Contraloría cuestiona doble rol del jefe de gabinete de la seremi de Justicia en Bío Bío

La Contraloría Regional del Bío Bío, tras una investigación especial a la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) en la zona, lanzó una serie de cuestionamientos al funcionamiento de la institución que salpicaron a la seremi de Justicia, Claudia Soto Candia; y a su jefe de Gabinete, Gonzalo Soto Godoy.

En particular, el organismo de control detectó dobles funciones, contrataciones directas y excesivas dilataciones en sumarios administrativos de la CAJ Bío Bío, cuyo funcionamiento depende directamente de la Seremi de Justicia.

Según consta en un reservado preinforme de Contraloría, fechado a fines de octubre pasado, y al cual tuvo acceso la Unidad de Investigación de BioBioChile, los reproches apuntan principalmente a la contratación de Gonzalo Soto y su doble rol: cumple funciones como jefe de gabinete de la actual seremi de Justicia y Derechos Humanos, Claudia Soto, pero también ejerce como asesor de la Presidenta del Consejo Directivo de la CAJ Bío Bío en materias de derechos humanos con perspectiva de la Infancia.

Por sus funciones en la CAJ recibía un sueldo de 1,7 millones, al tiempo que también ejercía como jefe de gabinete.

De acuerdo a la observado, la referida contratación no contó con el acuerdo del Consejo Directivo, tampoco se ingresó su contrato al sistema interno y en su primer contrato a honorarios, del 11 de abril al 11 de julio de 2023, no cumplió con sus labores de evaluar la creación de una unidad especializada en derechos humanos para la corporación.

Aún así, se le extendió el contrato a plazo fijo hasta el 31 de diciembre de 2023 para seguir como asesor en derechos humanos, con una jornada de trabajo de 40 horas, de lunes a viernes de 8:30 a 17:30, mismo horario donde Contraloría constató que se desempeñaba como jefe de gabinete de la seremi.

Para este 2024, en tanto, Soto sigue cumpliendo ambas funciones.

En ese contexto, la Contraloría acusó falta de probidad en su participación como jefe de gabinete en actividades -e incluso, en ocasiones, en su representación como seremi subrogante- y su contrato en la CAJ. Aún más, la entidad apuntó a que la normativa “impide la ejecución paralela de actividades diversas durante el transcurso de la jornada de trabajo, como serían las funciones desempeñadas en presentación de la señalada secretaría regional o en calidad de jefe de gabinete de la misma”.

Consultada por Radio Bío Bío sobre este punto, la seremi Claudia Soto descartó irregularidades, ya que su jefe de gabinete estaba cumpliendo con su contrato de trabajo con la CAJ Bío Bío.

Pese a ello, Contraloría es clara en que se trata de funcionarios públicos y no pueden ejecutar actividades u ocupar tiempo de trabajo para fines ajenos, como serían -en este caso- las funciones desempeñadas como jefe de gabinete de la seremi.

Sumado a los cuestionamientos mencionados, la entidad señaló que en el control de asistencia hay un notorio registro de faltas injustificadas.

Contratado por un día

Al margen del preinforme, la asociación de funcionarios de la CAJ Bío Bío también ha puesto sobre la mesa otros cuestionamientos.

Por ejemplo, a raíz del traslado de una asistente administrativa de la dirección de personal de la CAJ Bío Bío, el 4 de enero recién pasado se dispuso que el reemplazo fuera Felipe Hernández Vidalde, técnico en Comunicación y Relacionador Público.

Se trata de un funcionario que también se desempeñaba como jefe de gabinete de la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, que a su vez -según apuntan fuentes de Bío Bío- sería cercana a la seremi Soto. Asimismo, la asociación apunta a que se trata de un cargo que suelen ejercer abogados.

Sin embargo, la polémica decisión fue revertida ese mismo jueves 4 de enero en horas de la tarde, luego de una asamblea de la Asociación de Funcionarios de la CAJ, a quienes se les informó la situación y que manifestaron su oposición por la falta de competencias para sumir las funciones.

Ante esta situación, la seremi de Justicia se defendió explicando que no se firmó ningún contrato y que el funcionario aludido no alcanzó a prestar servicios.

Delegación de poder errónea

Contraloría, por su parte, mencionó otros cuestionamientos al interior de la CAJ. En concreto, detectó problemas con los patrocinios judiciales otorgados por la seremi Claudia Soto, quien -a través de un notario público en la 10ª Notaría de Concepción- confirió un mandato a Roxana Rubio, quien fue contratada como abogada externa y actualmente es jefa del trabajo en Concepción.

Lo anterior, para que esta última la representara en todo juicio o asunto de cualquier clase y naturaleza que tenga relación con la Corporación de Asistencia Judicial del Bío Bío.

Sin embargo, Contraloría recordó que la seremi sólo puede delegar sus funciones en un consejero o en el director de la Corporación, pero no en terceros, como la mencionada, quién además fue contratada sin el acuerdo del Consejo Directivo.

La seremi de Justicia, ante esto, respondió a Radio Bío Bío que la facultad de la delegación de poder fue autorizada por tribunales.

“Hay una rotación tremenda de profesionales, técnicos y administrativos que no acaban de instalar y tienen que salir de nuevo. Además, también se ha denunciado que las personas que han sido contratadas no cumplen muchas veces con los perfiles para desarrollar esos trabajos de forma eficaz y eficiente. Y al final lo que fue el colmo de la situación fue la prórroga del señor Gonzalo Soto”, acusó Marcelo Inostroza, presidente de la Afun Caj Bío Bío.

Mil días de sumario

Sumado a todo lo anterior, Contraloría también puso ojo al desarrollo de las investigaciones sumarias al interior del organismo.

En particular, el 11 de diciembre de 2018 se ordenó la investigación sumaria para determinar la existencia de eventuales responsabilidades administrativas o incumplimientos legales de funcionarios de la CAJ que tenían falencias detectadas en la reportabilidad de causas, que afectó el 25% de la meta institucional del programa “Mi Abogado”.

De acuerdo a lo establecido, dicha investigación no debía durar más de 20 días, incluida la eventual formalización de cargos y su contestación por el sumario. Sin embargo, la indagatoria, a octubre de 2023, llevaba 1.388 días de tramitación.

Hasta la fecha, aún no se han determinado responsabilidades por ese caso.

Con todo, a raíz de estos y otros hechos, los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial anunciaron un paro de advertencia para este miércoles 10 de enero. En tanto, durante la tarde de este martes se reunirán con la Seremi de Justicia para abordar los problemas denunciados.