Un gran anuncio fue el que hizo el Poder Judicial, a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), en diciembre de 2014 cuando dio a conocer la construcción de dos nuevos centros de justicia, uno para Arica y otro para Antofagasta.

Ambos significaban una gran inversión de más de 27 mil millones de pesos y formaban parte del “Plan Quinquenal de Inversiones del Poder Judicial”, el que contemplaba la construcción de más de 20 nuevas edificaciones entre 2013 y 2019.

Sin embargo, no se concretó ¿La razón? El hallazgo de restos arqueológicos forzó a la institución a realizar el rescate arqueológico, detener los planes de construcción y contratar un servicio de vigilancia por 126,50 UF mensuales.

Centro sustentable

El primer centro de justicia sustentable del país fue anunciado en diciembre de 2014 en Arica. Este centro iba a albergar al Juzgado de Familia y de Letras del Trabajo. Según lo detallado en ese momento, el edificio constaría de cuatro pisos y un sótano, con un total de 6,249 metros cuadrados.

Estaba previsto que fuera construido bajo la certificación LEED, con altos estándares de calidad, confort, acceso y sustentabilidad. El diseño incluiría tecnología avanzada, aprovechamiento de la luz solar como fuente de energía y un sistema automático de climatización integral, entre otros aspectos. Sin embargo, hasta la fecha, el centro no ha sido inaugurado.

Desde el inicio, el progreso fue lento. Recién en noviembre de 2017 se logró colocar la primera piedra en el terreno ubicado en San Marcos 698, Arica. Sin embargo, dos años después se enfrentaron a una gran dificultad: se descubrieron restos arqueológicos, específicamente momias de la cultura chinchorro, lo que impidió continuar con la construcción.

Por esta razón, a finales de 2019 se detuvo la construcción y en febrero de 2020 el Poder Judicial, a través de la CAPJ, canceló el contrato con la constructora encargada y comenzó el proceso para el rescate de los restos arqueológicos.

Momias

Desde el descubrimiento de los restos hasta que se iniciara el rescate se demoraron más de dos años. El 17 de mayo de 2022 comenzó el proceso de rescate de los 30 restos arqueológicos que inicialmente fueron hallados en el terreno. Trabajos que quedaron a cargo de la Universidad de Tarapacá con la supervisión de la inspección técnica a cargo de la empresa Anker Ingeniería Limitada.

Pero previo a la autorización para iniciar con el rescate, el cuál es entregado por el Consejo de Monumentos, el Poder judicial debió -a través de la CAPJ- contratar un servicio de seguridad.

Inicialmente el contrato señalaba que el servicio sería necesario solo entre el 23 de diciembre de 2019 al 31 de enero de 2020 por un costo total de 1.510 UF, pagando mensualmente 126,50 UF. El cuál, según indicaron desde el CAPJ, se prorrogó hasta mayo de 2022, por lo que finalmente fueron más de 3.500 UF. Ya que, como se mencionó más arriba, la Universidad de Tarapacá quedó a cargo.

A través de la respuesta de una solicitud de Transparencia, desde el CAPJ, señalaron a La Radio que “efectivamente en el inmueble ubicado en calle San Marcos N° 698 existió un hallazgo de restos arqueológicos, por lo que resultó forzoso para la institución proceder al rescate arqueológico, conforme a las normas establecidas en la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales”.

Y que “producto de esta situación, ha sido necesaria la contratación de un servicio de rescate arqueológico en el terreno, además de un servicio de inspección técnica para el rescate arqueológico y el servicio de guardias para la vigilancia del terreno, hasta la fecha en que el terreno fue entregado a la Universidad de Tarapacá, quien se encuentra prestando el primero de los servicios mencionados”.

Información que fue confirmada por el Doctor en Antropología, Héctor González Cortez, académico de la Universidad de Tarapacá y director del Departamento de Antropología.

“Nuestra universidad suscribió un contrato de Rescate Arqueológico de los restos arqueológicos presentes en el lugar, en el que de acuerdo a sus Términos de Referencia, nuestra institución se hace cargo del sitio hasta que termine este proceso, lo que implica mantener guardias de seguridad. El contrato fue suscrito con la Corporación Administrativa del Poder Judicial”.

Posterior a la publicación de este artículo, desde la Corporación señalaron que el rescate arqueológico busca “proteger el patrimonio cultural e histórico de dicha zona geográfica del país”. Y que la contratación de servicios de seguridad fue para “protegerlo de la acción de terceros y velando por la comunidad”.

Asimismo, anunciaron que “se han retirado todos los restos arqueológicos detectados a la fecha, conforme a nuestro Plan Quinquenal de Inversiones al 2030. Una vez que se realicen las adecuaciones al diseño, se reanudará la construcción. No obstante, con antelación se iniciarán las excavaciones de fundaciones con el fin de descartar la existencia de nuevos hallazgos, que de haberlos, serán tratados con la misma relevancia que los ya rescatados”.