Reos de la tecnología: solo en 2023 Gendarmería ha incautado 24.713 teléfonos desde las cárceles

– Don César, ¿usted entendió los hechos por los cuales va a ser investigado?

Eran pasadas las 12 del mediodía del martes 17 de octubre cuando la jueza Bárbara Rogel Céspedes, del Juzgado de Garantía de Colina, le preguntó al gendarme César Martínez Linco, funcionario del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I (C.C.P. Colina), si había entendido los antecedentes relatados previamente por la fiscal Carolina Acevedo Cepeda.

– Sí, entendí, respondió.

– Bien. Se tiene entonces por formalizada la investigación en los términos señalados por el Ministerio Público.

Pero la historia del cabo 2º de Gendarmería de Chile comenzó un día antes. El lunes 16. Ese día, a eso de las 8:15 de la mañana, cuando ingresaba a dependencias del C.C.P. Colina I, ubicado en la comuna del mismo nombre, al ser registrado por sus pares las paletas de seguridad sonaron. Por esta razón, se realizó la revisión de un bolso que llevaba consigo.

Lo que vino a continuación, lo detalló la fiscal Acevedo en la audiencia de formalización: “Dentro de este (bolso) fue sorprendido intentando ingresar al establecimiento penitenciario elementos tecnológicos que permiten comunicarse con el exterior, los cuales mantenía en una bolsa, además de sellada, la cual luego al revisar mantenía cinco celulares”.

Pero no solo teléfonos -según detalló la persecutora-. Y es que adosados a los móviles había un puñado de chips de compañías telefónicas que también fueron requisados. ¿Cuál era la intención de Martínez Linco? Será algo que deberá dilucidar la investigación. Lo que parece un hecho es que al interior de las cárceles, pese a estar prohibido, de contar con recursos se podría tener acceso a dispositivos electrónicos como si se estuviera en libertad.

La ruta de una ley

El Ministerio Público formalizó a César Martínez Linco por el delito tipificado en el artículo 304 bis inciso segundo del Código Penal, en calidad de autor y en grado consumado. Este sanciona a los abogados, procuradores o empleados públicos que ingresen “por cualquier medio” a un establecimiento penitenciario “intercomunicadores, teléfonos, partes de ellos, chips telefónicos y otros elementos tecnológicos que permitan comunicarse con el exterior”. Delito que se incorporó a la legislación en noviembre de 2022.

Si el cabo 2º Martínez hubiera realizado dicha acción antes de publicada la ley, esta solo habría sido considerada como una falta grave a la probidad, por lo que las eventuales consecuencias de su obrar podrían haber ido desde el inicio de un sumario administrativo hasta la eventual destitución. Esta última, facultad que recae en el director nacional de Gendarmería de Chile.

Para darle el estatus de delito, el 25 de agosto de 2020 los senadores Felipe Kast, Luz Ebensperger, Carolina Goic, Francisco Chahuán y Kenneth Pugh, presentaron una moción para sancionar penalmente el ingreso de elementos prohibidos. En el proyecto, los congresistas realizaron una detallada descripción de la problemática que en ese entonces representaba para Gendarmería el ingreso de dispositivos telefónicos.

Mencionaron las vías de ingreso, entre las que se encuentran los abogados privados, la familia y cercanos a los internos, y los lanzamientos desde el exterior a los recintos carcelarios, el llamado pelotazo. Pero también están los funcionarios de la institución, quienes obtienen importantes réditos al realizar estas ilegales, pero lucrativas maniobras.

En el primer informe de la Comisión de Seguridad Pública del Senado quedaron plasmadas algunas impresiones de invitados a la discusión general de la moción. Una de ellas, la del entonces director de Gendarmería de Chile, Christian Alveal Gutiérrez, quien mencionó que “el ingreso de elementos prohibidos a los recintos penitenciarios es un problema creciente y que genera alteraciones graves al régimen interno”.

Y agregó -según el documento- que “es fundamental que se sancione a quienes tratan de ingresar cualquier elemento prohibido a los recintos penitenciarios, específicamente celulares. En cambio, en países como Australia esta conducta se sanciona con una penalidad de a lo menos un año de pena privativa de libertad, sin posibilidades de pena sustitutiva”.

También participó en ese debate el entonces director de la Unidad Especializada en Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes del Ministerio Público, Luis Toledo, el que explicó que “el envío de drogas mediante drones es un problema creciente. En este sentido, la iniciativa hace referencia expresa a los medios tecnológicos, constituyendo un aporte, pues la Ley de Drogas lo omite”.

El entonces subdirector operativo de la institución penitenciaria, Pablo Toro, entregó datos claves. Dijo que ya en ese entonces el país enfrentaba “una criminalidad distinta”, y mencionó que “considerando los últimos cinco años, se requisan anualmente cerca de veinte mil teléfonos celulares en poder de la población penal”. Y agregó que actualmente el “delincuente avezado tiene mayores recursos, lo que hace que Gendarmería presente una mayor vulnerabilidad”.

Pero eso no es todo. Toro admitió que las “bandas criminales se reorganizan al interior de las cárceles y continúan operando: a la fecha se encuentran identificadas 515 bandas delictuales dedicadas a distintos delitos, tales como, contrabando, estafas, tráfico de drogas, ilícitos sobre tenencia de armas, etc. De allí que los organismos estatales deban adoptar medidas en beneficio de la ciudadanía”. De ahí la importancia de la tecnología para la delincuencia.

Las cifras al alza

Pasaron más de dos años para que la moción de los senadores se transformara en ley. El 16 de noviembre de 2022 se publicó la normativa que le dio el estatus de delito al ingreso de elementos tecnológicos a las cárceles del país. Pero la modificación al Código Penal no ha sido, por el momento, un disuasivo. Los celulares siguen ingresando a los recintos penitenciarios. De hecho, no es extraño ver transmisiones en vivo en la plataformas como TikTok e Instagram de individuos tras las rejas.

Según cifras de Gendarmería de Chile, durante el transcurso del 2023, año sin pandemia como los anteriores y con visitas presenciales, entre incautaciones y hallazgos el número de celulares retirados a lo largo del país es de 24.713. En perspectiva, en 2022 la cifra fue de 30.859; el 2021 fueron 28.794; y el 2020, periodo en el que el covid-19 llegó para quedarse, la cantidad fue de 18.957. Es decir, desde la llegada de las restricciones sanitarias hubo un aumento explosivo de teléfonos al interior de las cárceles.

De las cifras del año 2023, solo 3.571 aparatos fueron hallados identificando la vía de ingreso. En el desglose encontramos: 3.329 celulares vía pelotazos; 231 por visitas; 8 por funcionarios penitenciarios; y 3 por abogados o empleados públicos. “Con la nueva criminalidad que estamos enfrentando, la tenencia de celulares al interior de las cárceles reviste una especial preocupación para Gendarmería de Chile”, transparenta el coronel Luis González Báez, inspector operativo (s) de la institución penitenciaria.

Y agrega: “Aunque gran parte de los elementos prohibidos son ingresados a las unidades a través de lanzamientos y visitas externas, existe un porcentaje menor de ingresos por parte de abogados y personal de Gendarmería. Respecto de estos últimos, contamos con una política de tolerancia cero frente a actos de corrupción, pues si bien son ocho casos los denunciados, este tipo de conductas son inaceptables por representar un riesgo a la integridad, tanto de nuestros funcionarios y funcionarias, como de las personas bajo nuestra custodia y la ciudadanía”.

Según información disponible en la tramitación de proyectos de ley en el Senado, en lo respectivo a la aplicación de la ley que sanciona el ingreso de elementos prohibidos a recintos penales, Gendarmería ha realizado 155 denuncias durante el 2023. De estas, 112 han sido formuladas “contra familiares de internos”, 23 contra internos, 15 contra “autor desconocido”, 4 contra funcionarios de la misma institución, y una contra un abogado.

Arremetida dos

Tras la publicación de la ley que sanciona el ingreso, en el Senado vino una nueva arremetida. Esta vez se buscó darle estatus penal a la tenencia al interior de las cárceles de elementos tecnológicos que permitan la comunicación con el exterior. Los gestores de dicha moción, ingresada en abril de 2023, fueron los senadores Ximena Rincón, Luz Ebensperguer, Pedro Araya, Felipe Kast y Matías Walker.

La nueva norma tenía como fin “frenar la coordinación del crimen organizado y la comisión de delitos como estafas, incluyendo conceptos e hipótesis amplias que permitan considerar incluidas conductas como el lanzamientos de objetos hacia el interior de los recintos penitenciarios, así como ampliar la expresión ‘celulares’ puesto que en la actualidad otros aparatos tecnológicos también sirven para realizar llamadas telefónicas”.

Christian Alveal Gutiérrez, exdirector de Gendarmería, sostiene que “es importante requisar estas especies prohibidas, porque es la única manera de proteger y de garantizar la sobrevivencia de la institución. Pero importante también es evitar que estas especies ingresen, y que estén en manos de los delincuentes porque en este minuto estamos contabilizando elementos prohibidos asociados a teléfonos, pero pudiesen ser perfectamente, como ha ocurrido en otros países de la región, armas de fuego”.

El ex número uno de la institución carcelaria explica que “hay que considerar que el costo estimativo que cobran aquellos que se corrompen, el caso puntual de funcionarios de Gendarmería, sean uniformados o no uniformados, o personas que trabajan en las empresas concesionadas u otro tipo de personas que ingresan a las cárceles como abogados, el costo promedio de ingreso celular es de 150 mil pesos”. Cifra que puede ir variando, pero siempre al alza.

En la árida ciudad de Calama, en la región de Antofagasta, el pasado 18 de octubre, mientras el abogado Christian Castro Hernández era revisado por personal de segunda reja del Centro de Detención Preventiva Calama (C.D.P. Calama), los funcionarios se percataron que al interior de su mochila “mantenía una carpeta (en) cuyo interior se incautó una tablet modelo iPad”. Tras esto, se dio cuenta al fiscal de turno de la situación, quedando apercibido el mencionado jurista.

Ejemplos hay varios. Y en todo Chile. El 17 de octubre, al interior del Complejo Penitenciario La Serena, mientras “personal de servicio realizaba ronda preventiva” por el módulo Nº32, se registró al interno Pedro Gaete Castro, condenado por una serie de delitos, incluído homicidio simple. Tras la revisión se le incautó un teléfono celular y la no despreciable suma de $1.474.000 pesos. De este hecho también se dio cuenta al fiscal de turno de la zona.

Lo que viene

El coronel González señala que “está en curso el proceso de adjudicación de la licitación de un sistema integral de bloqueo de señal telefónica, que una vez cumplido los trámites administrativos correspondientes, esperamos que sea implementado dentro del primer semestre del próximo año. Primero, en el radio de Pedro Montt, donde se ubican tres recintos penitenciarios que albergan en la sumatoria total más de 10 mil personas privadas de libertad, representando el 20% del total de la población penal recluida en el país”.

Durante la tramitación de la ley que sanciona la tenencia de elementos tecnológicos se escucharon diferentes voces expertas en el Senado. Una de ellas fue la del mayor José Ilufi. Fue este quien dijo -según quedó plasmado en el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento- que en cuanto a la incautación, donde se han detectado responsables, el año 2020 se incautaron 4.550 teléfonos; el 2021, 4.933; y el año 2022 fueron 5.659. La cifra ha ido en un constante aumento.

“Un aparato celular en manos de un privado de libertad es un riesgo para la seguridad pública. (…) Los internos cometen delitos con estos equipos, ordenan delitos que se comenten en el exterior, como también extorsionan, violentan a los internos, graban con estos aparatos la violencia que están ejerciendo sobre privados de libertad con menos contagio criminógeno, y le envían esto videos a las familias para que les depositen en su cuenta”, alerta el ex director de Gendarmería Christian Alveal Gutiérrez.

Finalmente, el proyecto que sanciona la tenencia de elementos prohibidos vio la luz en septiembre de 2023. Puntualmente el 8, cuando fue publicada. Desde aquel momento el Código Penal cuenta con dos nuevas herramientas para sancionar a quienes busquen facilitar elementos a personas privadas de libertad que busquen comunicarse con el mundo exterior. Si bien ambas legislaciones son recientes, su impacto se podrá ponderar y evaluar en los próximos meses.