en el caso de Macarena, estas no son fiscalizadas, siendo una de las principales razones la falta de dotación de funcionarios de Carabineros.

De acuerdo al último Informe Nacional de Víctimas de Femicidios Consumados en Chile, realizado por la Subsecretaría de Prevención del Delito junto a SERNAMEG, en el 35% de los femicidios del primer semestre de 2024 el victimario contaba con denuncias previas por parte de la víctima, y un 11,8% mantenía medidas cautelares vigentes al momento del hecho, cifra más alta desde que se comenzó a realizar el informe en 2018.

Negligencia judicial

Tras la denuncia que hoy se encuentra siendo tramitada en el Juzgado de Garantía de Colina por el delito de lesiones menos graves en contexto de VIF, a Macarena se le derivó al Centro de la Mujer de Los Andes. “Ahí básicamente te enseñan a identificar banderas rojas, te dicen, ‘para que no le pase de nuevo’”, comenta.

También la debieran haber contactado desde la unidad de Apoyo a Víctimas, dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, programa que brinda asesoría jurídica, social y psicológica a denunciantes. Sin embargo, hasta hoy no ha escuchado de ellos, aunque desde la Fiscalía Centro Norte le dijeron el pasado viernes 22 (más de dos años después de los hechos denunciados) que la debiesen llamar prontamente.

Además del caso en el Juzgado de Garantía de Colina, Macarena también participa en causas abiertas en el Juzgado de Familia de Los Andes por la suspensión de la relación directa y regular –régimen de visitas del padre con los hijos–, por pensión alimenticia y otra por VIF, que se discute en la Corte de Apelaciones de Valparaíso tras haber obtenido una respuesta negativa en primer instancia.

Parte de las razones por las que Macarena perdió esa causa es por no haberse podido acreditar que el daño psicológico que tenía provenía directamente de una violencia ejercida por su marido. “Me cuestionaban que me veía demasiado bien”, describió. “Si no me puedo parar de la cama, me quitan a los niños, pero si soy muy fuerte, no soy lo suficientemente víctima”.

De acuerdo a integrantes de Mater Juris, un gran problema que hay en causas de familia es la falta de interconexión entre lo que pasa en materia penal y los tribunales de familia, lo que le impide al juez tener un panorama completo ni un “contexto lo suficientemente íntegro como para poder comprender la situación en la que se encuentra la víctima”.

Es por eso que para Macarena y su defensa es tan importante lo que ocurra con la causa que se tramita en el Juzgado de Garantía de Colina, ya que en caso de condenarse al imputado, esto se podría usar como prueba en las causas de familia.

La preocupación por lo que ocurrirá con esta causa aumentó luego de que Macarena pudiese acceder a la carpeta de investigación completa para encontrarse con una desagradable sorpresa: desde la Fiscalía no habían realizado prácticamente ninguna diligencia para recabar pruebas del hecho. Y es que ella ya dudaba al solo haber sido contactada dos veces por la Fiscalía, ninguna de ellas para preguntarle si tenía información que fuese útil para la investigación.

De acuerdo a la carpeta, la Fiscalía había solicitado tres acciones: tomarle declaración a Macarena, tomarle declaración al imputado y solicitar la copia original de las cámaras de grabación de ese día, habiendo Macarena ya entregado una grabación de la pantallas a Carabineros anteriormente. Sin embargo, de esas tres acciones en la carpeta solo consta haberse realizado la toma de declaración a Macarena, estando hoy el periodo de investigación ya cerrado. Tampoco se contactó a ningún testigo del hecho, en los que se podría haber incluído al conserje que vio la situación a través de la cámara y a quien conducía un segundo auto que frenó al ver salir el vehículo que empujaba a Macarena desde adentro de su propiedad.

Consultados por Radio Bío Bío, desde la defensa del imputado negaron que Macarena haya sido vulnerada por los tribunales, afirmando que: “Doña Macarena ha tenido la oportunidad de ofrecer y rendir todas sus pruebas para acreditar sus dichos y pretensiones, a diferencia de mi representado quien, fue impedido de rendir prueba en procedimientos de familia que se conocieron en el Juzgado de Familia de Los Andes y cuyas razones no vienen al caso mencionar”.

“En la causa penal que se sigue ante el Juzgado de Garantía de Colina y cuya investigación ha llevado la Fiscalía Local de Colina, doña Macarena ha encontrado total acogida y protección por parte de la Fiscalía, pudiendo acceder a reuniones con el Fiscal a cargo; aportando ella misma la prueba de sus alegaciones a Carabineros de Chile y a la propia Fiscalía; participando presencialmente de todas las audiencias; siendo escuchada en orden a que su voluntad es que la causa termine en un juicio oral simplificado, lo que ha sido recogido por la Fiscalía; ha contado con asesoría jurídica; entre otros”, agregaron.

Una situación inusual

Macarena también denuncia que incluso el propio Juzgado de Garantía de Colina ha representado un problema para recabar parte de la evidencia utilizada para dar cuenta de rasgos de la personalidad del acusado en otras causas.

La acusación responde a un hecho ocurrido en una audiencia de reformalización que se llevó a cabo el 21 de julio de 2023, cuando en el audio del imputado, conectado por Zoom a aquella instancia, se escucharon gemidos de personas teniendo relaciones sexuales, ante lo que inmediatamente el juez ordenó desconectarlo y suspender la audiencia.

Posteriormente, y tal como consta en el audio grabado por los tribunales, el juez se dirigió al abogado defensor y le indicó: “Va a tener que dar una disculpa muy sustanciosa el día que concurra al tribunal”, para luego afirmar: “Su defendido, lo voy a decir con estas palabras, estaba teniendo sexo en este minuto”. “He visto cosas insólitas, he escuchado mucho en casi 20 años en tribunales (…) pero esto es insólito, es insólito”, concluyó. Sin embargo, del hecho no se desprendió sanción alguna.

En posteriores discusiones, la defensa del imputado indicó que no era él quien estaba manteniendo relaciones sexuales, sino que lo escuchado por las ocho personas presentes en la audiencia correspondía a que el acusado, no estando silenciado, pinchó un envío de un conocido en el celular, en el cual se habrían originado los gemidos.

La situación, posteriormente se utilizó por la parte acusatoria para plantear dudas sobre el estado psicológico del imputado, prueba que podría ser clave en las causas de juzgados de familia. Sin embargo, grande fue la sorpresa de Macarena cuando solicitó el audio y le llegó un archivo de 7 minutos y 3 segundos de la audiencia que había durado casi 19 minutos, habiéndose cortado la parte aludida.

Tras hacer las consultas para acceder al audio original, desde el Juzgado de Garantía de Colina les respondieron que por orden de jefatura se había eliminado “la parte en el cual se escucha al imputado en una situación indecorosa”, dejando el audio editado en el respaldo oficial, pero estando el original en custodia en la Unidad de Servicio Público del tribunal.

Tres meses después del hecho, finalmente pudieron acceder al archivo oficial, tras la asistencia de Macarena al juzgado, donde informó estar ahora siendo representada por el abogado Reynerio García de la Pastora –quien tomó pro bono el caso–, y advertir que si no le entregaban el audio interpondría una denuncia por alteración de documento público.

Al consultar García de la Pastora por la persona que había dado la orden de editar el audio, no obtuvo una respuesta satisfactoria, indicando desde los tribunales que el funcionario que podía confirmar esa información se encontraba haciendo uso de su feriado legal.

Son todos estos problemas, la falta de fe en el sistema y las dudas sobre qué ocurrirá con las causas pendientes que a Macarena le “quitan el sueño”, con la latente posibilidad de perder las causas de familia y volver al régimen anterior que mantenía su marido con sus hijos, pudiendo llevárselos por cinco días la primera y tercera semana de cada mes.

Desde la defensa del imputado, afirmaron que la situación de aquella audiencia “no tiene ninguna relación con los hechos investigados y que son objetos de juicio, como tampoco tienen vinculación con la denunciante”, agregando que “cualquier comportamiento indebido en una audiencia, presencial o telemática, de cualquiera de los intervinientes, queda bajo la supervisión y sanción del Magistrado a cargo, quien tiene las facultades disciplinarias que le confiere el Código Orgánico de Tribunales”.

Un sistema colapsado

Al conversar con abogados sobre los problemas vividos por denunciantes en las investigaciones y tribunales, hay una frase que se repite permanentemente: el sistema judicial en Chile está colapsado.

No hay suficientes personas para poder tramitar con detenimiento la enorme cantidad de causas que son ingresadas día a día, con salas en las que jueces, fiscales y defensores ven decenas de casos diarios, describen. Es por esto que en la mayoría de las audiencias los intervinientes tienen pocos minutos para revisar los detalles del caso y tomar decisiones al respecto.

“Las nuevas leyes no han contemplado un aumento de funcionarios ni jueces, por lo que, en el escaso tiempo con el que cuentan deben leer, fallar y tomar decisiones sobre las vidas de las familias”, indicaron desde Mater Juris.

La situación se vuelve especialmente preocupante en casos de VIF, por el riesgo en el que se encuentran las víctimas.

“El colapso del sistema judicial viene asomándose desde los inicios de la pandemia, donde quedó en evidencia que incluso deberían constituir 7 juzgados más de familia para dar abasto con la cantidad de causas que existen”, agregaron desde el estudio jurídico.

En ese sentido, la presencia de los denunciantes en las audiencias genera una presión extra, les permite actuar como fiscalizadores de los procesos que se están realizando y, como en el caso de Macarena, intervenir.

Macarena comenta que cuando fue a hablar con un abogado asistente de la Fiscalía luego de la situación ocurrida en la audiencia de reformalización, le solicitó que no se ofreciera una suspensión condicional que cerrara el proceso, sino que ella quería llevar la causa a juicio, petición que él aceptó. La conversación quedó plasmada por correo, cuando Alberto Ríos le indicó: “Efectivamente, como habíamos acordado en este caso no se ofrecerá al imputado una suspensión condicional del procedimiento, por lo cual en la audiencia fijada para esos efectos nos desistiremos de tal solicitud y seguiremos la tramitación de la causa”.

A pesar de eso, en la siguiente audiencia el fiscal indicó que se procedería con la suspensión condicional, ante lo cual Macarena, por primera vez, intervino, indicando negarse a que esto se realizara, a pesar de ser una decisión que se puede adoptar sin la autorización de la denunciante. Ante su interrupción, el juez le indicó a los presentes que no se daría paso a la suspensión condicional, ejemplo de que, si Macarena no hubiese decidido asistir ese día, la causa se habría cerrado.

Consultados por Radio Bío Bío, desde la defensa del imputado afirmaron que acoger los planteamientos de Macarena y no ofrecerle una salida alternativa al imputado “que resultaba completamente procedente”, “da cuenta de la materialización de su derecho a ser oída”.

Sin embargo, para la mayoría de los denunciantes asistir a todas las audiencias no es una realidad posible, tanto por el tiempo que se debe dedicar, que en el caso de Macarena ha sido un trabajo imposible de convalidar con un horario laboral común, como por el desconocimiento del proceso.

Para que un denunciante pueda seguir el avance de sus causas, hay dos plataformas disponibles a la que la persona puede acceder con su Clave Única: la del Poder Judicial y la de la Fiscalía, a través de las cuales, entre otras cosas, puede conocer cuándo y dónde se realizará cada audiencia.

Sin embargo, las plataformas no siempre funcionan bien y son poco intuitivas, sin nadie que le explique a los denunciantes la existencia de estos mecanismos y les enseñe cómo usarlos. A los denunciantes no les llega notificación alguna respecto a las audiencias que se llevan a cabo y es necesario que estén chequeando diariamente la página del Poder Judicial para conocer la fecha de los procedimientos, siendo muchas veces las audiencias suspendidas y reprogramadas por distintas razones.

En la causa penal de Macarena, todavía queda pendiente el juicio oral, el cual se iba a llevar a cabo el pasado 5 de noviembre, audiencia a la cual el imputado había solicitado comparecer por videollamada, lo que le fue rechazado. Ese día, el acusado no se encontraba presente a las 10:07, hora de inicio, suspendiendose la audiencia y despachándose una órden de arresto en su contra, que tiene como objetivo mantenerlo detenido para poder realizar el procedimiento.

Sin embargo, a pesar de haber asistido más tarde a tribunales, no se le arrestó, incluso contando con otra órden de detención desde principios de octubre por deuda de pensión alimenticia. Consultando a personas que trabajan en los tribunales de familia, se comenta que la detención en estos casos siempre se demora y es de las últimas prioridades, dándole preferencia a la persecución de delitos más graves.

Al respecto, desde la defensa del imputado indicaron que ese día se pidió al tribunal que esperase su llegada, que se materializó a los pocos minutos de concluida la audiencia, lo que no fue acogido. “Como la orden de arresto ya había sido decretada, por no haberse presentado, al comparecer a dependencias del Tribunal, quedó sin efecto, siendo notificado personalmente del nuevo día y hora para la realización del juicio, al que debe concurrir de manera presencial”.

Sin embargo, consultados por Radio Bío Bío, desde la Fiscalía Centro Norte afirmaron que la orden de detención está vigente y se pedirá mantener al imputado detenido para poder realizar el juicio que se ha reagendado ya en cuatro ocasiones, y que, si todo funciona, debiese llevarse a cabo el 22 de enero de 2025.