“Sueña sin límites y empieza a volar”. Esa es una de las frases que utilizaba la escuela de vuelo VX Aviation Academy para el reclutamiento de nuevos alumnos, especialmente estudiantes de cuarto medio enfrentados a la decisión de a qué dedicarse el resto de su vida.
Sin embargo, el sueño de los jóvenes que se preparaban en 2022 para obtener su licencia de piloto comercial en la citada empresa se vino abajo y estrelló cuando, de acuerdo a las denuncias, de un día para otro la escuela cerró sin ningún tipo de aviso previo ni la devolución del dinero de los aranceles, que en algunos casos alcanzaba los 34 millones de pesos. Literal, un viaje corto y desastroso.
Hoy la Fiscalía de Ñuñoa mantiene una causa abierta por estafa en contra de Jorge Ross Sepúlveda y Nilda Espinoza Contreras, representante y socia activa de la academia, respectivamente. Los denunciantes no solo alegan el abrupto cierre de la escuela y la no devolución del dinero pagado, sino que también no haber recibido la educación necesaria para optar a ser pilotos comerciales y haber sido engañados desde un principio respecto a las certificaciones que la escuela poseía.
Un sueño robado
Javiera González tuvo su primer acercamiento a VX Aviation Academy en su último año de estudio en el American British School, ubicado en La Florida. En la ocasión, un piloto y ex alumno del colegio fue a dar una charla informativa para promocionar la escuela. El discurso era tentador: tres años de estudio culminados en una vida volando y viajando por el mundo.
La afinidad por los aviones sumado a la seguridad que le dio que la academia fundada en 2014 estuviese siendo presentada en su propio colegio, le entregó el empuje que Javiera necesitaba. Tras el pago de $33.590.060, ya iniciaba su camino en los programas que le entregarían la educación teórica y práctica para convertirse en piloto comercial.
O eso creía.
Al inscribirse la recibió un tal Daniel Ross – también ex alumno del American British School – quien se presentó como el dueño y uno de los instructores de la escuela. Él introdujo a Pilar Espinoza como psicóloga de la academia, quien les realizaba clases de coaching. Más adelante, los estudiantes supieron que los representantes de VX Aviation Academy se habían presentado por sus segundos nombres, uno de los múltiples indicios de que algo raro ocurría en la escuela.
En un principio todo marchaba bien, pero rápidamente la calidad empezó a disminuir.
Según los estudiantes, tras la pandemia las clases eran cada vez menos – con solo una o dos sesiones a la semana –, se veían pocos alumnos y profesores dando vueltas por la academia y el estudio práctico estaba en decadencia: los ejercicios con el simulador ya no eran realizados por instructores, sino que por el hermano menor de Jorge Ross o incluso sin nadie que guiara a los alumnos, y la avioneta Cessna R172K Hawk XP para realizar los vuelos – de matrícula CC-CDZ – estaba inaccesible hace meses, bajo diferentes excusas.
La crisis tuvo su culmen en julio de 2022 cuando desde la escuela le anunciaron a los alumnos que tendrían dos semanas de vacaciones de invierno. En ese tiempo recibieron un correo en que citaban a los estudiantes a una reunión obligatoria en la dirección Huérfanos N°835, en el estudio de abogados Salinas Palma & Asociados, la cual fue cancelada el día anterior con la promesa que sería reagendada, lo que nunca ocurrió.
Finalizaron las vacaciones de invierno y nadie contactó a los alumnos para volver a clases. Ahí notaron que la página web había dejado de funcionar, la dependencias ubicadas en Avenida Francisco Bilbao 720 habían sido reemplazadas por una agencia de marketing, habían sido bloqueados de redes sociales y los dueños de la academia habían desaparecido del mapa.
El 27 de ese mes algunos estudiantes recibieron un correo por parte de la abogada Carla Montero – quien en ese momento integraba el estudio Salinas Palma & Asociados – en que anunciaba que la academia realizaría una liquidación voluntaria “en atención a una difícil situación financiera”, lo que implicaba pagar las deudas pendientes. En el mismo correo anunció que se tramitaría un juicio ante un tribunal y que les avisarían cuando la solicitud fuera presentada, sin embargo, a dos años del suceso, siguen sin ser llamados para reclamar sus deudas, algo que deberá indagar la Fiscalía.
Hoy, Javiera estudia diseño de ambientes. Si quisiera comenzar de nuevo el proceso para ser piloto comercial, tendría que volver a desembolsar varios millones de pesos, y comenzar desde cero.
“Fue fuerte, desprenderse del sueño”, relata Javiera, quien pasó por meses de bajones y frustración. “Es triste. Yo volaba bien, lo habría logrado. Hoy podría estar trabajando, podría estar cumpliendo mi sueño”, concluye.
Falta de certificaciones
Las primeras alarmas se encendieron durante las vacaciones de invierno con una conversación entre Javiera y una exalumna de la academia, que se había retirado por encontrarse estancada en sus estudios prácticos al no poder acceder durante meses al avión prometido. La antigua estudiante habría tratado de solicitar su dinero de vuelta sin recibir respuesta de vuelta, para luego ser bloqueada de WhatsApp.
La situación extrañó a las jóvenes, quienes decidieron comparar versiones con el resto de los estudiantes. De acuerdo a lo conversado, los problemas se repetían en todos los casos: paralizados en clases teóricas sin respuestas claras sobre la disponibilidad del avión, poca cantidad y calidad en los estudios por la desaparición de casi todos los profesores, la “pérdida” de las listas de asistencia con la que en un futuro certificarían sus horas de educación, etc.
En este proceso decidieron hacer una solicitud de transparencia a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), órgano que – entre otras cosas – norma, certifica y fiscaliza los programas de instrucción. En la respuesta se encontraron con la sorpresa de que las certificaciones que la escuela les había presentado, estaban vencidas o eran inexistentes.
Consultados por Radio Bío Bío, desde la DGAC confirmaron que VX Aviation no contaba con las certificaciones para poder realizar instrucciones de vuelo, acreditaciones que están guiados por los estándares de instrucción y seguridad establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Agregaron que, de no darse cumplimiento a lo que se estipula en las normas, “ninguna persona podrá optar a una licencia a la que postula y que sea otorgada por la DGAC”.
En simple, la academia no habría estado habilitada para educarlos como pilotos comerciales, habiendo sido engañados desde el principio con un futuro que nunca poseerían y obligándolos a empezar todo el proceso desde cero.
El avión desaparecido
Uno de los principales motivos de nerviosismo entre los estudiantes era no poder avanzar en sus estudios, quedándose estancados entre las clases teóricas y el uso del simulador por no poder acceder al avión por el que habían pagado para practicar.
A algunos alumnos les decían que el avión estaba bajo mantenciones periódicas, a otros que estaba con problemas de fácil solución y a otros que había fallado el motor y que el repuesto ya estaba comprado pero estancado en aduanas.
Finalmente la principal teoría apuntó que la avioneta cessna estaría sin su motor y sin los instrumentos digitales, abandonado e inutilizable en el aeródromo de Curacaví. Sin embargo, de acuerdo a registros electrónicos, este habría volado hace tan solo una semana y estaría en Santo Domingo.
Incluso en las malas condiciones en las que se encontraba el avión, su existencia era importante para los denunciantes: tal vez con su venta podrían haber obtenido algo de dinero de vuelta. Sin embargo esas esperanzas se aplastaron cuando a mediados de este año se enteraron de que este habría sido vendido a un socio de un club de aviación de la zona por aproximadamente $35.000.000. También relataron que este no estaba a nombre de la escuela, como supuestamente les habían indicado, sino que el propietario era Jorge Ross.
“Para nosotros la venta del avión era como una de las últimas esperanzas, porque aunque es poco el dinero en el que se podía vender, algo podríamos recuperar como víctimas de todo esto que nos ha pasado.”, comentó a Radio Bío Bío uno de los denunciantes.
Hasta el momento, la querella se encuentra en proceso de investigación liderado por la fiscal Teresa Muñoz, en el 8vo Juzgado de Garantía de Santiago, quien ha llamado a declarar voluntariamente a todos los involucrados.
En su declaración, Jorge Ross afirmó respecto a las acusaciones del primer denunciante que los servicios “se le prestaron sin ningún problema e inconveniente”. Además, agregó que “en cuanto a la devolución de dinero, debo manifestar que nuestros contratos no estipulaban devolución de dinero en caso de retiro voluntario, expulsión u otras causas”, refiriéndose únicamente a quienes habían decidido retirarse de la academia por las razones anteriormente nombradas. Además afirmó encontrarse en proceso de liquidación voluntaria de las pertenencias y bienes de la empresa por insolvencia económica, sin referirse a otras denuncias.
Radio Bío Bío intentó contactarse con Jorge Ross y Nilda Espinoza, sin obtener respuesta.
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