Tres doctores colombianos involucrados en el mayor fraude de licencias médicas en Chile serán expulsados del país. La medida, catalogada como inédita, también dejó a otros 9 involucrados con penas sustitutivas y el pago de multas.
Todo se enmarca en el entramado delictual que comenzó en 2020, cuando Samir Rivaldo Hernández y su pareja Yesica Donado Alvis —líderes de la organización— montaron un negocio de licencias ideológicamente falsas que se extendió por dos años. El fraude al fisco que provocaron superó los $26 mil millones de pesos.
La trama ilegal llegó a tanto en su momento que necesitaron contratar a otros médicos colombianos para que vendieran licencias a destajo. El beneficio era redondo: todos se llevaban una comisión. A más días, más ganancia.
Pero la Fiscalía Metropolitana Oriente les siguió el paso. La acusación que armó el Ministerio Público contra cada involucrado hoy tiene a 12 profesionales condenados. Y aunque la mayoría de ellos cumplirá la pena en libertad vigilada, tres se tendrán que ir del país.
Se trata de Kevin Pérez Cartagena, Harinsson González Murcia y Cristian Ledesma Vargas.
Para los cabecillas de la red, como Samir y Yesica, todavía no hay sentencia. Por la gravedad de los delitos no pudieron obtener penas sustitutivas. Por el contrario, se mantienen en prisión preventiva a la espera del juicio oral. Exigen por lo menos, 28 años de cárcel para cada uno.
Los tres expulsados
Cuando Samir Enrique y Yesica María iniciaron el negocio fraudulento de las licencias, eran ellos mismos quienes las emitían. Después escalaron de nivel y contrataron a otros profesionales de la salud extranjeros para que las hicieran. Al mismo tiempo, para lavar el dinero proveniente de los ilícitos construyeron tres sociedades médicas: Dr. Mitite SPA, Servimed SPA y Servicios Médicos Provimedc SPA.
Fue a través de estas últimas entidades que la mayoría de los involucrados emitieron licencias. Entre ellos, Kevin Rafael Pérez Cartagena.
Kevin se tituló en 2016 como médico cirujano de la Universidad Simón Bolívar de Colombia. Para inicios de 2022 ya estaba en Chile con su certificado homologado.
La acusación de fiscalía —a la que accedió BBCL Investiga— detalla que entre el 10 febrero y el 5 de diciembre de 2022, recetó 4.990 licencias médicas. De esas, 3.804 fueron despachadas por Fonasa, lo que generó un perjuicio de $1.893 millones de pesos.
El resto fueron por isapres por más de $54 millones.
Otro integrante que usó dichos “centros médicos”, que por lo demás, nunca tuvieron sede física y sólo existían en papel, fue Harinsson González Murcia, titulado de la misma carrera pero de la Universidad Cooperativa de Colombia en 2014.
El profesional de la salud emitió 4.403 licencias médicas en Chile entre el 25 de abril y el 5 de diciembre de 2022. Causó un perjuicio por más de $1.489 millones.
El tercero es Cristian Andrés Ledesma Vargas, que también es de la Simón Bolívar, aunque del 2016. Durante 12 meses, que iniciaron en diciembre de 2021, emitió 2.115 licencias médicas.
Si bien Ledesma es el que menos recetó entre los tres, su perjuicio al fisco superó los $840 millones.
Son estos tres doctores colombianos, Kevin, Harinsson y Cristian, quienes serán expulsados del país.
Las atenuantes
Al resto de los nueve condenados no se les aplicó la misma sentencia.
Rodrigo Varela, gerente de Inmune y abogado querellante en la causa en representación de las isapres, explica a este medio que para expulsar a una persona extranjera que delinque, se necesitan cumplir ciertos requisitos contemplados en la Ley de Extranjería.
—Uno de ellos es que no exista ningún tipo de arraigo, es decir, que no tengan familia ni domicilio. Estos tres médicos, una vez que llegaron a Chile sólo lo hicieron para empezar a vender licencias. Llegaron e inmediatamente empezaron a vender—aclara.
En simple, el único objetivo de Kevin, Harinsson y Cristian fue venir a Chile para emitir licencias falsas.
¿Planes familiares o turísticos? Ninguno.
Otra condición es que las penas de cárcel sean inferiores a cinco años. Por eso, por ejemplo, Samir Rivaldo y Yesica Donado —líderes de la organización— no entran dentro de la expulsión del territorio, porque para ambos exigen más de 20 años.
—Es una sanción inédita en Chile que va a marcar un precedente de aquí en adelante —afirma Varela.
Los otros miembros de la banda, también médicos profesionales titulados en Colombia, son:
Eduardo Enrique Rojas Guerra
Julio Cesar Rojas Guerra
Brenda Flabiana Pérez Verenzuela
María Auxiliadora Yarzagaray Roa
Yuranis Yepes Trespalacios
Jeferson Paternina Hernández
Jaime Pinedo Otalvaro
Jhon Robert Noel Villarreal
Fabián Lain Velásquez Lugo
El resto de los acusados
A ellos se les acusa de tres delitos: la emisión de licencias médicas falsas, la obtención fraudulenta de subvenciones del Estado y la asociación ilícita.
Las sanciones máximas son de 3 años y un día de presidio. Luego se reducen a 688 días para otros condenados. Todas se cumplirán en libertad vigilada.
Otro de los castigos son multas de 100 y 50 UTM (6,5 millones y 3,2 millones). Por último, la inhabilidad temporal para recetar licencias médicas mientras dure el tiempo de condena.
Para el resto de los involucrados, sobre todo para los líderes, todavía se está a la espera de la preparación del juicio oral. Las penas de cárcel que les solicitan parten desde los 10 años. Adicionalmente, el Ministerio Público pide una multa de $5 mil millones de pesos para Samir y $3 mil millones para Yesica.
Una publicación previa de BBCL Investiga, expuso que la pareja adquirió grandes lujos a costa de los dineros defraudados. Por ejemplo, acomodadas casas en Barranquilla, Colombia; ropa de marca, transacciones al extranjero y joyas de oro.
Igualmente, uno de los investigados alcanzó a escapar del país. Otro artículo reveló que el día anterior a ser detenidos por la PDI, Samir y Carlos Lora Buelvas —otro integrante de la red— planearon un intento de fuga. Este último alcanzó a escapar de Chile con dirección a Colombia, pese a que ya se encontraba vigente la orden de captura.
En esta causa, las personas que compraron la mayor cantidad de licencias también están bajo el ojo del Ministerio Público. El fiscal de Alta Complejidad, Álvaro Pérez, así lo confirmó.
—También no orientamos en los compradores de licencias médicas. Y las multas que está aplicando el tribunal es la mitad de lo defraudado, que es lo que señala la ley.