—Efectivamente, a mi juicio, tengo la impresión de que los convenios de colaboración que se describen en el sumario administrativo constituirían un mecanismo para eludir las normativas de compras públicas, porque no logré detectar ningún otro fin.

Christian Prunes llevaba siete años de servicio al interior de la Contraloría General de la República (CGR) cuando tuvo que inhabilitarse, parcialmente, de sus labores. Y es que a mediados de 2023, su nombre apareció en todos los medios de prensa del país: el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se había querellado en su contra por “violación de secreto”. El libelo y los dardos también apuntaban al superior de Prunes, el contralor general de la República de la época, Jorge Bermúdez.

“Me han acusado y sentenciado a través de los medios de comunicación”, fustigó por aquel entonces el jefe comunal, luego de que acusara la ventilación de antecedentes secretos contenidos en el sumario que el organismo de control dispuso sobre la Municipalidad de Recoleta.

Resulta que por aquel entonces —y tal como reveló BBCL Investiga—, la Contraloría ya había detectado numerosas irregularidades derivadas de la Achifarp, el proyecto estrella del alcalde comunista, hoy en prisión preventiva en la cárcel Capitán Yáber. A cargo del sumario estaba precisamente Prunes, en su calidad de fiscal instructor de la Unidad de Sumarios de la CGR.

Cinco meses después de interpuesto el libelo en su contra, el servidor público habló.

“Al margen de la ley”

Christian Prunes declaró el 30 de enero de 2024 ante Giovanna Herrera, la fiscal del caso que formalizó —en una extensa audiencia— a Daniel Jadue. En su alocución el abogado confirmó, una a una, las irregularidades halladas en el procedimiento.

Contó, por ejemplo, que el sumario fue instruido a fines de 2022 tras un informe final de la CGR. A través del mismo, el organismo encontró convenios de transferencias de dineros que “habían sido celebrados al margen de la ley de compras públicas”.

Y peor aún. El funcionario apuntó que las sumas transferidas por la Achifarp, a raíz de estos mismos acuerdos, “no habían sido objeto de rendición de cuentas ni de seguimiento por parte de estas entidades”.

—No se había solicitado rendición de cuentas alguna ni se había recibido por parte de la Achifarp esa rendición existiendo saldos (…) que a la fecha se desconoce su destino. De eso se trataba la investigación —atestiguó.

Deuda equivalente a la mitad del proyecto

A reglón seguido, Prunes pasó a detallar los hallazgos para cada convenio. Primero, habló del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), con el que la Achifarp tenía un acuerdo para la asignación de ayudas técnicas para personas con discapacidad. Por este concepto, el servicio desembolsó cerca de $100 millones de pesos en favor de la asociación regida por Jadue. Ésta, a su vez, estaba obligada a rendir gastos por los dineros percibidos.

Sin embargo, a juicio del fiscalizador, el Senadis “inobservó” las exigencias requeridas, puesto que al cierre del proyecto, la Achifarp aún mantenía pendiente el pago de facturas a tres proveedores: Trump Ayudas Técnicas SPA, Ortomedical Lifante S.A. e importadora de Equipos Médicos Limitada (ISOLAB).

Las deudas, indicó Prunes, ascendía a más de $47 millones.

—O sea, casi la mitad del monto del convenio. (…) Se aprobó la rendición de cuentas sin verificar el pago de los proveedores. Eso es lo que se reprocha en los cargos formulados a los funcionarios del servicio —lanzó.

Jadue y el fármaco ruso

El testigo ahondó también en lo sucedido en la Municipalidad de Recoleta. Aquí el foco estuvo sobre dos convenios con la Achifarp. Ambas entidades estaban presididas por el propio Jadue.

Así, el primero de los acuerdos guardaba relación con la solución de problemas auditivos por el que el municipio traspasó más de $112 millones en favor de la asociación. Y el segundo, por el desembolso de otros $150 millones desde las arcas municipales para iniciar tratamientos en salas de Urgencia de la comuna con Avivafir, el fármaco ruso para combatir el covid-19 impulsado en Chile por el mismo Jadue durante la pandemia.

Más allá de los cuestionamientos que surgieron por su uso, Prunes sostuvo que la celebración de dichos pactos resultaron improcedentes para la Contraloría.

—Ambas adquisiciones superaron las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales, caso en el cual la licitación pública se hacía obligatoria —enfatizó.

El testigo añadió otro antecedente:

—A lo anterior, se agrega que de la suma total transferida por la Municipalidad de Recoleta a la Achifarp por concepto del convenio celebrado para la implementación del Avivafir, sólo se ejecutó la suma de $134 millones, quedando un saldo pendiente de ejecución equivalente a $15 millones, cuyo destino se ignora en tanto no ha sido objeto de rendición de cuentas alguna ni menos de reintegro al municipio de Recoleta.

En ese sentido, acotó que la casa edilicia “no ejerció control alguno acerca del correcto uso e inversión y destino de los fondos transferidos a la Achifarp”. Tampoco “realizó gestión de ninguna naturaleza tendiente a velar por la eficiente e idónea administración de los mismos o su debido reintegro”.

El Interferón que no fue

La Universidad de Concepción tampoco quedó fuera. El fiscal de la Contraloría explicó que el convenio con la casa de estudios para producir Interferón (ver cronología aquí) tampoco se ajustaba a la ley.

En simple, dicho acuerdo (que contemplaba la producción de 180 mil dosis del cuestionado medicamento) también permitió saltarse una licitación para, eventualmente, conseguir una oferta más eficiente para las arcas municipales. Al igual que en los casos anteriores, al superar las 1.000 UTM, todo debía someterse a un concurso público, cosa que no ocurrió.

En buenas cuentas, la Municipalidad de Recoleta entregó $230 millones a la Achifarp, pero este último organismo sólo transfirió $25 millones a la UdeC. Se presume que esos dineros fueron a parar a la bicicleta económica de la asociación. O dicho de otro modo, para saldar cuentas pendientes con sus proveedores y no para los fines que lo dispuso originalmente la administración comunal.

—Existe una comunicación de la decana de la Universidad de Concepción de 26 de mayo del 2021 informando que de la suma total transferida por la Achifarp a ellos era de $25 millones, a pesar de que la Municipalidad de Recoleta a la Achifarp ya le había transferido a esa fecha, $230 millones —narró.

Sea como sea, al menos unas 1.300 dosis de Interferón fueron a parar a bodegas de la Municipalidad de Recoleta. Estaban allí almacenadas a pesar de que el Instituto de Salud Pública (ISP) determinó la prohibición de fabricar, comercializar y distribuir el medicamento por ser un riesgo para la salud de la población. El organismo no tuvo más opción que ordenar su destrucción.

“Mecanismo para eludir”

Ya al cierre de su intervención, la persecutora Herrera le consultó al servidor de la Contraloría por su participación en el sumario abierto a raíz de estas irregularidades. Se trata del mismo procedimiento que desató el enojo de Jadue y que significó la presentación de la querella por “violación de secreto” que aún se mantiene en investigación, según confirmó este medio.

—Mi intervención en el sumario consistió en la indagatoria, formulación de cargos, recepción de descargo, apertura de término probatorio, recepción de pruebas, entre ellas testimoniales, y la elaboración de un proyecto de vista fiscal —contestó.

Todo cambió justamente con el ingreso del libelo del jefe comunal de Recoleta. Una jugada que —según confidencian fuentes de BBCL Investiga— trajo inconvenientes para el ente fiscalizador al tener que modificar su equipo de trabajo.

El propio Prunes así lo aseguró:

—(En la) previa de la entrega de! proyecto, el inculpado Jadue Jadue, interpone una querella por presunta violación del secreto del sumario en contra mía y del ex contralor Jorge Bermúdez, a raíz de las declaraciones de prensa del jefe del servicio en que yo no intervine. A raíz de ello y la solicitud del abogado del Sr. Jadue me inhabilité para seguir conociendo del sumario.

Y sentenció:

—A su consulta, a mi juicio, efectivamente tengo la impresión de que los convenios de colaboración que se describen en el sumario administrativo constituirían un mecanismo para eludir las normativas de compras públicas, porque no logré detectar ningún otro fin.