—Estoy muy mal, me tratan como delincuente, no hay humanidad (…)
—Es muy difícil, por eso sugiero submarinearse. Y luego volver a restituir tu honra. La prensa solamente te va a usar para el rating.
Susana Herrera, exembajadora de Chile en Reino Unido, presentó una inédita demanda laboral contra el fisco luego de que se viese forzada a renunciar en agosto de este año en medio del “caso Convenios”.
En el libelo —al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile— la arquitecta y diseñadora de interiores no sólo solicita una indemnización equivalente a 190 millones de pesos chilenos, sino también disculpas públicas de la Cancillería y que éstas sean notificadas a la monarquía británica.
En un documento de 110 páginas, Herrera acusa haber sufrido una afectación a su integridad física y psíquica, además de una vulneración a sus derechos fundamentales por parte del ministerio liderado por Alberto Von Klaveren Stork.
Todo ello, luego de que la repartición solicitara su salida “a pesar de no estar acreditada una eventual responsabilidad en los hechos denunciados” y pese a que —afirma— la totalidad de los detalles del cuestionado proyecto estaban en conocimiento de la propia Cancillería.
“Egotismo aquí no”
En su escrito, la exdiplomática sostiene que los problemas comenzaron con la llegada de Van Kleveren al Ministerio de Relaciones Exteriores en reemplazo de Antonia Urrejola; además del arribo de la subsecretaria de RREE, Gloria de La Fuente.
Herrera acusa, por ejemplo, haber recibido un “trato inapropiado” y “discriminatorio” por parte del jefe de gabinete de esta última. Según denuncia, éste la reprendió severamente por el uso de sus redes sociales.
De acuerdo al documento, el asesor le recalcó que había recibido comentarios y mensajes negativos por parte de la subsecretaria e incluso de la Presidencia. En buenas cuentas, le hicieron saber que sus posteos no habían caído bien.
—Egotismo aquí no —dice la exembajadora que le dijeron desde el otro lado del teléfono.
¿De dónde vienen las críticas?
En la oportunidad, la entonces embajadora planteó a su contraparte la posibilidad de que los dichos podrían tener su origen en los ácidos tuiteos de Paulina Astroza. La profesora de la Universidad de Concepción es una asidua usuaria de X, quien había expresado públicamente sus críticas en contra de Herrera.
“Ella previamente había manifestado su descontento por no haber sido asignada a ninguna embajada y ahora se dedicaba exclusivamente a criticar al gobierno”, fustiga el escrito de Herrera.
Y prosigue: “(El jefe de gabinete) no niega que dicha publicación parece haber sido el fundamento de su llamada, lo que generó en nuestra mandante una profunda sensación de injusticia, sintiéndose coartada en su libertad de expresión y siendo injustamente cuestionada por una apreciación de un tercero que generó el llamado de atención”.
La demandante apunta así a la falta de directrices en cuanto al uso de redes sociales al interior del gobierno. Esto, porque —apunta— no existe una política explícita que le prohibiera usar dichas plataformas libremente. Especialmente en relación a “las actuales generaciones, a las que pertenecen los actuales S.E. Presidente de la República y buena parte de los ministros y subsecretarios”.
Los millones del Gobierno Regional
El libelo también arroja luces respecto del polémico proyecto de 5 millones de dólares que Susana Herrera había gestionado frente el Gobierno Regional del Bío Bío, una de las reparticiones públicas más golpeadas por el “caso Convenios”.
Un artículo de La Tercera apuntó que la iniciativa había sido frenada por la Cancillería. Sin embargo, en su demanda, Herrera sostiene que fue ella quien puso pausa a su tramitación sin que el ministerio tuviera injerencia en aquello. Es más, sostiene que todos al interior de la secretaría de Estado estaban al tanto de sus esfuerzos para acercar a Chile con instituciones vinculadas a la monarquía británica.
En el documento, Herrera insiste que el origen de las tratativas se remontan a octubre de 2022 cuando presentó sus credenciales al rey Carlos III, quien entonces “mostró gran interés en nuestro país, sugiriendo que se estableciera un contacto con sus fundaciones”.
Desde entonces y en todo momento —subraya— se “apoyó de los equipos diplomáticos de la embajada para realizar las gestiones relativas al cuestionado proyecto”. En esa línea, agrega que solicitó expresamente las orientaciones para proceder correctamente en la materia. E, incluso, argumenta que la minuta de trabajo de la iniciativa y la carta con la solicitud de fondos enviadas al gobernador regional del Bío Bío fueron remitidas vía mensajes privados al propio Minrel. Sobre esta última, Herrera cuestiona que haya sido filtrada desde el interior de la Cancillería.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores siempre estuvo informado sobre estas gestiones, no existiendo indicaciones por parte de ninguna autoridad en orden a desistir de las gestiones realizadas o ajustarse a algún protocolo en especifico”, añade.
40 días después
Según narra, fue ella, de iniciativa propia, quien decidió detener las gestiones con el GORE, puesto que en suelo criollo ya había explotado el escándalo de Camila Polizzi, los desembolsos en favor de la Fundación Horizonte Ciudadano de Michelle Bachelet y el traspaso de dinero a la cuñada del alcalde de Coronel, Boris Chamorro.
De acuerdo al escrito, recién más de un mes después de la última gestión de Herrera en favor del proyecto, recibió una comunicación del Minrel en el que le expresaban sus dudas respecto de las tratativas. Esto, “en cuanto a los espacios de acción” que le competían a la embajada.
“Dicho lo anterior, al tiempo de la publicación del diario La Tercera, el 20 de agosto del 2023, nuestra mandante, ya había cesado en la realización de las gestiones asociadas al proyecto Living Lab y no por instrucción del Minrel, que solo responde 40 días después de remitirle la comunicación, mostrando una total falta de oportunidad en el ejercicio de sus funciones”, enfatiza la tutela laboral.
De acuerdo a los representantes de Herrera, su mandante no incurrió “en ninguna impropiedad ni falta en el ámbito de sus funciones”. “Todavía más, tomó de propia iniciativa las medidas para cuidar los intereses institucionales del Minrel y gobierno de Chile, pese a no recibir ninguna retroalimentación ni indicación”, arguye.
De Maitencillo a la puerta trasera
El día en que explotaron los cuestionamientos en su contra, Susana Herrera estaba descansando en Maitencillo. La madrugada del domingo se enteró del artículo por terceros. Según declara, inmediatamente intentó tomar contacto con personeros de gobierno sin éxito. De acuerdo a su versión, le escribió, entre otros, al ministro Van Klaveren, dada la gravedad de los hechos, pero no recibió respuesta alguna.
Así, rápidamente retornó a Santiago “cursando un cuadro de estrés agudo” donde —pese a nuevos intentos— volvió a quedarse sin contestación de parte de las autoridades de la Cancillería.
“El Ministerio de RREE monopolizó las declaraciones respecto del tema en cuestión que involucraron a nuestra mandante, sin tomar contacto con ella ni tener ninguna consideración en razón de su cargo ni como persona”, asevera.
En simple, sintió que la dejaron caer.
Su relato continúa. Un día después de que estallara el caso, se reunió con la subsecretaria De La Fuente. Poco antes, el jefe de Comunicaciones de la Cancillería le informó que la prensa estaba tras ella por lo que le dio indicaciones para entrar y salir por la puerta posterior de la repartición sin ser notada.
—Después de todo, todos somos humanos —dice Herrera que le dijo el asesor.
En la cita —sostiene la exdiplomática— la subsecretaria le notificó que había infringido un proceso administrativo y que debió haber solicitado autorización para su proyecto en lugar de sólo informar.
Casi de manera paralela —plantea— el jefe de gabinete de De La Fuente le solicitó “submarinearse”. Es decir, pasar desapercibida hasta que la agenda mediática girara en otra dirección (ver imagen).
Pese a las explicaciones de Herrera —contenidas en una carpeta que le hizo llegar a su contraparte— De La Fuente le solicitó directamente su renuncia. La entonces embajadora dijo que lo pensaría. Susana cuenta que intentó hablar con el Presidente Gabriel Boric, pero que le negaron una cita porque el Mandatario estaba en el sur del país, en medio de la emergencia por las inundaciones.
Tras nuevas presiones —afirma— decidió poner como plazo de renuncia el 12 de septiembre. Pese a sus intentos por aplazar dicha decisión una semana más, finalmente Herrera abandonó el cargo tal como estaba estipulado.
$190 millones
A juicio de la exdiplomática, todo lo vivido al interior de la Cancillería desde que asumió Van Klaveren, además de la “manipulación mediática”, le trajeron “efectos graves” para su entorno familiar, especialmente para sus hijos.
Por ello, en su libelo solicita que alguna autoridad de rango directivo del Ministerio de Relaciones Exteriores le ofrezca disculpas públicas mediante cualquier medio de circulación nacional e internacional y que éstas sean comunicadas formalmente por la repartición estatal a la monarquía británica.
Además, requiere que no se le puedan imponer sanciones de suspensión o destitución en el contexto del sumario actualmente en curso o de otros posteriores y, finalmente, condenar a la denunciada a una indemnización ascendente a sus últimas 11 remuneraciones. Es decir, poco más de 216 mil dólares (unos 190 millones de pesos chilenos).
El Ministerio de Relaciones Exteriores ya fue notificado de la demanda. “Por la naturaleza de la misma, estamos trabajando con el Consejo de Defensa del Estado para presentar nuestros descargos y responder cada uno de los argumentos incluidos en la demanda”, señalan.
La audiencia preparatoria del juicio está fijada para el 3 de enero de 2024, a las 09:40 horas.