Doble sueldo, autopréstamos y pagos a familiares: el peritaje que enreda al dos de Jadue en Achifarp

A las manos de la fiscal Giovanna Herrera Andreucci llegó en los últimos días el análisis del peritaje contable realizado por la Contraloría a las cuentas bancarias de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). El documento pone en evidencia – entre múltiples operaciones fraudulentas – los mecanismos que el ex Secretario Ejecutivo de la organización, José Matías Muñoz Becerra, utilizó para apropiarse ilícitamente de millones de pesos.

La Fiscalía solicitó el análisis en el marco de la investigación a la organización liderada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), por la ocultación del real estado financiero de la endeudada Achifarp, que se mantuvo haciendo compras y convenios sin fondos en los que respaldarse.

En los menos de dos años que trabajó para la organización creada por Jadue en 2016, Muñoz se habría apropiado de cerca de 40 millones de pesos a través de duplicaciones de su sueldo, autopréstamos no devueltos, transferencias injustificadas y dinero depositado a sus familiares con ayuda de la reservada empresa MZ Asociados SpA.

En el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, se está llevando a cabo la tercera jornada de formalización a nueve personas por el llamado “caso Farmacias Populares”. La fiscal especializada en delitos económicos pidió la prisión preventiva para Jadue y Muñoz, acusados de administración desleal, cohecho, fraude al fisco y estafa, sumando además el delito de lavado de activos para el ex Secretario Ejecutivo.

Primer acto: salario doble

Carla Mora Barra, fiscalizadora de la Contraloría, fue la contadora auditora que realizó los análisis de la cuenta corriente del Banco Estado de la Achifarp, así como las pertenecientes a Muñoz, con el objeto de estudiar el uso y destino de los fondos, y advertir sobre cualquier posible irregularidad.

Los hallazgos fueron amplios, y dieron pie a seis pre-informes en los que se detalla con documentos, cheques y cartolas bancarias, cada una de las anomalías encontradas. Uno de ellos está dedicado exclusivamente a los movimientos que involucran a José Muñoz Becerra.

Muñoz trabajó en la Asociación desde el primero de agosto de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022, con su sueldo siendo transferido mes a mes de forma automática a su cuenta, a través del sistema de pagos masivos suscritos con el Banco Estado.

Sin embargo, el informe advierte que en junio, julio y agosto de 2021, los montos de las remuneraciones se repiten, movimientos que la Contraloría marcó con las palabras “doble sueldo”.

De esa manera, su sueldo de $1.857.300 por lo trabajado en junio, se convirtió en $3.714.600, replicándose la situación y recibiendo $5.970.504 en cada uno de los siguientes dos meses, cuando lo que debió haber percibido era $2.987.290.

Los pagos dobles dejaron en evidencia “una clara debilidad de control interno por parte de la ACHIFARP, además de la falta de gestión de sus recursos toda vez que parecerían no advertir el desvío de recursos ascendente a $7.829.842”, según indica el informe.

Segundo acto: autopréstamos

De acuerdo al informe, José Muñoz se otorgó múltiples préstamos con un monto ascendente a $11.070.000.

Estos préstamos, solicitados, autorizados, y firmados por él mismo, fueron recibidos a través de transferencias electrónicas y dinero en efectivo, pero nunca recuperados en su totalidad por la Asociación. De hecho, solo $225.000 fueron devueltos a la Achifarp, quedando impago alrededor del 98% del monto total prestado.

Al respecto, la Contraloría también denunció que según los antecedentes revisados, “no se cuenta con documentación que respalde medidas de cobros adoptadas por la ACHIFARP, a fin de recuperar los dineros que se le adeudaban producto de los autopréstamos otorgados”.

El documento también revela que dos días después de haber recibido al menos 190 billetes por el préstamo de $3.840.000, Muñoz emitió un cheque por el mismo monto a María Constanza Matus Pérez: su pareja del momento, y otra de las formalizadas por el “caso Farmacias Populares”, quien quedó con arraigo nacional y firma mensual desde este miércoles.

“Se observa un menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento o pérdida de los recursos públicos empleados para el otorgamiento de préstamos a los empleados de la ACHIFARP”, concluye Mora, agregando que los hechos reflejan “una ineficiente e ineficaz gestión de los recursos por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares”.

Tercer acto: transferencias sin base

Los puntos cuarto y quinto del informe de 19 páginas reportan transferencias recibidas por Muñoz y sus familiares que no contaban con ningún tipo de relación contractual o laboral para acreditar su validez, con los movimientos descritos a continuación.

Entre los meses de agosto de 2020 y julio de 2022, Muñoz recibió desde Achifarp 31 transferencias que sumaban alrededor de $71 millones de pesos a sus cuentas de Santander, Falabella y Banco de Chile. Del total, $13.462.560 no contaban con ningún antecedente que justificara el pago.

Misma situación se repitió con la cuenta de Ana del Tránsito Becerra Maureira, madre del referido, quien el primero de junio de 2021 recibió infundadamente un millón de pesos por parte de la Asociación en la que trabajaba su hijo.

No es la única plata que se dirigió desde Achifarp a familiares de Muñoz. Durante los meses de mayo y junio del mismo año, la organización efectuó una serie de transferencias electrónicas a la empresa de venta de materiales de construcción MZ Asociados SpA, que inmediatamente fueron redirigidas a Muñoz y sus más cercanos.

Según la información disponible en portales públicos, la empresa – que no cuenta con página web – fue constituída en octubre de 2020 y tiene su sede en el Edificio Pamplona, ubicado en Avenida Providencia. Según lo declarado al Servicio de Impuestos Internos, la compañía se dedica a la venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, gasfitería y calefacción, y no ha realizado negocios con entidades del Estado, como lo sería Achifarp.

Inmediatamente después de recibidos el dinero que ascendía a $14.424.091, parte de los recursos se distribuyeron desde la cuenta del Banco Santander de la empresa, a Muñoz y cercanos, con él mismo recibiendo $500 mil pesos, su madre $800 mil, Mª Constanza Matus $3 millones y Daniel Arredondo Parra, padrastro del aludido, casi $500 mil pesos.

Patricio Zavala Espinoza, otro de los formalizados, acusado de lavado de activos y socio de Muñoz, también se hizo con $2.783.935, obtenidos por tres distintas transferencias desde la empresa. Montos que tampoco tendrían justificación alguna.

Platas para la UdeC

Tanto los peritajes contables entregados por la OS7 como los de la Contraloría a la Fiscalía confirman que los montos transferidos desde la Municipalidad de Recoleta a la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp) para el convenio con la Universidad de Concepción no fueron utilizados para la fabricación del medicamento Interferón. Estas transferencias, que superan los $200 millones, estaban destinadas a un proyecto específico que no se concretó, pese a que las platas salieron de las cuentas de Recoleta con ese fin.

Sin embargo, ambos informes periciales revelan que los fondos fueron desviados para saldar obligaciones con terceros, en lugar de financiar el desarrollo del medicamento. Esto incluye el pago de deudas pendientes con la empresa Best Quality SpA. Esta situación es una de las principales pruebas que mantienen los perseguidores en la carpeta investigativa.

Hoy sigue la jornada de formalización de Daniel Jadue Jadue, José Matías Muñoz Becerra, María Constanza Matus Pérez, Álvaro Castro Roble – representante legal de Best Quality SpA –, Raúl Daniel Moraga – exsecretario ejecutivo de Achifarp y excandidato por el PC a la alcaldía de Peñalolén, el funcionario municipal Eduardo Sendra Arratia y María Eugenia Chadwick – jefa del Departamento de Salud de la Municipalidad de Recoleta y prima de Sendra.