Destino final Dubái: el clan pakistaní que usó Colchane para millonario contrabando de lingotes de oro

—Las barras de oro pueden pasar como cajitas de celular.

Más de 1.000 millones de pesos mensuales en oro se estima que pudo llegar a mover un grupo de contrabandistas vinculados a una enorme red con nexos a Dubái y Suiza.

La información consta en una indagatoria liderada por el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, en la que se condenó recientemente al ciudadano pakistaní, Irfán Alí. Con él, también cayó una ciudadana peruana, identificada como Sandra Silva Barreda.

De acuerdo a antecedentes a los que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile, ambos usaron a Colchane y otros pasos fronterizos, como centro de operaciones para internar a Chile el metal precioso desde faenas ilegales en el límite entre Bolivia y Brasil.

Se trata de dos imputados que integraban el denominado Cartel del Oro, banda que se hizo conocida en 2021 por reinvertir el dinero en acciones bursátiles, autos de lujo e incluso un velero.

Joint venture

Según estableció la justicia, desde al menos 2017, un grupo de clanes familiares conformaron un joint venture para la exportación de oro de contrabando. Es decir, una alianza de negocios, en este caso ilícita, que juntó a dos familias: los Farías y los Herrera.

Dueñas de Isidora Metals y Kamilco, respectivamente, ambas familias -sostienen las pesquisas- lideraban el cartel mediante la exportación del metal precioso que era contrabandeado.

Según consta en el expediente judicial, funcionaban bajo un mismo modus operandi y mantenían una relación horizontal. Ninguna imponía dominación o su jerarquía por sobre la otra.

Tal como reveló un primer artículo de este medio, el modelo era simple: ingresaban oro de manera irregular a Chile desde minas ubicadas en Perú y la frontera entre Bolivia y Brasil, lo refinaban, blanqueaban y lo exportaban a los Emiratos Árabes y Suiza.

Y aunque resulte paradójico, lo hicieron tan bien que fueron sorprendidos. Si la pureza normal del oro que se exporta de manera legal en Chile no supera un 80%, el de esta organización llegaba a un 99,5%.

Un dato no sólo estadístico: fueron precisamente estos guarismos los que levantaron suspicacias. Aduanas sospechó que algo no estaba en orden, avisó al Ministerio Público y esta última institución comenzó una investigación.

Las operaciones

De acuerdo a la indagatoria, quien sirvió como proveedor de la familia Farías fue precisamente Irfán Alí. Sindicado como el líder del Clan Pakistaní, el imputado corresponde a un viejo conocido de la Zona Franca de Iquique, quien posee diversas empresas ligadas al rubo automotriz y a la comercialización de lubricantes.

Junto a él operó una mujer clave en la organización: Sandra Silva Barreda. A ella también se le suma otra investigada, identificada como Patricia Ortiz. Eran ellas, apunta fiscalía, las que fungían como verdaderas ejecutivas de ventas no sin antes encargarse personalmente de la internación del metal.

El rol de ambas quedó en evidencia durante una cita del 5 de junio de 2021 celebrada en las oficinas de Isidora Metals, en Lo Barnechea. Ahí llegaron para exhibir una muestra de calidad del oro que ingresaría de contrabando.

En una escucha telefónica, por ejemplo, Ortiz ofreció al líder de los Farías un tráfico de hasta cinco kilos semanales por Colchane. ¿En dinero? Unos 300 mil dólares semanales (más de 272 millones de pesos chilenos a cambio actual).

A modo de idea, la misma investigada planteó como posibilidad concretar el contrabando mediante la utilización de camiones que regresaban vacíos desde Bolivia a Chile.

—Las barras de oro pueden pasar como cajitas de celular —dice Ortiz a uno de los Farías, según la condena.

Las reuniones

De acuerdo a lo establecido en la sentencia, entre los clanes hubo al menos dos transacciones concretadas y una tercera que se frustró por el avance de la investigación.

El 25 de agosto de 2021, Sandra Silva y su cuñado, Irfan Alí, cruzaron por el control aduanero “El Loa”, ubicado en el límite de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, a bordo de un Mazda CX5 que, oculto en su interior transportaba dos kilos de oro puro.

Se trataba de mercancía que dos días antes había ingresado la propia Sandra Silva al país desde Bolivia. Lo hizo a través de un paso no habilitado, pues no dejó registro oficial del ingreso en los sistemas de Aduana.

Así las cosas, durante la misma jornada de aquel 25 de agosto, cerca de las 22:00 horas, ambos proveedores llegaron hasta las oficinas de Isidora Metals en Lo Barnechea para concretar la entrega. Al día siguiente se materializó el pago: a 52.500 dólares americanos cada kilo, pagados una parte en efectivo y la otra en cheques extendidos a nombre del pakistaní y su cuñada.

Una segunda entrega se materializó el 11 de septiembre de 2021 en la ciudad de Antofagasta, específicamente en dependencias del Hotel Diego de Almagro. Después de la hora de almuerzo se reunieron en el lobby del recinto el empresario Gonzalo Farías, quien viajó junto a su esposa hasta el norte, y sus proveedores para el traspaso de seis kilos del material precioso.

La transacción se concretó minutos más tarde cuando los cuatro subieron a la habitación 501 donde el empresario y su cónyuge se hospedaban. En la oportunidad Farías pagó 250 mil dólares en efectivo y otros 72 mil en un cheque a nombre de su empresa a cambio de la mercancía que posteriormente exportaría.

Según se determinó durante la indagatoria, esos seis kilos habían sido internados a principios de mes por Sandra Silva, quien primero logró evadir los controles en el Paso Fronterizo de Colchane y luego los controles aduaneros internos (para salir de la región de Tarapacá). De esta forma pudo llegar con el oro hasta Antofagasta el día de la entrega.

Una tercera transacción programada para fines de septiembre nunca llegó a concretarse. Esta vez eran siete los kilos que compraría Farías, pero la policía frustró el negocio el 28 de ese mes cuando detectives ingresaron al departamento del pakistaní y lo sorprendieron con las siete barras que pesaban 1kg cada una.

Con todo, la jueza Marlys Welsch Chahuán del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, donde se sustanció el proceso, decidió este miércoles 24 de enero condenar al pakistaní y su cuñada por los delitos de asociación ilícita y contrabando. A cada uno se le impusieron 102 días de prisión, sin embargo, no pasarán ningún día tras las rejas.

Esto, porque ambos fueron beneficiados con la sustitución del cumplimiento efectivo de la pena impuesta por la remisión condicional, quedando sujetos al control administrativo de un centro de reinserción social de Gendarmería por el lapso que dura la condena.