A un año del escándalo: Fiscalía investiga $90 mil millones en convenios con fundaciones en todo Chile

Este domingo se cumplirá un año desde que el 16 de junio se conociera por el medio TimeLine los contratos del Seremi de Vivienda en Antofagasta con la fundación Democracia Viva, ligada a personeros de Revolución Democrática.

Desde ese momento, tal como reveló la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío el 22 de junio con el reportaje “¿Caja pagadora?: Gobierno entregó $3 mil millones a fundaciones pro Boric en la región de Antofagasta”, se ha desatado una larga lista de convenios que ahora están siendo investigados por el Ministerio Público.

Sin ir más lejos, el monto que se indaga llega a los $89.961.933.591. Esta suma se divide entre convenios del propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y los gobiernos regionales a lo largo del país.

MINVU bajo la lupa

La Fiscalía en un inicio comenzó la indagatoria sobre el Caso Democracia Viva, causa que tiene a tres personas formalizadas y varios otros en la mira de la justicia, incluida la diputada Catalina Pérez (RD). Sin embargo, a medida que avanzó la investigación, una verdadera telaraña, muy bien tejida, fue quedando al descubierto.

Ejemplo de ello es que, según el arqueo general que la Fiscalía ha presentado en exposiciones reservadas, del total de fundaciones o corporaciones cuyos contratos con el MINVU fueron analizados, 40 están hoy investigadas bajo la presunción de actos delictuales. El monto que se investiga es de $12.221.799.718.
Es así como Antofagasta se lleva el primer lugar de montos investigados con $3.173.000.000, los cuales se separan en convenios con seis diferentes fundaciones, incluida Democracia Viva.

En Tarapacá, el monto es alto pese a que solamente se indagan los acuerdos con dos fundaciones. La cifra que investiga la Fiscalía llega a $2.496.916.823. En el listado, luego le sigue la región de Valparaíso con seis contratos con fundaciones que están siendo investigadas y que arrojan $1.853.575.397.

La Región Metropolitana también está en la lista de los convenios cuestionados. Según el desglose que se maneja a nivel del Ministerio Público, existen seis contratos entregados directamente a fundaciones o corporaciones por un monto global de $1.822.515.316.

Luego, siempre a nivel de convenios suscritos entre el MINVU y fundaciones, sigue la región de Los Lagos. En esa zona, la firma se llevó a cabo con dos fundaciones en que se transfirieron $833.370.970.

En Rancagua, región de O’Higgins, también se hicieron transferencias. Según la investigación que lidera la Fiscalía en esa zona, se firmaron tres convenios con fundaciones, transfiriendo $618.276.932.

Por su parte, $431.024.765 es el monto que se depositó en la región de Atacama, donde dos fundaciones se llevaron contratos.

La Araucanía también está en la lista. Según los documentos que revisó la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, el Servicio Regional Ministerial de Vivienda de Temuco entregó $208.366.902 a través de un contrato con tres fundaciones.

Coquimbo no se quedó atrás. Durante la ejecución del presupuesto 2023 se inyectaron $296.456.570 directos a cuatro fundaciones. En Arica y Parinacota ocurrió algo similar al transferirse $162.076.043 a una sola fundación.

La región de Ñuble también tuvo depósitos. En Chillán, su capital, se resolvió firmar un convenio con una sola fundación, la cual recibió $106.800.000.

Similar a lo que pasó en Chillán, en Talca, región del Maule, la Seremi de Vivienda firmó con una sola fundación el traspaso de $89.000.000. En Los Ríos se usó el mismo modelo y se transfirieron $80.000.000 a una sola entidad.

La Región del Bío Bío firmó convenios con dos fundaciones por un monto de $50.420.000.

GORES al desnudo

El 2023 fue un buen año de recolección de recursos vía proyectos para 67 fundaciones, especialmente a nivel de los gobiernos regionales, los cuales, con una gran billetera de plata transferidas desde el nivel central, los usaron de forma discrecional.

Tanto es así que el monto que indaga la Fiscalía, a casi un año de que se conoció el “caso Convenios” o también conocido como “caso Fundaciones”, asciende a $77.740.133.873.

La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío tuvo acceso al documento en que se resume región por región cómo los gobernadores, con el apoyo de consejeros regionales en algunos casos, entregaron de forma directa convenios multimillonarios a fundaciones. Estas habrían tenido relación con colectividades políticas o, derechamente, estar involucradas en proyectos de dudosa ejecución, como ocurrió con el “caso lencería” en la región del Bío Bío.

Es así como el Gore Araucanía, liderado por Luciano Rivas (Indep-Evópoli), tiene el número más alto de convenios. Según la indagatoria de la Fiscalía, este suma $44.539.187.304 que fueron repartidos en trece fundaciones.

La región de Los Lagos, liderada por Patricio Vallespín (ex-DC, hoy independiente), firmó diez convenios con fundaciones, habiéndose traspasado $15.130.154.920 para distintos fines, inclusive estudios de propiedad.

En la región del Biobío, que lidera el gobernador Rodrigo Díaz (independiente), reconocido ex intendente de Michelle Bachelet, se traspasaron montos importantes.

Si bien el más reconocido es el “caso Lencería” de Camila Polizzi, también están sujetos a investigación por parte de la justicia las platas que llegaron a la fundación ligada a la ex presidenta Michelle Bachelet.

El Gore Biobío transfirió a veintiún fundaciones un total global de $8.080.178.000.

El gobierno regional de Atacama, liderado por otro antiguo colaborador de Bachelet, Miguel Vargas (independiente), transfirió un total de $2.402.549.546. Estos dineros llegaron a ocho fundaciones.

La puerta norte de Chile también está en la lista de gobiernos regionales investigados. En el caso de Arica y Parinacota, el Gore de esa zona transfirió $1.936.903.000 a tres fundaciones.

En el caso de la Región Metropolitana, dirigida por el también independiente Claudio Orrego (Ex DC), se firmaron decenas de convenios, sin embargo, solamente se está investigando el que suscribieron con ProCultura por $1.683.788.000.

Al igual que la región Metropolitana, el Gobierno Regional de Aysén, que dirige Andrea Macías Palma (PS), mantiene un convenio en investigación por parte de la justicia por $1.673.356.000.

La región de Antofagasta firmó cuatro convenios con fundaciones que están en el ojo de la justicia. La suma de las transferencias cuestionadas llegó a $673.517.414. El gobernador de esa región es Ricardo Díaz (independiente – ex RD).

Otro de los gobiernos regionales del país que ha estado en la palestra es Valparaíso. De hecho, Radio Bío Bío informó este 13 de junio que por orden del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, se le incautó el teléfono celular al gobernador Rodrigo Mundaca (independiente).

La suma investigada en esa zona del país es de $562.164.689 luego que se concretaran dos convenios.

El extremo sur de Chile no se salvó en la indagatoria de la justicia. El Gore de Magallanes y la Antártica Chilena también está siendo investigado luego que traspasaran $543.285.000 con dos contratos con fundaciones.

Las regiones, vecinas entre ellas, de Ñuble y Maule mantiene movimientos similares a nivel de gobiernos regionales. La primera está dirigida por Óscar Crisóstomo (PS) y la segunda por Cristina Bravo (DC). Los montos que se transfirieron en ambas fue solo a 1 fundación con cifras distintas: Ñuble $268.100.000 y Maule $246.950.000.

Danza de millones de pesos que, mirando el cuadro comparativo de cómo se transfirieron las platas, ha llamado la atención de los investigadores que muchos de los $77.740.133.873 iban destinados para programas sociales o ayuda a personas que requerían de la institucionalidad.

Formalizaciones

Cabe señalar que, según la investigación de la Fiscalía, los más de 100 convenios que están siendo revisados en las distintas investigaciones son solo una parte del universo total de convenios que suscribieron tanto el Ejecutivo como los gobiernos regionales. Por ahora, según datos que se pueden revisar en los distintos tribunales del país, no todos los individualizados están formalizados ya que se esperan informes económicos y del Servicio de Impuestos Internos (SII), los cuales resultarán clave para iniciar el proceso de formalización, tal como ha ocurrido con Democracia Viva.

Sin embargo, algunas de las autoridades aludidas dentro de los listados que maneja la Fiscalía todavía no han declarado en la causa, pese a que a algunos se les ha incautado sus equipos tecnológicos, como fue el caso del gobernador de Valparaíso.

Otros, como la gobernadora del Maule, Cristina Bravo, ya están en calidad de imputadas en la causa que se persigue en esa zona, según explicó en un documento que se conoció esta semana la propia Fiscalía de Antofagasta, en la arista Urbanismo Social.

Fundaciones que desaparecieron

El 22 de junio, el equipo de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío reveló el nexo de una serie de fundaciones, incluida ProCultura, cuyos máximos líderes tuvieron algún tipo de relación con la campaña de Gabriel Boric (2021) o con la campaña del Apruebo (2022). Varias de esas fundaciones, conocido el reportaje, anunciaron acciones legales por el reportaje; sin embargo, a la fecha esas acciones no se materializaron e incluso todas ellas están siendo investigadas por la justicia.

Además, prácticamente todas han anunciado la quiebra de sus organizaciones aduciendo que no tienen ingresos económicos, pese a que no han devuelto los fondos al Estado. Claro, algunos de esos recursos se les congelaron para evitar que se fugaran, como habría ocurrido en la región de Los Lagos.