Sitio porno, amenazas y "multa": cómo el Tren de Aragua tejió red de explotación sexual en Concepción

Una embarazada y una menor de edad forman parte de las 14 víctimas de la red de explotación sexual que tejieron miembros del Tren de Aragua en Concepción. Se trata de un entramado que —según fiscalía— erigió la pareja de extranjeros conformada por el colombiano Luis Felipe Franco Ceballos y la venezolana Mary Emilia Colmenarez Orozco, quien alcanzó notoriedad pública por difundir su vida de lujos vía TikTok.

Ambos —apunta el organismo persecutor— montaron una organización que les permitió coordinar la llegada de mujeres foráneas a la capital del Bío Bío. Era precisamente Luis, apodado El Caliche, quien transfería directamente los dineros vía Western Union a las víctimas para que costearan el viaje vía terrestre en dirección a Chile.

Una vez que se concretaba su arribo, el grupo criminal les cobraba una “multa” de entre 3,5 y 4 millones de pesos por supuestos gastos operativos: el traslado, servicios de producción y publicación de fotografías en una página web de prestaciones sexuales. También por la estadía y la alimentación.

El plan, liderado por ambos imputados, era ese: generar altos montos que fueran imposibles de pagar en su totalidad para así seguir reteniendo a las mujeres y obligarlas a prostituirse.

El control no sólo era financiero. En la casa que arrendaban había cámaras de vigilancia y miraban cada uno de los movimientos de las mujeres. También restringían sus celulares. Mary Emilia era quien contestaba las llamadas o respondía los mensajes en lugar de las víctimas. Eso, al mismo tiempo, evitaba que pudieran elegir a sus “clientes”.

La propuesta de venir a Chile

Según antecedentes contenidos en el expediente judicial, desde febrero de 2022, Luis Felipe y Mary Emilia ofrecían a mujeres extranjeras el ingreso y asentamiento en Chile. Sus métodos eran diversos. Podían ser publicaciones, mensajes directos por redes sociales o un tercero residente en el país hacía el vínculo. La propuesta era que ellos pagaban todo el viaje y también su estadía. El único fin era que debían ejercer la prostitución.

La acusación del fiscal del caso Patricio Aravena —a la que accedió La Radio y BBCL Investiga— detalla en 44 páginas que se aprovecharon de su vulnerabilidad y de su dependencia financiera. A eso, se le sumaba que eran amenazadas, incluso con armas de fuego.

Como el ingreso a Chile era ilegal, las vías para hacerlo eran pasos no habilitados. En algunos casos debían atravesar zonas desérticas a pies descalzos. Una vez en el país viajaban hasta Concepción. Toda esa organización y compra de pasajes quedaba a cargo de Luis y Mary. Ambos también se encargaban de las habitaciones ubicadas en Aníbal Pinto 979, en pleno centro penquista.

“Eran pagadas directamente por Franco Ceballos o en ocasiones, directamente por las víctimas con el dinero proveniente de los pagos de los servicios sexuales que realizaban. Manteniéndose aquellas en condición migratoria irregular”, estipula la acusación.

Esos montos se sumaban a otra lista. La de las deudas.

Todo se cobra

Nada de lo que la pareja hacía era gratis. El amarre a las víctimas de explotación sexual era en gran parte económico.

La base de su “deuda” era de a lo menos 3,5 millones de pesos. Esos gastos incluían los traslados desde Colombia/Venezuela hasta Concepción, Chile. También la compra de vestimentas para prestar servicios sexuales y el pago de la peluquería para la sesión de fotos. Esas mismas imágenes se irían a páginas porno que ofrecerían sus servicios sexuales. El propio imputado así lo desclasificó en una conversación telefónica intervenida por la fiscalía.

Según se desprende del intercambio, el Tren de Aragua ajusta su modus operandi para explotar mujeres dependiendo de la localidad donde operan. Precisamente en ciudades del norte de Chile los servicios sexuales de las víctimas no son ofrecidos en páginas porno sino en “plazas”. Es decir, locales nocturnos o sectores completos que están bajo control territorial de la asociación criminal transnacional. Y aunque allí el impuesto no se llama multa sino “vacuna”, los resultados son los mismos para quienes no pagan al día.

A todo lo anterior se le sumaba el control total de la vida personal. De partida, no podían usar su celulares. Luis y Mary era quienes enviaban mensajes y respondían las llamadas. Con eso tenían todo el manejo de cada persona que pedía un encuentro sexual.

“Enviaban clientes a las mujeres víctimas de explotación sexual, quienes debían estar disponibles durante todo el día y en todo horario, encontrándose supeditadas a las instrucciones de Luis Felipe y Mary Emilia, teniendo que prostituirse largas y extensas jornadas”, reza el documento.

Tampoco respetaban las peticiones de las mujeres. Si el cliente exigía hacerlo sin preservativo, las obligaban a tener sexo sin protección.

“Realizaron acciones violentas y/o intimidantes contra las víctimas y clientes que ellas atendían, provocando con ello que dichas mujeres adoptaran una conducta sumisa en relación con éste, atendido el miedo o temor que sentían, contactándose además con los clientes de las víctimas cuando mantenían deudas”, versa la acusación ingresada por el fiscal Patricio Aravena.

Tal como reveló BBCL Investiga, Mary Emilia tenía otros roles aún más específicos: comprar el maquillaje y la lencería, hastaofrecerse como “gancho sexual” cuando el negocio lo hacía necesario. También alcanzó cierta fama en redes sociales, luego de que mostrara su vida de lujos a través de TikTok, donde tiene cerca de 7 mil seguidores y acumula más de 12.300 “me gusta”.

En una de las conversaciones telefónicas interceptadas se escucha a Luis Felipe explicándole en septiembre de 2022 a otro de los implicados de la organización que los clientes estaban escaseando, lo que lo tenía estresado.

—Estos días como vienen las Fiestas Patrias todo el mundo anda sin gastar nada… Me tocó hasta crear una publicación falsa, hermano, con las fotos de mi mujer. Hablan, hablan y hablan y cuando llegan a atenderse como ven que no es la chama dicen “no, no, no” y se van. Ando pero estresado, mano —se escucha decir al Caliche.

¿Y los dineros?

La libertad de las víctimas también era coartada. Les prohibían salir del inmueble. Y al interior, cada movimiento de las mujeres era controlado porque existían cámaras de vigilancia.

Una de las víctimas incluso se negó a dejar la residencia ilegal ante las constantes amenazas, pese al ofrecimiento concreto de uno de sus clientes. Todo quedó registrado en una conversación telefónica intervenida.

—Yo pensé que no me ibas a hablar nunca más. ¿Cuándo se viene a vivir conmigo?

—Si fuera por mí yo ya me hubiera ido.

—Pero mira, lo que podemos hacer es que tú te vengas y yo te ayudo a pagar esa deuda (multa) ¿O no?

—No, pero es que no puedo (…) No se puede así.

Periódicamente, Mary se dejaba caer en la casa de Aníbal Pinto para controlar los pagos de dinero por cada encuentro sexual, aunque Luis era quien llevaba el detalle de la caja fuerte y recolectaba cada peso. Si algún “cliente” quería transferir, la cuenta que daba era la suya.

“Mantenían a las víctimas viviendo y explotándolas sexualmente en el mismo inmueble, en ocasiones en la misma habitación, siendo éstas de dimensiones pequeñas, reuniendo incluso a dos mujeres en la misma habitación cuando aquellas no generaban dinero debido a la baja captación de clientes”, detalla el escrito del fiscal Aravena.

Si bien Luis y Mary eran los cabecillas de la operación, también existían otros cómplices según establecieron las pesquisas. Como Carlos Mario Tulcán Montoya y Josette Evelyn Rosales Rosales. Ambos, sostiene la acusación, facilitaban las piezas que arrendaban y llevaban una doble vigilancia de lo que sucedía al interior.

“Ambos se encontraban en conocimiento del nivel de violencia y/o intimidación que ejercía Luis Felipe al interior de la casa, tanto a las víctimas de explotación sexual como a los clientes que solicitaban atención de ellas. Permitían acceso al inmueble a Luis y a terceras personas que lo acompañaban, para que éste realizara los cobros y controlara a las mujeres”.

Extracto de la acusación

Carlitos Nike

El quinto integrante, establece la acusación, era Enrique Silva León. Su rol era vigilar la vivienda de Aníbal Pinto, amenazar y cobrar dineros.

Otro miembro, dice el escrito, era Carlos Alexander Cortez Flores. Apodado Carlitos Nike, se trata de uno de los prófugos por el asesinato del suboficial de Carabineros, Daniel Palma, ocurrido en Santiago. De acuerdo a la acusación, él se dedicaba a captar mujeres, cobrarles bajo intimidación y amenazarlas con echarlas del país si no pagaban. Usaba armas de fuego para “generarles miedo”.

Los hechos ocurridos en la capital golpearon a la organización penquista. Así consta en otra conversación captada por los investigadores entre el imputado y un condenado en Puerto Montt. El mismo intercambio confirma las sospechas de que Carlitos Nike simplemente se fugó tras el asesinato.

—Aquí en la cárcel se conoce todo, mi brother. Todo. (…) Yo averigüé la vuelta en Santiago. Esos panitas le estaban cobrando una vacuna a alguien y, casualidad de la vida, el carabinero lo fue a controlar. Pero el carabinero andaba solo (…) Si te soy sincero, ya no te preocupes por esos panas. Esos panas ya cruzaron ya, porque Carlitos se comunicó con Lore, la hija de Rossana.

Las víctimas

Las mujeres obligadas a prostituirse en su mayoría eran veinteañeras. Una de las víctimas, a la que llamaron “Anna”, era menor de edad. Otra, bautizada con su nombre de fantasía “Mía”, estaba embarazada. Aun así la obligaban a tener sexo para pagar su “deuda”.

En total, eran 14 víctimas.

El objetivo de Luis era expandir la misma actividad en otras ciudades, principalmente en Puerto Montt. A él también se la acusa de adquirir y distribuir ketamina, marihuana y cocaína. Mary, Enrique y Carlos también estaban metidos en ese negocio.

Cuando incautaron sus domicilios, además de las bolsas plásticas con droga, encontraron armas y dinero en efectivo.

Ahora, el Ministerio Pública solicita penas totales de hasta 46 años por los delitos de trata de personas, tráfico de drogas, y porte de municiones y armas convencionales y prohibidas.

Los querellantes, en tanto, la Delegación Presidencial y el Instituto Nacional de Derechos Humanos están solicitando el presidio perpetuo para cuatro de los nueve acusados, entre los cuales hay un menor de edad. Los miembros de la red se conforma con una chilena, dos colombianos y seis venezolanos.