Una “profunda frustración y decepción de la labor jurisdiccional” fue lo que experimentó el abogado Germán Pfeffer Urquiaga el pasado 4 de septiembre, tras recibir el rechazo de dos recursos de protección por parte de la Tercera Sala de la Corte Suprema, dedicada a temas constitucionales.

Su molestia, sin embargo, no provenía de ver confirmada la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, respecto a alzas en su plan de la isapre Cruz Blanca (antes ING Salud), sino que por la vaga respuesta del tribunal superior, el que -aparentemente- habría usado una plantilla tipo para fallar.

De acuerdo a sendos recursos de reposición —con el que se busca la revisión de los fallos—, presentados con posterioridad a la respuesta de la Suprema, las sentencias no se habrían pronunciado respecto a ninguno de los fundamentos de los recursos, y solo se habrían referido a temas generales relacionados a las tarifas base.

El caso llama la atención en medio del terremoto que se vive en el Poder Judicial, que tiene su epicentro en la Tercera Sala de la Corte Suprema. De la instancia forman parte Sergio Muñoz Gajardo y Ángela Vivanco Martínez, ambos con acusaciones constitucionales en su contra, cuya revisión comenzó este lunes en la Cámara de Diputados. El primero, por haber supuestamente filtrado información privilegiada a su hija en un caso de demandas contra un proyecto inmobiliario, y la segunda —suspendida de sus funciones y con la apertura de un cuaderno de remoción— por un supuesto tráfico de influencias que quedó al descubierto por los chats entre ella y el abogado Luis Hermosilla.

Es en esta misma sala en la que se habría cometido el error de no estudiar los recursos presentados con detenimiento, y fallar con lo que parecieran ser respuestas prefabricadas, para los cientos de recursos sobre cobros de isapres que llegan semanalmente a la Suprema. En medio de la polémica, ambos jueces involucrados participaron en las resoluciones dictadas, junto a la ministra Adelita Ravanales y los abogados integrantes María Angélica Benavides y Raúl Fuentes.

“Tal conducta no hace más que desprestigiar la labor jurisdiccional que despliega el Poder Judicial que cada día es peor evaluada por los ciudadanos”, indicó Pfeffer en los recursos de reposición ingresados el jueves 5 de septiembre. “Es obvio que los ciudadanos desconfíen en la labor del Poder Judicial cuando dictan fallos en base a plantillas sin pronunciarse sobre las cuestiones sometidas a la decisión”, agregó.

Los detalles del fallo de la Corte Suprema

El 20 de diciembre de 2023, Germán Pfeffer recibió un correo electrónico de la isapre Cruz Blanca en el que se le informaba de un aumento en el valor GES a 0,74 UF (unos 28 mil pesos a cambio de hoy) por cada uno de los cinco beneficiarios de su plan. Según la denuncia, esto era contrario al contrato firmado en marzo del mismo año, en el cual se había acordado el monto GES a pagar en 0,369 (unos 14 mil pesos) por cada uno de los miembros de su familia para el periodo entre mayo de 2023 y junio de 2024.

Frente a la situación, ingresó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, afirmando que la modificación se habría hecho de forma unilateral, cayendo en un hecho arbitrario e ilegal, al incrementar aquella parte de la cotización “a espaldas y sin previa comunicación y/o información al afiliado y/o cotizando, el suscrito”.

Meses después, el abogado ingresó un segundo recurso de protección, referido a otra problemática con el cobro de su isapre.

En este, alega que el reajuste de sus prestaciones de salud —cuyo máximo está establecido según el Indicador de Costos de la Salud (ICSA) para el periodo 2022-2024 era un 7,4%— habría sido aplicado en unidades de fomento (UF) en vez de en pesos chilenos, lo que en la práctica habría consistido en un aumento del 16,6%.

Ambos recursos de protección fueron rechazados por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por lo que fueron posteriormente presentados ante la última instancia, la Corte Suprema. Sin embargo, esta confirmó ambas sentencias apeladas, aparentemente sin haber entregado respuestas a los argumentos específicos presentados en los documentos, tal como se aduce en los señalados recursos de reposición ingresados al día siguiente de los fallos.

Según la acción judicial, en el caso del primer recurso la sentencia nunca se refirió específicamente al valor GES, no se refirió al acuerdo entre la isapre y Pfeffer en que se fijó este valor y no se refirió a la modificación unilateral del contrato, ignorando los tres principales hechos planteados.

En la segunda presentación, se indica que la sentencia no se refirió al ICSA y su forma de determinación de cálculo, ni tampoco a la licitud de que se calcule en pesos chilenos y luego se aplique en unidades de fomento. Todo, nuevamente, sin atenerse a la problemática.

De tal manera, argumentó que la “Corte Suprema en su fallo vulnera el más elemental principio de la justicia que persigue la paz social, indicar a los litigantes las razones por las que sus argumentos y fundamentos de sus pretensiones son acogidas o rechazadas”.

Así, en ambas ocasiones Pfeffer solicitó a la Corte Suprema “cumplir con el deber de todo tribunal de realizar un pronunciamiento particular y atingente respecto de las razones por las que los argumentos y fundamentos deducidos en el recurso de protección y de apelación han sido rechazados. Y cumplir con el mandato constitucional de dar protección al afectado frente a actos ilegales”.

Hoy, Pfeffer se encuentra a la espera de las resoluciones de la Tercera Sala de la Corte Suprema que acogerá o rechazará los recursos de reposición interpuestos ante ella.

Consultados por Radio Bío Bío, desde la Corte Suprema no dieron respuesta.