La Fiscalía Nacional conformó un equipo especial de persecutores para que asuman la investigación seguida contra dos ciudadanos iraníes sorprendidos con pasaportes falsos en el aeropuerto de Santiago. Se trata de un proceso judicial que comenzó hace más de un año y tres meses, en la que ambos imputados —al día de hoy— figuran inubicables. Eso sí, sólo uno de ellos mantiene orden de detención vigente.
En medio de presiones internacionales por presuntos movimientos del grupo islamista Hezbollah en Chile, y luego de la publicación de un reportaje de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, fue designado para dirigir la investigación por falsificación o uso malicioso de documento público y usurpación de nombre contra Ali Bagheri y Abolfazl Delkhan. En el proceso, el primero de ellos declaró ser soldador, mientras el segundo aseguró dedicarse a la peluquería.
Tal como detalló este medio, los iraníes fueron detenidos por detectives del Departamento de Inspección Secundaria Aeropuerto (Deinsa) de la PDI el 30 de abril de 2023. Esto, luego de constarse que intentaban abordar un avión de British Airways rumbo a Inglaterra utilizando pasaportes falsos de ciudadanos de ese país.
Según la revisión de antecedentes que realizó la policía, una vez obtuvieron la verdadera identidad de los sujetos, ambos ingresaron a nuestro país con sus pasaportes iraníes provenientes desde Panamá. Eso sí, antes de eso registraban un paso por Venezuela.
Inubicables
Cinco días después de la publicación del reportaje de BBCL Investiga, la Defensoría Penal Pública —encargada de los intereses de los imputados— solicitó al Primer Juzgado de Garantía de Santiago una audiencia para apercibir el cierre de la investigación. Ello, considerando que el plazo de la misma estaba vencido. El tribunal la fijó para el 31 de mayo de 2024.
En respuesta, el entonces fiscal del caso, Javier Rojas Montecinos, de la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente, solicitó “urgente” una audiencia de revisión de medidas cautelares, asegurando que era fundamental “para asegurar la comparecencia (de los imputados) a los actos del procedimiento”.
En este escenario, la jueza de garantía Lilian Sáez Lemari resolvió fechar para el 16 de mayo la realización de la cita solicitada por el Ministerio Público. Para sorpresa de los presentes, en la instancia no se presentó ni Ali Bagheri ni Abolfazl Delkhan. A esa altura los dos ya estaban inubicables, tras estar un año con la medida cautelar de arraigo nacional.
Ante la ausencia de los implicados, se lee en documentos judiciales revisados por este medio, el tribunal —a petición de los intervinientes— decidió dejar para el 11 de junio recién pasado la revisión de cautelares y el potencial cierre de la indagatoria.
El 11 de junio llegó, pero los imputados no. Otra vez. A la luz de los antecedentes, ahora sí el juez dictó orden de detención. En teoría, contra los dos extranjeros.
Así consta en el acta firmada por el magistrado, donde se indica que “encontrándose válidamente notificados los imputados y no habiendo asistido a la audiencia sin dar alguna justificación de ello, se despacha orden de detención, la que se deberá diligenciar por ambas policías correspondientes al domicilio de los imputados, debiendo dar cuenta de la tramitación de dicha orden al Tribunal en un plazo de 30 días”.
Sea como sea, a esa altura ya se asumía que ambos habían logrado dejar el país y estarían en Colombia. Así lo dijo el propio subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, al ser consultado por este tema.
“La información de la cual dispone la PDI para ubicarlos, que se encuentra fundamentalmente por análisis de redes sociales, es que ellos estaban en territorio colombiano”, señaló el 31 de mayo de este año.
Uno prófugo y ¿el otro no?
La respuesta de la Policía de Investigaciones (PDI) al oficio del tribunal tardó poco más de un mes en llegar. Un informe de la Brigada de Investigación Criminal Maipú da cuenta de la revisión de antecedentes y diligencias que se realizaron respecto de los involucrados.
Según consta en el documento de seis páginas revisado por BBCL Investiga, el 16 de junio los detectives consultaron a Alí Bagheri en el Departamento de Asesoría Técnica Institucional. Allí, y a diferencia de su compañero de viajes, figuraba con orden de detención vigente y aparecía “sin antecedentes policiales”.
A su vez, los policías consultaron a sus pares de la Sección Control Fronteras de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, logrando corroborar que a esa fecha, al menos Ali Bagheri, “no registra salidas del territorio nacional”.
El 25 de junio, dos funcionarios de la PDI acudieron al último domicilio entregado por Bagheri a la justicia. Se trata de una vivienda ubicada en el 857 de calle El Olimpo en Maipú, misma dirección que en el pasado habría estado vinculada con supuestos movimientos de Hezbollah en Chile.
Así lo indican fuentes que conocieron del levantamiento de información que Carabineros hizo hasta 2017, en un trabajo de inteligencia que consistió en seguir los pasos de personas relacionadas al grupo paramilitar islamista-chiita con asiento en Líbano.
Según reportaron los policías, la casa se encontraba cerrada y sin moradores. Fue finalmente una vecina la que proporcionó antecedentes que quedaron plasmados en el informe que el 21 de julio llegó al tribunal.
La mujer, dice el escrito, “manifestó que el requerido no vive hace 1 año en el inmueble”.
Al cierre, la detective que firmó el informe recalcó una situación preocupante: sólo Ali mantenía orden de detención vigente en sus sistemas.
“Las personas mencionadas en el presente Informe Policial, fueron consultadas el
el día 26 de junio del año 2024, a las 22:20 horas, en el Departamento de Asesoría Técnica Institucional, donde solamente Ali BAGHERI registra la presente Orden de detención, sin antecedentes policiales”.
Por su parte, y ante la petición explícita del tribunal, la Sección de Investigación Policial (SIP) elaboró un escueto documento mediante el que informaron el resultado negativo de la orden de detención del mismo sujeto. ¿El motivo? “Domicilio sin moradores”, reza el archivo adjuntado el 23 de julio en la causa.
Hasta ahora se desconoce la razón por la que el imputado Abolfazl Delkhan no mantenía orden de detención vigentes en las plataformas de la PDI, pese a que la resolución del juez que —en teoría— regía para ambos implicados.
Equipo de fiscales
El 29 de julio recién pasado, y considerando los infructuosos intentos de ambas policías para dar con el paradero de Ali Bagheri, el juez Fernando Guzmán Fuenzalida del Primer Juzgado de Garantía decretó su rebeldía. En paralelo, el magistrado resolvió sobreseer temporalmente la causa. Ello, precisamente debido a que el imputado estaba inubicable.
Sin embargo, el Ministerio Público buscará revertir esa decisión y continuar a toda costa con el proceso. Así se desprende de la solicitud que la semana pasada allegó al tribunal el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.
En el escrito, el persecutor manifestó que él asumiría la investigación junto a un equipo de fiscales de su jurisdicción. Esto, por expresa petición del fiscal nacional.
—Don Ángel Valencia Vásquez me ha designado para dirigir la investigación de la causa de referencia, asumiendo la titularidad de la presente causa —se lee en el documento.
De esta forma, en desmedro del fiscal de Alta Complejidad Occidente, Javier Rojas Montecinos, la causa quedará en manos de un equipo de persecutores liderado por Castro Bekios.
El grupo estará además, compuesto por el fiscal adjunto de Antofagasta, Eduardo Ríos Briones, el fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña Martínez y la fiscal jefe de Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) Antofagasta, Claudia Vega Vargas.
Consultada la Fiscalía Regional de Antofagasta por el proceso, evitaron profundizar en los antecedentes y señalaron que se trató de una decisión tomada por Ángel Valencia “en virtud de sus atribuciones legales”.
En esa línea añadieron que “actualmente el fiscal regional, junto a la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja de Antofagasta, se encuentra analizando la carpeta investigativa para efectos de determinar los cursos de investigación a seguir”.