Dos nuevos testaferros o palos blancos, un cliente y un empleado de una empresa de courier forman parte de los cuatro nuevos detenidos en la causa que destapó millonarias coimas a funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas. Todo, según el Ministerio Público, orquestado por tres clanes de contrabandistas que internaban mercancías a nuestro país eludiendo el pago de impuestos.
De acuerdo a información recopilada por BBCL Investiga, se trata de Cristian Lagos Sarabia, Guillermo Lagos Muñoz, Claudia Fariña Callealta y Axl Orellana Rojo. El último de ellos aparece vinculado directamente con el Clan Klif, organización criminal —liderada por Klif Chávez Santos— que pagaba a fiscalizadores de Aduanas para que hicieran inspecciones falsas a sus cargamentos.
Así consta en la indagatoria encabezada por el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza Cervela, quien descubrió que la empresa de Chávez Santos servía de intermediario entre clientes que deseaban importar artículos y agentes de courier. Un negocio con apariencia legal pero del que se valió para subvalorar los productos traídos a territorio nacional, de modo de evadir el pago de impuestos.
Para ello, consta en la indagatoria, recurrió a funcionarios de Aduanas, a quienes ofrecía dinero en efectivo o incluso almuerzos pagados en restaurants o locales de comida fuera del horario laboral, a cambio de que permitieran al clan burlar las fiscalizaciones.
Los $10 millones por carga
Según nueva información a la que accedió este medio, Orellana Rojo figura vinculado directamente a los ilícitos en su calidad de trabajador de la empresa courier SCL Cargo. Las mismas fuentes lo relacionan con Klif Chávez en la sistemática liberación de cargamentos que eran subvalorados por la firma. Todo a cambio de pagos que iban entre los $300 mil y $400 mil.
A raíz de estos antecedentes, la fiscalía gestionó ante el tribunal de garantía una orden de entrada y registro al domicilio de Axl. La diligencia se concretó el 14 de agosto. En la oportunidad, los funcionarios policiales sorprendieron al imputado en posesión de un arma de fuego modificada tipo pistola de doble columna y dos cargadores tipo cajetilla.
Con todo, el Ministerio Público lo imputa como autor de los delitos de asociación ilícita, contrabando y porte de arma.
En esta misma causa también emerge la figura de Cristian Lagos Sarabia, sindicado como “socio comercial” de Lorenzo Vargas Elizalde. Líder del Clan Lorenzo, este último actuaba como intermediario entre las empresas que buscaban contrabandear y los funcionarios aduaneros.
Según antecedentes recopilados por BBCL Investiga, periódicamente Lagos Sarabia requería los servicios de del Clan Lorenzo para la internación de cargamentos con dispositivos electrónicos traídos del extranjero. Mismos que después eran distribuidos y comercializados por empresas de él en Chile.
En promedio, por cada carga ingresada, Lagos pagaba a Lorenzo Vargas unos $10 millones. Al menos la mitad de ese dinero, consta en la carpeta de investigación, era distribuido entre fiscalizadores de Aduanas que simulaban fiscalizaciones y autorizaban la salida de las mercancías sin el pago de los respectivos impuestos.
Así las cosas, a Lagos Sarabia se le imputan los delitos tributarios, además de asociación ilícita, soborno, contrabando, lavado de activos y porte de arma en relación con una pistola a fogueo encontrada en su domicilio cuando la policía ejecutó el 14 de agosto una orden de entrada y registro.
Los palos blancos
El que también estaba inmiscuido en los negocios ilegales, razón por la que fue formalizado en esta causa, es el papá de Cristián: Guillermo Lagos Muñoz. El imputado de 75 años es sindicado como testaferro para la constitución de empresas fantasmas, administradas de facto por sus hijos para lavar el dinero obtenido ilícitamente de la comercialización de los dispositivos electrónicos.
Por eso, y sumado a una pistola fogueo encontrada en su domicilio, a Guillermo Lagos Muñoz (75) se le investiga formalmente por lavado de activos y delitos tributarios.
Otra persona que Cristian Lagos usó como testaferro fue su pareja. A Claudia Fariña Callealta se le sindica el haber prestado su nombre para la inscripción de un vehículo Ford Explorer año 2022, avaluado en $51 millones. La operación, apuntan los investigadores, tenía como fin el ocultamiento de bienes. Es decir, lavado de activos.
Por si fuera poco, también la mujer recibió entre 2018 y 2024 más de $147 millones en remuneraciones ficticias, con el fin de “otorgar una justificación ilícita del origen de los ingresos espurios del imputado”. ¿Su principal empleador en ese periodo? La empresa pantalla que era administrada de facto por su pareja, cuyo dueño en el papel era su suegro, que en esos mismos años registró pérdidas por más de $5.288 millones.
A Fariña Callealta, el fiscal le imputó lavado de activos y delitos tributarios en calidad de autora y grado consumado.
Ganancias y perjuicio al fisco
De acuerdo con antecedentes dados a conocer por BBCL Investiga en mayo de 2023, al menos desde 2018 la red de corrupción venía operando en las sombras del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago.
En la mayoría de los casos, según sostienen los investigadores, los productos provenían desde Estados Unidos. El no pago de los tributos aduaneros, gracias a las cordiales gestiones de funcionarios públicos, permitió a los grupos contrabandistas amasar una fortuna que se eleva por sobre los $1.900 millones.
Buena parte de ese dinero se lo gastaron los miembros de los clanes de contrabandistas en la compra de autos “de lujo” avaluados sobre los $50 millones. Casi siempre eran inscritos a nombre de terceros, buscando ocultar sus movimientos.
Entre los antecedentes del expediente judicial, también se detalla cómo una de las funcionarias del Servicio Nacional de Aduanas implicada, Miriam Carvajal Gutiérrez, se daba una vida de lujo a costa la defraudación fiscal.
Carvajal, pareja del líder del Clan Lorenzo, era la empleada fiscal que fungía como “tesorera” de los sobornos. Se encargaba, según la indagatoria, de repartir la torta entre sus colegas. De esa forma consiguió comprar un BMW, modelo 420i coupe por más de $41 millones. Ella y Vargas Elizalde también arrendaban, hasta el día de su detención, una casa por casi $1,4 millones mensuales en el acomodado sector Pedro Fontova de Huechuraba y pagaban una colegiatura para sus hijos por $600 mil.
Lujos aparte, se calcula que el perjuicio fiscal asciende a $254 millones en impuestos que el Estado dejó de percibir gracias a los sobornos que recibieron los funcionarios aduaneros.
Bajo la lupa de Aduanas
Cuando en mayo de 2023 estalló el caso, el Servicio Nacional de Aduanas fue categórico a la hora de condenar la actuación de sus funcionarios. De hecho, desde un principio destacaron que fue gracias al trabajo de control interno de ellos mismos que se detectaron los movimientos fraudulentos.
“No vamos a tolerar que se desarrollen actuaciones que falten a la probidad o que enloden el trabajo que realizan las y los funcionarios todos los días, en todas las fronteras del país”, señaló la directora nacional del organismo, Alejandra Arriaza Loeb.
Además, la máxima autoridad ordenó un cambio inmediato en la jefatura en el Subdepartamento de Courier.
“Vamos a trabajar incesantemente para mejorar los controles internos, para dar certeza al país, a la ciudadanía y a nuestros funcionarios que la labor que hacemos es la correcta, que tenemos buenos funcionarios que están trabajando todos los días, en todos los puntos de control y están desarrollando una labor que nuestro país necesita”, subrayó Arriaza.
Según pudo conocer BBCL Investiga, los nuevos implicados fueron formalizados en una audiencia celebrada el 15 de agosto recién pasado ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago. Tras la instancia, Cristian Lagos Sarabia quedó en prisión preventiva, mientras que su papá y su pareja con arresto domiciliario total, arraigo nacional, firma mensual y prohibición de comunicarse con otros imputados en esta causa. Estas últimas cautelares también se aplicaron a Axl Orellana Rojo.
La máquina del contrabando: caen testaferros y cliente de clanes que coimearon funcionarios de Aduanas
