La tensión dentro de la Corte Suprema es un secreto a voces. Pese a que algunos de los ministros del máximo tribunal han buscado terminar con los comentarios, en los pasillos del histórico edificio persisten las versiones sobre las diferencias entre sus pares.

El punto de inflexión se generó tras las supuestas filtraciones de los teléfonos celulares de Luis Hermosilla y Juan Antonio Poblete. Del primero, se relaciona a Jean Pierre Matus, cosa que el ministro ha negado de forma reiterada, y al entorno de la ministra Ángela Vivanco. En el segundo caso, se mencionó a la ministra María Teresa Letelier cuando era ministra de corte, buscando apoyos para llegar a la Suprema, además de a un amigo cercano de Poblete, Mario Carroza.

Frente a esto, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, anunció el 24 de junio la activación de la Comisión de Ética. Esto, patrocinado por el ministro Sergio Muñoz, se votó con la ausencia de los ministros cuestionados. Sin embargo, no son pocos los que se preguntan: ¿Por qué no se activó cuando se conocieron los hechos relacionados con la hija del juez Muñoz, tanto con la constructora Fundamenta como cuando se fue a teletrabajar a Italia? ¿Se podía? ¿Era parte de sus facultades? ¿Se podría ahora?

2007-2024

Hace casi 17 años – el 14 de diciembre de 2007- la Corte Suprema de Chile presentó el “Acta N°262-2007” sobre “Ética Judicial”. Un documento considerado “clave” que consolidó y actualizó las normas éticas para asegurar la integridad y transparencia dentro del Poder Judicial. Esta medida surgió a raíz de los temores provocados por la conducta del destituido ministro Luis Correa Bulo.

De esta forma, los artículos 14 y 15 del Acta son particularmente significativos. El artículo 14 establece que “la Comisión de Ética tendrá por objeto prestar cooperación al Pleno de la Corte Suprema en el ejercicio de funciones de prevención, control y corrección del comportamiento de los ministros y Fiscal del Tribunal”. Esta comisión está encargada de conocer las conductas que puedan implicar una contravención a la ética judicial o que sean contrarias a la probidad y la moral.

Por su parte, el artículo 15 especifica que “la Comisión se reunirá convocada por su Presidente, tantas veces como fuere necesario o también a petición de la mayoría de sus integrantes”. Además, detalla que la Comisión puede actuar de oficio “cuando la naturaleza o urgencia del asunto lo haga necesario”.

En la introducción del Acta N° 262-2007 se menciona que los miembros del Poder Judicial deben “observar un buen comportamiento en el desempeño de sus respectivos cargos y actuación social”. Para lograr esto, se explicitan una serie de principios y reglas que deben regir su actividad, con el objetivo de “colocar la justicia en manos de servidores de clara idoneidad técnica, profesional y ética”.

Los principios de dignidad, probidad, integridad, independencia, prudencia, dedicación, sobriedad, respeto y reserva son esenciales para el ejercicio judicial. En particular, se prohíbe a los jueces y funcionarios judiciales la “recepción de estímulos de carácter pecuniario, que excedan lo simbólico, por el ejercicio de sus labores”.

La creación de la Comisión de Ética busca asegurar que cualquier comportamiento inapropiado sea investigado y corregido de manera efectiva. Este organismo tiene la autoridad de actuar frente a situaciones que puedan dañar la imagen y la eficacia del sistema judicial chileno.

Jueza Muñoz

Uno de los casos más bullados que afectó a la Corte Suprema fue el que se conoció en diciembre de 2022, luego de que una inmobiliaria presentara un recurso para inhabilitar a uno de los ministros: Sergio Muñoz Gajardo (67).

La acción la presentó la inmobiliaria Fundamenta, que decidió apuntar una ofensiva contra el juez Muñoz, presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema, solicitando su inhabilitación en un caso que involucra al proyecto Egaña Comunidad Sustentable. Este complejo inmobiliario de US$ 300 millones ha estado detenido desde abril de ese año por decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana.

Fundamenta, representada por el abogado Marco Fuentes, interpuso un recurso de implicancia contra Muñoz, argumentando que el juez poseía intereses personales en el caso debido a que su hija, la jueza Graciel Muñoz, firmó una promesa de compra de dos departamentos en el proyecto. Graciel Muñoz, preocupada por la paralización del proyecto, mantuvo conversaciones con la ejecutiva Valentina Riquelme, de la misma inmobiliaria, mencionando abiertamente el rol de su padre en el futuro del proyecto.

En las declaraciones notariadas que entregó Valentina Riquelme, se revela que Graciel Muñoz buscaba mover sus inversiones a otro proyecto de la misma inmobiliaria, Eco Irarrázaval. Según se expuso en el recurso, Graciel Muñoz le indicó: “Mi idea es poder hacer cambios de la manera más amistosa. Mira, este proceso puede durar años y no creo que quiera ni pueda esperar tanto, y te lo digo con conocimiento, no porque yo sea abogada, sino porque mi papá es el que ve todo este tema, ya que participa en la Corte Suprema”.

En Italia

Pero la polémica con la inmobiliaria Fundamenta no es la única que cruza la vida de la hija del juez Muñoz. Tras la pandemia, inclusive cuando realizaba inversiones, Graciel Muñoz Tapia, jueza del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, fue cuestionada por dirigir y resolver audiencias judiciales de forma telemática desde Europa durante la pandemia.

Según la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, Muñoz Tapia viajó reiteradamente a Europa, principalmente a España e Italia, mientras seguía ejerciendo sus funciones judiciales a distancia, lo que podría vulnerar el artículo 311 del Código Orgánico de Tribunales que obliga a los jueces a residir en la ciudad donde se encuentra su tribunal.

A pesar de que el teletrabajo fue permitido para funcionarios judiciales durante la emergencia sanitaria, la situación de la magistrada Muñoz no parece haber cumplido con las normativas al no residir en la jurisdicción correspondiente. De hecho, con el paso del tiempo, y sin ser investigada penalmente, se resolvió solo amonestarla, pese a la gravedad de los hechos.

Respecto a este último punto, la gran duda es qué hizo el ministro Muñoz respecto a los viajes de su hija ya que debió haber estado al tanto, especialmente ya que vivían en el mismo departamento, e incluso la jueza dijo que quería teletrabajar para cuidar a su madre, esposa del supremo, cosa que no habría ocurrido ya que se fue a Italia.