La Contraloría General de la República reveló una serie de irregularidades detectadas en la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, mediante la cual el municipio administra y opera servicios de Educación y Salud. En total, casi $800 millones se pagaron en sueldos sin justificación.

Una denuncia en redes sociales sobre irregularidades en pago de honorarios en el área de la salud municipal serenense gatilló el inicio de investigaciones internas y una auditoría del órgano contralor.

Fue así como a través de la mencionada auditoría al Departamento de Salud de la Corporación se constataron también multimillonarias deudas vencidas con la Tesorería General de la República que deberán ser subsanadas.

Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado para que se inicien los procesos penales respectivos, mientras que el Municipio ya se adelantó con la presentación de querellas por fraude, estafa y otros engaños contra los funcionarios que sindican como los responsables del descalabro y que ya fueron desvinculados.

Funcionarios fantasma

En total, según antecedentes tenidos a la vista por la Unidad de Investigación de BioBioChile, sólo entre 2020 y 2021 la repartición pagó varios cientos de millones de pesos en honorarios a 19 personas “a cambio” de servicios que nunca se ejecutaron.

Así lo detalla el informe final de la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Coquimbo, al que accedió este medio, donde se enumeran también otras situaciones en que la entidad administrada por un directorio que preside el alcalde de La Serena, Roberto Jacob Jure, gastó plata fiscal sin el respaldo respectivo.

Los montos corresponden a dineros del Departamento de Salud de la mentada Corporación Municipal, que durante 2023 fue objeto de una auditoría de parte del equipo regional del órgano de control.

En el proceso se constató que, entre 2020 y 2021, la corporación pagó honorarios a 19 personas que no desempeñaron efectivamente funciones ni prestaron servicios en algún establecimiento de atención primaria de salud. ¿En total? Más de $761 millones de pagos catalogados de “improcedentes” por Contraloría. Sólo una esas personas recibió más de $91 millones en los dos años auditados.

En efecto, durante 2020 y sin contar la retención para el pago de impuestos, la Corporación pagó $375.765.552 a la nómina de los 19 trabajadores fantasmas. Otros $385.277.310 se gastaron en 2021, lo que fue ratificado por la directora del Departamento de Salud del organismo de acuerdo al informe.

Por esta situación observada, que fue catalogada como de “alta complejidad”, la Contraloría buscará la restitución de los recursos. En paralelo, los antecedentes fueron puestos a disposición del Servicio de Salud Coquimbo, la Fiscalía Local de La Serena y el Consejo de Defensa del Estado “para los fines que en derecho correspondan”. Es decir, para el inicio de una investigación penal.

La deuda

En su exhaustiva revisión la Contraloría constató también que, al 1 de agosto de 2023, la Corporación auditada mantenía una más que considerable deuda pendiente con la Tesorería General de la República por diferentes conceptos. No se trata algunos miles de pesos, sino de una morosidad que se encumbra por sobre los $2.334 millones.

De igual forma, se comprobó que la Corporación tenía a esa fecha otros $2.511 millones en deuda con la TGR por concepto de impuestos declarados, pero no pagados al órgano recaudador.

En este caso, el fiscalizador apunta a la responsabilidad que recae en el secretario general de la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena de la época, quien incumplió con la obligación legal de “controlar debidamente los ingresos de los fondos sociales y supervigilar la contabilidad de la Corporación”.

En el informe se detalla que al ser consultada por estas deudas con Tesorería, la Corporación indicó que el 24 de febrero de 2023 habían firmado un convenio con la caja recaudadora fiscal para pagar únicamente $880 millones pendientes de los impuestos de 2021, “afirmando que sería el único monto pendiente de impuestos de esa anualidad, pero sin adjuntar el documento en cuestión”.

Por esto último, la Contraloría le otorgó a la Corporación serenense un plazo de 60 días hábiles para hacer llegar “el citado convenio y los antecedentes que lo respaldan, además de complementar su respuesta tanto sobre la deuda morosa al 1 de agosto de 2023, como de aquella derivada de impuestos impagos”.

En todo caso, de igual estos hechos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, el CDE y el Servicio de Impuestos Internos (SII) para los fines que estimen convenientes.

Servicios no acreditados

Otro monto que cuestionó Contraloría y que será materia de investigación guarda relación con dineros por pago de honorarios por servicios sin respaldo ascendente a $31,2 millones. Además, se pagaron $4,8 millones por honorarios en Cesfam, SAPU y SAR “respecto de los cuales los libros de conteo de horas proporcionados no respaldan las horas pagadas ya sea en exceso o en defecto”.

En la misma línea, se pagaron $2,6 millones por extensión horaria, traslados de pacientes de diálisis y otros sin respaldo documental.

Con todo, en este ítem la Contraloría detectó que al menos $38,7 millones se pagaron por servicios que no pudieron ser acreditados. En efecto, se instó a la Corporación a “aclarar la situación” y devolver las sumas involucradas.

Revise parte del informe:

Corporación y alcalde se defienden

Este medio hizo llegar una serie de preguntas a la Corporación Municipal Gabriel González Videla, entidad que respondió también a nombre del alcalde Jacob y del Municipio.

En la contestación la Corporación presidida por el alcalde repudia enérgicamente lo acontecido y además, informan sobre la presentación de querellas criminales en contra de los funcionarios implicados.

Junto con ello, dieron cuenta de un proceso de investigación disciplinaria interna que arrojó que efectivamente hubo irregularidades. Entre ellas, el pago por boletas de honorarios donde no se entregaba ningún detalle de las supuestas prestaciones ejecutadas.

Asimismo, se detectaron documentos tributarios cuyas firmas no fueron reconocidas por los supuestos prestadores y otras varias contrataciones que no se apegaron en lo absoluto a los conductos que exige la Corporación.

—¿Cómo responde el Municipio, el Alcalde y/o la Corporación en esta situación?

Tanto el alcalde de la comuna de La Serena como el secretario general de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, manifiestan repudiar enérgicamente los hechos descritos, es por ello que la Corporación presentó con fecha 9 de febrero del año 2022 Querella por los Delitos de Fraude, estafa y otros engaños ante el Juzgado de Garantía de La Serena y tres ampliaciones a dicha querella, en el mes de abril del año 2022, junio 2023, y diciembre del mismo año, adhiriendo la Municipalidad de La Serena a dicha querella con fecha 26 de abril del año 2022.

Con dichas acciones se busca perseguir a aquellas personas que a la época en que se cometieron estos delitos eran funcionarios de la Corporación y que, en el desempeño de sus funciones quisieron obtener un beneficio personal aprovechándose inescrupulosamente de la flexibilización de los procesos internos producto de la alerta sanitaria por Covid-19, donde fue necesario contratar a más de 400 profesionales del área de la salud, desplegados para salvar la vida de las personas de la comuna, sin olvidar la atención a las más de 205 mil personas que se atienden en la Salud Primaria de La Serena, tarea ampliamente valorada por instituciones públicas, autoridades y la propia comunidad.

—¿Cómo se justifican y quien autorizó estos pagos por servicios no realizados o sin respaldo?

Es de suma importancia recalcar, tal como lo establece la querella presentada por nuestra institución, que nos encontramos ante la presencia de los delitos de fraude, estafa y otros engaños, los que fueron cometidos por ex funcionarios del Departamento de Salud de la Corporación, quienes específicamente eran parte del proceso de autorización, visación y tramitación de las boletas de honorarios.

El propio informe de la Contraloría establece en su página número 68 que la persona involucrada era la coordinadora en ese entonces, de los programas ejecutados por el Departamento de Salud de la CMGGV, durante los años 2020 y 2021, a los cuales se imputaban los pagos de prestaciones de servicios a honorarios de las personas identificadas como prestadoras, junto con encargarse de las contrataciones de servicios a honorarios del citado departamento.

En virtud de los procesos disciplinarios internos pudimos observar que:

-Existieron una cantidad determinada de boletas que registraban prestaciones genéricas.

-Boletas con firmas que no fueron reconocidas por los prestadores.

-Pagos de boletas de honorarios a personas naturales que no fueron contratadas por el conducto correspondiente de la Corporación.

-Pago de boletas de honorarios a trabajadores por servicios prestados por sumas superiores a las contratadas.

Desde la presentación de la querella se han despachado órdenes de investigar a la Policía de Investigaciones, con el objeto de empadronar y tomar declaración a testigos. Asimismo, se han realizado diligencias de toma de declaración a testigos en dependencias de la Fiscalía Local de La Serena.

La Fiscalía ha requerido información a distintas reparticiones, entre ellas, Contraloría General de la República y la misma Corporación. Con el objeto de esclarecer los hechos, la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional ha procedido a efectuar el levantamiento patrimonial de los presuntos involucrados.

Por su parte, la Corporación además de cumplir con los requerimientos de la Fiscalía, ha acompañado a la Carpeta de Investigación, todos los antecedentes necesarios para el esclarecimiento de los hechos y para perseguir la responsabilidad penal de los involucrados en la comisión de los delitos.

—¿Qué hará el Municipio y/o a Corporación para cumplir con la restitución de los fondos?

Se solicitó al Tribunal de Garantía que decrete respecto de los bienes de los imputados, una o más de las medidas precautorias, con el objeto de garantizar la existencia de patrimonio sobre los cuales haya de cumplirse la sentencia judicial que se dicte y de esta forma recuperar todo o parte de lo defraudado.

—¿Se iniciaron ya procesos administrativos por las irregularidades detectadas?

Es de suma importancia indicar que, con fecha 05 de enero del año 2022, la Corporación Municipal Gabriel González Videla al igual que la Contraloría Regional de Coquimbo, recibieron una denuncia anónima en redes sociales, indicando que en el Departamento de Salud existían irregularidades por pago de boletas a honorarios de servicios no prestados efectivamente.

En razón de ello, el secretario general de la época en coordinación con el alcalde tomó las siguientes medidas:

a) Investigaciones internas en contra de funcionarios de Administración Central, lo que termino en desvinculaciones.

b) Sumarios administrativos en contra de funcionarios de Atención Primaria de Salud Municipal.

c) Presentación de querella con fecha 09-02-2023 por los Delitos de Fraude, estafa y otros engaños ante el Juzgado de Garantía de La Serena.

d) Tres ampliaciones de querellas, en el mes de abril del año 2022, junio 2023, y diciembre del mismo año.

e) Oficio al SII con fecha 10-02-2022, comunicando que los hechos investigados internamente podrían constituir delitos tributarios con el objeto que tomasen las medidas judiciales que estimaren correspondiente.

—En su informe final Contraloría señala que se detectaron deudas morosas de la Corporación con la Tesorería General de la República: una por $2.334 millones por distintos conceptos y otra deuda impaga por impuestos declarados y no pagados (entre 2020 y 2021) por $2.511 millones. ¿Cómo se explican esas morosidades? ¿Qué ha hecho o está haciendo la el Secretario General de la Corporación (o la propia entidad) para subsanar o resolver la situación?

La morosidad en el pago de los impuestos tiene su justificación en la falta de liquidez de esta Corporación Municipal, la cual presenta un déficit financiero de arrastre que se ha ido abordando con tiempo con el objeto de ser disminuido, situación similar al resto de las Corporaciones Municipales del país.

Con el fin de resolver esta situación, la Corporación Municipal suscribió, con fecha 24 de febrero del año 2023, un convenio con la Tesorería General de la Republica y los antecedentes serán entregados al organismo fiscalizador en los plazos estipulados con el objeto de levantar la observación formulada.