El día antes de que Dorothy Pérez –quien llevaba diez meses ocupando el cargo de contralora subrogante–, se convirtiera oficialmente en la cabeza del ente fiscalizador tras la ratificación del Senado, una publicación de The Clinic reveló una reunión que sostuvo Pérez junto a los senadores Jaime Quintana (PPD) y Alfonso de Urresti (PS), generando molestias en la clase política.

La reunión, en la cual también participó el alcalde de Chillán, Camilo Benavente (PPD), se realizó el pasado 2 de septiembre a las 17:00 horas y apuntó a uno de los sumarios que la Contraloría Regional de Ñuble llevaba, en ese momento, contra el municipio. Según los datos que se han conocido desde el cambio de gestión municipal, se habría iniciado una “persecución” por parte del contralor regional Mario Quezada. De hecho, la defensa dentro del municipio es que la apertura del último sumario fue un punto de inflexión a la tensión creciente, que ya había aumentado con la publicación de un informe de otra investigación en enero del año pasado y con otras situaciones de encuentros entre ambas instituciones.

Es más, para Benavente y su gente una de las explicaciones que entregaban en ese momento es que la Contraloría en Ñuble dejó de lado otras investigaciones para centrarse en las dos que, con fechas distintas, se abrieron contra la gestión del PPD. Incluso a algunos funcionarios municipales que se mantuvieron trabajando en el municipio desde la gestión anterior les habría comenzado a llamar la atención la periodicidad con la que veían personas de la Contraloría yendo a fiscalizar al municipio, comparado con tiempos anteriores.

Al día siguiente, uno de los sumarios fue trasladado a Santiago, tomado por una funcionaria de confianza de Pérez, gesto que, para algunos, fue visto como una especie de estrategia para reunir votos por parte de la contralora subrogante ante su inminente nominación al cargo que venía subrogando. Incluso el tema creció ya que en la práctica y a diferencia de todo pronóstico Dorothy Pérez tuvo un solo voto en contra y una abstención, por lo que alcanzó prácticamente la mayoría.

Sin embargo, fuentes internas de la Contraloría, sumado a dos partes policiales a los que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, demostrarían que en medio de la tensión habría comenzado un acoso a las dependencias de la entidad fiscalizadora, por lo que el traslado del sumario habría respondido a alejarlo de ese clima.

Partes policiales

Desde la publicación de un primer informe en enero de 2023 relacionado a irregularidades en contrataciones, y un segundo en abril de este año, vinculado a la compra de una medialuna por parte del municipio, se desarrolló un conflicto entre el municipio y la contraloría regional, que se hizo evidente a la Contraloría General en una reunión llevada a cabo en enero, donde también participó el ex contralor Jorge Bermudez, el alcalde y el senador De Urresti.

Sin embargo, las acusaciones y alegatos en contra de la contraloría no fueron los únicos antecedentes de un conflicto en la zona, sino que en al menos dos partes policiales se dio cuenta de ataques que sufrió el edificio del ente fiscalizador, hechos que, internamente, relacionan a la mala relación vivida con la Municipalidad de Chillán pese a que en la práctica no existirían pruebas contundentes, claro, salvo el hecho.

El primero tiene fecha 11 de enero de 2023, días después de la publicación del informe respecto a las contrataciones dudosas. La denuncia fue recibida a las 22:00 y fue realizada por un funcionario de la contraloría regional, que indicó que dos individuos habían tratado de ingresar al edificio ubicado en calle Carrera 657, logrando abrir la puerta de madera pero siendo descubiertos por la guardia de turno, huyendo del lugar.

El segundo parte es similar y corresponde al 26 de abril de ese año. Alrededor de las 22:10 individuos desconocidos empezaron a golpear con un objeto contundente la puerta principal de la contraloría regional, intentando entrar, sin lograr su cometido por la existencia de un fierro cruzado en la puerta que el guardia de turno utiliza como medida precautoria.

Sin embargo, estas no son las únicas situaciones denunciadas, aunque las otras no se encuentran plasmadas en denuncias policiales. De acuerdo a fuentes internas de la Contraloría, los funcionarios también han recibido hostigamientos a la salida de su lugar de trabajo e incluso robos en sus casas que los han llevado a sospechar de que quienes acechan la repartición que hoy dirige Pérez podrían estar tras los “otros” hechos.

En ese sentido, con el traslado del sumario, advierten en la Contraloría se habría buscado mejorar el ambiente en la zona, además de resguardar la investigación, mientras continúan las indagatoria contra el municipio.

Sumarios y conflicto

La tensión, según quienes conocen la historia, comenzó desde los inicios de la gestión del PPD, con alegatos desde el municipio que criticaban el lento avance de la investigación del sumario por la polémica de la licitación de luces LED, aún en investigación penal.

Desde entonces, la comunicación entre ambas instituciones ya era mala y las relaciones siguieron empeorando a raíz de la publicación del informe n°860 el 5 de enero de 2023, en el que se concluyó la existencia de diversas irregularidades en pagos y contrataciones en el municipio chillanejo.

Entre los descubrimientos de este informe, la contraloría reveló pagos a honorarios realizados a funcionarios que tendrían una superposición horaria en contratos simultáneos, contratación a familiares del administrador municipal y del alcalde, incremento de contrataciones a honorarios sin fundamento, labores desarrolladas por prestadores de servicios que no se condicen con los montos de honorarios pagados, similitud en la elaboración de informes por personal contratado a honorarios, etc. Situaciones que, desde la interna del municipio, niegan.

Fue desde ese año en que el alcalde y concejales comenzaron a presentar diversas quejas ante Bermúdez, alegando una parcialidad por parte del contralor regional de la zona, Mario Quezada.

Sin embargo, la publicación de un segundo documento aumentó aún más la temperatura, dándose a conocer el 8 de abril de este año el informe n°943, referido a hechos ocurridos el 5 de octubre de 2022 cuando la Municipalidad de Chillán autorizó la adquisición directa de una medialuna propiedad de la Sociedad Fiesta El Caballo Chileno, por un monto de $3.276.160.000.

En los términos autorizados por el concejo municipal, no se contemplaron cláusulas que autorizaran al vendedor a retirar especies de la propiedad, sin embargo, personas vinculadas a la parte vendedora sí retiraron distintas estructuras emplazadas al interior del recinto adquirido por el municipio.

La Contraloría entonces verificó que el 6 de octubre de ese año el alcalde habría suscrito un compromiso privado con la parte vendedora a fin de permitir que esta retirara desde el inmueble comprado las graderías, corrales, estructuras de madera, techumbres, ventanales, entre otros, permitiendo a través de dicha figura, la transferencia a un privado, a título gratuito, de bienes de propiedad municipal, sin que se cumplieran los requisitos legales establecidos.

A partir de esto miembros del municipio solicitaron audiencia, esta vez con Dorothy Pérez, argumentando, según publicó The Clinic, una insistencia desmedida por parte de la contraloría regional de investigar las acciones del municipio.

Es entonces cuando se llevó a cabo la reunión de Pérez con los senadores en septiembre de este año, que llevó a rápidamente sacar este sumario de Chillán y trasladarlo a la capital.