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A seis meses del megaincendio: la lucha de los vecinos de El Olivar por la recuperación de sus casas

A seis meses del megaincendio: la lucha de los vecinos de El Olivar por la recuperación de sus casas

Viernes 02 agosto de 2024 | 06:00

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La devastadora tarde del 2 de febrero de este año marcó el inicio de una tragedia en El Olivar, zona de Viña del Mar, que dejó a 37 personas fallecidas y cerca de 2.000 familias sin hogar. Seis meses después de los incendios, la pesadilla está lejos de terminar, ya que la reconstrucción de sus hogares se ha visto empañada por una serie de problemas de liderazgo político y una negligente política gubernamental, sumado a demoliciones sin garantías de reconstrucción, presiones y conflictos entre vecinos. Frente a ese escenario, se han presentado recursos judiciales mientras la rabia se acumula. Los detalles los revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

Era la tarde del pasado viernes 2 de febrero en El Olivar, barrio ubicado en el sector oriente de Viña del Mar y que data su fundación a fines de los ´80, cuando René Flores tomaba once con su mujer y su hijo, sentados en la mesa de la cocina. A pesar de los 30 grados pronosticados para ese día, mantenían las ventanas cerradas por el olor a humo que comenzó a percibirse desde pasado el mediodía.

Cerca de las 19:00, René se levantó y al ver por la ventana del segundo piso se dio cuenta de que la casa perpendicular a la suya – a menos de 20 metros de distancia – estaba envuelta en llamas. No era la única. Su hijo se levantó de golpe para mirar, topándose de cara con un incendio que se acercaba con la rapidez del viento que esa tarde estaba superando los 40 km/h.

Tomaron lo que pudieron y salieron escapando del hogar que no sabían que, tal como lo conocían, verían por última vez. Corrieron por la calle – la mujer de René en hawaianas – en un apocalíptico ambiente, con el aire pesando por el oscuro humo, y con bolas de fuego del tamaño de una pelota de tennis cayendo desde el cielo.

Ese día en El Olivar, una de las zonas residenciales más afectadas de la quinta región, murieron 37 personas y miles de familias perdieron sus casas. A nivel regional, 137 fallecieron en el incendio que tiene detenidos y acusados de ser sus autores a un bombero y un funcionario de la CONAF.

Hoy, a seis meses de la catástrofe, los vecinos se enfrentan a un segundo infierno: tratar de recuperar sus hogares en medio de un negligente actuar de los estamentos gubernamentales, demoliciones sin garantía de reconstrucción y conflictos internos entre los mismos miembros de la comunidad de El Olivar, problemas que han culminado con un recurso de protección ingresado en la Corte de Apelaciones.

El Olivar

Desde fuera de la vivienda que René arrienda —a un precio $100.000 mayor de lo que hubiese costado hace un año— El Olivar entrega una vista agridulce, con a ratos panorámicas de pintorescas construcciones de colores en montes verdes, y a otros, calles desiertas y secas que fueron arrasadas por el fuego, dejando a su paso nada más que estructuras donde en algún momento vivieron las familias.

Hace aproximádamente 40 años se erigió el barrio de El Olivar, un proyecto de 70 hectáreas de campo en el que se construyeron 2.500 viviendas para 10.000 personas, entregadas en 1987 y 1989 a personas de la clase media emergente en una ceremonia que contó con la presencia de Augusto Pinochet y la alcaldesa designada de Viña del Mar de ese momento, Eugenia Garrido (UDI).

Comité de crisis

Tras los incendios un grupo de vecinos se organizaron para crear el Comité de Crisis y así enfrentar desde la comunidad el proceso de recuperación. Desde los primeros momentos después de la tragedia, el eje de reconstrucción del comité – dirigido por René Flores y Cristián Zenteno – se enfrentó a la ineficacia del sector público.

El primer problema fue la falta de un informe claro sobre la cantidad de viviendas con pérdida total, decretando la demolición completa sin evaluar el riesgo de derrumbe que indica la ley para tirar abajo una casa. El estudio fue vago y a través de los decretos alcaldicios n°3507 y n°7056 se mandó la demolición total de 1.122 viviendas en El Olivar, sin contar con un especialista que revisara hogar por hogar los riesgos de derrumbe y las posibilidades de rehabilitar las edificaciones sin la necesidad de tirarlas abajo.

El segundo error radicó en que para calcular las viviendas a demoler y reconstruir, se utilizó drones que mapearan la zona, sin calcular que el hecho de que en un terreno hubiese una sola edificación no significaba que viviera ahí una sola familia, sino que la mayoría de las construcciones funcionaban como bloques con dos o cuatro hogares, lo que desde arriba, pareciera ser una sola casa.

De tal manera, la demolición de una de estas viviendas no garantizaba que las familias que habitaban el lugar pudiesen volver a vivir ahí, ya que en el mismo terreno donde había cuatro viviendas, no caben cuatro casas prefabricadas suficientes para cubrir la necesidad de las familias que solían habitar el terreno.

“Si tú me preguntas, ¿es posible poner una vivienda de emergencia en El Olivar? No es posible, por la conformación misma de los terrenos, y porque además en el primer piso vivía una familia y en el segundo piso vivía otra familia (…) y como no hay un plan de verdad de reconstrucción por sector, porque no hay bajada en el territorio, tampoco hay información adecuada”, así describió la situación el Senador Francisco Chahuán Chahuán (RN) el 9 de abril, ante la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado.

Otra de las denuncias cae sobre la Municipalidad de Viña del Mar, a la que acusan de haber en marzo enviado una lista con sobre 2.200 beneficiarios para los subsidios de vivienda de emergencia, sin embargo, varios de los vecinos aludidos no habían solicitado tal beneficio, que implicaría, la demolición de su vivienda. En ese sentido, la actuación del municipio se podría haber visto como una manera para asegurar presupuesto para lidiar con la crisis .

A pesar de la falta de existencia de un informe técnico certero, el 15 de marzo – solo cuatro días después de informar a los vecinos del inicio del proceso – comenzó la demolición de las casas, en un procedimiento colaborativo entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) – liderada por Jessica López Saffie (PS) –, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) – dirigido por Carlos Montes Cisternas (PS) – y la Municipalidad de Viña del Mar – cuya cabeza es Macarena Ripamonti Serrano (RD).

Recurso de Protección

Frente a la falta de un proceso legal, preciso y bien comunicado a los vecinos, la abogada Alexandra Diamantidis Encinas decidió apoyar a aquellos que querían ejercer acciones legales. Así el día 10 de abril, en representación de 22 familias – que fueron aumentando a medida que avanzaba el proceso – , Diamantidis ingresó un urgente recurso de protección frente a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en contra de la Municipalidad de Viña del Mar, la SEREMI de Vivienda – liderado por Yanino Riquelme Gonzalez – y la SEREMI de Obras Públicas, representada por Belén Paredes Canales.

En el documento, los damnificados presentaron sus testimonios.

Una vecina cuenta que llevaba viviendo 20 años en el hogar que perdió – con un avalúo fiscal de $15.892.015 –, junto a otros tres adultos y dos perritas. “No cuento con una red de apoyo cercana”, expresó. “Soy mujer de esfuerzo, que luché sola por tener mi casa y un lugar para el fin de mis días, y no tener que arrendar (…). Sigo albergada, al igual que mi hijo, mi nuera, y perritas. Pero ellos lejos de mí. Desde la tragedia nos hemos vistos dos veces”, agregó.

Otro comentó que compró la propiedad hace diez años. “Con mucho esfuerzo, para tener una entrada de dinero y así poder pagar las cuentas y el estudio de mi hijo. Era también el asegurarme una vejez digna y tranquila. Ahora no tengo nada, solo incertidumbre”, contó.

“Había dejado de trabajar una semana antes del incendio, pensando en retirarme e iniciar los trámites de jubilación”, relató otro damnificado, quien asegura haber tenido que cambiar sus planes tras haberse quedado “sin nada en un par de minutos”.

En el recurso de protección, los recurrentes solicitan cuatro cosas:

La suspensión de las demoliciones hasta no contar con los informes técnicos que acrediten el riesgo de derrumbe, la garantía de la entrega de un certificado de subsidio habitacional de 1.200 UF (aproximadamente $37 millones) a cada propietario para la reconstrucción de sus viviendas, el respeto de la propiedad de acuerdo a lo establecido en escrituras e inscripciones, y la participación directa de los propietarios en la definición de los diseños de sus viviendas.

Conflictos internos

Sin embargo, no todos los vecinos están en la misma página.

“No vayan a escuchar a este caballero”, nos dice una vecina del sector mientras conversábamos con Flores, demostrando los desacuerdos que han surgido dentro de la comunidad respecto a la demolición y reconstrucción de los hogares.

A raíz de desinformación y dichos cruzados entre las distintas instituciones y vecinos, en El Olivar se armaron dos bandos: quienes apoyan la demolición completa de todas las casas afectadas, y quienes apelan por un proceso más calmado, en la búsqueda de salvar aquellas viviendas que pueden ser reformadas.

Una situación de insólita crisis interna, que viene a revictimizar a los damnificados.

Así lo han denunciado los afectados en redes sociales con comentarios como: “No es posible que después de la catástrofe que nos ha tocado vivir la autoridad no asuma con seriedad la situación y tengamos además que cargar con incertidumbre que nos perjudica aún más. Esperemos que no se nos deje en el olvido”.

De tal manera, los miembros y colaboradores del Comité de Crisis denuncian que han recibido “funas” de parte de otros vecinos, lo que vendría siendo una directa consecuencia de una mala gestión por parte de las autoridades.

Además, algunos vecinos han denunciado haber recibido presiones por demoler por parte de la empresa demoledora y las instituciones públicas involucradas, sin contar con un respaldo de reconstrucción a futuro ni la información detallada.

Reconstrucciones en El Olivar

Desde la Municipalidad de Viña del Mar comunicaron que ya fue aprobado un proyecto de reconstrucción en El Olivar, que favorecerá a cuatro familias afectadas.

El proyecto forma parte de un proceso de reconstrucción en el que está trabajando el municipio junto con el estudio de arquitectura Elemental – dirigido por Alejandro Aravena y la Academia –, la Universidad Santa María, quienes ayudaron con una análisis cuantitativo de riesgo y la Pontificia Universidad Católica, quienes aportaron con análisis de rentabilidad social para la aprobación del proyecto.

Al respecto, la alcaldesa Macarena Ripamonti señaló que “Chile nunca ha considerado la posibilidad que los municipios puedan construir vivienda, no tenemos facultades ni recursos, sin embargo como Municipio de Viña del Mar no nos íbamos a quedar impávidos al ver que los avances de la reconstrucción eran tan lentos, además ya teníamos un aprendizaje tras el incendio ocurrido el 2022 sobre la disfuncionalidad de respuesta en el servicio”.

Las construcciones se han financiado con el Fondo de Reconstrucción y consisten en un edificio industrializado de cuatro pisos de sobre 80 metros cuadrados para familias lideradas por personas mayores, además, de acuerdo al rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, Juan Yuz Eissmann, el plan no es “simplemente de replicar las casas que estaban en la zona de incendios, sino que también adoptar una mirada de futuro de poder prevenir”.

Consultados por Radio Bío Bío, desde la SEREMI del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso indicaron que indicado que el MINVU, “se encuentra avanzando en determinar el número de personas hábiles para efectos de otorgar los subsidios habitacionales. Asimismo, se están analizando los casos que han sido más complejos de abordar, con la finalidad de determinar eventuales exenciones de requisitos.

“Entendemos la necesidad de las familias de contar con certezas y su solución habitacional, puesto que la vivienda es uno de los temas más sentidos por la ciudadanía. Es por ello que el Minvu está trabajando para que las familias afectadas cuenten con una solución definitiva”.

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