"¡Ay, jueputa! ¿tienes un contacto en la PDI?": el plan de fuga de médicos tras megafraude al fisco

—Papi, acaban de detenerla.

—En… en carro.

Cuando Samir Rivaldo Hernández llamó a Carlos Lora Buelvas, estaba alterado. Minutos antes de marcarle se enteró que dos doctoras que trabajaban en sus sociedades médicas fraudulentas habían sido detenidas en el aeropuerto de Santiago. Era 5 de diciembre de 2022.

No era para menos. Ambos estaban involucrados en el negocio de las licencias médicas ideológicamente falsas. Aunque Samir estaba un peldaño más arriba junto a su pareja Yesica Donado: los dos eran líderes de la organización criminal que llegó a emitir más de 71 mil licencias entre 2020 y 2022. Un perjuicio al fisco superior a los $26 mil millones de pesos.

Lo que no sabía en ese momento, era que tanto para él como para Carlos también había órdenes de detenciones vigentes, y que sus teléfonos estaban pinchados por la Policía de Investigaciones (PDI).

Sospechó eso sí de la situación. Por eso llamó a Carlos para ver si podían escapar por alguna frontera terrestre o si alguno de los dos tenía contactos con la PDI. Querían adelantarse.

Modelo copiado y aplicado

Samir Rivaldo y Yesica Donado llegaron a Chile desde Colombia en junio de 2019. Al año siguiente constituyeron tres sociedades médicas: Dr. Mitite SPA, Servimed SPA y Servicios Médicos Provimedc SPA.

Según la propia declaración que entregó Samir a la fiscalía, 10 meses después de la creación de Dr. Mitite, comenzó a ofrecer y vender licencias médicas fraudulentas.

—Lo aprendí de Gilberto García del Valle, hermano de la esposa de un hermanastro mío —confesó.

García del Valle tenía diferentes sociedades médicas, aspiración que buscaba Rivaldo. Así que tomó su modelo y lo copió en Chile.

Al principio, Samir y Yesica eran quienes emitían las licencias. Después el negocio escaló y contrataron a diferentes médicos para concretar las transacciones: todos de nacionalidad colombiana. Los involucrados llegaron a ser más de 40.

—Yo les pasaba los pacientes que tenían que atender, que tenían que darles licencias médicas —admitió Rivaldo.

A cada uno de los contratados se les pagaba entre $10 mil y $15 mil pesos por “paciente”. La diferencia entre la comisión y el desembolso del cliente siempre caía en la billetera de Samir. Todo dependía de si quienes pagaban finalmente por los días de descanso eran Fonasa o Isapre.

Una licencia por Fonasa costaba entre 35 mil y 75 mil. En Isapre de 75 mil a 95 mil.

A más días, más cara. Pero al mismo tiempo, más ganaban los médicos.

Ganancias desbordantes

Un primer artículo de BBCL Investiga reveló que entre 2020 y 2022 las empresas erigidas por Rivaldo y Donado, emitieron —a través de diversos médicos pertenecientes a esta asociación— más de 71 mil licencias médicas fraudulentas. De estas, 52.557 fueron pagadas por Fonasa, lo que generó un perjuicio al fisco chileno superior a los $26 mil millones.

En ese periodo, Samir por sí solo emitió 11.900 licencias por Fonasa. Un perjuicio de más de $5 mil millones de pesos. En isapres la cifra cerró en $630 millones.

Yesica Donado está acusada de haber entregado 6.951 licencias con montos que ascienden a $3 mil millones.

Por lo mismo, ambos fueron catalogados como los líderes de esta organización criminal. Quienes, además de generar un daño millonario a las arcas públicas, también adquirieron lujos extravagantes en Chile y Colombia: joyas de oro, zapatillas con su nombre, autos y casas en Barranquilla son algunos de ellos.

En medio de ese orquestado que mantuvieron durante dos años, la Policía de Investigaciones los puso en la mira.

Con todo eso, el 22 de noviembre de 2022 se emitió una orden para que intercedieran un teléfono asociado a los cabecillas.

La llamada que alteró el orden

Una de las llamadas más importantes ocurrió el 5 de diciembre de 2022 a las 23:49. Fue Samir Rivaldo Hernández quien le marcó a Carlos Lora Buelvas. Este último también es doctor colombiano, bautizado en los documentos judiciales como “gran emisor de licencias médicas”.

(Carlos): Aló

(Samir): Papi, acaban de detenerla marica.

(Carlos): Oye, pero por qué. ¿El motivo?

(Samir): Una orden de aprehensión por delitos económicos. No la van a dejar viajar y van a llevársela presa marica…

(Carlos): Pero por qué esa orden de delitos. ¿De qué?

Ese mismo día, horas antes, la Policía de Investigaciones había detenido a dos doctoras en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. Las facultativas no sólo eran conocidas de Samir, también trabajan para él emitiendo licencias médicas falsas. Una en Dr. Mitite y otra en Servimed.

El tenor de esa conversación entre los dos imputados fue clave para lo que vino después. El juez Carlos Muñoz del 14° Juzgado de Garantía de Santiago no sólo había emitido órdenes de detención para las dos mujeres en el aeropuerto, también para otras 44 personas. Entre ellas, Samir y Yesica.

Al mismo tiempo estableció el ingreso, registro e incautación de 49 inmuebles. Casi todos eran viviendas particulares de los involucrados.

Pero esa orden —que excluía a las ya dos detenidas— tenía fecha para un día después: el 6 de diciembre de 2022. Justo, a las 06:00 de la mañana.

(Samir): Y ahora… Ahora le estoy contando yo y le estoy contando yo… Y le estoy contando yo ahora mismo a la gente de recepción. Le mandé un mensaje enseguida y les dije que acaba de pasar esto con la doctora Mausi, sáquenla de todos los grupos porque seguramente ahora le van a quitar el celular y esto y lo otro.

(Samir): Ella venía entrando (a Chile) y a Mausi la agarraron ahora que iba saliendo, marica.

(Carlos): Veeergaa…

(Samir): Y la doctora acaba de empezar conmigo, papi… Acaba de empezar conmigo hace quince días y no por Mitite, por Servimed. Ya es algo que es contra los médicos porque ella es la segunda hoy. Llámala para ver si a ti te contesta.

(Carlos): Mierda, marica.

¿Uno puede salir por Argentina?

La llamada entre ambos alteró el orden de las detenciones. El análisis que hizo la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI fue que ambos pretendían huir de Chile por alguna vía terrestre, “posiblemente por un paso no habilitado a Argentina”.

Ante eso, decidieron adelantar la orden de captura de todos los involucrados.

“Las detenciones que se produjeron en el aeropuerto, sumado a las alertas/sospechas que aquello podría levantar en el resto de los facultativos investigados, derivó en que la planificación coordinada para el 6 de diciembre, se adelantara para inicios de la madrugada de ese día“, estipula el documento.

(Samir): Verga. Qué mondada, marica. ¿Cómo hace uno pa’ salir por aquí? ¿Uno puede salir por Argentina?

(Carlos): No sé. No. No sé.

(Samir): En… En carro.

(Carlos): Noo… Tengo que averiguar. ¿Y tú no tienes ningún contacto en la PDI ni nada? Para ver si alguno tiene una orden ahí pendiente.

(Samir): No, papi. Nada.

(Carlos): Pero tú una vez me dijiste que tienes una captadora que el marido es PDI.

(Samir): Sí… Sí… Y la abogada de nosotros el marido es PDI. Será llamarla mañana para que nos consulte a todos.

(Carlos): Llámala ahora, marica… A todos, y dale el rut de cada uno.

(Samir): Papi, la estoy llamando y no contesta (…) Les hice dos llamadas y no me las contestó, marica.

(Carlos): ¡Ayyyy, jueputa! Sigue insistiendo porque esa vaina es crucial.

Si bien la orden se adelantó, Carlos Lora igual logró salir de Chile el 7 de diciembre con destino a Colombia. Un día después de que debían capturarlo. Su ruta fue terrestre por el paso fronterizo Los Libertadores, precisamente entre Argentina y Chile.

“Se informa que la orden de detención se encontraba debidamente ingresada en el Sistema de Gestión Policial Institucional (Gepol) con fecha 3 de diciembre de 2022. Esto es, con anterioridad a la salida del territorio nacional”, dicta el escrito de la PDI.

Por todo lo anterior, solicitaron una orden de captura internacional.

Actualmente Carlos figura “libre” en la causa. Fuentes de este medio confirmaron que a la fecha no pudo ser encontrado.

Cárcel y expulsión

Los resultados de la investigación criminalística de entonces dieron cuenta de “posibles conexiones sentimentales o familiares de captadoras y abogadas de los imputados con personal de la PDI“.

“Es de vital importancia para este equipo investigador, a efectos de no entorpecer la investigación, que el Ministerio Público, si así lo estima bien, solicite una investigación al Departamento de Asuntos Internos para descartar o confirmar que personal ajeno a la investigación haya efectuado consultas injustificadas de los imputados en nuestros sistemas”, estipula el escrito.

La Policía de Investigaciones respondió a BBCL Investiga que “con los antecedentes vertidos en la carpeta investigativa, no existe mérito para el inicio de una indagatoria en la PDI respecto a funcionarios vinculados con los hechos consultados”.

Rodrigo Varela, gerente de Inmune, querellantes en la causa en representación de las isapres, asegura que con el diálogo anterior, sólo se dejó en manifiesto que Samir y Carlos “no tenían el más mínimo ánimo de responder ante la justicia”.

—Es por eso que los querellantes estamos solicitando las penas más altas asociadas a los ilícitos cometidos. Asimismo, de manera inédita para este tipo de delitos, la expulsión del territorio nacional (…) Los ilícitos son tan graves que afectan no solo la fe publica, sino que además, provocan un perjuicio económico tal, que si esos dineros no fueran desviados al bolsillo de unos pocos, se podrían mejorar hasta en un 50% las listas de espera —manifestó.

La pena solicitada para cada uno es de 28 años de presidio por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, fraude de subvenciones y emisión, obtención y tramitación de licencias falsas.

Adicionalmente, el Ministerio Público pide una multa de $5 mil millones de pesos para Samir y $3 mil millones para Yesica.

La semana pasada hubo una audiencia de revisión de cautelares donde ratificaron que Samir mantiene la prisión preventiva.