Lavado de activos, fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Esos son los delitos por los que el Ministerio Público investiga, en calidad de único imputado, al diputado Joaquín Lavín León. Se trata de una causa caratulada como secreta y cuyas pesquisas incluyeron los allanamientos del domicilio y oficina del parlamentario revelados por este medio a fines de octubre recién pasado.

De acuerdo a información recabada por BBCL Investiga, la nueva arista contra el exmilitante de la UDI surgió en medio de los peritajes contables, realizados en el marco de la indagatoria por fraude al fisco que pesa contra su esposa, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga Guerra, hoy en prisión preventiva. Fue allí, cuentan conocedores de las diligencias, que descubrieron la participación de Lavín León en hechos posiblemente constitutivos de delito.

Tal como reveló un primer artículo de esta Unidad de Investigación, los hallazgos apuntaban a la posible comisión de ilícitos tributarios de Lavín León, tras presentar facturas falsas —derivadas de la administración municipal de su cónyuge— ante el Congreso Nacional. Los documentos habrían sido coordinados directamente por un asesor del parlamentario —cuyo salario es pagado por la propia sede del Poder Legislativo— con una imprenta emplazada en Santiago Centro.

Joaquín Lavín León bajo la lupa

Hasta ahí, historia conocida. Sin embargo, nuevos datos obtenidos tras los allanamientos revelan un escenario aún más complejo. Información recabada por este medio apunta a que a Lavín León también se le investiga por eventualmente haber ingresado al mercado formal —para su disimulación o aprovechamiento personal— dineros provenientes de la defraudación de las arcas fiscales. Una conducta sancionada por la ley de lavado de activos.

Precisamente, la naturaleza del delito obligó a decretar el secreto de la causa por parte de la persecutora de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Constanza Encina, por lo que se desconoce el alcance de los movimientos financieros.

El secreto se funda en la Ley 19.913, que modificó disposiciones sobre lavado y blanqueo de activos. De acuerdo a un instructivo del Ministerio Público, el secreto de las investigaciones por estos delitos es de “carácter general”. Es decir, “comprende todas y cada una de las actuaciones, documentos, registros, que la componen, sin importar su naturaleza, extensión ni el órgano del cual emanan”.

Según fuentes cercanas al caso, el Servicio de Impuestos Internos (SII) no se ha hecho parte de la investigación, a la espera que el organismo persecutor levante la reserva de la causa y entregue los antecedentes recopilados durante el proceso.

El factor Lavín León

De acuerdo a fuentes conocedoras de la causa original contra Barriga, el nombre del parlamentario habría cobrado fuerza en el expediente judicial, con nuevas declaraciones que revelan un rol preponderante de éste en la administración comunal de su esposa que dejó un déficit fiscal de $31 mil millones.

“Era el verdadero alcalde en las sombras”, dice uno de los consultados, mientras que otros llaman a no “subestimar” las actuaciones de Barriga.

En la propia audiencia de formalización contra la exjefa comunal el Ministerio Público deslizó que Lavín León llamaba y pedía explicaciones a funcionarios municipales por tareas propias de la municipalidad donde él no debía tener injerencia.

Incluso, ante las sospechas, los persecutores ya habían solicitado el levantamiento del secreto bancario del matrimonio.

¿Desafuero en el horizonte?

“Esta es una investigación en la cual solamente se está imputando al señor Joaquín Lavín por el momento”, señaló tras los allanamientos la fiscal Encina, en la única declaración que ha dado hasta ahora por el caso.

Ese mismo día, el diputado insistió en su inocencia y aseguró que buscaría “aclarar todo esto de manera rápida”.

“Solo señalar que aquí no se ha cometido ningún delito”, lanzó.

Con todo, un día después, concretó su renuncia a la UDI. “Como directiva y partido esperamos que la investigación se realice con la mayor objetividad y celeridad posible, a objeto de esclarecer con total veracidad y rapidez los hechos”, señaló la tienda de Chile Vamos.

Hasta ahora a Lavín se le investiga de manera desformalizada. Una eventual comunicación de cargos requeriría la solicitud de desafuero del parlamentario.