$244 millones: el contrato a dedo del Gobierno con Datavoz que incluye puntos "secretos"

Un contrato suscrito entre el Ministerio Secretaría General del Gobierno (Segegob) – liderado por Camila Vallejo (PC) – y la empresa Datavoz, perteneciente al grupo Statcom, generó comentarios en los pasillos de La Moneda, por el secretismo alrededor de los detalles y fines del acuerdo.

Todo comenzó el pasado 10 de mayo cuando la secretaría de Comunicaciones y Cultura (Secom) –dependendiente de Segegob y dirigida por Pablo Paredes (RD)– solicitó la aprobación por trato directo de un contrato para la realización de encuestas de alrededor de $244 millones con Datavoz, empresa desarrolladora de estudios. La petición fue aprobada, y tres semanas después se firmó el acuerdo con la compañía fundada por la profesional en Estadística, Paulina Valenzuela, sin ser la primera vez que Datavoz trabaja con dicha repartición.

Sin embargo, la confidencialidad de los detalles, sumado a la modalidad de trato directo, generaron dudas respecto a las razones que llevaron a solicitar los estudios y la necesidad del millonario gasto público para “identificar los requerimientos y prioridades ciudadanas a tópicos de interés públicos”, objetivo definido en el contrato.

Trato directo y confidencialidad

El 31 de mayo la Subsecretaría General de Gobierno suscribió el contrato con Statcom Datavoz Consultoría Limitada para la realización de un estudio estadístico a través de focus groups y entrevistas remotas, por un monto de 6.501 UF, equivalente a aproximadamente $244 millones.

A pesar del alto monto involucrado, el servicio no se solicitó a través de una licitación pública, sino que se hizo mediante trato directo, al ser “indispensable” acudir exclusivamente a esta empresa, de acuerdo a lo argumentado en el mismo contrato. La empresa no es desconocida dentro de La Moneda y ya había suscrito otros contratos con el Gobierno.

No serían reservados solo los resultados de las encuestas, que por ley se mantienen ocultos hasta el término del Gobierno actual, sino que el contrato indica que el objeto de este también es “secreto y reservado”.

Esta cláusula, de acuerdo al documento, impedía la publicación en las Bases Técnicas de información suficiente para que distintos proveedores pudiesen postular, imposibilitando la apertura de una licitación pública.

Así, los potenciales oferentes no podrían contar con el detalle para “realizar un adecuado cálculo de costos del servicio requerido y entregar ofertas técnicas evaluables, todo lo cual en este caso es imposible, pues los resultados de encuestas y sondeos de opinión anteriores -que son parte del análisis que debe entregar estudio hoy requerido- son secretos actualmente”, de acuerdo a lo indicado en el contrato.

De tal forma, la reserva no solo se mantiene respecto a los resultados de los estudios realizados por la empresa, sino que también sobre otra información del contrato, incluyendo los detalles sobre los propósitos de este.

Otro argumento entregado por el contrato, es que Datavoz sería la única compañía que contaría con una “serie de particularidades” para realizar los estudios, como lo serían los materiales por experiencia acumulada en el tiempo, su reconocimiento, equipos interdisciplinarios, etc., características que lo convertirían en “el único que cuenta con las facultades necesarias para poder prestar el servicio”.

Sin embargo, otras empresas de usual trabajo estadístico en el sector público, como CADEM, Criteria o Activa (desarrolladores de Pulso Ciudadano), también parecieran cumplir con las “distintivas y únicas” particularidades de Datavoz. De acuerdo a estadísticas del Servicio de Impuestos Internos, en 2022 había 294 empresas con giro “estudios de mercado y encuestas de opinión pública”, según publicó La Tercera.

Radio Bío Bío consultó a Segegob sobre si se realizó una comparación de precios con otras empresas para el contrato específico, frente a lo cual respondieron que “constantemente se están evaluando los diversos proveedores de estudios cualitativos y cuantitativos disponibles, siendo la oferta económica uno de los factores a evaluar”.

Sin embargo, la contestación en sí no responde una de las interrogantes que se abordan en esta materia y que dice relación con la posibilidad de que tras este trabajo esté realmente la búsqueda del llamado “relato” del gobierno. Punto que ha deambulado en las reuniones políticas del oficialismo de cara a los últimos 20 meses de gestión y que podría explicar el hermetismo respecto a los objetivos y conclusiones del trabajo.

Los montos

El contrato firmado por la subsecretaria general de gobierno, Nicole Cardoch (PS), comprende el monto de 6.501 UF, divididos en la realización de 44 estudios desarrollados de forma remota.

Respecto a los focus groups, se estaría pagando pagando 138,9 UF (alrededor de $5,2 millones) por cada uno, y 256,6 UF por cada entrevista, poco más de $5.800.000.

El contrato también agrega la posibilidad de poder modificarse el monto total si hay un acuerdo entre las partes, lo que no podría exceder el 30% del valor inicial, o sea, que podría llegar hasta los 8.451 UF, más de $317 millones.

Consultados por Radio Bío Bío sobre las singularidades del contrato, desde Datavoz afirmaron que: “En términos de legalidad, no tenemos duda que todo se ajusta a derecho”, agregaron que la elección de la empresa como proveedora y el propósito de los estudios son materias que le incumben del comprador.

Además, afirmaron que Datavoz actualmente mantiene contratos con otras entidades públicas -a través de tratos directos y/o licitaciones públicas-, como el desarrollo de estudios con la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Subsecretaría de Redes Asistenciales y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.