Una querella criminal presentó el fundador de The Republic of Beauty, Jaime Ben-Dov, para que la justicia investigue si la destituida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y los controladores de las peluquerías Palumbo incurrieron en delitos de corrupción, tras frenar —de manera irregular— un embargo equivalente a la fecha de más de 3 mil millones de pesos.
Se trata de una causa que formó parte de los ocho casos que le significaron a Vivanco la apertura de su cuaderno de remoción. Según el libelo —al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile—, la exmagistrada aprovechó haber quedado circunstancialmente como presidenta de la Tercera Sala para tramitar y favorecer a los empresarios Felipe Israel y Jaime Sinay.
En buenas cuentas, pese que el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago y la Corte de Apelaciones capitalina ratificaran el embargo de la totalidad de las acciones de Global Beauty (Palumbo) para saldar la deuda, Israel y Sinay lograron ante la Corte Suprema lo que no habían conseguido en las instancias anteriores.
“Esta estrategia fraudulenta de obstaculización del cumplimiento de la sentencia condenatoria tuvo éxito –al menos temporal— gracias a la intervención de la ministra Vivanco Martínez, cuya decisión determinó la anulación de la orden de embargar bienes de Global Beauty”, reza la presentación.
La trama de un embargo
Los hechos se remontan a 2016, cuando Israel y Sinay se interesaron en el negocio de Ben-Dov, quien por ese entonces ya contaba con una cadena de centros de belleza en todo el país. Fue así como ambos consiguieron ingresar a través de su conglomerado, el Grupo ISSI, vinculado directamente a marcas como Peluquerías Palumbo, Sebastián Ferrer, Lavanderías 5-a-sec y Domino’s Pizza.
Según denunciaría Ben-Dov, los problemas comenzaron al poco andar luego de que desde ISSI le exigieran que renunciara a su derecho al PUT Option. Es decir, el derecho de vender sus acciones (el 15% del total) en un futuro subyacente a un precio determinado. En este caso, lo acordado fue que el creador de la empresa podría vender su parte en un valor no menor a 1,8 millones de dólares durante febrero de 2020.
En buenas cuentas, Ben-Dov acusa que, como se negó a desistir del PUT Option, sus entonces socios simplemente liquidaron la compañía y procedieron a su división. Todo ello, no sin antes “vaciarla” financieramente. En efecto, cuando logró acceder a las finanzas de la firma se encontró con que la cuenta corriente sólo contenía $5,1 millones.
De este modo, a mediados de 2023, Ben-Dov solicitó el embargo de Palumbo, cuyas acciones están registradas por Global Beauty SpA. Su requerimiento fue acogido por el árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM), Diego Peralta Valenzuela.
De acuerdo a la instancia, gran parte de los activos de ISSI fueron a parar justamente a Global Beauty, cuya división “no obedeció a una legítima razón de negocios”, sino más bien “ante la eventualidad de ser condenada” a pagar lo adeudado a Ben-Dov.
Contrataque
La decisión del CAM no cayó bien en ISSI, por lo que recurrieron a la Corte de Apelaciones donde, una vez más, sufrieron un revés judicial. Así, con la ayuda del abogado Gonzalo Cisternas, volvieron a la carga contra la decisión de la justicia y reclamaron ante la Corte Suprema. Allí corrieron mejor suerte. Según la querella de Ben-Dov, en una tramitación exprés, la ministra Vivanco puso en tabla la causa y se decidió, en fallo unánime, dejar sin efecto el embargo.
De acuerdo al libelo, Vivanco solicitó que el recurso de apelación fuese conocido prioritariamente, “saltándose” más de cien causas pendientes en la Tercera Sala, “sin que esa decisión se encontrara justificada según la materia del recurso”.
La propia Suprema así lo estimó en el proceso de remoción contra la exmagistrada. “Las minutas dan cuenta del mismo patrón de comportamiento, esto es, aprovechar la circunstancia de encontrarse como presidenta de la Tercera Sala, para ordenar el conocimiento en cuenta de ciertas causas que no versaban sobre materias urgentes -como lo es el derecho a la vida o la salud de las personas- y que, por la fecha de su ingreso, aún debían esperar su turno para ser vistas”, zanjaron.
Y agregaron: “También es posible tener por asentado que la señora Vivanco ejerció presiones sobre los relatores para apurar ciertos proyectos de fallo, incluso exigió que se firmara el mismo día de la vista del recurso”.
Los “favorecidos”
De acuerdo con la querella, el actuar de Vivanco “terminó favoreciendo ilícitamente a la recurrente Global Beauty SpA”, por lo que dejó sin efecto el millonario embargo.
“Esta estrategia fraudulenta de obstaculización del cumplimiento de la sentencia condenatoria tuvo éxito –al menos temporal—gracias a la intervención de la Sra. Ministra Vivanco Martínez, cuya decisión determinó la anulación de la orden de embargar bienes de Global Beauty y la inhabilitación del árbitro Sr. Peralta, decisión adoptada en circunstancias que contravinieron la ley, lo que le valió su remoción”, resalta el querellante.
A su juicio, todos estos hechos justifican la necesidad de indagar y determinar quiénes “instigaron, ayudaron o encubrieron esa ilegal actuación” y si para provocar esas conductas “han existido pagos o beneficios de cualquier naturaleza, solicitados o aceptados, constitutivos del delito de cohecho agravado”.
En ese orden de cosas, Ben-Dov solicita que se despache una orden de investigar a la Brigada Investigadora Anticorrupción de la PDI y que se tomé declaración a Vivanco, Jaime Sinay y Felipe Israel.
Un “asunto procesal”
Consultado Juan Carlos Manríquez, abogado de la removida ministra, aseguró a BBCL Investiga que “Vivanco es totalmente ajena a esa situación”.
En resumidas cuentas, plantea que el fallo fue unánime y que la exmagistrada se apegó a los criterios establecidos por la Sala para fijar el ritmo de la revisión de causas.
“El tema resuelto era un asunto procesal, porque en el arbitraje no había existido un emplazamiento legal, en tiempo y forma para la recurrente, ordenándose retrotraer el proceso para que pudiera ejercer su defensa (…) En consecuencia, es evidente que no hay ni cohecho, ni prevaricación que atribuir a la ex ministra”, sostuvo.