No puede acercarse al municipio: la prohibición que pesa sobre candidato a alcalde de Calama

En la esquina de Benjamín Vicuña Mackenna y la avenida Almirante Juan José Latorre, se levanta un sobresaliente edificio amarillo construído en 1923, con dos pisos y largas ventanas, se suma una amplia puerta doble y un balcón sobre el cual se lee “Municipalidad de Calama”.

Esta fue la sede en la que trabajó desde el 6 de diciembre de 2016 hasta el 28 de junio de 2021 el exalcalde Daniel Agusto Pérez, quien ganó las elecciones apoyado por Renovación Nacional, pero que hoy se presenta a la reelección como independiente, compitiendo con el actual alcalde, Eliecer Chamorro Vargas (FREVS).

Sin embargo, hay un detalle que nubla la candidatura de Daniel Agusto, y es que por la formalización en un caso de fraude al fisco y negociación incompatible sobre sucesos que supuestamente habrían ocurrido en sus primeros años como alcalde, pesa sobre él la medida cautelar de prohibición de acercarse a la Municipalidad, a los edificios de la entidad edilicia y a los funcionarios municipales que tengan relación con los hechos investigados. Situación hoy incompatible con el cargo de alcalde.

Los sucesos refieren a la supuesta involucración en la compra por $190.000.000 de un inmueble cuya propiedad estaba a nombre de familiares de Agusto, en un proyecto que habría sido creado sin otro sustento que comprar el terreno.

Agusto, sin embargo, no está preocupado. En conversación con Radio Bío Bío afirmó ser inocente y dijo estar tranquilo al no existir ninguna prueba ni hecho que acreditase su participación, habiendo también sido sobreseído de uno de los dos delitos de los que se le acusan, al haber este prescrito. También aseguró que en caso de ser electo, solicitará al tribunal la modificación de la medida cautelar impuesta el pasado 6 de mayo por el Juzgado de Garantía de Calama, y así, poder entrar al municipio.

Los hechos de la acusación

El 2 de abril de 2024 el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó una querella por fraude al fisco y negociación incompatible en contra del exalcalde de Calama, Daniel Agusto Pérez, y quienes resulten responsables por supuestamente haber utilizado fondos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama (COMDES) para comprar un inmueble con fines falsos, que pertenecía a la prima de Agusto, también funcionaria de la municipalidad.

En la causa también se acusó de participar justamente a la prima hermana de Agusto, la ex directora de gestión y planificación económica de la COMDES, Jubitza Tapia Pérez y al ex Director Ejecutivo de COMDES, Gregorio Rodríguez Jaure. También se acusó a la Jefa de Finanzas y RR.HH. de la época, María Alejandra Calderón Calderón y Carlos Brito Contreras, quien ejercía como Jefe de Planificación.

Tapia, Rodríguez, Calderón y Brito están acusados por haber participado del “Comité de Análisis de Proyecto Clínica Dental”, quienes habrían organizado y decidido unilateralmente la compra del inmueble. El comité habría sido creado el 8 de agosto de 2017 sin ninguna necesidad, sin especialistas ni contraparte técnica y sin haber contado con la participación del Jefe del Área de Salud de la Corporación.

Es en este momento en que Rodríguez – ex Director Ejecutivo – habría llevado a Brito – Jefe de Planificación – directamente al inmueble ubicado en Condell n°243, en el sector Villa Chica de la comuna de Calama, el cual se encontraba a la venta y pertenecía, desde hace más de diez años, a una sucesión hereditaria de la cual era parte la acusada Jubitza Tapia Pérez y su tío Bernardino Tapia Álvarez (quien a la fecha ejercía como funcionario municipal de Calama). Rodríguez le habría señalado que ese debía ser uno de los inmuebles considerados para la adquisición de COMDES, junto con otros dos – de precios $300.000.000 y $390.000.000, sin realizar ningún llamado o licitación pública.

Así, Bernardino Tapia se habría presentado directamente en las oficinas de COMDES para entregar una oferta de su inmueble, por el precio de $190.000.000, lo que, de acuerdo a la querella, consistía en un precio cuatro veces mayor que el avalúo fiscal que correspondía a $46.504.054.

“Sin duda lo anterior se produjo única y exclusivamente por el vínculo de parentesco con la imputada Jubitza Tapia Pérez y el entonces Alcalde, que le permitieron a Bernardino Tapia Álvarez tener pleno conocimiento del interés de la COMDES Calama en adquirir un inmueble, de las condiciones para la compra y del presupuesto con el que se contaba”, indica la querella.

Así, el 14 de septiembre, el comité sesionó y se presentó el inmueble perteneciente a los Tapia como el más apropiado, poniendo la compra en urgencia, sin existir un “proyecto seriamente elaborado”, sin tener las autorizaciones del MINSAL, y sin encontrarse el proyecto en el Plan Anual de Salud de la COMDES, por lo que tampoco habrían existido fondos públicos previa y legalmente destinados para este.

En diciembre de 2017, Brito presentó un documento titulado “Idea proyecto de clínica dental para la comunidad de Calama”, en donde se señala el sector donde se emplazaría la clínica y el presupuesto con el que se contaba, concordante con el inmueble escogido. “Es decir, el informe se presentó derechamente haciendo coincidir los requerimientos”, indica la acusación.

De tal manera, el 22 de enero de 2018 habría sido la propia Jubitza Tapia quien envió la minuta de contrato de compraventa a la notaría desde su correo, y quien instruyó al banco BCI la emisión del Vale Vista Nº012031307 por el monto de $190 millones con cargo a la Cuenta Corriente “Operaciones Salud”, con Bernardino Tapia como beneficiario.

Involucramiento de Agusto

Respecto a la implicación del alcalde, quien también cumplía la figura de presidente de la COMDES, se le acusa de haber tenido conocimiento de las operaciones y haberlas encubierto.

Esto, al haber los concejales del Municipio presentado al alcalde la relación con su prima y el involucramiento directo de Jubitza Tapia con la compra del inmueble, “a lo cual el querellado se negó, intentando cubrir las operaciones con un manto de legalidad, aduciendo meras observaciones de forma descartando categóricamente algún impedimento o hecho que revistiera responsabilidad administrativa o penal de aquél y de las jefaturas de la COMDES que, concertados para su ejecución, dispusieron la compra del inmueble”.

De tal manera, se argumenta que al alcalde se le habría advertido de la situación que había ocurrido sin “que el querellado diera respuesta ni tomara ninguna acción o decisión al respecto”, como lo fue la renuncia del abogado, Daniel Chamorro, quien le habría informado a Agusto que dejaba su cargo en la Corporación ya que se había consignado falsamente su nombre en la redacción del contrato de compraventa de dicho inmueble.

Así, en la querella se indica que teniendo conocimiento de los antecedentes – incluso con un informe de la Contraloría Regional de Antofagasta que habría advertido que los hechos revestirían en carácter de delito – Agusto, en su rol de alcalde y director de la COMDES, debió haber: iniciado un sumario administrativo, informado al Consejo Municipal y a la Unidad de Control Interno, y haber procedido a la resciliación del contrato de compraventa.

De acuerdo a los denunciantes, Agusto, como director de la COMDES, además debiese haber conocido las actas de las reuniones de los departamentos y comités que funcionaban bajo su administración, sobre todo aquellas que alcanzaran tal cantidad.

“Todo ello, refuerza el hecho de que conocía con exactitud las acciones que debió ejecutar y que, aun así, optó por encubrir, infringiendo y omitiendo sus deberes, debiendo concluir que aquél conoció y consintió en la defraudación fiscal por la suma de, a lo menos, $190.000.000”, concluye la denuncia del CDE.

Fue con estos antecedentes que se formalizó a Daniel Agusto el 3 de mayo de este año otorgándole prisión preventiva, la cual cumplió durante dos días hasta que la medida cautelar fue revocada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta por su irreprochable conducta anterior, y modificada por la que mantiene actualmente.

La clínica dental – cuyo presupuesto agregándole a la compra la construcción y el equipamiento ascendía a $502.097.440 – finalmente nunca se construyó.

Consultado por Radio Bío Bío, Agusto afirmó no haber tenido ninguna participación en los hechos de los que se le acusa, tener la conciencia tranquila y no existir ninguna evidencia en la carpeta investigativa que acreditase la comisión de un delito por su parte.

En ese sentido indicó que es por esa tranquilidad de “no tener nada que ver” por lo que está en el proceso eleccionario, y que de salir electo – en lo que considera una “contienda incierta” con el nuevo voto obligatorio –, solicitará la modificación de la medida cautelar para poder acercarse a la Municipalidad, y así hacer “todo lo posible para recuperar la ciudad”.

Hoy, la causa sigue abierta, aunque de uno de los delitos que se le imputaban – el de negociación incompatible –, fue sobreseído al haber pasado los cinco años desde su supuesta ejecución hasta el inicio de la querella del CDE, por lo que estaría prescrito.

La última diligencia se realizó el pasado 10 de septiembre, cuando se le otorgó al fiscal Gabriel Zepeda Castillo 100 días más de plazo para la investigación.