Aquella tarde de sábado, Víctor Huberth Herrera Hurtado conmocionó el centro de Puerto Montt. Marcó un antes y un después. Ese 9 de noviembre de 2019, en la esquina de Copiapó con Juan Soler, le disparó por la espalda a Gabriel Bello Santos. Lo mató en el acto. Le bastó con un sólo tiro.
Todo ocurrió ante decenas de peatones y automovilistas que pasaban por el lugar. Uno de los puntos neurálgicos de la ciudad. Esa transitada intersección une la costanera y los dos principales malls de la capital de Los Lagos.
Ambos estaban en Chile de forma legal. Herrera tenía carnet chileno provisorio.
—Fueron amigos —dice Nathalie Yonsson, la fiscal del caso.
A Herrera poco lo importó. Algo generó un quiebre entre ellos. No se sabe qué lo originó. Según la hermana de la víctima, un mes antes ya le había propinado una golpiza.
Bello, dominicano oriundo de Santo Domingo, ya entendía que a esa altura eran enemigos. Cuando lo vio aparecer en el Mall Paseo Costanera se largó a correr. Al rato dejó de huir. Creyó que lo había perdido. Se relajó. Pero ahí reapareció el colombiano, justo cuando estaba por cruzar el paso peatonal sobre la calle Copiapó. Sacó el arma desde su banano y lo liquidó a corta distancia.
Salió del lugar mofándose. Caminó unos metros y después empezó a correr. Huyó del centro y desapareció.
Sin éxito, las policías intentaron dar con su paradero. Primero el OS9 de Carabineros y luego la Brigada de Homicidios de la PDI. Lograron llegar hasta una cabaña que había arrendado en el sector rural de Cruce Bañares, a unos 15 kilómetros de Puerto Montt.
En el allanamiento encontraron un cultivo indoor de marihuana y cocaína, además de dos revólver calibre punto 22. Incluso ropa, celulares y documentos de identidad. Pero no había rastro de Herrera. Tampoco de su pareja, que semanas después del homicidio salió del país por Arica.
Estaba identificado. Estaban los videos. Estaban los testigos. Pero el asesino se esfumó.
—Desapareció de la ciudad de Puerto Montt. Estuvo prófugo durante más de tres años —cuenta Yonsson.
Plata o plomo
—Llegaron los colombianos.
José era el único en su casa que se había metido en problemas voluntariamente. Todos los demás eran inocentes. Pero arrastró consigo a su madre y a sus dos abuelos.
Cuando los caribeños llegaron a su puerta ese martes por la noche, el 22 de diciembre de 2022, con la víspera de Navidad cerca, nadie se sorprendió. La mamá los escuchó llegar. Ya era la tercera vez que venían. Y con un mensaje claro.
—Si tu hijo no paga, lo vamos a matar.
Se habían aparecido el domingo y el lunes. La primera vez llegaron en un auto, haciendo ruido, acelerando y tocando la bocina. Los atendió el abuelo. A los gritos pedían que el deudor saliera. Cuando se fueron, tuvo que explicarle a su familia que lo habían amenazado de muerte si no pagaba los $4 millones que debía.
De acuerdo a la investigación, le habían pasado dos kilos de marihuana.
Como familia, para salvarle la vida, decidieron que el abuelo iba a vender su auto Kia Cerato y así podrían saldar la deuda.
Al día siguiente volvieron. Los abuelos atendieron y les presentaron el trato. Ofrecieron traspasar el vehículo directamente para pagar. Prometieron volver al día siguiente para ejecutar el traspaso.
Pero a la tercera fueron incluso más agresivos. Tenían que pagar o iba a entrar con la pistola y los iba a matar a todos. Usó su historial para amedrentar. Les contó que ya lo había hecho en Colombia y que unos meses atrás incluso había quemado casas.
—No me importa nada.
Previamente, José fue “apretado” por WhatsApp. Uno de ellos le advirtió que había protagonizado un homicidio en el Mall Costanera.
—No sabes con quién te estás metiendo, somos gente seria.
Pero la historia tuvo un giro. Un vecino carabinero escuchó todo. Dio aviso rápidamente a la policía uniformada, describió a los delincuentes y el vehículo en que se trasladaban. En 15 minutos los cuatro colombianos fueron detenidos.
En el vehículo hallaron dos armas de fuego. En los asientos traseros iban Diego Armando Gómez y Juan Riovalle Cuesta. Al volante iba John Angarita Palacios. El copiloto se identificó como Haider Rengifo Minotta.
Fueron detenidos, pasaron a control y quedaron en prisión preventiva. Fueron formalizados por amenazas extorsivas y porte de arma de fuego. En 2022 no existía el delito de extorsión tal como hoy.
Al descubierto
Nathalie Yonsson, la misma fiscal que indagó el homicidio en el centro, estaba de turno ese 23 de diciembre para el control de detención. Le llamó la atención Haider Rengifo Minotta. En todo momento, ante carabineros y el tribunal, mostró una cédula de identidad colombiana y una licencia de conducir de ese país.
Pero algo no cuadraba. Se parecía demasiado al colombiano que disparó en el Mall Paseo Costanera. Era la misma barba de candado y los mismos ojos achinados. Le decían chino, de hecho. Fue un caso emblemático y tenía en la mente su rostro, las fotos y los videos de la investigación.
El imputado pasó la Navidad en la Cárcel Alto Bonito. Tras el feriado, la fiscal pasó a la acción. Convocó a un perito en huella y al imputado a la fiscalía.
El perito le preguntó su nombre.
—Haider Rengifo Minotta —respondió.
Acto seguido, le tomó las impresiones dactilares. Ese mismo día hicieron el cotejo y confirmaron las sospechas. En realidad era el homicida colombiano prófugo: Víctor Huberth Herrera Hurtado. Bastó con comparar sus huellas con las que había entregado años antes al tramitar su RUT provisorio.
Eso sí, una vez descubierto, no dejó de mentir.
Trató de maquillar lo que había hecho y hasta pidió disculpas por el homicidio. Quiso hacerle creer a los investigadores que todo lo había hecho para defenderse.
Según dijo, la enemistad con el dominicano que mató inició porque se le insinuaba a su conyugue. También aseguró que el día del asesinato se habían juntado a limar asperezas, pero al conversar la víctima sacó un cuchillo y se vio obligado a disparar para proteger su vida. De acuerdo a la investigación, nada de eso pasó. De hecho, le disparó por la espalda. Y más aún, ni los videos ni los testigos mostraron que realmente hubiera intentado atacarlo. Sólo intentó huir.
Incubando el “Criterio Valencia”
La historia de Víctor Huberth Herrera Hurtado fue una de las que tuvo a la vista el fiscal nacional, Ángel Valencia, para decidirse a implementar su controvertido “Criterio Valencia”: pedir prisión preventiva cuando un extranjero indocumentado sea detenido.
Una decisión que oficializó en abril de 2023, en cierta medida por el caso de Puerto Montt, pero también tras una ola de asesinatos a carabineros, que apenas en un par de semanas sumó al cabo Álex Salazar, en Concepción; la sargento Rita Olivares, en Quilpué; y al cabo Daniel Palma en Santiago Centro.
El anuncio llegó precisamente unas horas después de la muerte de este último. En parte la investigación de ese homicidio supuso un problema similar: cuando encontraron a Ovicmarlixon Garcés (uno de los imputados por su muerte), lo trasladaron al OS9 para tomarle declaración y hacerle los trámites de identificación, ya que como estaba en situación migratoria irregular no figuraba en ningún registro.
Le tomaron las huellas dactilares y enviaron las muestras al Labocar. Recién entonces descubrieron que había rastros de Garcés en los dos autos asociados al asesinato.
No obstante, el cambio de criterio no cayó bien en todos lados. Carlos Mora, titular de la Defensoría Penal Pública, cuestionó en ese entonces la medida: “La prisión preventiva no es el camino para hacerse cargo del problema migratorio del país”, afirmó.
En ese contexto, Valencia enfatizó que la prisión preventiva para indocumentados tenía como objetivo reducir el peligro de fuga y sólo hasta que se establezca su identidad adecuadamente.
Víctor Huberth Herrera Hurtado fue condenado a un total de 20 años de cárcel —el pasado 19 de junio— por los delitos de homicidio simple (12 años), porte de arma (3 años y un día), porte ilegal de municiones (541 días), amenazas (818 días) y usurpación de nombre (300 días).
La fiscal Nathalie Yonsson lo destaca como el fin de una artimaña.
—No sé cuánto tiempo se habrá estado utilizando, pero era una muy buena estrategia para poder escabullirse, cometer delitos como Juanito y disfrazarse de Pedrito.
Pese a que ha pasado un año y tres meses desde su implementación, aún se desconoce el verdadero alcance del “Criterio Valencia”.
Más aún, se desconoce públicamente cuántos imputados extranjeros han ido a parar a prisión preventiva por no contar con una situación migratoria regular. Consultada la Fiscalía Nacional, no aportaron antecedentes relativos a la materia.
El nombre de José fue modificado para resguardar su identidad.