Der Ediciones: la empresa del ministro Cordero cuyo posible conflicto de interés zanjará Contraloría

El 11 de enero de 2023, el abogado especialista en derecho administrativo, Luis Cordero Vega, asumió la dirección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del gobierno de Gabriel Boric. Llegó a Morandé 107 después de que Marcela Ríos renunciara al cargo en medio de la polémica por los indultos, cuatro días antes.

Desde su llegada, Cordero ha asumido un papel relevante en la administración Boric, actuando frecuentemente como vocero del gobierno en investigaciones judiciales y manteniendo una estrecha relación de trabajo con la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Sin embargo, en las últimas semanas surgió una alerta sobre Cordero Vega, basada en una posible situación de conflicto de interés en su rol de secretario de Estado y una de las empresas de su propiedad.

El cuestionamiento se origina en la participación accionaria que el ministro tiene en Der Ediciones, una editorial enfocada en publicaciones jurídicas, que según el Diario Oficial es copropietario junto a Francesca De Ferrari y Pamela Patiño. Cordero figura como accionista principal con el 50% de la empresa, mientras que De Ferrari y Patiño poseen el 25% cada una. Esto significa que el ministro podría recibir la mayor parte de las utilidades al momento de repartirse.

Radio Bío Bío revisó la declaración de patrimonio del ministro, donde consta su vínculo con Der Ediciones, en lo que, hasta aquí, no habría irregularidades.

No obstante, surgen dudas de probidad por una serie de licitaciones públicas que la empresa ha ganado, cuyos fondos provienen del sector público, particularmente de una entidad en la cual Cordero tiene un puesto asegurado como titular de Justicia.

Un ejemplo es el contrato adjudicado a Der Ediciones el 30 de mayo pasado por la Academia Judicial de Chile, para la edición y diseño gráfico de textos académicos, con un valor de $12.970.000 pesos.

Pero no sería la única licitación que la empresa ha ganado, lo que ha generado comentarios tanto en los pasillos del Ministerio de Justicia como en el Congreso, ya que Cordero Vega forma parte del consejo de la Academia Judicial, organismo que adjudicó el contrato.

Al revisar la licitación N°4-2024, que corresponde a mayo pasado, se observa que la competencia fue reñida: Der Ediciones y Tirant Lo Blanch empataron en la evaluación de “equipos de trabajo”, obteniendo ambos el puntaje máximo. La decisión final obedeció a las ofertas económicas, con una diferencia mínima: Der Ediciones presentó una oferta solo $30.000 inferior a la de Tirant Lo Blanch, mientras que otros competidores propusieron valores considerablemente menores.

Este estrecho margen y la doble posición de Cordero Vega han llevado a cuestionar si Der Ediciones pudo haber tenido una ventaja frente a sus competidores. En particular, algunos en el Senado temen que Cordero, por su posición en la mesa de la Academia Judicial, podría haber accedido a información que favoreciera a Der Ediciones para ajustar su oferta de forma estratégica.

Ante esta situación, fue el senador Karim Bianchi (Independiente) quien tomó la decisión de presentar una solicitud de pronunciamiento formal a la contralora general (s) de la República, Dorothy Pérez. En su escrito, Bianchi expone preocupaciones sobre la imparcialidad y transparencia de la adjudicación, planteando que la permanencia de Cordero Vega en el cargo de ministro y su rol como accionista mayoritario en Der Ediciones lo que colocaría a la empresa en una posición de privilegio para competir en el mercado público.

Puertas adentro

Dentro del Ministerio de Justicia, algunos comentan que la propiedad de Cordero Vega en una empresa que recibe recursos públicos podría presentar una incompatibilidad. Sin embargo, desde el entorno de Cordero han minimizado la situación.

Consultados por Radio Bío Bío, afirmaron que Cordero incluyó a Der Ediciones en su declaración de patrimonio y que, desde que asumió como ministro, dejó la administración de la editorial en manos de sus socias mediante escritura pública.

Según cercanos a Cordero, la decisión de delegar la administración busca evitar conflictos de interés, aunque reconocen que el ministro no ha abandonado la sociedad, algo que contraviene recomendaciones de transparencia en Chile.

Además, desde el gabinete de Justicia se defendieron señalando que él no asiste a las reuniones del consejo de la Academia Judicial y que, en su lugar, regularmente asiste el subsecretario. Además, sostienen que dicho consejo “no tiene atribuciones en las licitaciones”, como la que se le adjudicó a Der Ediciones.

Contraloría

El requerimiento presentado a la Contraloría busca que esta determine si la participación de Der Ediciones en licitaciones públicas se ha realizado en estricto cumplimiento de la normativa administrativa y los principios de probidad. En su solicitud, Bianchi pide revisar no solo esta adjudicación específica, sino cualquier contrato público obtenido por Der Ediciones desde que Cordero asumió el Ministerio de Justicia.

Desde el Ministerio de Justicia respondieron que Der Ediciones ha sido debidamente declarada en la Declaración de Intereses y Patrimonio de Cordero correspondiente al año 2024, lo cual, según ellos, demuestra transparencia en la información proporcionada.

Compras a Der Ediciones

En 2024, Der Ediciones Limitada se adjudicó cinco compras públicas: tres de ellas con la Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile (CAPJ) (las cuales suman $5.062.501), una con el Consejo para la Transparencia ($2.000.000) y otra con la Municipalidad de Navidad ($112.492), todas correspondientes a adquisiciones de textos jurídicos.

Aquellas relativas a la CAPJ se hicieron todas por trato directo, autorizado por la justificación de que sería indispensable pactar con el proveedor específico, al ser dueño de derechos de propiedad del material requerido.

En 2023, por su parte, fueron ocho las compras que se adjudicó, siendo dos de ellas con la CAPJ (por $2.055.600 y $2.002.500), otras dos con la Universidad de Chile (por $3.094.000 y $1.959.630), una con la Universidad de Valparaíso ($1.000.000), una con la Municipalidad de Futaleufú ($47.850), una con la Municipalidad de Renca ($860.400), y la más grande, con el Consejo para la Transparencia ($11.638.200).

Pero algo pasó en las últimas semanas, según los registros públicos, Der Ediciones hoy estaría inhabilitado para ser proveedor estatal al registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses de sus trabajadores dependientes, información entregada a la Dirección de Compras por la Dirección del Trabajo.

Según el mismo portal, durante la adjudicación del trato directo con el municipio de Navidad correspondiente a la compra de seis manuales por $112.492, aceptada el pasado 3 de septiembre, la editorial jurídica ya se encontraba inhábil, o al menos así se desprende en la página respectiva.

Desde la Corporación Administrativa del Poder Judicial, realizaron un levantamiento de información de compras públicas realizadas a la editorial Der Ediciones Limitada durante 2017 y 2018, correspondientes a textos jurídicos “los cuales fueron adquiridos por interés jurídico, bajo las necesidades y requerimientos técnicos, específicos de dicha unidad, de manera de garantizar la adecuada dotación bibliográfica de los Tribunales de Justicia”.

Desde la CAPJ también aseguraron que el contenido de los libros era único y con derechos de autor comprometidos, y de ahí provenía la compra directa, ajustándose “estrictamente a la normativa vigente en materia de compras públicas”.

Junto a ello adjuntaron un cuadro con las compras identificadas por la Corporación:

¿Qué dicen los especialistas?

Consultados por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío sobre la legitimidad de que una empresa de la que forma parte un Ministro del Gobierno, realice negocios con el aparato público y que, además, cuyo presupuesto proviene de una entidad en que ocupa un puesto, los especialistas difieren.

Quienes consideran que la situación no presenta conflicto, se amparan en que si el actuar del ministro ha sido transparente, no debiera haber problema. En ese sentido, habría ciertos requisitos que se tendrían que cumplir para que esto no genere un conflicto. Entre ellos, que la autoridad lo haya informado debidamente en su Declaración de Intereses y Patrimonio, que esta no esté participando de las decisiones de compra de la empresa, que las compras no se hayan hecho mediante tratos directos o mecanismos irregulares, etc.

Sin embargo, hay otros que sí ven un conflicto en la situación, que no se solucionaría con solo informar al respecto. Esto, se basa en el artículo 15 quáter de la Ley 19.886, de Compras Públicas, el cual indica que: “Ningún organismo del Estado podrá suscribir contratos administrativos (…) con sociedades de personas o empresas individuales de responsabilidad limitada de las que formen parte o sean beneficiarios finales, ni con sociedades en comanditas por acciones, sociedades por acciones o anónimas cerradas en que sean accionistas directamente, o como beneficiarios finales, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10 por ciento o más del capital, directamente o como beneficiarios finales, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas”.

“Igualmente, la prohibición para suscribir contratos establecida en el inciso primero se extenderá, respecto de los funcionarios directivos de los organismos del Estado”, agrega la ley.

Como excepción, indica que dichos contratos se podrá celebrar si se ajustan a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado, pero que esto debe ser comunicado al superior jerárquico del suscriptor, a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Diputados, en el caso de los órganos de la Administración del Estado. Además, en el caso del Poder Judicial, debe informarse a su Comisión de Ética.

Los especialistas consultados prefirieron no hablar públicamente, al no tener a mano todos los antecedentes para poder realizar un análisis más completo de la situación que afecta al secretario de Estado.