Casi 380 millones de pesos —provenientes de las arcas públicas— percibió la Fundación Daya a cambio de dotar a 14 municipios de un fármaco a base de cannabis. ¿El problema? Contraloría detectó que sólo dos comunas recibieron la totalidad de las dosis comprometidas. Otro par obtuvo un número menor a lo acordado y 11 se quedaron, simplemente, con las manos vacías.
Así al menos consta en un informe preliminar del organismo de control —al que tuvo acceso BBCL Investiga— en el que se constatan indicios de cuantiosas irregularidades en la organización fundada por la actual diputada, Ana María Gazmuri, y su cónyuge, Nicolás Dormal.
En el escrito de 58 páginas, el ente fiscalizador cuestiona la falta de control de los propios municipios que suscribieron el acuerdo y los apunta por infringir los principios de “eficacia, responsabilidad y transparencia” establecidos en la ley.
Gastos duplicados y desembolso de millonarios recursos por ítems no asociados a los convenios forman parte de los hallazgos que deberán ser confirmados o desvirtuados en el informe final, aún en curso, de la CGR.
La indagatoria
La investigación al programa “de uso compasivo de aceite de cannabis” comenzó luego de que la Contraloría recibiera dos denuncias por un posible incumplimiento en las rendiciones de cuentas de la organización.
Se trata de un proyecto que contempló la firma de convenios con 14 comunas entre junio de 2015 y mayo de 2016. En simple, mediante dichos acuerdos, los municipios financiarían en forma conjunta los costos de la iniciativa. Aquí figuran la infraestructura, materiales, equipamiento, insumos, cultivo, recursos humanos, gastos generales y elaboración del medicamento.
A cambio, todos las comunas recibirían el fármaco en base a cannabis, con la finalidad de suministrar el tratamiento a 100 o 200 pacientes durante un año. Así, las administraciones comunales desembolsaron un aproximado de entre 17 y 35 millones de pesos, según fuera el caso. En promedio, cada municipio invertiría un total de $176.227 por cada paciente.
Sin embargo, los problemas comenzaron al poco andar. Primero, porque —según la Contraloría— Calama, Tocopilla, Calera de Tango y Quinta Normal firmaron el convenio antes siquiera de que estuvieran los permisos del SAG para la siembra, la plantación, el cultivo y la cosecha de cannabis, además de la importación de 6.900 semillas provenientes de Países Bajos. Y segundo, porque algo similar sucedió con las autorizaciones del ISP. Es que, según se desprende de los documentos tenidos a la vista por este medio, se comprobó que 13 municipalidades en análisis firmaron el convenio, e incluso transfirieron recursos a Daya, antes que el ISP autorizara el uso del medicamento.
Pagaron pero se quedaron con las manos vacías
Pero hay más. La Contraloría también constató que, a la fecha del presente informe, 9 de las 14 municipalidades estudiadas ni siquiera recibieron el fitofármaco acordado en los respectivos convenios con la Fundación Daya. Ello, pese a que todas ellas ya habían desembolsado los millonarios recursos.
En efecto, de acuerdo a lo informado por el laboratorio encargado de su elaboración, en una reunión sostenida con Contraloría el 22 de marzo de 2024, sólo Quilicura y Chillán recibieron el tratamiento comprometido para la cantidad de pacientes señalada en el convenio. En tanto, Graneros y Antofagasta obtuvieron sólo una parte menor de los medicamentos obligados (ver recuadro).
Sobre las razones que llevaron a que la mayoría de los municipios no recibieran finalmente las dosis comprometidas, la respuesta de Fundación Daya apunta a que, entre otras cosas, los municipios muchas veces no generaron “las condiciones” para la implementación del programa.
“Nos cuesta comprender la falta de gestión de algunos municipios, dado que se lograron todos los hitos necesarios, generándose las condiciones para que cada municipio implementara el programa de entrega de los tratamientos”, afirman.
Y añaden que “este proyecto no fue una externalización de un servicio, sino que era un proyecto colaborativo de innovación que requería que ambas partes realizaran todas las acciones que estuviesen a su alcance para el éxito del mismo”.
Sea como sea, fuentes consultadas por este medio al interior de distintos municipios implicados apuntan a que ante la ausencia del medicamento, la organización entregó casi siempre respuestas evasivas. Incluso, fuera de micrófono, desde una de las casas edilicias que transfirió más de $30 millones sin recibir nada a cambio afirman que la sensación que hay es que fueron “víctimas de una estafa”.
Hay algunas casas edilicias que también evalúan la presentación de acciones legales a raíz de lo sucedido.
Los sueldos
En la indagatoria salieron a la luz también los sueldos que recibieron la actual diputada, Ana María Gazmuri, y su esposo, cofundador de la organización, Nicolás Dormal. Ella en diciembre de 2015 cobró más de $2,2 millones. Él, en tanto, ese mismo mes percibió $1,7 millones. En marzo del año siguiente su liquidación aumentó a $2,3 millones.
Sobre este punto, desde Daya remarcan que durante los meses que recibieron remuneraciones “ambos trabajaron con dedicación exclusiva para la fundación, siendo este proyecto la principal actividad de la organización en ese momento”. “Ambos estuvieron a cargo de su diseño previo, gestión y ejecución”, enfatizan.
En esa línea, añaden que “Nicolás Dormal es contratado el 1 de diciembre de 2015 por Fundación Daya para hacerse cargo de las operaciones del proyecto, renunciando a su trabajo previo, por el cual percibía un sueldo de casi el doble que lo que percibió en la fundación”.
En total, explican desde la fundación, Nicolás recibió 11 meses de sueldo y la actual diputada Gazmuri, 9 meses. De hecho, esta última renunció al cargo de presidenta de la organización y fue contratada como directora ejecutiva de la misma desde el 1 de noviembre de 2015 para hacerse cargo del proyecto.
Rendiciones duplicadas
De acuerdo con el pre-informe tenido a la vista por BBCL Investiga, en la investigación llevada a cabo por Contraloría se detectó la ausencia de algunas rendiciones de gastos. Otros desembolsos fueron rendidos dos veces a municipios distintos.
En este apartado, se verificó también que Fundación Daya rindió gastos por montos superiores a los que realmente habían sido transferidos. Lo hicieron con cinco de los municipios que firmaron el convenio: Calama, Copiapó, Peñalolén, Quinta Normal y Graneros.
“Se constató que la fundación rindió una serie de gastos que no se ajustaban al objetivo del proyecto establecido en los diversos convenios suscritos con las entidades municipales”, estableció la investigación.
El listado de gastos que no se ajustaban al objetivo lo integran boletas por consultas psicológicas, pago de permisos de circulación y reparaciones de vehículos, además del pago de la comisión a un corredor de propiedades.
Asimismo, se observó que la Fundación Daya rindió como gasto el el arriendo de un inmueble en la comuna de Providencia, por un monto mensual superior a $1,7 millones. Dicho domicilio, deja de manifiesto la Contraloría, no corresponde al de la fundación ni tampoco a la dirección del terreno donde se realizó la plantación de la marihuana.
“Además, en los expedientes no se presenta mayor detalle y/o evidencia de que dichos desembolsos se hayan utilizado en el desarrollo del programa”, zanjaron.
En respuesta a consultas de BBCL Investiga, el co-fundador de la Fundación Daya y actual miembro de su directorio, Nicolás Dormal, explicó las razones que motivaron el arriendo de la casa como oficina:
—La oficina que ocupábamos hasta ese momento era un espacio facilitado por una organización amiga, y no contaba con las condiciones necesarias para el equipo ampliado y el trabajo de centralizar la dirección del proyecto. Es así como en abril de 2016 se arrendó una casa oficina como parte de los gastos generales, habiendo transcurrido ya cinco meses desde el inicio del proyecto. Y solo se asignaron cinco meses de arriendo de la casa dentro del período de catorce meses de gastos de ejecución del proyecto, el que incluyó la comisión para el arriendo, debido a que durante ese período también se utilizaba para otras actividades de la fundación —argumenta.
Con todo, ahora la Contraloría está a la espera de las respuestas de los 13 municipios cuyos gastos están siendo objetados. Ello podría derivar en varios escenarios: la subsanación de las irregularidades; la exigencia de la restitución de parte o la totalidad de los fondos que recibió Daya; el eventual inicio de sumarios; y, en el peor de los casos, el envío de antecedentes al Ministerio Público. Esto último, siempre y cuando el órgano fiscalizador considere que se configura la comisión de delitos penales.