Mes a mes, la Municipalidad de Puente Alto ha continuado adjudicándole el contrato por trato directo para el transporte de funcionarios a la empresa Maquinarias Trafkin SpA, a pesar de las múltiples irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República (CGR). Con esta adquisición, la empresa de Carlos Orellana Bravo, exfuncionario del OS9 de Carabineros, ha recibido $1.339.250.000 solo este año.

El millonario servicio se basa en un trato directo ejecutado mensualmente desde hace más de un año, sin la apertura de una nueva licitación pública, situación cuestionada por la Contraloría a fines del año pasado. El servicio entregado es el traslado diario de los trabajadores del municipio, para moverse entre los distintos recintos municipales, acudir a la atención a vecinos y asistir a los eventos y actividades que agenda el municipio del alcalde Germán Codina Powers (RN).

Para ello, la empresa ofrece una dotación de 190 vehículos –choferes y combustible incluidos– con autos tipo sedán, camionetas de doble cabina, furgones y minibuses, pagándose un valor que fluctúa entre los $43.330 y los $93.335, según el tipo de vehículo.

Paralelamente, el órgano fiscalizador denunció en su informe N°547 que funcionarios municipales y sus familiares eran propietarios de casi un 20% de la flota de automóviles utilizados para el servicio, según los análisis realizados entre febrero y mayo de 2023.

Hoy, a pesar de las conclusiones del informe de Contraloría, no se han tomado mayores acciones legales además de un sumario interno de la Municipalidad. Mientras tanto, la empresa sigue adjudicándose el contrato en Puente Alto y también ofrece servicios similares en los municipios de Pirque, La Florida, La Pintana, Lo Espejo y Vitacura.

Mantención del contrato con Trafkin

Frente a la duda sobre por qué se ha mantenido el contrato con Trafkin, la Municipalidad dirigida por Germán Codina afirmó que la CGR nunca cuestionó la forma de contratación realizada, y que los reparos radicaban en otros temas.

Sin embargo, una de las principales preguntas que se hace la Contraloría en el Informe 547 de 2023 es: “¿Se encuentra la contratación por trato directo debidamente fundada de conformidad con las causales establecidas en la ley N° 19.886 y su reglamento?”.

La respuesta es negativa.

En enero de este año, se emitió una orden de compra por $265.770.000 hacia Trafkin para realizar el servicio de traslado del personal, proveyendo de vehículos (que podían ser subarrendados), choferes, combustibles y pago del tag.

El pago mensual aumentó luego a $268.370.000, habiéndose entregado el último contrato este mes a través de trato directo, como se puede visualizar en la plataforma de Mercado Público.

El primer intento para cubrir el servicio fue por licitación, la cual fue declarada desierta el 23 de enero de 2023 al considerar la Secretaría Municipal de Planificación que ninguna de las cinco empresas que postularon cumplía con los requisitos.

Ese mismo día, el alcalde Codina recibió una solicitud para declarar “de urgencia” la autorización para realizar una contratación directa, lo que fue autorizado “por un periodo de 4 meses -o hasta que se adjudique un nuevo proceso licitatorio”, lo cual no ha ocurrido.

La compra fue entregada el primero de febrero de 2023 a Trafkin, en un proceso de selección y adjudicación que “no consideró criterios de evaluación que permitieran determinar la capacidad operativa ni la experiencia previa en relación con el servicio solicitado”, según informó la Contraloría.

Durante la investigación, la Inspectora Técnica del Contrato confirmó al órgano fiscalizador que tomó como único factor de selección la oferta económica presentada por los potenciales proveedores.

La entrega del servicio a Trafkin por trato directo es una de las siete materias auditadas por Contraloría en el informe 547 de 2023, donde se indica que no hay una correcta justificación de la “urgencia” para realizar la compra de esa manera.

“No se expresan las razones ni los fundamentos en virtud de los cuales se ha producido la situación de urgencia que amerita contratar los anotados servicios mediante trato directo”, concluye el informe, agregando que las razones entregadas por el alcalde sobre que la urgencia se relaciona directamente a la calidad de desierta de la anterior licitación, cae en invocar más de una causal a la vez.

El responsable podría enfrentar una multa a beneficio fiscal de diez a cincuenta UTM, aproximadamente entre $650.000 y $3.300.000, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicio.

El órgano fiscalizador también denunció otras faltas a lo estipulado en el contrato, como el incumplimiento de 34 vehículos de tener un año de fabricación anterior a 2015, contrario a lo estipulado en los requisitos. Para este año, la mayoría de estos autos habrían sido reemplazados por aquellos que cumplían con lo especificado, según argumentó Carlos Orellana a Radio Bío Bío.

Hasta el momento, no se ha cursado ninguna sanción, y el proceso por parte de la Contraloría se encuentra cerrado. Por su parte, la Municipalidad está preparando otra licitación pública con una modalidad distinta, tras haber sido la anterior propuesta de adjudicación rechazada por el Concejo Municipal.

Dueños de los autos y sus conflictos de intereses

Además de las dudas en la misma contratación con Trafkin, la Contraloría también encendió las alarmas sobre posibles conflictos de intereses respecto a los propietarios de los vehículos utilizados en el servicio, entre ellos, distribuidos entre autos, camionetas, van y minibuses.

De los 190 vehículos contratados, 6 serían de propiedad de funcionarios activos, y otros 31 de familiares de estos (15 de hasta tercer grado de consanguinidad, y 21 de cuarto grado).

Diego Castro Ugarte, Encargado del Departamento de Planificación Financiera y funcionario de la municipalidad desde hace más de 27 años, es uno de los aludidos, al ser dueño de uno de los autos utilizados.

De acuerdo al informe, en septiembre de 2023 declaró no tener ninguna participación en el proceso de adquisición y solo haber sido responsable de visar la disponibilidad presupuestaria respecto al contrato. Sin embargo, fue el mismo contador quien envió la orden de compra por el monto de $236.922.809, correspondiente al servicio de marzo de 2023.

Los hechos caerían en una falta al principio de abstención y a la probidad administrativa, y de acuerdo al informe, revelarían debilidades en el control interno del municipio.

De esa manera, la Contraloría constató la inexistencia de procedimientos para la prevención y/o detección de delitos de fraude y el incumplimiento de mecanismos de control que permitan mitigar eventuales conflictos de intereses al interior del municipio.

A partir de lo detectado, el órgano fiscalizador exigió a la Municipalidad adoptar las medidas necesarias para implementar los controles que permitan mitigar los eventuales conflictos de intereses internos y remitir el manual que contenga los procedimientos determinados para promover la prevención y/o detección de delitos de fraude, con un plazo máximo hasta el 26 de febrero de este año. De acuerdo al Municipio, hoy está en vías de decreto un nuevo manual de buenas prácticas.

Por su parte, el alcalde instruyó un sumario administrativo el 17 de octubre de 2023, con el fin de establecer las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. De acuerdo al municipio, a más de siete meses de su instrucción, este proceso sigue en etapa de indagatoria.

Desde Trafkin SpA afirmaron que desde su orilla, han “actuado diligentemente al cortar cualquier relación contractual con vehículos que pudiesen generar dudas, en la medida en que esto estuvo en conocimiento de la empresa”.

Trafkin y ex capitán de Carabineros

La Contraloría también llamó la atención sobre los cuestionamientos éticos sobre la calidad de funcionario activo de Carabineros de Carlos Orellana Bravo, Representante Legal y uno de los dueños de Trafkin, al momento de haber firmado el contrato.

Al momento de suscribirse el servicio, el Capitán se desempeñaba en la sección Delitos Económicos y Anticorrupción del Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales (O.S.9.), renunciando a esta dos días después de suscrito el contrato de cuatro meses por $1.018.988.803, hecho del que la Municipalidad negó haber tenido conocimiento en el momento.

El informe fue remitido a Carabineros de Chile, para analizar si habría incompatibilidad en la firma del contrato. De acuerdo al Reglamento de la institución, sería una falta a la integridad moral “mantener o dedicarse a negocios, empresas comerciales o cualquiera otra actividad incompatible con la fiscalización que corresponda a Carabineros o que menoscabe la dignidad profesional”.

Tanto esta, como las otras irregularidades denunciadas, hasta el momento, no han tenido consecuencias legales.