Cerca de $370 millones —provenientes de las arcas fiscales— se gastan cada año en el funcionamiento de Estadio Seguro. Un programa que, a punta de incidentes, ha vuelto a estar en el ojo del huracán, particularmente desde que inició la temporada de fútbol nacional este 2024.
Así ocurrió, por ejemplo, con la final de la Supercopa y el retorno de la U al Estadio Nacional, en febrero. Sin ir más lejos, el miércoles de la semana pasada, un duelo “amistoso” de Colo-Colo en el Monumental hasta terminó con un hincha muerto.
Desde su creación en 2011, cuando se esperaba fuera la solución a la violencia en los estadios, el cuestionado plan a cargo de la periodista Pamela Venegas Leiton (independiente) se ha trasformado —en la práctica— en un mero ente consultivo que simplemente acompaña las decisiones de las delegaciones presidenciales.
Para cambiar dicho escenario, en el Congreso se tramita el proyecto de ley denominado “Salvemos el Fútbol”. La moción, refundida con otras iniciativas orientadas a reformar la Ley de Estadio Seguro, fue aprobada por la Cámara a inicios de mayo y hoy sigue su trámite en la Comisión de Deportes del Senado.
Precisamente a raíz de estos y otros episodios crecen los cuestionamientos a la existencia del programa y, en particular, los millonarios gastos operativos en una iniciativa que ha mostrado escasos resultados.
Sueldos acomodados
El grueso del desembolso se concentra en los 10 funcionarios que trabajan en el programa, encabezados por Venegas. A ello se suman a pasajes aéreos, taxis, viáticos y reembolsos de bencina y pasajes.
De acuerdo a información obtenida por BBCL Investiga, el gasto anual sólo en personal llega a los $340 millones. Es decir, un 92% del presupuesto.
La que más sueldo recibe es precisamente Venegas, altamente cuestionada por su gestión a cargo del departamento, con un ingreso anual de $64.2 millones ($5.3 millones mensuales).
A ella le siguen Christian Fuenzalida López, con $49 millones ($4 mensuales); Rodrigo Garcés Hernández, con $40.1 ($3,3 mensuales); Ricardo Vitteri Montaldo y Gustavo Garrido Alonso, ambos con $32.1 millones ($2.6 mensuales) y Jacqueline Salinas Salinas, con $29 millones ($2.4 mensuales).
Asimismo, Constanza Barrera Garín, Juan Pablo Guajardo Mckay y Andrés Merino Calvo reciben $25 millones ($2 mensuales). La lista la cierra Natalia González Vásquez, con $18,7 millones ($1.5 mensuales).
Vuelos, taxis y otros
Si bien el grueso de los gastos se centran en sueldos, otros $30 millones también han sido rendidos por Estadio Seguro por concepto de pasajes aéreos, taxis, viáticos y reembolsos de bencina y pasajes.
Durante 2023, el programa gastó $12 millones en pasajes aéreos, los cuales fueron utilizados por los funcionarios para desplegarse en los eventos deportivos realizados en los diferentes estadios del país.
Según consta en los registros, además de realizar la respectiva supervisión de los partidos, también se despliegan para coordinación, organización, visitas técnicas e incluso propiciar “diálogos futboleros”.
También recibieron una asignación para realizar esas labores fuera de Santiago, bajo el ítem “cometidos”, los cuales llegaron a los $8,9 millones durante todo 2023.
En tanto, un monto similar gastaron los funcionarios en taxis ($8,2 millones), fundamentalmente para trasladarse desde sus alojamientos hasta los estadios respectivos. Así funciona principalmente cuando se trata de visitas de funcionarios de Estadio Seguro a regiones alejadas de Santiago.
Por el contrario, cuando se trata de ciudades contiguas a la capital, los registros muestran que los funcionarios asignados acuden en vehículos propios y luego piden el reembolso de bencina y peajes respectivos. Dicho gasto totalizó los $1,2 millones el año pasado.
“¿Es hoy día necesario o se justifica tener Estadio Seguro?”
“Lo único que hacen es viajar a partidos específicos, es raro que gasten tanta plata. No sé cuál es la efectividad real porque quien corta el queque finalmente es la delegación presidencial y Carabineros”, dicen fuentes consultadas por BBCL Investiga en los pasillos de la ANFP.
Y es que pese al despliegue, los problemas han aflorado desde el primer partido del año: la final de la Supercopa entre Colo-Colo y Huachipato. El partido fue paralizado por un incendio provocado por la barra alba en el Estadio Nacional, que afectó a una zona contigua al memorial a los detenidos desaparecidos que se encuentra en el sector norte del recinto.
La situación tuvo dos actos. Primero, el duelo se demoró en el entretiempo por incidentes causados por la misma barra, que se enfrentó con Carabineros en la pista atlética. Después, cuando quedaban 10 minutos para el final del partido, el partido se detuvo porque un grupo de barristas albos estaba otra vez en la zona cercana a la cancha del Estadio Nacional.
Ahí fue que, una vez suspendido el choque, un grupo empezó a incendiar objetos en la puerta número 8, a un costado del memorial. Por altoparlantes, se pidió evacuar el reducto por lo peligroso de la escena. Mientras tanto, los barristas -la mayoría a rostro cubierto- celebró el patético espectáculo.
Las críticas a Estadio Seguro no se hicieron esperar. Ante los reproches, por medio de un comunicado condenaron los hechos y se defendieron diciendo que habían realizado una planificación de semanas para el evento. En tanto, el Gobierno anunció una querella contra los responsables.
Curiosamente, en medio de la vorágine, todo llevó a que la peor parte se la llevara el archirrival: la U. El Gobierno anunció días después la polémica suspensión del regreso de la Universidad de Chile al Estadio Nacional, pese a toda la planificación previa de los azules y luego de una larga ausencia por reparaciones y los Juegos Panamericanos.
Según explicaron por ese entonces, tomaron la determinación luego de conocerse un negativo informe de las autoridades policiales y de Gobierno que recomendaban reprogramar el encuentro tras los incidentes ocurridos durante la Supercopa.
Si bien la U contaba con un plan aprobado, la Delegación Presidencial decidió exigir mayores medidas de seguridad a raíz de lo sucedido con Colo-Colo.
Una determinación que hizo estallar a los azules. Convocaron una rueda de prensa con todo el plantel y los dirigentes presentes para fustigar al gobierno. Ante tal escenario, Cecilia Pérez, vicepresidenta de Azul Azul y también exministra de Deportes de Piñera, cuestionó el plan gubernamental y también la gestión del Ejecutivo. Incluso fue más allá: “¿Es hoy día necesario o se justifica tener Estadio Seguro?”, preguntó.
Fuegos artificiales y un muerto
Sumado a esos y otros episodios, el más reciente se registró el pasado miércoles 26 de junio en el duelo “amistoso” del cacique con Universitario de Lima, en el Estadio Monumental, que también acabó con serios problemas e incluso un hincha muerto en las cercanías del recinto.
Dentro de la cancha, todo se desató cuando parte de la parcialidad del ‘Cacique’ arremetió lanzando fuegos de artificio al interior del Monumental, lo que desató que el duelo se detuviera por orden del árbitro principal del partido.
En el exterior, la tragedia tuvo lugar antes del comienzo del partido. A eso de las 20:00 horas, la víctima iba vestida con la indumentaria alba en calle Mirador Azul, a la altura del 6200. En ese momento, según testigos, fue atacado por un grupo de hinchas de Universitario de Lima.
La reacción del Ejecutivo fue similar al episodio de inicio de año. Emitió un comunicado en el que anunció un proceso sancionatorio contra Colo-Colo, una querella criminal contra los responsables de los desórdenes y el homicidio, además de nuevas exigencias de seguridad al club.
Con todo, pese a ser consultados en reiteradas ocasiones para este artículo, ni la jefa de Estadio Seguro, Pamela Venegas, ni la Subsecretaría del Interior quisieron referirse a la implementación del programa, la justificación detrás del gasto o explicar la toma de decisiones entre las distintas instituciones involucradas.
“Lo único que hacen es poner trabas. Siempre buscan lo más fácil, que es bajar los aforos. Mientras menos gente vaya al estadio, mejor para ellos”, dice una fuente que conoce al dedillo el balompié criollo. Y ahonda: “Falta uniformidad en los criterios. Si al delegado (presidencial) correspondiente no le gusta el fútbol, simplemente te bajan el aforo. Es un problema que se arrastra incluso de gobiernos anteriores”.
“Salvemos el Fútbol”
De cara al futuro, un proyecto de ley que se tramita en el Congreso busca fortalecer la seguridad en los estadios.
La propuesta, denominada “Salvemos el Fútbol”, es una moción refundida con otras iniciativas orientadas a reformar la Ley de Estadio Seguro. A inicios de mayo pasado fue aprobada por la Cámara y actualmente está siendo tramitada en el Senado.
Esta iniciativa, presentada por los socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, busca elevar los estándares exigidos en el control de ingreso a los estadios, en la autorización de los eventos futbolísticos y en las sanciones a los delincuentes y los clubes que incumplan la norma.
“Este no es un problema nuevo. Estadio Seguro jamás ha funcionado bien. Por los resultados, el programa debería haberse llamado ‘Estadio Inseguro’ o ‘Estadio Vacío’. Con nuestro proyecto ‘Salvemos el Fútbol’ se introducen una serie de modificaciones relevantes en el control y en las sanciones, tanto a organizadores como hinchas. Esperamos que avance prontamente y sea ley de la República. Es un deber devolverle el espectáculo del fútbol a las familias”, remarca Manouchehri.
Entre otras cosas, la propuesta plantea prohibir el ingreso a personas que tengan órdenes de detención, obligar a los menores de 16 años asistir con un adulto responsable, obligar a los clubes a contar con control biométrico en el ingreso a los recintos deportivos y tener guardias de seguridad que estén al nivel del control delictivo.
El diputado Andrés Celis (RN), presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara, explica que “la idea es que produzca un cambio radical, que se traduce en el cambio de la conducta de las barras y que también se traduce no tan solo respecto de lo que suceda dentro del estadio sino también en el entorno del estadio”.
Asimismo, enfatiza en la importancia de implementar un control biométrico en el ingreso. Pero no sólo en la entrada, sino que permita un seguimiento al interior del recinto. “Tú vas a recorrer el estadio y siempre siempre vas a estar monitoreado en el lugar en que tú estés. Eso es un cambio bastante importante”, afirma.
Por su parte, Marco Antonio Sulantay (UDI), miembro de la misma instancia parlamentaria, subraya que “el Estado de Chile -no quiero centrar mi crítica en este gobierno-, todos los gobiernos que han estado a cargo han sido demasiado laxos. No han sido rigurosos en enfrentar este tema como corresponde”.
A su parecer, sería ideal “asimilar la legislación local chilena a las Grandes Ligas en Europa, en Inglaterra, donde las penas son muy fuertes respecto al crimen organizado y a todos estos hechos”.
En la práctica, si el proyecto prospera, Celis enfatiza que “la idea es que Estadio Seguro desaparezca y que esto sea radicado en el Ministerio de Seguridad”, cuya creación en paralelo también está siendo discutida en el Congreso.
La billetera de Estadio Seguro: el millonario gasto en sueldos, taxis y viáticos del cuestionado plan
