"La paca de Tulahuén le está avisando": los nexos y lujos de narcos liberados por $2 millones cada uno

Casas, automóviles por más de $630 millones —la mayoría de ellos de alta gama, comprados con dinero en efectivo— y hasta cuatro caballos fina sangre importados desde Estados Unidos. Esa es parte de la fortuna que logró amasar un grupo de narcotraficantes que —pese a ser descubiertos con más de 1,6 toneladas de droga— fueron puestos en libertad a cambio de una fianza de apenas $2 millones cada uno.

Y aunque el hecho el hecho causó revuelo a inicios de esta semana, antecedentes desconocidos —que hoy revela BBCL Investiga— reconstruyen un enorme entramado que incluye empresas fantasmas, palos blancos y, posiblemente, la colaboración de Carabineros. Todo para que los imputados burlaran a la justicia y pudieran cosechar miles de kilos de marihuana en la soledad de los cerros que se yerguen en las cercanías de Ovalle e Illapel.

—La paca de Tulahuén le está avisando al Nacho y el Nacho llama altiro pa’rriba (…) Porque el Nacho está coludido con los pacos de Tulahuén —se escucha decir al brazo operativo de uno de los líderes de la operación narco, en una llamada intervenida por los investigadores.

Operación Diamante Verde

La historia va así. La fiscalía descubrió a clanes de dealers locales que mantenían extensas plantaciones de cannabis en los valles de la región de Coquimbo. Se trata de una zona escarpada y —sobre todo— aislada, que permite esconder las operaciones del bajo mundo narco. Allí, en tierra fértil, cultivaban, cosechaban y luego despachaban la droga a otras ciudades del país.

Gabriel Darío Pérez Aranda, alias Yoyo, es sindicado como el líder de uno de los clanes, cuyos integrantes fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Ovalle durante la semana pasada. Sin embargo, y pese a que era uno de los principales focos de la operación bautizada por los policías como Diamante Verde, su paradero hasta el día de hoy es un absoluto misterio. Nunca lo encontraron.

Quienes sí cayeron en la redada que ejecutaron más de 100 miembros de la PDI de todo Chile, y que incluyó el allanamiento de 28 domicilios, fueron varios de sus familiares y cercanos. Aquí se cuentan tíos, hermanos, primas, su mamá y la pareja de esta última.

Puro producto de Europa

Si bien se trataba de un negocio familiar, la indagatoria estableció que Yoyo y otros imputados mantenían plantaciones propias. Cada uno, sostiene la investigación, administraba a su antojo su pedazo de tierra.

Aunque tenían algo en común.

Escuchas telefónicas permitieron descubrir que los imputados se abastecían de miles de semillas, fertilizantes e insumos en un grow shop instalado en el centro de Ovalle. Aquí aparecen dos figuras angulares de la operación: el dueño del local, Johan Pérez Guerra, alias Talento; y Patricia Aranda Galleguillos, la administradora. Esta última resultó ser tía de Yoyo y cuñada de otros de los dealers.

El Talento, en persona, recorría Europa para cotizar las mejores cepas de marihuana del mercado. Todo ello, a sabiendas de que el destino de sus productos eran distintos narcos del Valle del Limarí. Sus operaciones, según la fiscalía, le generaron “un gran enriquecimiento producto del tráfico ilícito de drogas”.

—Necesito saber bien la cantidad semillas que necesitarán, ya que el niño (Talento) se irá de Inglaterra a España y necesito saber cuántos euros depositarle —se escucha decir a Patricia en una conversación con su hermana intervenida por la policía.

El contrato falso

En los registros del Servicio Nacional de Aduanas, desde 2016 a la fecha, el Talento tiene a su haber más de 50 importaciones sin remitente que mayoritariamente provenían de España. En las encomiendas venían bolsas, tubos plásticos, sacos y prendas de vestir que nunca fueron inspeccionadas, donde presumiblemente se ocultaban las semillas e insumos para la producción masiva de marihuana.

En una de las pocas veces que un cargamento suyo fue inspeccionado, el Talento quedó en evidencia. Ocurrió en julio de 2019, oportunidad en la que Aduanas encontró 11 mil semillas de cannabis ocultas al interior de pelotas de crochet rotuladas como “artículos confeccionados”.

Los investigadores pudieron determinar que en la fecha de la llamada entre Patricia y su hermana, efectivamente el Talento estaba recorriendo Europa. De hecho, 10 días después llegó a Chile desde Francia y semanas más tarde arribaron sus paquetes. Una vez más, el cargamento no fue revisado.

Según información del Servicio de Impuestos Internos, entre 2021 y 2023, el Talento retiró unos $330 millones en ganancias desde el grow shop, su tienda estrella. Misma que, según sostiene la fiscalía, usó para blanquear ganancias ilícitas a través de boletas ideológicamente falsas. También le sirvió para hacer contratos fantasmas a miembros de los clanes a los que vendía insumos.

Al menos así consta en una llamada del 19 de agosto de 2022 entre la hija de Patricia y su pareja. En la conversación, le planteó a su novio —quien también tenía sus propias plantaciones en la zona— sus intenciones de adquirir una propiedad a su nombre. Tras el consejo de una trabajadora social cercana, y pese a tener la totalidad del dinero, decidió hacerlo mediante un crédito.

—Como un ciudadano promedio —dijo.

Para conseguir el hipotecario, firmaría un contrato por $1,3 millones mensuales en el grow shop del Talento. La idea era justamente dar una apariencia de legalidad a todo. Especialmente porque estudiaba Derecho y estaba consciente de que no podía aparecer con sus papeles manchados.

—Mi hoja de vida debe estar intachable para jurar como abogada ante la Corte Suprema —le planteó.

La logística narco

Las operaciones ejecutadas en el Valle del Limarí son mayúsculas. Consiguieron, por ejemplo, trabajadores de variadas nacionalidades para encargarse de los cultivos instalados kilómetros cerro arriba. A ellos debían proporcionarle desde todoterrenos para llegar a las plantaciones y maquinaria pesada, hasta comida y agua.

Uno de los extranjeros que laburaba en el sector incluso fue más allá. Le pidió $20 mil a unos de los jefes para un parlante.

—No tenemos en qué escuchar musiquita por allá —le dijo.

Apartados de zonas pobladas, los temores eran tres: el ataque a las plantaciones de animales silvestres, quitadas de droga de otros narcos y, en menor medida, los procedimientos policiacos.

Por ejemoplo, un cercano alertó a Patricia, de que en el sector estaban siendo recurrentes las mexicanas. La preocupación debía ser constante y sin andar ostentando, le hizo saber. Pero sobre todo, había que “tener fe” de que ellos no serían víctimas de una quitada de droga.

Para resguardar lo cosechado, se presume que los imputados incluso ocultaban kilos de estupefacientes en el subsuelo.

—Oye hermano, me podí acompañar pa allá a revisar las tinas —dice uno de los imputados en una conversación.

Esto, en alusión a los depósitos plásticos que los clanes usaban para almacenar herméticamente la droga y enterrarla bajo tierra. Así evitaban que ésta fuera vista por la policía o quedase expuesta a condiciones climáticas y otros factores externos que pudiesen afectar la calidad del producto.

En una conversación intervenida por los investigadores, Ricky reclama que sus trabajadores “estaban haciendo las cosas mal”. La fauna del sector le había destruido unas 1.400 plantas en distintos terrenos. Si no se ponían las pilas, los iba a reemplazar a todos, advirtió.

—Si gano yo aquí, ganan todos —zanjó.

Y ganaron. Al menos por un tiempo.

Alta gama

De acuerdo a un informe del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la fiscalía, la fortuna de los implicados está compuesta por una veintena de automóviles avaluados en más de $630 millones. El Yoyo, por ejemplo, tenía un BMW M4, de $50 millones; y un Infinity Q60 Coupe, de $30 millones. Según el Ministerio Público, los adquirió e inscribió a través de un brazo operativo, a quien utilizó como palo blanco o testaferro, para ocultar y disimular el origen ilícito de los bienes.

Los otros imputados suman un Peugeot 3008 ($20 millones), una Toyota Fortuner ($32 millones), un Ford Mustang Coupe GT ($10 millones), un BMW 320D ($21 millones), una Ford F150 ($44 millones), un tractor Scania ($139 millones), una RAM 2.500 ($60 millones) y dos Chevrolet Silverado ($62 millones y $50 millones). En muchas oportunidades los vehículos figuraban inscritos a nombres de terceros que las hacían de testaferros.

Según sostienen los investigadores, Talento también hizo gala de su alto poder adquisitivo. Importó cuatro caballos fina sangre desde Estados Unidos. Los equinos eran transados en altas sumas de dinero.

Una conversación entre Talento y Yoyo, por ejemplo, demuestra la venta de uno de los equinos por $35 millones. Según estableció la indagatoria, los animales eran usados en carreras a la chilena, lo que también les habría permitido blanquear el dinero a través de apuestas.

¿Colaboración policial?

Pese a que en esta investigación, por ahora, ningún funcionario policial fue sentado en el banquillo de los acusados, en el expediente judicial se hace mención en más de una oportunidad a que los narcos de Ovalle recibían información desde miembros de la institución verde oliva.

Uno de los que teóricamente habría contado con un contacto en Carabineros de Chile es, precisamente, el Yoyo. Así se deja a entrever en el diálogo fechado el 19 de octubre de 2023, entre la mamá de este último y Patricia.

Había preocupación.

Siete funcionarios de la SIP de Ovalle habían caído, justamente, por quedarse con droga incautada a traficantes de la zona. La duda era si en el listado figuraba “la fuente” que Yoyo tenía en la institución.

Patricia movió los hilos y disipó las interrogantes: un abogado —no identificado en los informes y que acostumbraba entregarles información— le envió la nómina de los implicados que habían sido dados de baja ese mismo día. Para tranquilidad del clan, no figuraba el nombre del “amigo del Yoyo”.

Una segunda mención a presuntos vínculos de miembros de la banda con funcionarios de Carabineros consta en otro diálogo telefónico entre uno de los trabajadores del Yoyo, encargado del cuidado de las plantas, con su novia.

El llamado se registró el 21 de enero de 2024, instancia donde conversaron primero sobre algunas materias triviales y luego sobre el estado de las plantas.

Específicamente, el hombre le mencionó que algunas “matas” habían terminado en el suelo producto del fuerte viento. También le contó a la mujer que se estaba levantando a las 06:00 de la mañana y “con linterna” a regar, porque después bajaba mucho la presión del agua.

En respuesta, la mujer del otro lado del teléfono le pidió que se cuidara, porque le habían contado que como a las 08:00 de la mañana llegaban “a quemar”. Esto último, según concluyeron los investigadores, en referencia al horario en que carabineros podrían subir a hacer patrullajes.

Fue entonces cuando le pidió a su polola que estuviera tranquila. ¿La razón? Él y todo los que estaban arriba encargándose de las plantas estaban “bien avisados”. De hecho, ya en una oportunidad les habían alertado que una aeronave policial pasaría por la zona.

—La paca de Tulahuén le está avisando al Nacho y el Nacho llama al tiro pa’ arriba a la Macarena o al Víctor y le avisa, porque el Nacho está coludido con los pacos de Tulahuén —se le escucha decir.

Según se desprende del mismo llamado, la fuente de la información sería una funcionaria de Carabineros de nombre Alicia y que estaba casada con un sujeto llamado Orlando.

A partir de los dichos de los implicados, se presume que la funcionaria que mencionan podría haber pertenecido a la dotación del retén fronterizo de Carabineros ubicado en Tulahuén, una pequeña localidad que pertenece a la comuna de Monte Patria y donde viven unas 1.000 personas.

Eso sí, consultado Carabineros de Chile por estos hechos, indicaron a BBCL Investiga que no tienen conocimientos sobre esa investigación en particular. Agregaron que “como ha sido la política permanente de Carabineros, en caso de que algún funcionario se aparte de los códigos de ética institucionales, se le aplicarán las máximas medidas que correspondan al hecho”.

La fianza

Los resultados de la operación Diamante Verde fueron exhibidos con bombos y platillos este lunes por la PDI y el Ministerio Público.

En dependencias de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Ovalle, policías y persecutores destacaron el éxito de un operativo que era el fruto de una investigación de 18 meses. Sin embargo, a esa altura los detenidos en la redada ya estaban en sus casas.

Y es que, pese a los millonarios movimientos de dinero de la organización, a los 1.600 kilos de marihuana incautados en el operativo, al hallazgo de armas de fuego y a la veintena de vehículos que tenían en su poder, la justicia permitió que en cosa de horas recuperaran su libertad.

En la formalización de cargos que se llevó a cabo en audiencias consecutivas los días miércoles 28 y jueves 29 de agosto recién pasado, el fiscal especializado en este tipo de delitos, Nicolás Nicoreanu, imputó en contra de los 23 detenidos los delitos de asociación ilícita para el tráfico de drogas, tráfico de drogas y lavado de activos. Además, tres de los implicados fueron formalizados por delitos contemplados en la Ley de Armas.

De manual, el persecutor solicitó al juez que dirigió las audiencias, Luis Muñoz Caamaño, que los 23 implicados fueran dejados en prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad.

No obstante, el magistrado —pese a dar por acreditado el delito de tráfico de drogas— consideró que no se justificaba dar la máxima cautelar por el riesgo para la población, sino que únicamente por peligro de fuga. Por eso, fijó el pago de una caución de $2 millones para cada uno de los imputados. Las transferencias llegaron ese mismo día. El mismo juez firmó los oficios a Gendarmería para que todos quedaran libres.

En su resolución, el magistrado argumentó que el fiscal no expuso suficientes antecedentes que acreditaran los otros delitos. Es decir, el lavado de activos y la asociación ilícita. Una decisión que se dio pese a los informes leídos por el persecutor que habían sido presentados ante ese mismo tribunal.

El fiscal apeló verbalmente en el acto, pero el juez no dio a lugar. De esta manera, el Ministerio Público se vio obligado a ingresar un recurso de apelación y otro de hecho ante la Corte de Apelaciones de La Serena, con la finalidad de revertir lo resuelto por el juez de garantía.

—Formulamos cargos porque estamos plenamente convencidos que estamos frente a una organización criminal con liderazgos, con personas que cumplen roles determinados. Es más, yo me atrevo a decir que esto funciona realmente como una cooperativa agrícola —dijo a Radio Bío Bío el fiscal Eduardo Yáñez, jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de Coquimbo.

De esta manera, se espera que este viernes se zanje el futuro de los imputados. Mientras tanto, el tribunal de alzada serenense acogió la orden de no innovar solicitada con urgencia por la fiscalía, mediante la que se ordenó al Juzgado de Garantía dictar, nuevamente, órdenes de detención para los 23 imputados.

Una de ellas, ya fue recapturada.