El asesinato de Camilo Catrillanca Marín durante un operativo policial y la caída desde el puente Pío Nono de un joven durante una persecusión en el estallido social, marcaron un precedente de la importancia de las cámaras corporales para funcionarios de Carabineros, al haberse usado las grabaciones como evidencia clave en ambos casos. Fue tras estos sucesos que desde la institución diseñaron un proyecto para la compra e implementación de estos aparatos, para así normar y masificar su uso.

Sin embargo, desde sus inicios, las distintas licitaciones y el funcionamiento de las cámaras en la práctica se han visto cuestionados, fallando la fase piloto por la cual la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, es indagada hace cinco años en la licitación con Motorola de 300 cámaras por casi $400 millones de peso. Investigación que siembra dudas de la calidad de la indagatoria ya que a un lustro y pese a que la fiscalía ha periciado cuentas bancarias y teléfonos todavía no decide si formalizar o no a Martorell.

Incluso, como informó hace un tiempo la Unidad de Investigación de la Radio Bío Bío el fiscal Francisco Ledezma –a cargo del caso Motorola- buscando dar un reimpulso a esa indagatoria pidió revisar los mensajes entre el abogado Luis Hermosilla y Martorell.

Sin embargo, la aplicación de la primera fase en un plan de tres etapas –ahora con una licitación de arriendo de cámaras adjudicada por la empresa chilena Vigatec– también se vio nublada por acusaciones sobre posibles irregularidades en la adjudicación y problemas técnicos en la utilización de estas, situaciones que han sido confirmadas por fuentes internas de Carabineros a Radio Bío Bío que han acusado unas bases “hechas a medida” para la empresa y quejas de los funcionarios que manejan las cámaras de la marca china Hytera.

Esto se vería reflejado en los requerimientos de las bases de la licitación, que son diferentes y menos estrictos que la normativa interna aprobada en 2020, y es secreto a voces en el edificio ubicado en Catedral 1337 –donde se encuentran los distintos departamentos de Carabineros relacionados a la licitación–, que los requerimientos habrían sido diseñados para calzar con una marca, y dejar afuera a otras.

Fue por una denuncia parlamentaria que la Contraloría General de la República ingresó a investigar y ya se encuentra realizando entrevistas a los directivos de los distintos departamentos involucrados en la adquisición de las cámaras, informando a principios de octubre al recién designado General Director de Carabineros, Marcelo Araya, sobre el inicio de esta investigación especial.

De acuerdo a lo comunicado a Araya por Luis Cid Astudillo, Jefe del Departamento de Defensa, Orden y Seguridad Pública de Contraloría, el objeto de esta investigación es “fiscalizar el proceso licitatorio, y la ejecución del contrato de arriendo de cámaras corporales Hytera, para funcionarios de Carabineros de Chile, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de junio de 2024”, en el que se adquirieron 1.969 cámaras.

La licitación también se encuentra siendo investigada por el Tribunal de Contrataciones Públicas (TCP) desde 2023 a raíz de una denuncia interpuesta por la empresa con la que competía Vigatec, investigación que debiese tener su veredicto en las próximas semanas.

La situación genera dudas sobre el futuro de la segunda y tercera fase del proyecto –que considera el arriendo de 996 y 1.241 cámaras– ya gestándose dentro de Carabineros, la cual se debiese realizar por licitación pública.

Consultados por Radio Bío Bío, desde Carabineros prefirieron no referirse al tema, por encontrarse pendiente la investigación en el TCP.

Contrato a medida

Una de las dos denuncias ingresadas por Tecnologías Sociales Limitadas –quien competía inicialmente con Vigatec en la licitación de arriendo de videocámaras corporales por 36 meses– ante el TCP se refería a la arbitrariedad en los criterios de evaluación técnica del concurso.

Es así cómo fuentes internas acusaron que las bases se habrían hecho “a medida” para ajustarse a los criterios de las cámaras marca Hytera (presentadas por Vigatec), incluso yendo en contra de la Orden General N°2732 “Manual de uso y registro de videocámaras en el servicio policial”, aprobado el 10 de enero de 2020, en que se establecían lineamientos técnicos sobre cómo debían ser las características de las cámaras.

Es así cómo puntos que según aquella orden debieran haberse tenido en cuenta para la licitación, no se cumplieron.

El documento indica que “todo proyecto de adquisición, arriendo e implementación de videocámaras corporales, sin importar la cantidad” deberá cumplir con ciertos requisitos técnicos, pero esto no funcionó en la práctica.

Como ejemplos, se encuentra que a pesar de la orden indicar que la batería debiese tener una autonomía mínima de 12 horas, “para cubrir un servicio policial completo en caso de ser patrullaje” –realizado por la mayoría de los funcionarios a nivel nacional–, las bases establecen una autonomía de “10 horas o superior”.

Asimismo ocurre con la resistencia a caída, que a pesar de establecerse en la orden que debiese ser de 2 metros, se presenta en las bases con una altura igual o superior a 1,2. También se repite la situación con la función “buffer”, o “pre-evento”, que establece un tiempo en que se guarda lo grabado por la cámara previo a presionar el botón para grabar. Mientras que en el manual se exige un mínimo de 120 segundos, las bases solicitan 60 segundos o más.

De tal forma, aquellas características establecidas en la orden, en algunos casos no se estarían cumpliendo por las cámaras Hytera, como por ejemplo, en el caso de la duración de la batería.

Tras realizar distintas consultas a Vigatec, solo se obtuvo la confirmación de que la empresa se encuentra ejecutando el contrato.

Adjudicación y falencias técnicas

De acuerdo a la otra denuncia ingresada al TCP por parte de la empresa Tecnologías Sociales Limitadas, Carabineros le habría adjudicado el contrato a la oferta más cara arbitrariamente.

De tal manera, Tecnologías Sociales (Smart Partners) comunicó una oferta de $5.845.165.524, más de 2.000 millones de pesos más barata que la oferta de Vigatec, que ofreció y se adjudicó el contrato por $8.061.887.201, teniendo la institución un presupuesto estimado inicial de $7.881.603.000.

¿La razón entregada? Que la empresa Tecnologías Sociales no cumplía con algunas características técnicas listadas en las bases, hecho que la empresa en su demanda negó. Entre estas se encontraba no contar con un servicio web para conectar con el sistema de Carabineros, no ajustarse a lo solicitado el formato de grabación y no mantener el estándar solicitado en encriptación de las imágenes.

“Los criterios de evaluación técnica establecidos en las Bases Impugnadas resultan del todo arbitrarios y adolecen de una serie de defectos que causan la exclusión de las cámaras ofrecidas por mi representada, en beneficio de otras cámaras corporales con peores prestaciones, sin que exista ninguna justificación alguna para esto, ni técnica ni de fondo, violándose de esta manera el principio de igualdad de los oferentes”, se lee en la denuncia.

Sin embargo los últimos peritajes solicitados por el TCP confirmaron que Tecnologías Sociales sí cumplían con requerimientos que les fueron rechazados.

De tal manera, el peritaje realizado por Carolina Vernal Sanhueza, indicó que la cámara marca Hytera que está siendo utilizada en este momento no cumplía (o más bien, no acreditó cumplir) con características establecidas en las bases como: que la batería no sea removible, cumplir con la normativa de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile, que la cámara no debe contar con módulos de memoria externa o expandible y los niveles de seguridad y protección de datos requeridos. Sin embargo, de acuerdo a la misma evaluación, las cámaras Axon (presentadas por Tecnologías Sociales) también tendrían faltas de cumplimiento en ciertos temas, como por ejemplo, el estándar de compresión y el nivel de seguridad de encriptación.

Fuentes internas de la institución han comentado haber escuchado críticas por parte de carabineros usuarios de las cámaras por problemas que estarían afectando su funcionamiento diario, como dificultad para ingresar con su usuario y clave para poder activar los aparatos, mica que se rompe al caerse la cámara, dificultad para apretar los botones de inicio de grabación, etc.

Ambas investigaciones aún siguen en curso, con la del TCP a punto de finalizar, y la de la Contraloría recién comenzando, y la vista puesta en el cercano proceso para licitar la segunda fase del arriendo de casi mil cámaras.