Chat con niños y acusado por abusos: investigación detecta "conductas inmorales" de juez religioso

La suspensión por cuatro meses de sus funciones es la sanción que propuso el fiscal judicial Juan Manuel Escobar Salas, luego de tres meses de investigación disciplinaria en contra del ministro Reynaldo Oliva Lagos, acusado de abuso sexual. Se trata de la máxima sanción que puede solicitar antes de derivar el informe a la Corte de Apelaciones de Arica para que resuelva el caso.

Según cuentan fuentes de BBCL Investiga, la investigación —calificada como “robusta” por quienes conocieron de cerca el proceso— descubrió “conductas inmorales” por parte de Oliva, quien mantuvo conversaciones de alto contenido sexual con menores de edad mientras se desempeñó como juez en Concepción.

Pese a su oculto historial, logró ascender en su carrera judicial y terminó jurando como ministro de la Corte de Apelaciones de Arica en agosto de 2023. En ese cargo se desempeñó sin mayores sobresaltos hasta que en junio de este año esta Unidad de Investigación develó las denuncias en su contra.

De acuerdo a información obtenida por este medio, la indagatoria disciplinaria contó con testimonios de sacerdotes, laicos, carabineros y víctimas, lo que llevó al fiscal judicial de la Corte a proponer la sanción más intensa que le permite el código orgánico de tribunales: la suspensión por cuatro meses de su cargo. Todo eso, mientras el Pleno del tribunal de alzada deberá zanjar si solicita a la Corte Suprema la apertura de un cuaderno de remoción que podría sacarlo del Poder Judicial.

De acuerdo a quienes conocieron de cerca el proceso, el sumario acumula más de 600 páginas, puesto que se trajo a la vista el expediente penal que se sustancia en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, además de las investigaciones eclesiásticas develadas por este medio.

Responsabilidad disciplinaria

Fue ese mismo 1 de julio, horas después que se publicara el reportaje que revelaba los abusos contra menores de edad de Reynaldo Oliva Lagos, que la Corte de Apelaciones de Arica ordenó abrir una investigación disciplinaria en contra del ministro.

La indagación quedó a manos del fiscal Juan Manuel Escobar Salas, de la misma sede judicial, quien este viernes 8 de noviembre finalizó sus pesquisas.

“El fiscal judicial envió el informe a la Corte de Apelaciones para que resuelva en este caso, de acuerdo al Acta 108-2020 de la Corte Suprema, sobre investigaciones de responsabilidad disciplinaria de integrantes del Poder Judicial”, informaron.

El informe se sustancia de las fojas eclesiásticas que revelaban chats con menores de edad e insinuaciones sexuales por parte del juez. También de víctimas que acusaron abusos sexuales mientras Reynaldo, además de integrar la Corte, era diácono del arzobispado de Concepción.

Parte de estos documentos exponen que Oliva asumió los hechos tras exhibirle las pruebas en su contra. Según él, todo se debió a “una torpeza”, no a un delito. Pese a todos los antecedentes, la iglesia católica nunca denunció a fiscalía, hasta 10 años después en que apareció una nueva denuncia.

Así, con todos estos papeles en mano, más las carpetas que tiene Fiscalía Metropolitana Norte, el fiscal investigador propuso la suspensión de sus funciones por cuatro meses. Máximo periodo que puede solicitar según el Código Orgánico de Tribunales.

Denuncias sexuales

Reynaldo Oliva también fue parte de otra investigación interna. Esta vez fue denunciado por emitir comentarios sexuales —como leer el kamasutra— contra una niña de 6 años, hija de un funcionario judicial.

Según información a la que accedió BBCL Investiga, fue el propio padre de la menor, un trabajador con más de 14 años de trayectoria, quien lo denunció directamente al tribunal de alzada ariqueño. Los hechos ocurrieron la noche del 23 de febrero de este año, a sólo seis meses de que Oliva asumiera su cargo como ministro.

Reynaldo nunca negó las acusaciones, pero argumentó que era una actividad ajena al trabajo, “de camaradería y familiaridad”.

Fue así que la Corte de Apelaciones de Iquique determinó que “los hechos señalados precedentemente constituyen una falta administrativa”. Y que incluso, son de gravedad porque “afecta la dignidad del cargo que ostenta, integridad, prudencia en sus comentarios, cortesía, respeto y buen trato que debe tener todo funcionario judicial”.

¿El castigo? una amonestación privada. En simple, le llamaron la atención al interior del Poder Judicial y lo dejaron anotado en su hoja de vida.

Paralelamente, Reynaldo mantiene una causa penal abierta, la que se encuentra con diligencias pendientes a cargo de OS9 de Carabineros.