Las negligencias de fiscalía que dejaron esfumarse al principal imputado por crimen de carabineros

—El imputado que hoy día está prófugo tenía una causa pendiente por un delito muy grave, un atentado contra carabineros (…) Es anómalo que esté en libertad y por supuesto es un asunto al que le hemos estado haciendo seguimiento.

Así se refirió el fiscal nacional, Ángel Valencia, a la situación de Tomás Damián Antihuen Santi (22), el joven prófugo indagado por su rol en el asesinato de los tres carabineros atacados el pasado 27 de abril en Cañete, región del Bío Bío. El único que sigue libre tras la detención de sus hermanos Felipe (29) y Yeferson (19) este lunes, además de su amigo Nicolás Rivas Paillao.

Ante las preguntas de la prensa en el Congreso este martes, reprochó con firmeza el lento proceso judicial que enfrentó desde que fue detenido por primera vez en julio de 2020.

—Lo razonable es que en un caso como ese un sujeto se encuentre en prisión preventiva y que además esa causa ya se hubiese terminado, considerando los tiempos tradicionales de tramitación, que ese imputado hubiese estado a disposición de la justicia, esa causa ya hubiese estado terminada y confiamos que además con una sentencia condenatoria, considerando la gravedad de los antecedentes.

En resumen, arrastraba un proceso por lanzar bombas molotov a funcionarios policiales durante una manifestación en Cañete. Estuvo en prisión preventiva 6 meses. Luego pasó a arresto domiciliario nocturno, el cual incumplió en repetidas ocasiones. Sin importar dichas faltas, le rebajaron la caución a firma quincenal, la que también quebrantó decenas de veces. Aún así, fiscalía le ofreció un juicio abreviado, al cual tampoco se presentó. Desde entonces figura prófugo y con orden de detención.

Hoy Tomás es sindicado como una pieza clave del homicidio de los tres carabineros. Se le acusa, por ejemplo, de haber recogido armamento en la casa de su amigo Nicolás —formalizado este martes— para luego participar de la emboscada que terminó con la ejecución de los uniformados. Tal como reveló BBCL Investiga, su nombre llegó a oídos de los investigadores por boca de su tío, testigo reservado en la causa que aseguró que el implicado planificó el ataque junto a sus hermanos con al menos tres meses de antelación.

Un preso incómodo

El historial de Tomás para transformarse en prófugo se fraguó en un extenso proceso que partió en julio de 2020, en plena pandemia. Por ese entonces fue detenido tras lanzarle bombas molotov a Carabineros. Quemó por completo un vehículo policial con dos funcionarios dentro, quienes lograron escapar.

Una vez capturado, por la gravedad de los hechos, quedó en prisión preventiva y formalizado por el delito de incendio. La causa entonces quedó a cargo del fiscal Juan Yáñez, un persecutor especialista en delitos de violencia rural.

Desde un inicio fue un preso difícil y su presencia generó constante tensión al interior del sistema penitenciario. Al poco andar inició una huelga de hambre para manifestarse contra el gobierno, exigir que se respete el convenio 169 de la OIT y en apoyo a “los peñis de la cárcel de Angol y al Machi Celestino Córdoba”.

Estuvo recluido en El Manzano y en la cárcel de Lebu, y desde esta última intentaron que se quedara en el penal de Concepción, debido a que ellos no contaban con todas las condiciones para resguardar su salud durante el periodo de protesta. Tras seis meses en prisión, en enero de 2021 le rebajaron la medida cautelar a arresto domiciliario nocturno.

Pese a haber atentado contra carabineros, el fiscal Yáñez abrió paso a un procedimiento abreviado y el tribunal fijó la audiencia respectiva para aquello. Antes, presentó acusación y lo reformalizó por arrojar elementos incendiarios a la vía pública, atentado contra la autoridad y daños calificados. Fuentes de este medio cuestionan que pese a que puso en peligro la vida de los funcionarios, no fue acusado por otros delitos, como homicidio frustrado, por ejemplo.

Es decir, todo apuntaba a un camino fácil y rápido para zanjar el caso.

—El abreviado estaba en negociación, el sujeto se metió en una huelga de hambre. Gendarmería no lo quería en El Manzano. Se acordó, por la pena a la que postulaba, llegar a un abreviado —explicó a BBCL Investiga una fuente conocedora del caso.

De imputado a prófugo

Pase a la indulgencia de fiscalía en el caso, los problemas no tardaron en aparecer. Tomás no respondió nunca de la misma forma a la “gentileza” del persecutor. Carabineros comenzó a reportar los incumplimientos del imputado. La policía fue decenas de veces a verificar que estuviera en su domicilio durante las noches, pero no atendía a los funcionarios o derechamente no estaba.

La Delegación Presidencial, querellante en la causa, pidió a la justicia que lo regresaran a prisión preventiva en agosto 2021, pero el tribunal no acogió la solicitud y resolvió mantener la medida. Pese al incumplimiento, siguió con el arresto domiciliario nocturno. Eso si, fuentes conocedoras del caso afirmaron que la decisión se explicó en buena medida a que Carabineros acudió a controlar el arresto a un domicilio equivocado y el tribunal tuvo que señalarles una nueva dirección.

Aunque poco importó el cambio de residencia. Al poco tiempo volvió a pasar lo mismo: incumplió la orden decenas de veces. No estaba en su casa durante las noches como había ordenado el juzgado. Así lo reportó Carabineros mes tras mes durante 2022.

Pese a transgredir la medida en ambos domicilios, nadie pidió que volviera a la cárcel. Por el contrario, optaron por una medida aún más laxa. En septiembre de 2022 fiscalía solicitó rebajar la medida a firma quincenal y con la defensa acordaron fijar audiencia para un procedimiento abreviado y así empezar a cerrar el proceso.

Para sorpresa de nadie, tampoco acudió a firmar y volvió a incumplir la medida cautelar. No apareció más después del 26 de noviembre de 2022. En marzo 2023 recién se resolvió dictar una orden de detención permanente para el imputado y tampoco apareció en abril a la audiencia para concretar el procedimiento abreviado. Desde entonces que está formalmente prófugo.

Mes a mes, hasta el 4 de julio recién pasado, Carabineros reportó la misma situación al tribunal: seguía incumpliendo la orden de firma quincenal.

Pese a ello, conocedores del caso también apuntan a falencias de la policía uniformada. Pues pese a que se emitió la orden de detención casi un año antes del triple homicidio, nunca fue capturado. En simple, según detalló una fuente, si lo hubieran detenido habría quedado preso y a la espera de condena.

Las responsabilidades cruzadas también dejan al desnudo las disputas internas en la fiscalía en la zona. Partiendo por el hecho que la indagatoria por el mortal ataque a los uniformados desde un inicio quedó a cargo del fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, en desmedro de la titular de Bío Bío, Marcela Cartagena, cuyo desempeño ha sido cuestionado frente a causas como el de Tomás Bravo. Del mismo modo, según fuentes de este medio hay una lucha abierta entre el fiscal Juan Yáñez y la propia Cartagena, la cual habría iniciado con una denuncia por supuestos malos tratos y que derivó en un sumario contra su superior.

Y ahora, es el mismo fiscal Yáñez quien enfrenta una investigación administrativa por estos hechos. Según conoció BBCL Investiga, el pasado lunes 22 de julio, el Ministerio Público ordenó la apertura de una indagatoria interna para determinar eventuales responsabilidades.

Consultado por este medio sobre el tema, el fiscal regional subrogante del Bío Bío, Michelangelo Bianchi, detalló que “ya se ha designado a un fiscal investigador, quien debe adoptar las medidas de investigación desde el punto de vista administrativo, para esclarecer la eventuales infracciones administrativas que puedan existir en la tramitación ya sea procesal o de fondo en la causa en cuestión”.

Los rastros genéticos

Si bien el prófugo hoy está inubicable, durante el proceso investigativo por el asesinato de los uniformados fue seguido de cerca.

Entre las evidencias de fiscalía contra Tomás se cuenta el levantamiento de muestras genéticas del sitio del suceso. Uno de los perfiles de ADN hallados en un cartucho balístico en el lugar de la emboscada no coincidía con ninguna de las víctimas, por lo que los investigadores iniciaron las diligencias para descubrir a quién correspondía. Y como Tomás ya estaba en el radar de la policía, decidieron buscar pruebas en su antigua causa.

Allí, entre otras evidencias, encontraron una polera que el imputado usó como capucha el día de su caída en 2020. Buscaron algún rastro biológico y lo consiguieron. Los resultados eran positivos: ambos perfiles coincidían.

Sin embargo, para estar 100% seguros, los investigadores procuraron hacerse de una muestra más reciente. Siguieron de cerca a Tomás en una de sus reuniones sociales. A través de una escucha telefónica supieron que se reuniría con un amigo.

—Vamos pa Quidico po, hueón. ¿Miedito? —se escucha decir a su amigo, quien lo estaba invitando a beber. Para ello, debían moverse en autobús.

Tomás retrucó que efectivamente estaba temeroso de trasladarse en transporte público. Por ello acordaron llegar hasta la asolada localidad de la provincia de Arauco en un auto particular. Ese día, un dron siguió cada uno de sus pasos. Así es como se ve que él y su amigo comenzaron a compartir cervezas. Cuando ambos dejaron el lugar, peritos especializados recuperaron material genético de las latas. Las muestras, una vez más, coincidían. Eran idénticas a las halladas en la polera y en el casquillo encontrado en el lugar de la emboscada.

Yeferson corrió una suerte similar. También necesitaban cotejar su perfil genético con otros hallados en un asalto en el que se presume participó el imputado junto a sus hermanos. El 26 de julio los policías se lo pillaron en Santiago y lo siguieron. Al poco andar lo vieron escupir al suelo. Los carabineros tenían lo que necesitaban: recogieron la muestra y la compararon. Al igual que con Tomás, el resultado fue positivo.

Al margen, el proceso de formalización de los tres detenidos siguió su curso este martes y continuará durante este miércoles.

El Ministerio Público expuso los antecedentes de la investigación que los responsabiliza de cinco delitos: robo con violencia de los elementos y armas de los funcionarios, homicidio calificado a personal policial con premeditación y alevosía, quema de auto policial, porte de armas de fuego y el traslado de los cuerpos fallecidos. En el caso de Rivas, se le formalizó como autor cooperador de los delitos de homicidio y robo. En definitiva, por la gravedad de las imputaciones, todo apunta a que quedarán en prisión preventiva.