La cuenta pendiente de Tomás Antihuen: pieza clave en homicidio de Carabineros está prófugo desde 2023

Tras la detención de sus hermanos Felipe (29) y Yeferson (19), además de Nicolás Rivas Paillao, todas los esfuerzos policiales se han centrado en encontrar a Tomás Damián Antihuen Santi (22), quien se mantiene prófugo en el marco de la investigación por el homicidio de tres carabineros ocurrido el pasado 27 de abril en Cañete, región del Biobío.

Según fuentes de este medio, él es una pieza clave dentro de la indagatoria, especialmente por su directa responsabilidad en el caso. Se trata de un conocedor del terreno, que vivía en el sector y que —tal como reveló BBCL Investiga— tenía vínculos familiares con Carlos Edgardo Antihuen Riquelme. Este último corresponde a un tío de los hermanos, quien el pasado 27 de abril, en el Día del Carabinero, fue fiscalizado por los uniformados que resultaron ejecutados esa misma noche.

Precisamente, los policías habían acudido a verificar el cumplimiento de la medida cautelar de ese imputado, en el contexto de una causa por infracción a la ley de armas e infracción a la ley de drogas. De hecho, se cree que el asiduo tránsito de carabineros hacia ese domicilio pudo haber sido utilizado por los atacantes en la planificación del atentado que terminó con Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal emboscados, ejecutados y luego sus cuerpos quemados en la parte trasera de la camioneta en que se trasladaban.

Por eso, rápidamente el nombre de la familia Antihuen copó la atención de los investigadores. Así, saltó a la vista la identidad de Tomás. Un viejo conocido de la policía que en julio de 2020, cuando tenía 18 años, fue detenido por lanzar bombas molotov a vehículos de Carabineros en medio de una manifestación a la altura del Museo Mapuche de Cañete. Una causa que sigue abierta a la fecha, pero en la cual se ha mantenido inubicable. En simple, está prófugo.

Marcha en pandemia

El historial de Tomás inició hace cuatro años, apenas tres meses después de convertirse en mayor de edad. En medio del estado de catástrofe por el covid, él —junto a un grupo de aproximadamente 100 personas— llevó a cabo una marcha en el kilometro 24 de la Ruta P-60-R.

De acuerdo a la acusación de Fiscalía, presentada en mayo de 2022, cuando personal policial comenzó a dispersar la protesta, varios comenzaron a lanzar objetos contundentes hacia los funcionarios.

En ese momento, Tomás arrojó una bomba molotov directamente a un vehículo policial. A bordo iban dos funcionarios, un mayor y el conductor, quienes lograron escapar ilesos. Sin embargo, los daños fueron avaluados en $60 millones, pues el móvil quedó totalmente destruido.

Pero de acuerdo al ente persecutor, no se detuvo ahí: se refugió al interior del museo para luego intentar lanzar otra molotov a un carro lanza aguas. Luego de eso es que acabó detenido portando una mochila con todos los elementos necesarios para fabricar bombas incendiarias.

A raíz de ese episodio fue acusado por arrojar elementos incendiarios a la vía pública, atentado contra la autoridad y daños calificados.

Ante ello, la fiscalía pidió para él una pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo; otra de tres años de reclusión en su grado medio; y otra de 61 días por cada uno de los delitos respectivos, además de multas y otras penas accesorias.

Prófugo desde 2023

Tras el episodio, la causa no ha hecho más que entramparse. Pese a que se le ofreció un procedimiento abreviado, en el expediente anota un cúmulo de incumplimientos.

En principio, tras su detención en julio 2020, el imputado quedó en prisión preventiva. Primero en cuarentena en El Manzano, y luego trasladado hasta la cárcel de Lebu.

Un mes después, en agosto del mismo año, inició una huelga de hambre. Según reportó Gendarmería, lo hizo para manifestarse contra el gobierno, exigir que se respete el convenio 169 de la OIT y en apoyo a “los peñis de la cárcel de Angol y al Machi Celestino Córdoba”.

En enero de 2021, tras seis meses en prisión preventiva, fue revisada la medida cautelar. El Juzgado de Garantía de Cañete resolvió cambiar la cárcel por el arresto domiciliario nocturno y fijó audiencia para un procedimiento abreviado. Es decir, todo apuntaba a un camino fácil y rápido para zanjar el caso.

Sin embargo, al poco andar Carabineros comenzó a reportar los incumplimientos del imputado. La policía fue decenas de veces a verificar que estuviera en su domicilio durante las noches, pero no atendía a los funcionarios o derechamente no estaba.

Por eso es que la Delegación Presidencial, querellante en la causa, pidió a a la justicia que lo regresaran a prisión preventiva en agosto 2021, pero el tribunal no acogió la solicitud y resolvió mantener la medida. Pese al incumplimiento, siguió con el arresto domiciliario nocturno.

Y volvió a pasar lo mismo: incumplió la orden decenas de veces. No estaba en su casa durante las noches como había indicado el juzgado. Así lo reportó Carabineros mes tras mes durante 2022.

Pese a las reiteradas faltas, no volvió a prisión. Por el contrario, en septiembre de ese año fiscalía solicitó rebajar la medida a firma quincenal y con la defensa acordaron fijar audiencia para un procedimiento abreviado y así empezar a cerrar el proceso.

Pero volvió a incumplir la medida cautelar. No apareció a firmar más después del 26 de noviembre de 2022. En marzo 2023 recién se resolvió dictar una orden de detención permanente para el imputado y tampoco apareció en abril a la audiencia para concretar el procedimiento abreviado. Desde entonces que está formalmente prófugo.

Mes a mes, hasta el 4 de julio recién pasado, Carabineros reportó la misma situación al tribunal: seguía incumpliendo la orden de firma quincenal.

Según fuentes de BBCL Investiga, la baja pena que arriesgaba Tomás Antihuen le permitió optar a un procedimiento abreviado. De ahí que en primera instancia ese ofrecimiento estuviera sobre la mesa. Pero tras no comparecer en el tribunal se dictó una orden de detención y estaban a la espera de que fuera ejecutada por las policías.

Con todo, en la práctica dicha causa ya pasó a segundo plano. Ahora es intensamente buscado por el triple homicidio del pasado 27 de abril. Tal como lo adelantó el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, se presume que el móvil del crimen, no fue sólo atacar a la institución verde oliva, sino también hacerse de las armas de los funcionarios. En total, fueron dos subametralladoras uzi y municiones las sustraídas durante el ataque.