El Ministerio Público presentó acusación en contra de Renato Alfonso Pinto Delgado, Luis Dagoberto Troncoso Parra y Eduardo Gonzalo Ugarte Ronzier. Esto, tal como reveló BBCL Investiga en junio de 2021, después de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) los sindicara como los responsables de urdir una red de falsificación y venta de facturas falsas para defraudar al fisco en más de $5.100 millones.

Para intentar mantener sus movimientos bajo cuerda, muchas de las transacciones monetarias, que se originaban precisamente a partir de documentación tributaria adulterada maliciosamente, se llevaban a cabo con dinero en efectivo.

Sin ir más lejos, uno de los testaferros declaró que en más de una oportunidad le tocó viajar desde la provincia de Arauco a Concepción con maletines llenos de dinero.

Ahora el Ministerio Público está solicitando penas que suman más de 15 años para los involucrados. El juicio parte el próximo 31 de julio a las 09:00 horas en el Juzgado de Garantía de Cañete.

El perjuicio fiscal de $5.195 millones

De acuerdo con antecedentes vertidos por el ente persecutor en su acusación, la investigación que se inició a partir de una querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos permitió llegar a la conclusión de que entre los tres implicados ejecutaron cuatro hechos delictivos.

Por un lado, el fiscal Danilo Ramos Silva apunta a que Eduardo Ugarte Ronzier, en su calidad de representante legal de Innovaciones Forestales SpA, presentó en nombre de la empresa declaraciones de impuesto al valor agregado en las que aumentó “indebidamente y deliberadamente” los créditos fiscales que realmente tenía derecho a hacer valer.

Todo gracias a las 155 facturas falsas que en definitiva le permitieron a Innovaciones Forestales pagar $5.195 millones menos en impuestos, provocando un perjuicio fiscal igual a esa cifra.

Respecto a la procedencia de las facturas, el fiscal afirma en su acusación que las utilizadas por Ugarte Ronzier eran falsas porque daban cuenta “de compras de madera que no se realizaron en la forma descrita en ellas y en las guías de despacho que se fundan”.

Esto último, ya que en muchos casos no había concordancia entre las cantidades y los montos involucrados. En otros, derechamente las supuestas ventas respaldadas en la documentación tributaria nunca existieron.

Los facilitadores

En un segundo orden el fiscal describe los delitos que le acusa a Renato Pinto Delgado, en su calidad de representante legal de Forestal Los Acacios SpA.

En concreto, a Pinto Delgado se le acusa de haber facilitado a Innovaciones Forestales un total de 150 facturas falsas que finalmente se utilizaron para que esta última consiguiera defraudar al fisco.

Según se desprende del documento de 59 páginas el Ministerio Público ingresó a la causa, Pinto Delgado estaba en pleno conocimiento de que la empresa que él representaba estuvo entre 2014 y 2016 emitiendo estas facturas por ventas de madera que no se realizaban en la forma descrita.

“El imputado (Pinto) facilitó estas facturas, entre otros fines, para posibilitar que fueran ingresadas en la contabilidad de la contribuyente Innovaciones Forestales SpA y esta a su vez, hiciera valer el falso crédito fiscal consignado en ellas rebajando su carga tributaria, pagando menos impuesto al valor agregado del que le correspondía”, reza la acusación.

En esa misma línea, Pinto Delgado a través de Los Acacios consiguió hacerse de facturas falsas emitidas por los calificados como “facilitadores” de estos documentos. Dichas facturas, emitidas por otros contribuyentes, daban cuenta de actividades mercantiles inexistentes.

Así también, se comprobó que en algunos casos los facilitadores de estos documentos tributarios habían iniciado actividades en el SII con el único fin de comercializar las facturas a Los Acacios. Es por eso que en muchos casos se utilizaban roles de terreno donde nunca se había extraído madera o de lugares donde el recurso se había agotado mucho antes.

Todo esto, afirma la fiscalía, porque además era una fórmula perfecta para poder “blanquear o legalizar el origen de dicha madera, por cuanto era sacada desde predios con autorización de quienes no eran sus legítimos dueños”. Es decir, era madera robada.

Asimismo, al propio Renato Pinto se le acusa de haber causado un perjuicio de unos $300 millones desde las arcas fiscales gracias a seis solicitudes de devolución de impuesto al valor agregado que le había sido retenido por las supuestas ventas de madera a Innovaciones Forestales.

“La devolución de impuesto solicitada fue obtenida por el querellado, no correspondiéndole la referida devolución debido a que las solicitudes se fundaron en créditos fiscales ficticios originados en un total de 26 facturas provenientes de 6 contribuyentes, quienes no realizaron las operaciones que éstas consignan”, se plantea en la acusación.

Movimientos maliciosos

En otro de los hechos identificados por el Ministerio Público emerge la figura de Luis Troncoso Parra. Este último, según la indagatoria, utilizó la empresa de la cual su hermana era representante legal para facilitar “de manera maliciosa” facturas falsas a Renato Pinto.

No conforme con involucrar a su familia, también convenció al menos a otros cinco contribuyentes para que facilitaran sus propias facturas y documentos tributarios, siempre con el mismo fin: defraudar al fisco.

Sin ir más lejos, y tal como era común en la organización, muchos de estos contribuyentes iniciaron actividades “con el sólo objeto” de traspasar facturas falsas a Troncoso Parra.

“Fue así como tales documentos mercantiles, fueron ingresados a la contabilidad de dicha empresa y sirvieron de fundamento, para rebajar crédito fiscal y obtener devoluciones fraudulentas”, reza el documento.

Con todo, la fiscalía está solicitando para Eduardo Ugarte Ronzier una pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y una multa del 200% de lo defraudado, equivalente a una cifra superior a los $10.300 millones de pesos. Todo esto, por delito de aumento indebido de crédito fiscal en carácter de reiterado.

Por su parte, para Renato Pinto la fiscalía solicita a la justica dos penas de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, más una multa de 40 Unidades Tributarias Anuales (UTA) y otra también equivalente al 200% de lo defraudado.

Esto, por los delitos de facilitación, en carácter de reiterado, de facturas falsas y por el delito de devolución indebida de impuesto.

Por último, para Luis Troncoso el Ministerio Público está pidiendo una pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo y una multa de 40 UTA (más de $31 millones a la fecha de hoy)

Con todo, el tribunal de garantía cañetino fijó para el próximo miércoles 31 de julio la audiencia de preparación del juicio oral. De cara a dicha instancia, el Ministerio Público ofreció el testimonio de 60 testigos, además de la declaración de peritos y una veintena de aparatos electrónicos.