Guerra, Cordero, Desbordes y otros: la exitosa camada de abogados de la Universidad La República

Manuel Guerra, Luis Cordero, Mario Desbordes y varios otros rostros que hoy por hoy están en la primera línea de la contingencia provienen de la Universidad La República (ULARE), una casa de estudios sin acreditación, sumida hace varios años en una crisis y que en 2022 estuvo al borde de ser cerrada, pero que actualmente lucha por mantenerse a flote.

Dicho plantel, fundado en 1988, ha estado estrechamente ligado a la masonería desde sus inicios y también con miembros del Partido Radical. En principio, 97 personas fueron escogidas por la Gran Logia de Chile para levantar el proyecto educativo, el cual se abrió paso entre las 11 universidades privadas que, en esa época, se crearon al alero de un decreto de la dictadura que permitió el ingreso de privados a la educación superior.

En ese contexto, particularmente durante los años 90 —cuando las opciones fuera de las universidades tradicionales eran escasas— llegó a la ULARE una camada con integrantes como Manuel Guerra, quien fue titular de la Fiscalía Metropolitana Oriente entre 2015 y 2021, y que hoy se encuentra en el ojo del huracán por sus conversaciones con Luis Hermosilla, protagonista del caso audio.

Por aquella época también fue parte de la casa de estudios el hoy ministro de Justicia, Luis Cordero, quien previamente se desempeñó como académico de la Universidad de Chile y como socio del estudio de abogados FerradaNehme, además de su participación en Der Ediciones, una editorial enfocada en publicaciones jurídicas de la que es copropietario junto a Francesca De Ferrari y Pamela Patiño.

Recientemente, su rol en esta última sociedad fue puesto en entredicho por el senador Karim Bianchi. En particular, apuntó a un potencial conflicto de interés a raíz de una serie de licitaciones públicas que dicha empresa ganó durante el último tiempo, motivo por el cual el parlamentario presentó un requerimiento a la Contraloría para determinar si las adjudicaciones se han realizado en estricto cumplimiento de la normativa y principios de probidad.

A Cordero le siguió también Marcelo Díaz (exPS), exvocero de Gobierno durante el segundo mandato de Michelle Bachelet y también embajador de Chile en Argentina. Entre 2018 y hasta marzo 2022 ejerció como diputado por la región de Valparaíso.

En una época más reciente, otro rostro de la primera línea política nacional que pasó por las aulas de la ULARE fue Mario Desbordes (RN), exministro de Defensa de Sebastián Piñera y hoy candidato a alcalde por la comuna de Santiago.

Aunque generó menos ruido que Guerra con el caso audio, Desbordes fue apuntado en junio pasado por una serie de mensajes en WhatsApp, que dejaron en evidencia el lobby en favor de la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier. Una revelación que el aludido consideró un “complot” contra su campaña al municipio capitalino.

Polémicas aparte, otros nombres que provienen de dicha casa de estudios son Alihuen Antileo, consejero constitucional por el escaño de los pueblos indígenas en el primer proceso constitucional; Vania Boutaud, jueza de Garantía y directora regional de la International Association for Court Administration (IACA); y Neftalí Carabantes, militante del Partido Radical y subsecretario durante los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.

Sobrevivencia complicada

Pese a que por sus aulas han pasado figuras reconocidas por la opinión pública, la Universidad La República ha estado viviendo años difíciles. Actualmente se encuentra bajo supervisión del Consejo Nacional de Educación (CNED), cuya tutela tiene como objetivo monitorear las acciones de la universidad, asegurar su funcionamiento adecuado y garantizar la continuidad del servicio educacional a los estudiantes.

Dentro de las decisiones más relevantes adoptadas por el CNED, se determinó la suspensión del proceso de admisión 2024, lo que les impidió matricular nuevos estudiantes durante este año.

Todo lo anterior como consecuencia de una decisión de fines de 2023, cuando la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) rechazó su proceso de acreditación institucional.

La crisis del plantel se ha prolongado desde 2020, cuando la Superintendencia de Educación Superior (SES) rechazó el Plan de Recuperación presentado por la institución, el cual buscaba que implementaran una estrategia para corregir observaciones financieras y administrativas graves formuladas en su contra.

Acto seguido, el Consejo Nacional de Educación, en mayo de 2021 acordó revocar el reconocimiento oficial de la Ulare, lo que en consecuencia llevó a una orden de cierre, que incluso los tuvo bajo el mando de un administrador provisional.

El “supremazo” que salvó a la Universidad La República

En diciembre de ese mismo año, la Corte de Apelaciones rechazó el reclamo de ilegalidad del plantel y ratificó la decisión de cierre. Sin embargo, tras ese revés acudieron a la Suprema con un recurso de queja contra el tribunal de alzada, acusando “graves faltas y abusos” al desestimar el Plan de Recuperación presentado a la SES para evitar su clausura.

De esa forma, la Universidad La República zafó en la última instancia. En abril 2022, el máximo tribunal les dio la razón y estableció que el dictamen del CNED “quebrantó de manera flagrante el debido proceso”, ya que la Superintendencia no entregó las observaciones al plan presentado por la universidad para evitar su clausura. Así las cosas, la orden de cierre quedó sin efecto y pudieron seguir funcionando.

Dicho resultado dio pie a que pudieran presentarse al proceso de acreditación en 2023, el que también les fue rechazado y hoy los tiene con la supervisión del CNED, que se estipula dure tres años. Según explican fuentes de BBCL Investiga, después de ese plazo la universidad tiene que iniciar un proceso de acreditación nuevamente y, si no lo consigue, quedará nuevamente adportas del cierre.

Paralelamente, en abril de 2023, la Superintendencia de Educación Superior continuó con su ofensiva: notificó la apertura de una nueva investigación en contra de la casa de estudios, según detallaron, en respuesta a nuevos antecedentes que revelan un agravamiento significativo de su situación financiera y administrativa. Entre los factores más críticos están la cesación de pagos, juicios de desalojo, procedimientos de remate y una solicitud formal de quiebra.

Se trata de antecedentes recopilados por la SES a través de procesos regulares de solicitud de información y mediante acciones de fiscalización en terreno realizadas tanto en la casa central de la universidad como en sus sedes regionales.

Nexos con la masonería y el Partido Radical

Si bien desde hace largo tiempo la Gran Logia de Chile ha intentado marcar distancia del plantel, pues han dicho que no existe ninguna vinculación formal o institucional, lo cierto es que varios socios y directivos han sido o son miembros de la masonería chilena.

Tal como dio cuenta BBCL Investiga en 2021 son variados los nombres de dicha organización que integran las filas de la ULARE. A la fecha, de acuerdo al registro oficial de la Superintendencia, entre sus socios y asociados permanecen Orlando Inostroza Bilbao, bibliotecario de la Gran Logia de Chile y que hasta 2023 fue contralor de la ULARE; además de Hernán Cárdenas Cárdenas, el músico Eduardo Salgado Solovera y el cirujano Hernán Sudy Pinto, todos masones.

Salgado fue director ejecutivo del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile-CEAC. Sudy, en tanto, es un conocido médico del norte grande del país, hasta enero pasado presidente del Colegio Médico Regional de Arica y exintendente regional en la misma zona.

También quedan nexos con el Partido Radical. Julio Guerra Pérez, exseremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana (2017-2018), fue miembro de la junta directiva de la ULARE y hoy permanece entre sus socios, y en 2014 fue miembro del Tribunal Supremo del Partido Radical.

Por su parte, aparece igual Leandro Carvallo Rodó, masón y conocido radical que fungió como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago en 2011, nombrado por el exministro de Justicia Felipe Bulnes. A él se suma su hija, Macarena Carvallo Silva, militante radical y abogada de la Universidad Gabriela Mistral, exgobernadora de la provincia de Cordillera (2002-2003), exsubsecretaria de Previsión Social (2003-2005), exsubsecretaria de Deportes (2005-2006), y miembro del Comité Asesor de Enap Magallanes (2006-2011).

Por último asoma el nombre de Osvaldo Correa Sepúlveda, exsecretario general del Partido Radical, y exjefe del comando de Alejandro Guillier en su candidatura presidencial de 2017.

La fórmula secreta de la Universidad La República para resistir

Fuentes del mundo de la educación, que conocen el funcionamiento de la Universidad La República, afirman que un proyecto de este tipo se sostiene básicamente gracias a dos factores: aranceles económicos y alumnos provenientes del sector público.

Esa sería la vía por la que obtienen ingresos, considerando que no tienen acreditación y, con dicho estatus, no se les permite ofrecer gratuidad ni CAE. Es decir, no tienen derecho a ninguna clase de financiamiento estatal.

Según se puede consignar en los registros oficiales del Mineduc, la cartera académica del plantel cuenta con algunos de los aranceles más bajos de todo el país, particularmente en carreras altamente demandadas como Derecho, Kinesiología, Enfermería o Psicología.

Asimismo, tal como es posible corroborar en la web de la ULARE, en la última década han conseguido una serie de convenios con instituciones públicas. Los acuerdos son variados y van desde la Municipalidad de Mostazal, Los Ángeles, la Corporación Municipal de Til Til y funcionarios de la salud municipal de Ñuble, hasta Gendarmería, la Defensa Civil y la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana.

Más aún, también se han vinculado con organizaciones como la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). En esta última, el pacto otorga descuentos a los afiliados a la ANEF en programas de estudios de pregrado online y presenciales por un 20%. Así como un 15% a quienes deseen cursar un programa de postgrado, además de matriculas a costo cero, cuyos beneficios son aplicables a los asociados, sus cónyuges e hijos.

“¿Cuál es el negocio? A las personas de instituciones públicas le interesa el cartón, sea de calidad o no, para poder optar a un mejor rango de sueldo dentro del sistema público”, confidenció una fuente de este medio. “Al final (muchos funcionarios públicos) quieren el cartón del postgrado para subir de categoría y le suban el sueldo y chao”, enfatizó.

Hoy por hoy, el plantel sigue luchando por sobrevivir, aunque en el ranking webometrics asoma en el puesto número 85 entre las universidades chilenas y 21.672 en el ranking mundial. Como sea, la nueva ofensiva de la Superintendencia de Educación Superior podría acabar de todas formas con las aspiraciones de la ULARE.