"El fiscal preguntó por mi corazón": los testimonios reservados que develan negligencias de caso Hagan

—Al iniciar la reunión, el fiscal Velásquez me preguntó por mi corazón y me dijo que dependiendo a lo que yo declarara en el juicio iba a poder seguir viendo a mis hijos, situación que tomé inmediatamente como una amenaza directa.

Quitar la causa a la Fiscalía Regional de La Araucanía, reasignarla a Los Ríos y reabrir la causa por la muerte de su hija bajo ese nuevo liderazgo. Esas son las peticiones concretas que solicitó —a través de un escrito de 12 páginas— Regina Dawn, la madre de la asesinada psicóloga estadounidense Erica Hagan, a 10 años del crimen.

En su oficio —enviado al fiscal nacional, Ángel Valencia— Dawn enumera una a una las negligencias de una investigación que cerró con un asesino libre, pruebas perdidas (o robadas) y un juicio a cuestas que derivó en el pago de millonarias indemnizaciones por errores del Estado chileno.

La lista de Regina con las irregularidades que cometieron los investigadores es larga. Su escrito, enviado al Tribunal de Garantía de Temuco el 30 de julio de 2024, inicia así:

—Como madre de Erica he reflexionado que obligados a investigar en forma diligente y efectiva, no lo hicieron, sino que testarudamente se han mantenido con el mínimo esfuerzo, hasta el punto de decidir no perseverar en encontrar la persona que asesinó a mi hija Erica, quien camina suelto por las calles, siendo además un peligro para toda la sociedad.

Sus palabras, además de una crítica evidente, eran más bien una petición directa al fiscal nacional, quien previamente le manifestó que “es improcedente la reapertura de la investigación”. Sin preámbulos, escribió que el anterior fiscal nacional, Jorge Abbott, ni siquiera fue capaz de responderle. Valencia, asegura, va por el mismo camino.

La primera de ellas habla de un pantalón incautado que debió periciarse. El problema fue que al momento de hacerlo se utilizó otro pantalón. Tanto así, que en las fotos se observa que la prenda original era marca Puma, y la que se terminó analizando fue Nike.

—La evidencia verdadera fue destruida por la fiscalía, sin disponer del más mínimo documento que explique las razones, el procedimiento ni las autorizaciones de aquello, por lo que entenderá este Tribunal que es imposible concluir científicamente algo válido y confiable al no realizar comparación pericial con la evidencia real— detalla su misiva.

Igual de grave para ella fue que el nuevo equipo de la PDI se “equivocó al analizar el origen de una tórula con sangre humana, con ADN de un hombre desconocido levantada desde un baño al norte de la edificación”. Esta se sacó de un baño del segundo piso porque según los investigadores, no existían lavabos en el primer piso. Negligencia inexcusable para Regina, porque los planos y videos que ella maneja indican que hay dos baños en el primer nivel, uno que dice “baño de mujeres”.

—De este modo, se va revelando que por más que trate la Fiscalía de La Araucanía hacer brillar su forma de investigar, ésta es carente de rigurosidad, tanto en la primera investigación como en la reapertura, alejada de la objetividad e imparcialidad— critica.

Intimidación y amenaza

Regina también hace alusión a las declaraciones de funcionarios de la Policía de Investigaciones que trabajaron en la causa. Una de esas es la escena entre el comisario Viveros y uno de los fiscales del caso, Miguel Ángel Velásquez en su oficina. El testimonio del primero de ellos, al que accedió BBCL Investiga, apunta contra el Ministerio Público por enfocarse en sólo uno de los sospechosos: Domingo Cofré. Se trata del único imputado que más tarde resultaría absuelto e incluso indemnizado en $80 millones de pesos por graves negligencias del ente persecutor en La Araucanía.

Según detalló Viveros, los funcionarios de la PDI debían apuntar todas las pruebas contra el rondín del Colegio Bautista de Temuco, el mismo donde asesinaron a Hagan. Cualquier pista que manchara esa teoría quedaba descartada, aseveró. Así se lo dejaron entrever en una reunión a fines de 2014, según relató Viveros:

—Al iniciar la reunión, el fiscal Velásquez me preguntó por mi corazón y me dijo que dependiendo a lo que yo declarara en el juicio iba a poder seguir viendo a mis hijos, situación que tomé inmediatamente como una amenaza directa.

Además de ellos dos, en la sala también estaba el jefe de la Brigada de Inteligencia Policial de Temuco, Harry Bold.

—Me indicó que la institución (PDI) estaba preocupada por lo que fuera a declarar en el juicio, a lo cual yo le dije que iba a declarar la verdad en base a las diligencias en las que participé.

Para Viveros la conversación no tenía dobles tintas. Para él era claro que el fiscal lo había intimidado. Así que antes de concretar las ganas de golpearlo, se dio media vuelta y salió enfurecido. Fue Bold quien intentó calmarlo.

Otra vez adentro, el fiscal Velásquez le aclaró sus palabras:

—Me dio a entender que lo que me dijo no fue una amenaza, si no que en resumen significada que si declaraba bien en el juicio no me iban a destinar nuevamente a un lugar lejano de donde estaban mis hijos, a lo que yo le dije al fiscal que no creía. Finalmente me retiré.

Bajo la alfombra

Regina, en su escrito, también acusa ocultamiento de información. Según ella, todo partió, precisamente, con la detención de Domingo Cofré. Desde ese momento, cree, fiscalía se cegó. Pasó, por ejemplo, cuando encontraron una huella de Harold Gutiérrez, el esposo de una profesora de inglés del Colegio Bautista y el hombre que halló el cuerpo de Erica. Su tesis la sostiene en base al testimonio del propio Viveros:

—Recuerdo claramente una orden que le dio el (fiscal) regional al perito de huellas de apellido Medel, quien le dijo que omitiera el resultado de ese peritaje, ya que enlodaba la línea de Cofré.

El detective también apuntó a que le prohibieron tomar muestras de hisopado bucal a otros sospechosos y, cuando llegó un peritaje químico que entorpecía la indagatoria contra el rondín, el fiscal le pidió que modificara la fecha para que su defensa no se enterara.

Asimismo, Regina saca a relucir que los peritos encontraron una uña con ADN de Erica y de otra mujer desconocida. Información que no pareció relevante para la investigación, pese a que se halló un cortauñas calcinado al interior de la estufa.

—Yo como madre, evidentemente he de tener la más rigurosa precaución a la hora de analizar qué es útil y qué es un distractor, pero no puedo pasar por alto ni desechar a la primera, porque se está hablando de un trozo de uña con ADN de mi hija y otra mujer. La revelación mediante una máquina que analiza ADN no creo que sea un invento —sentencia la madre.

Por último, y lo más obvio, es que perdieron (o peor aún, robaron) el reloj de su hija.

La prueba desaparecida

El momento exacto de cuando descubrieron que el reloj estaba perdido fue cuando sacaron del caso al comisario Herbert Viveros y asumió Alexis Díaz Valdivia como el nuevo encargado para liderar la investigación.

Fue él quien armó un excel con toda la evidencia de momento y se percató que los elementos no cuadraban: el reloj de Erica, un Fossil blanco que llevaba puesto cuando la encontraron, no estaba físicamente en la Brigada. Ni siquiera alcanzó a llegar a los peritajes. Nadie sabía qué pasó y dónde estaba.

—Al insistirle al comisario Viveros, me indicó que recordaba haber levantado el reloj desde la muñeca izquierda del cadáver y que en el acto se lo pasó a la Subinspectora Daniela Sagredo para levantar y embalar dicha evidencia. Contrastado esto con la subinspectora Sagredo, me manifestó que no recordaba qué había sucedido con la mencionada evidencia —declaró Alexis Díaz el 10 de marzo de 2021.

Cuando le preguntaron a Viveros, recordó que pasó por una cadena de manos y luego no lo volvió a ver.

—En cuanto a ese tema, yo solo puedo indicar que cuando estaba realizando el examen del cadáver, recuerdo haber sacado el reloj, se lo pasé al bombero Aguayo, quien luego se lo pasó a la subcomisaria Daniela Sagredo. Luego, cuando ya estábamos en la brigada, recuerdo me hicieron firmar el formulario de NUE de ese reloj; esa evidencia quedó en la oficina de Daniela Sagredo con Andrea González.

Por más que instruyó una búsqueda por el delito de hurto, el reloj jamás apareció.

La llegada de Alexis Díaz también trajo contradicciones a la investigación. Directamente planteó que el atizador no era el arma mortal como siempre se pensó. Por sus conocimientos en homicidios que acumuló por 8 años, y por las lesiones que tenía Erica en la cabeza, el objeto que provocó su muerte por un traumatismo craneoencefálico debía tener mayor superficie. Algo así como un trozo de leño que se almacenaba afuera de la cabaña. El atizador, para él, fue ocupado en sus lesiones en la espalda.

Su hipótesis no fue escuchada en su momento.

—Esta apreciación no se encuentra contenida en ningún informe policial, puesto que pese a haber informado de esto de manera personal al fiscal Miguel Velásquez, la teoría de la fiscalía era distinta, por lo cual no me permitió elaborar conclusiones criminalísticas o análisis de criminodinámica que incluyeran estas apreciaciones —declaró.

Poco interés

Cuando el 3º Juzgado Civil de Temuco emitió la sentencia por la denuncia que ingresó el padre de Erica, Willian Hagan por una indemnización por perjuicios, el tribunal estipuló que esa pérdida del reloj significó “un grave detrimento” porque pudo haber indicado la hora de muerte y nuevos signos de violencia.

—Esta sustracción o extravío fue motivo de una investigación sumarial al interior de la PDI, a efectos de establecer el paradero de ella, causa sumarial que terminó siendo sobreseída por cuanto no pudo determinarse quién tenía el objeto incautado dentro de la cadena de custodia, sustentándose la tesis que estos extravíos eran normales en algunos procedimientos policiales —sentenciaron.

La reflexión del tribunal es diametralmente opuesta a la visión del actual fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido. Por aquel entonces, el persecutor fungía como vocero del organismo y fue invitado al juicio contra Cofré en calidad de fiscal adjunto.

—Se trataba de un reloj sumergido largo rato en agua y no era esperable obtener de allí evidencia alguna —lanzó el fiscal en el procedimiento civil que terminó con una indemnización de 100 millones de pesos para el papá de Hagan por daño moral.

Regina cuestiona:

—El fiscal regional Garrido le bajó todo interés y relevancia, similar al poco interés que planteó al referirse a la pérdida del reloj de mi hija en sede civil.

Domingo Cofré Ferrada fue absuelto el 30 de diciembre de 2015. La Corte de Apelaciones de Temuco acogió su demanda y estableció pagarle una indemnización de $80 millones de pesos. Argumentaron que la Policía de Investigaciones tuvo falta de servicio. Asimismo, del Ministerio Público primó una conducta injustificadamente errónea y arbitraria. Todo esto, produjeron perjuicio laboral y daño moral a Cofré.

Falta de sentido común

Otras de las negligencias que describió el juzgado en su sentencia es cuando los investigadores usaron una bomba de humo para simular el amago de incendio que hubo el día que mataron a Erica.

Esa idea, que se le ocurrió a Herbert Viveros, borró más evidencia que la que ya estaba destruida. Dicho producto se insertó en las partículas de sangre fijadas en muros y las hizo invisibles.

—Con tal acción terminaron los investigadores de completar la labor del hechor en orden a hacer desaparecer más evidencia que las que incluso éste (el homicida) se proponía borrar —concluyeron.

Así entonces, la investigación se catalogó como “negligente, torpe o sesgada” para el tribunal. Llegando incluso a excluir “el sentido común”.

—Fuera de toda duda, la investigación fue negligente y hasta deplorable desde el manejo del sitio del suceso y hasta las conclusiones y deducciones obtenidas por los policías, pasando por errores básicos y hasta vergonzosos.

Con todo esto, la causa se cerró y volvió a reabrirse en 2020. La Fiscalía Nacional explicó a BBCL Investiga que accedieron a la petición de Regina de reabrir el caso y pusieron énfasis en “todas aquellas dudas planteadas por los padres de Erica respecto de líneas investigativas que, a su juicio, no fueron abordadas plenamente en la investigación original”.

No obstante, el 29 de febrero volvió a cerrarse, decisión que se mantiene hasta la fecha.

—Estos hechos demuestran que el Ministerio Público sí ha considerado y evaluado detenidamente las solicitudes planteadas por la familia de la víctima —expusieron.

Última carta

Con todo esto, el objetivo ahora de Regina es cambiar al fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido Bedwel —quien asumió en 2021— y derivar la causa a la fiscalía de Los Ríos. Eso también incluiría la reapertura de la investigación.

Los dardos también salpican a la Policía de Investigaciones, aunque principalmente a Garrido. Fue él, según Regina, quien le dijo a Ángel Valencia que la actuación de ella en la causa fue “pasiva y carente de preocupación”. Dichas palabras fueron tomadas, por lo bajo, como una ofensa para la familia.

—Considero que es un insulto descarado a mi persona, en mi calidad de víctima como madre de Erica. Mi continuo monitoreo y dirección de la investigación siempre me ha tenido atenta a cada detalle para encontrar la esquiva verdad en ese lejano país de Chile— protestó.

Lo que omitió Garrido, estipula Regina, fue mencionar todas las veces que pidió acceso a la información de su hija y, no sólo se la negaron, simplemente la ignoraron.

La decisión final depende de la Fiscalía Nacional, quienes aseguran que “se encuentran analizando la reconsideración solicitada por la madre de la víctima, respecto a la decisión de no acceder al traslado de la indagatoria a otra Fiscalía Regional”.