Fiscalía indaga muerte de gásfiter en La Moneda y gobierno mantiene jefaturas pese a presión sindical

Pese a las reiteradas presiones de los sindicatos, La Moneda sigue manteniendo en sus cargos a los funcionarios de la Presidencia relacionados al caso de la muerte de Hugo Morales, gásfiter que —tras una jornada de 18 horas— falleció de un paro cardiaco en el Palacio el pasado 28 de septiembre. Todo ello mientras la Fiscalía Metropolitana Centro Norte ya inició diligencias tras la apertura de una causa penal originada tras el deceso.

De acuerdo a información recabada por BBCL Investiga, la indagatoria se originó luego de que Carabineros tomara conocimiento del fallecimiento del trabajador en la ex Posta Central. Efectivos de la institución verde oliva dieron aviso al turno de Flagrancia del ente persecutor, desde donde se ordenaron las primeras diligencias.

Según fuentes de este medio, uno de los hijos de Hugo ya fue citado a declarar para el próximo lunes 18 de noviembre, en calidad de “víctima indirecta”.

La causa penal -liderada por la fiscal Liliana Machuca- se da justo en medio de la ofensiva de la ANEF y la CUT. A primera hora de este lunes, Noemí Belmar, presidenta de Asociación Nacional de Funcionarios de la Presidencia de la República (Anfupres), respaldada por los presidentes de las multisindicales, endurecieron el tono y volvieron a pedir la salida de Antonia Rozas, directora administrativa de La Moneda y asesora de confianza del Presidente Gabriel Boric.

Este vez el requerimiento fue categórico. Ya habían solicitado lo mismo el pasado 3 de octubre, a una semana del deceso de Morales, pero mostrando apertura al diálogo. Lo hicieron desde el Patio de Los Naranjos, al interior de la casa de gobierno. Hoy lunes fue distinto, pues se pararon frente a La Moneda, en la Plaza de la Constitución, reprochando la actitud del ejecutivo frente a los abusos laborales.

“El gobierno protrabajador y feminista vulnera a las y los trabajadores del Estado y sus dirigentes ¡Exigimos justicia!”, rezaba el cartel con sus demandas.

Pese a los rumores que han surgido durante el transcurso del sumario, tampoco existen novedades respecto de Noé Marinao, jefe del Subdepartamento de Mantención Técnica; y Fernando Tobar, jefe del Departamento de Logística, los superiores directos de Hugo Morales. En principio, aunque de forma extraoficial, varios trabajadores escucharon versiones de que ambos iban a ser reubicados durante la investigación del caso, aunque en la práctica no ha ocurrido. De hecho, la propia Presidencia de La República, consultada por BBCL Investiga el jueves pasado, negó “que haya habido modificaciones”. Una postura silenciosa que, al menos hasta el cierre de este artículo, decidieron mantener tras la nueva arremetida de los funcionarios.

En esta ocasión, a diferencia de la manifestación de octubre pasado, los sindicatos estuvieron acompañados en sus demandas por Maritza Soto, viuda de Hugo Morales. Su muerte “se produce a causa del exceso laboral, a causa del acoso laboral. No fue un accidente por causa común, sino que fue un accidente laboral”, enfatizó delante de la casa de gobierno.

De paso, ANEF y CUT aprovecharon la instancia para volver a arremeter contra el primer dictamen de Dorothy Pérez como contralora titular, que dejó a los tribunales el debate respecto de la “confianza legítima” de los empleados públicos a contrata. También culpan a La Moneda, pues este gobierno fue quien impulsó su nombramiento definitivo.

El nuevo dolor de cabeza se suma a las protestas iniciadas por el Colegio Médico, quienes también endurecieron el tono contra el Ejecutivo por la crisis que atraviesa la salud pública.

“No es un capricho”

El primero en tomar el micrófono fue el presidente de la ANEF, José Pérez. “No podemos permitir que la muerte de nuestro compañero Hugo Morales quede en la impunidad, y lo reforzamos hoy día por segunda vez. El Presidente de la República tiene que tomar una medida rápida y que la asesora también le diga la verdad. No es un capricho, no es un gallito, es la memoria del trabajador que ya no está con nosotros. Hay más trabajadores, personas que han trabajado por muchos años, y que están en condiciones precarias hasta altas horas de la madrugada”, afirmó.

“No hay más tiempo, tiene que haber también una señal clara para las familias, para los hijos, para los amigos, también para los compañeros de trabajo y la dirigencia sindical a nivel nacional”, insistió.

Lo secundó el presidente de la CUT, David Acuña, quien apuntó directamente contra el gobierno: “Estamos luchando por los derechos de un trabajador que fue vulnerado en el centro del poder, en La Moneda. El Presidente tiene un discurso protrabajador, pero lamentablemente no se cumplen esos discursos”, arremetió.

“Necesitamos que se asuman las responsabilidades administrativas y políticas en esta crisis y que nunca más un trabajador muera en su lugar de trabajo siendo calificado como un accidente común tras trabajar 18 horas”, enfatizó por su parte Noemí Belmar.

Acto seguido, presentaron un detallado petitorio en la oficina de partes del Palacio, al margen de la salida de Rozas, apuntando al bienestar de todos los trabajadores de Presidencia. Partiendo por el aumento de la disponibilidad presupuestaria para la contratación de personal estable, revisión de la planta de personal y modalidades contractuales, establecimiento de una mesa de trabajo permanente, planificación eficiente del trabajo por competencias y pensión de gracia vitalicia para la familia de Hugo Morales.

Las asociaciones de trabajadores de Segpres y la Subsecretaría de Hacienda, en tanto, pidieron investigación externa en casos de violencia de género, eliminación de prácticas antisindicales, protocolo contra la violencia y acoso en el trabajo, y también para la protección de la salud mental de los funcionarios.

Evalúan acudir a la OIT

Por una lado, la familia de Hugo Morales sigue en la búsqueda de respuestas. Tras el encuentro de la semana pasada con la ministra del trabajo, Jeanette Jara, señalaron que mañana martes tendrán una nueva reunión con dicha autoridad. En particular, por estos días intentan obtener el informe del SAPU, pues consideran que hubo una demora significativa en los tiempos de atención tras el paro cardiaco.

Asimismo, sigue su curso la solicitud que realizaron a fines de octubre ante la Contraloría General de la República para que dicha entidad realice las investigaciones pertinentes sobre el caso. La entidad acusó recibo de la petición y ya consultó a Presidencia, que aún está dentro de los plazos para responder.

Más allá, si siguen sin respuestas, desde el mundo sindical evalúan realizar una presentación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Fin al pacto de no agresión

En la misma instancia de esta mañana, también reprocharon directamente al Presidente Boric por la polémica determinación de la nueva contralora Dorothy Pérez respecto al debate sobre la “confianza legítima” de los funcionarios públicos a contrata. Una mención que incluso generó pifias entre los presentes.

Si bien se trata de una determinación autónoma del ente fiscalizador, cuestionaron que fue el Mandatario quien empujó su nombramiento como titular del organismo, cuya decisión fue ratificada por el Senado hace una semana.

Sumando las dos pugnas, tanto por la muerte de Hugo Morales como por la “confianza legítima”, el presidente de la ANEF también abordó lo que podría calificarse como el término de un implícito pacto de no agresión entre el gobierno y los sindicatos de funcionarios públicos. “Más que pacto de no agresión es un rol de contraparte, en eso no nos perdemos. Conocemos al Presidente, no somos amigos ni enemigos, pero entendemos que nos eligen los trabajadores”, explicó.

“Nos parece que la indiferencia no puede instalarse como un mecanismo de diálogo”, añadió.

Con todo, afirmó que los sindicalistas intentarán hacer que la contralora recapacite mediante la presentación de un documento al organismo, probablemente mañana martes, y también a través de una sesión ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, agendada para el próximo lunes 18 de noviembre.