Los interconsultores, especialistas a los cuales recurren las comisiones médicas para realizar peritajes o exámenes, llevan prácticamente un año sin que les paguen sus honorarios. Supuestamente, todo por culpa de un problema informático.
En la práctica, se trata de funcionarios clave para la evaluación de quienes deciden tramitar una pensión de invalidez. Sin embargo, la mayoría no ha recibido sus respectivos pagos desde octubre 2023.
La insólita situación afecta a una gran cantidad de profesionales desde Arica a Magallanes: médicos, psicólogos, asistentes sociales y laboratorios, quienes prestan sus servicios a las comisiones médicas que están presentes en todo el país.
Por un lado, los médicos de las comisiones médicas reciben sus honorarios directamente desde la Superintendencia de Pensiones (SP). Ellos determinan la invalidez de personas que se buscan pensionarse por adelantado como consecuencia de alguna enfermedad que les impide su capacidad de trabajo.
No obstante, basan sus decisiones en los análisis realizados por los interconsultores. Y el trabajo de este grupo no depende del Estado, sino de la Fundación de Administración de Comisiones Médicas (FACM), que desde agosto pasado es liderada por su director ejecutivo Jorge Jorquera Crisosto. Se trata de una entidad privada que fue creada en 2018 para gestionar la red de locales donde se realizan las evaluaciones. Básicamente se financia con dinero de las AFP, aseguradoras y el Instituto de Previsión Social (IPS).
“Una burla”
“Nos adeudan grandes sumas de dinero, producto del no pago y pésima gestión de la Fundación. Desde octubre del 2023 no nos han pagado prácticamente nada. Sólo abonos de 50 mil pesos aproximadamente. Esto es una falta de respeto y una burla. A mi me adeudan mis sueldos y la suma es de varios millones de pesos. Una vergüenza”, señaló un profesional afectado que no quiso revelar su nombre por miedo a represalias.
De acuerdo al registro de interconsultores de la SP, donde se inscriben los profesionales que participan del sistema, existen 720 médicos, 206 instituciones (laboratorios clínicos, centros de imagenología y otros); 120 trabajadores sociales; y 63 psicólogos.
Según fuentes de BBCL Investiga, la situación ha generado importantes problemas en el funcionamiento normal del sistema, pues aburridos de la situación muchos profesionales han dejado de ofrecer sus servicios, lo que a su vez ralentiza todo el proceso de evaluación para quienes se encuentran tramitando una pensión de invalidez.
Más aún, la situación escaló hasta el Congreso. En la Comisión de Trabajo del Senado, el pasado 14 de agosto, la senadora Alejandra Sepúlveda (IND) entregó los antecedentes en base a lo que le señalaron los funcionarios afectados de su circunscripción, en la región de O’Higgins. Algo que fue inmediatamente secundado por el senador Rodrigo Galilea (RN), que también había sido informado de casos similares en Maule.
La billetera de la FACM
A propósito de la discusión de la reforma de pensiones, ese día en la instancia parlamentaria estaban presentes la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC); y el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías.
Este último aprovechó ese momento para detallar los gastos de la fundación y cómo funciona actualmente el sistema. Primero, son 262 médicos los que están en las comisiones a lo largo del país, cuyos honorarios en 2023 alcanzaron los $5.908 millones, con cargo a la Superintendencia de Pensiones, básicamente para resguardar la imparcialidad de la evaluación.
Pero el resto del sistema de invalidez funciona bajo el alero de la fundación, que el año pasado registró gastos de $41.887 millones. Con eso se financian las remuneraciones del personal, arriendos, gastos comunes, sistemas tecnológicos. Todo.
En principio, eso lo pagaban exclusivamente las AFP y aseguradoras. Pero hoy por hoy también pone dinero el IPS, luego de la creación de las pensiones básicas de invalidez que se pagan con cargo del Estado. Los pagos se prorratean, dependiendo la institución de la que provenga el solicitante.
En 2023, las AFP cubrieron el 63,7% y el IPS 36,3%. Es decir, del total de personas que calificó, un 36% eran pensiones básicas de invalidez y el resto pensiones del sistema de AFP.
En el mismo periodo, las principales gastos fueron remuneraciones ($4.209 millones), tecnología y comunicaciones ($2.678 millones), arriendo ($1.869 millones) y gastos generales ($1.333 millones).
Según dijo, la fundación financia todos los locales donde se hacen las calificaciones. Las comisiones médicas tienen locales en todo Chile para que las personas vayan donde un médico que los atienda y los califique. Toda esta red es lo que se financia con esa plata.
También incluyen gastos de traslados ($2.891 millones) para personas que tienen que ir a comisiones médicas a otras ciudades, considerando hotel, viaje y acompañante.
Este 2024, en tanto, de acuerdo a los registros oficiales, la fundación ha recibido sólo desde el IPS transferencias por $3.500 millones.
Problemas a la vista
El superintendente Macías destacó que en líneas generales el sistema había funcionado bastante bien desde que fue implementado el 2018. Hasta el año pasado.
Cuando oficiaron a las AFP por los problemas con los interconsultores, la respuesta fue que la fundación tenía dificultades administrativas en los sistemas informáticos que soportaban el proceso de pago. Aquello provocó que se perdiera la huella de las prestaciones, lo que derivó en una revisión de todas las deudas de la entidad y, por consiguiente, el retraso en los pagos.
A mediados de agosto, Macías dijo que el plazo fatal para ponerse al día era la primera semana de septiembre. Sin embargo, la senadora Sepúlveda dijo a BBCL Investiga que hasta la fecha había pagado entre un 10% y un 50% de las prestaciones realizadas. “Se estaban pagando los gastos más bajos”, aseguró.
Asimismo, la parlamentaria enfatizó que las dificultades de los interconsultores generan un retraso en todo el sistema de evaluación de pensiones de invalidez. “Es un organismo privado, que además nunca había aparecido en la discusión de cómo se implementaban las pensiones”, remarcó.
Por su parte, consultada por este medio, la Fundación de Administración de Comisiones Médicas explicó que durante este año han “estado implementando un proceso de modernización de los sistemas computacionales de control y proceso de las órdenes de pago, con el fin de entregar un mejor servicio tanto a los pacientes como a los profesionales que los atienden”.
La entidad admitió que “la instalación y marcha blanca del nuevo sistema generó ciertos atrasos en pagos a los prestadores e interconsultores, ante lo cual la fundación y todo su equipo han trabajado arduamente para resolver dichos inconvenientes, lo cual ha permitido dar solución a la gran mayoría de los pagos pendientes, y el resto sigue centrando todos nuestros esfuerzos para pagar cuanto antes”.
Más allá de los honorarios impagos, Macías explicó que el sistema se ha ido congestionando, en particular tras la pandemia. Precovid podían llegar a las 75 mil peticiones. Con las restricciones sanitarias los números bajaron temporalmente y luego vino un alza explosiva. Primero lo atribuían a un rezago esperable, pero se ha mantenido alto y actualmente suelen rondar las 100 mil solicitudes al año. En 2023 fueron 96 mil y sólo en el primer semestre 2024 se contabilizaron 49 mil.
“Hemos pedido más presupuesto para médicos” para afrontar la situación, dijo.
Caos en la evaluación de pensiones de invalidez: funcionarios clave llevan casi un año sin honorarios
