Crimen organizado y violencia intrafamiliar: cómo son los secuestros según últimos datos de Fiscalía

Eran las 3:05 de la mañana del pasado viernes 10 de noviembre cuando, tras 35 horas sin conocerse su paradero, liberaron al empresario Rudy Basualdo Castillo de 50 años, tras el supuesto pago de alrededor de 40 millones de pesos.

El secuestro producido en Rancagua – y que hoy tiene a ocho personas detenidas – es solo uno de los 850 registrados en 2023, un 2,9% más que el año anterior. Cifra que, aunque de igual manera es preocupante, bajó en comparación con el aumento de 68% registrado entre 2021 y 2022, demostrando algo de control sobre la situación.

Así se establece en el “Reporte N°2 sobre Fenómenos Criminales y Secuestros” que realiza la División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión de la Fiscalía Nacional. Informe que analizó los contextos y características de las causas de este tipo de delitos, registradas durante el año pasado, con el fin de poder evaluar la efectividad de las políticas de persecución y prevención del crimen adoptadas por el Gobierno.

Además del leve aumento de secuestros, el Ministerio Público reveló haberse mostrado patrones similares entre el 2022 y 2023, exceptuando un aumento de cuatro puntos porcentuales en aquellos asociados al crimen organizado.

El informe también llamó la atención sobre el importante número de casos asociados a disputas familiares, con las principales relaciones siendo de parejas o exparejas, y con víctimas mujeres.

Resultados

Hasta hace cinco años, los secuestros no eran una prioridad en los informes de las instituciones encargadas de la persecución penal o preventiva en Chile. Sin embargo, esta realidad ha cambiado drásticamente.

En los últimos tres años, se ha observado una transformación en el panorama delictivo del país, marcada por un incremento de la violencia armada, un aumento en la tasa de homicidios y la presencia de organizaciones criminales con vínculos internacionales, atribuibles al alto número de inmigrantes irregulares.

En ese contexto el reporte busca retratar esta nueva realidad anualmente, a través del análisis de las causas de secuestro. Casos a los que se espera que se sumen en el próximo informe de 2024 las últimas denuncias publicadas por la prensa, como los dos venezolanos secuestrados en Renca en febrero; un hombre secuestrado en Los Ángeles y luego liberado por $40.000 en junio; una mujer secuestrada en el terminal de buses de Estación Central, con la participación de su pareja bajo investigación; un joven subido a la fuerza a un vehículo fuera de la Universidad de Santiago, entre otros.

El año pasado, la Fiscalía Nacional publicó una cifra histórica en el aumento de secuestros, registrándose un alza del 67.8% de 2021 a 2022 a nivel nacional. Mientras que en el primer año se iniciaron 492 investigaciones por este tipo de delito, la cifra incrementó a 826 el año siguiente.

Para el 2023, el alza continuó, tal como confirmó el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en la cuenta pública de la institución realizada el pasado martes 18, aunque con una intensidad mucho menor. El año pasado, se registraron 24 secuestros más que en 2022, equivalentes a un aumento del 2.9%.

El incremento de los últimos dos años es alarmante, ya que el 28.5% de todos los secuestros de la década ocurrieron entre 2022 y 2023.

Violencia intrafamiliar

Durante el año pasado, la mayor cantidad de secuestros estuvo vinculada a disputas familiares o domésticas, alcanzando esta motivación un 18,7% de los secuestros totales en el país.

Por consiguiente, la mayoría de las víctimas fueron mujeres, retenidas en contra de su voluntad en gran parte de los casos por sus parejas o exparejas.

En el 38% del total de las causas analizadas, se concluyó que la víctima y el imputado o sospechoso se conocían de forma previa al delito, correspondiendo un 46% de este grupo a relaciones de pareja o expareja.

Así, este año también se ha visto esta situación, como el caso de la investigación iniciada por la Fiscalía de Temuco sobre un hombre que habría secuestrado, violado y golpeado a su pareja durante 15 días a inicios del pasado mayo.

La segunda motivación más fuerte analizada por el reporte fueron aquellos secuestros típicamente asociados al crimen organizado por estar vinculados a fines extorsivos, ajustes de cuentas, grupos delictivos y con fines de explotación sexual.

Para el año 2022, estas cuatro tipologías alcanzaban el 23%, aumentando a 27% el 2023.

Respecto a este tema, el informe destacó la reciente implementación a fines del 2023 de los equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) que cuenta con 240 profesionales desplegados a lo largo de diez regiones del país.

La efectividad del nuevo grupo especializado del Ministerio Público y su incidencia en las tasas de crimen organizado, debiese ser analizado en el próximo reporte anual.

Sin embargo, un 23% de las causas de secuestros de 2023 no contaban con la información suficiente para poder definir la motivación de este, lo que da cuenta de la ausencia de antecedentes claves para orientar el inicio de las investigaciones penales.

Las otras características

Además de las motivaciones, el reporte afirmó mantenerse patrones bastante similares entre las características de los secuestros entre 2022 y 2023.

Una variable relevante vinculada al nivel de complejidad que puede tener una investigación es el porcentaje de imputados desconocidos. Para los secuestros analizados en 2023, este valor llegó a 39%, diez puntos porcentuales menor que el observado en 2022.

El conocimiento o desconocimiento del perpetrador (o perpetradores) del delito varió según tipo de secuestro, existiendo un 100% de desconocimiento del imputado en aquellos con fines de explotación sexual, seguidos por un 89% en secuestros simulados o fraudulentos, y un 74% en secuestros con fines de abuso sexual y/o violación.

Asimismo, el Ministerio Público también entregó cifras sobre la cantidad de imputados por causa, concluyendo que en promedio, tres individuos participaron en cada secuestro, número casi idéntico al reportado en 2022.

Por otro lado, solo en el 1% de los casos se mencionó la implicación de una banda criminal en los informes policiales, habiéndo sido la cifra de un 5% en 2022.

Respecto a la nacionalidad de los imputados, un 25% de ellos eran extranjeros, un aumento de diez puntos porcentuales comparado con 2022. La mayor nacionalidad detectada fue venezolana (73%), seguida de la colombiana (11%), registrándose una mayor participación de los primeros hacia 2023, y una disminución de los segundos.

Además, el informe resaltó una alta tasa de delincuentes reincidentes en las causas analizadas, habiendo un 88% de los imputados estando implicados en otros delitos además de los secuestros, acumulando en promedio 12 delitos adicionales.

Finalmente, para la comisión de los delitos, en el 27% de los casos se emplearon armas de fuego – leve descenso comparado con 2022 – y en el 18% de los casos se usó armas blancas u objetos contundentes, sugiriendo que la violencia física directa sigue permaneciendo como un método utilizado para la retención de las víctimas.

Respecto al lugar de los hechos, el 32% de los secuestros fueron perpetrados en la vía pública, siendo el automóvil el medio preferido no solo para abordar y trasladar a las víctimas, sino también como un espacio físico donde se realizó la retención, en el 28% de los casos. En sobre la mitad de las causas investigadas, hubo la presencia de un automóvil para la comisión del delito, cifras que se comportaron de una manera prácticamente idéntica al año anterior.

Una visión geográfica

En esta última década, el mayor de ingresos de causas por este delito fueron en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte que cubre las comunas de Santiago, Quinta Normal, Estación Central, Quilicura, Renca, Huechuraba, ConchalÍ, Independencia, Recoleta, Cerro Navia y Lo Prado.