Extorsiones y "pagos" de funcionarios: las denuncias que tienen en jaque a la gobernadora de Coquimbo

En agosto del año pasado, la gobernadora de la Región de Coquimbo, Krist Naranjo Peñaloza (47), citó a una reunión a puerta cerrada a los jefes de división de los distintos departamentos del Gobierno Regional. Durante la reunión, les solicitó que le transfirieran mensualmente parte de sus sueldos para financiar su campaña de reelección.

Así lo relató uno de los exfuncionarios del GORE, quien habría perdido su trabajo luego de negarse a dar mes a mes $50 mil pesos de su salario para la campaña de reelección de la gobernadora de cara a los comicios generales del 27 de octubre. La negativa a lo que se dio a entender como “voluntario” lo llevó a ingresar a la lista negra de Naranjo.

Él fue uno de los dos perjudicados que acudieron con su denuncia al diputado de la zona, Juan Manuel Fuenzalida (UDI), quien procedió a entregar los antecedentes a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional en Santiago. Todo desencadenó en una investigación penal.

Hoy los hechos se investigan en una causa reservada en el Ministerio Público, liderada por el fiscal jefe de la Fiscalía Local de La Serena, Carlos Vidal y la nueva unidad anticorrupción de la OS7 de Carabineros.

A pesar de los intentos de Radio Bío Bío por contactar a la gobernadora, no se obtuvo respuesta.

Corte de cola

En el segundo piso del edificio ubicado en plena Plaza de La Ciudadanía de La Serena se encuentra la oficina de Krist Naranjo. Ahí dentro tendría a mano una agenda con nombres de funcionarios que trabajan bajo su administración, para poder ir chequeando mensualmente quienes han pagado y quienes no.

“Un ambiente de terror”, que se vive dentro de las dependencias del Gobierno Regional, según describió uno de los denunciantes.

De hecho, según la denuncia en el Ministerio Público, cada mes la administradora regional, Karina Aguirre Cerda, se acercaba a los puestos de los funcionarios de confianza elegidos para aportar a la campaña de la gobernadora, para recordarles y cobrar los montos preestablecidos.

Los aportes, inicialmente voluntarios, comenzaron rápidamente a generar dudas cuando la plata pedida comenzó a aumentar y los funcionarios públicos no veían campaña alguna en la que se estuviese gastando el dinero.

Ante la negativa de algunos a pagar los aportes, comenzaba la presión, con frases como: “Parece que ya no eres leal a la gestión”, según relató otro exfuncionario del GORE.

El dinero se recibía en efectivo o por medio de transferencias a la cuenta personal de Aguirre, para posteriormente ser entregado a la gobernadora, usualmente en su domicilio, acusan.

Los montos exigidos dependían de la situación laboral de cada empleado.

A cuatro funcionarios del círculo de confianza de la gobernadora se les asignaba un “bono” por el desempeño de funciones críticas, beneficio establecido en la Ley 19.882 para quienes desempeñan cargos con un nivel importante de relevancia y responsabilidad dentro de su institución.

Del millón de pesos (aprox.) que se sumaba a sus sueldos, la mitad iría a parar al bolsillo de la líder regional. En el caso de otros trabajadores, el piso comenzaba en $50 mil.

¿La consecuencia de no pagar? Perder tu trabajo o ser trasladado a cargos menos relevantes y con peor remuneración.

Trabajadores llorando y empastillados

“Recurrimos al diputado, porque nos da pena, nos da rabia, ver cómo sufren los funcionarios del Gobierno. Es muy compleja la situación, la gente adentro llora. Ella llegó al Gobierno pensando desde el primer día en su reelección. Trabaja para ella, no para dar solución a los problemas de la región”, manifestó uno de los denunciantes, quien también sumó acusaciones de maltrato laboral a los antecedentes presentados.

Un ex funcionario confirmó las acusaciones, afirmando haber visto a trabajadores llorando y tomando pastillas para relajarse al salir de reuniones con la gobernadora.

No es la primera vez que se denuncian vulneraciones a empleados de la administración.

Durante una sesión del Consejo Regional realizada el martes pasado, funcionarios del GORE protestaron contra la gobernadora bajo la consigna “cero respeto, cero gestión”, reclamando por despidos y cambios de unidad que afectarían a los trabajadores.

Además, Krist Naranjo tiene en su contra una causa presentada el 5 de mayo de 2023 por fraude al Fisco, en la que también se le acusa de haber perpetrado maltrato y acoso laboral a través de agresiones verbales y humillaciones a funcionarios.

A esta se le suma una causa de destitución en el Tribunal Calificador de Elecciones por abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa, y una suspensión de tres meses y descuento del 50% de sus remuneraciones decretada por Contraloría, pero que no se ha llevado a cabo.