—Dentro de una empresa que tiene ingresos por 100 millones de dólares esto es nada. Mi motivación más bien es de orden social. Es como las parroquias pobres, no sentí que fuera algo irregular.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en contra del alcalde de Coronel Boris Chamorro Rebolledo y el concejal de la misma comuna, Eduardo Araya Poblete, por el delito de cohecho en el marco del proceso judicial que investiga el posible pago de coimas desde la empresa Puerto Coronel. Además, la repartición estatal apunta contra el empresario Eduardo Hartwig, fundador de la compañía; el gerente de finanzas de la firma, Daniel Chamorro Madariaga; y Víctor Olivares Matamala, el que —según la indagatoria— ejecutaba el pago de los sobornos en dependencias municipales.
El órgano colegiado resolvió hacerse parte en la causa judicial que lleva adelante el Ministerio Público, argumentando que a esta altura se han acreditado una serie de delitos relacionados con pagos en negro a las autoridades del municipio de parte de la empresa a cargo del terminal portuario multipropósito de la comuna.
Según se lee en el escrito —al que accedió BBCL Investiga—, al menos desde 2021, el entonces presidente del directorio de Puerto Coronel, Eduardo Hartwig Iturriaga, instruía al gerente de Administración y Finanzas de la compañía, Daniel Chamorro Matamala, la ejecución de los pagos. Esto en consecuencia de “acuerdos alcanzados” entre los querellados.
La fórmula utilizada para blanquear las transferencias era siempre la misma: el citado gerente le solicitaba al dueño de la firma Transolv Ltda, Víctor Olivares Matamala, emitir una serie de facturas falsas por supuestos servicios requeridos por Puerto Coronel para sus operaciones.
En total, según conoció BBCL Investiga, entre febrero de 2021 y septiembre de 2023, Transolv Ltda emitió 10 facturas por un total de $241 millones bajo el argumento de mejoramientos de caminos interiores y arriendo de maquinarias. En ese mismo periodo, las cartolas bancarias de Olivares Matamala muestran que recibió en la cuenta corriente de Transolv transferencias desde Puerto Coronel por más de $318 millones.
“Parroquias pobres”
Para materializar el pago a Boris Chamorro —sostiene el CDE en su querella— mes a mes Olivares giraba el dinero del banco para luego ir personalmente hasta la oficina del alcalde a dejar el efectivo.
Así queda en evidencia en un informe elaborado por la Brigada de Delitos Económicos de Concepción a partir de la incautación del teléfono del alcalde coronelino. En el peritaje se extrajeron una serie de conversaciones por WhatsApp entre Boris Chamorro y su secretaria. En ellas, quedan de manifiesto los encuentros por un periodo que se extendió por más de un año.
17 de noviembre de 2022:
—Secretaria: Jefe, lo espera Víctor Olivares, usted lo citó ??
—Alcalde: Sip, dele un café. Bajo en 20.
16 de enero de 2023:
—Alcalde: Francisca. Viene Víctor Olivares hoy a las 16:30.
—Secretaria: Ok.
4 de octubre de 2023:
—Secretaria: Alcalde, usted citó a Víctor Olivares. Está acá esperando ??
—Alcalde: Llego en 10. Dele un café!!
Las conversaciones coinciden con la declaración que el propio Olivares entregó a fiscalía. Lo hizo el 26 de abril de 2024:
—Respecto del alcalde también me fue solicitado por Eduardo Hartwig que le hiciera llegar pagos, cuya fórmula debía coordinar también con Daniel Chamorro, argumentando que se trataba de una ayuda social mensual que se entregaría en forma de dinero en efectivo directamente al alcalde, a lo que yo accedí, al igual que en el caso del concejal. Esto se inició en junio del año 2022. Al principio eran tres millones y desde el 7 de junio de 2023 aumentó a cuatro millones de pesos mensuales.
Hartwig, el presidente del directorio al momento de los hechos, también reconoció los pagos ante el ente persecutor. En su declaración —a la que accedió BBCL Investiga— aseguró que no sentía que los dineros fueran “algo irregular”.
—Dentro de una empresa que tiene ingresos por 100 millones de dólares esto es nada. Mi motivación más bien es de orden social —lanzó.
Y agregó:
—Es como las parroquias pobres, no sentí que fuera algo irregular.
“La reserva de la información”
Según se desprende al peritaje de Boris Chamorro, el alcalde mantenía una estrecha relación con Hartwig.
—Estimado amigo, hoy estoy en coronel, viendo un par de temas, no sé si podemos reunirnos mañana. Te llamaré para conversar. Un abrazo— le escribió el 3 de agosto de 2021 el reconocido empresario vía WhatsApp.
—Encantado, nos reunimos mañana. Quedo atento! —contestó el jefe comunal.
Los intercambios se replicaron por más de dos años. Conversaciones fechadas en 2023 y 2022, por ejemplo, Chamorro solicita expresamente que se materialice una “visita” de Olivares y de Hartwig, respectivamente. La última de ellas no sin antes solicitar la confidencialidad de la cita.
Marzo de 2023:
—Boris Chamorro: Buen día. Esperando tenga buena jornada, por casualidad podrá venir esta semana Víctor.
—Eduardo Hartwig: Sin falta hoy o mañana.
20 de abril de 2022:
—Boris Chamorro: Buen día
—Eduardo Hartwig: Buen día
—Boris Chamorro: Solo por mantener la reserva de la información, solicitaría si puedes venir a mi oficina a las 11/30. Por favor.
“Querido amigo”
Hartwig, quien también fungía como director de la Cámara Marítima Portuaria y de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), ratificó el modus operandi para sacar los dineros del puerto declarada por Olivares.
—Hablé con el gerente de Finanzas y Administración Daniel Chamorro, a quien le señalé que ayudaremos a la alcaldía, pero que esto no podíamos hacerlo así como que saliera de la caja. Le señalo que buscara a un contratista y a través de ese le hiciéramos llegar la plata al alcalde —atestiguó.
El contratista terminó siendo el propio Olivares.
26 de agosto de 2021
—Boris Chamorro: Buenas tardes! Estimado Eduardo con quién operativizamos los acuerdos conversados?
—Eduardo Hartwig: Lo veo de inmediato y aviso, Estimado alcalde y amigo.
—Boris Chamorro: Gracias. Un abrazo querido amigo.
Consultor en las sombras
Según descubrió la indagatoria, para los pagos al concejal Araya se recurrió a un modelo similar, aunque con una salvedad: los dineros eran transferidos por Olivares directamente a su cuenta bancaria y no en efectivo de manera personal.
Hartwig declaró que conoció al edil en 1990, cuando el alcalde era René Carvajal. Araya era funcionario municipal.
—Ambos nos empiezan a ayudar pues lo veían como un beneficio para la comuna en donde hicimos calles, paso sobrenivel, canchas, etc —dijo el ejecutivo.
De acuerdo a su alocución, los pagos comenzaron en 2016 cuando Araya aún no era concejal. Él trabaja en EFE.
—Yo estimé por todo el apoyo que nos daba que debíamos pagarle. Esto es pues siempre nos apoyaba, se contactaba conmigo, me comunicaba cosas que acontecían dentro de la comuna (…) hasta esa fecha él no era funcionario a honorarios del puerto. Yo según mi criterio, él efectuaba un trabajo que debía ser remunerado, me proporcionaba información, me daba soluciones (…)
Así, luego de la decisión de Hartwig, Araya pasó a ser un funcionario a honorarios “que emitía las boletas a nombre de él o bien a nombre de una sociedad que era de él”. Empezó con una suma aproximada de dos millones y medio de pesos.
Todo se mantuvo igual hasta que fue electo concejal. Según Hartwig, Araya pretendía seguir emitiendo boletas en el ejercicio de su cargo, pero el presidente del directorio reflexionó que era una mala idea.
—Estimé que respecto de la eventualidad de rumores de pago a un concejal, le dije que mejor su nombre no figurase. Es por ello que le señalé a Chamorro (de Finanzas) que buscase un mecanismo donde a través de un contratista le pagase con sus facturas.
La formalización
A través de la querella, el CDE solicitó al Ministerio Público realizar un análisis patrimonial del alcalde Chamorro, para comparar sus bienes previo a que asumiera el cargo y la actualidad. El organismo solicitó la misma diligencia respecto de su red familiar y social. Lo propio piden respecto del concejal Araya.
El futuro judicial de todos los imputados comenzará a definirse el próximo 7 de octubre, cuando la fiscalía formalizará la investigación contra Boris Chamorro, Eduardo Araya, Eduardo Hartwig, Hernán Romero, hermano del diputado de oposición Leonidas Romero, el exgerente general del Puerto de Coronel, Javier Anwandter y Daniel Chamorro Madariaga.
A ellos les imputarán cargos por administración desleal y soborno.
"Como las parroquias pobres": CDE se querella contra alcalde de Coronel por trama de coimas del puerto
